Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79725
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le radicará la causa para la prosecución de su trámite.
B.79.725 "S. I. M. J. C/ GALVAN YESICA ROMINA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS RESP. ESTADO (DEL/CUAS EXC. AUTOMOTOR) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. La señora M. J. S. I. promueve demanda contra la señora Y. R. G. -en su carácter de propietaria del hogar "San Expedito"- y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), con miras a obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios que le ocasionara el fallecimiento de su madre, la señora A. M. A. S., quien se quitara la vida al arrojarse por la ventana del centro para adultos mayores en el que se encontraba internada.
En lo inherente a los hechos, relata que el día 13 de febrero de 2020 el encargado del geriátrico le comunicó a través de una llamada telefónica que su madre se había arrojado por la ventana del comedor, sin que se supiera si estaba con vida. Pone de resalto que, una vez que llegó al lugar, se le confirmó su fallecimiento, el cual se produjo -de acuerdo a las conclusiones arribadas en el marco de la IPP 09-01-000731-20/00- por un hematoma subdural y un trauma de cráneo severo provocados por la caída.
Por un lado, atribuye la responsabilidad por el infortunio a la dueña del establecimiento, por no garantizar la seguridad de la internada conforme a su especial estado de salud mental. Por el otro, al IOMA, en tanto prestador indirecto del servicio de salud del cual era beneficiaria la víctima en virtud de su carácter de afiliada; respecto de este punto, sostiene que sobre el ente bonaerense recae un deber de seguridad y control de sus prestadores intermediarios, por contar con sistemas de auditorías y control internos que no se habrían puesto en marcha de manera oportuna.
II. La causa de inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata. Sin embargo, la jueza a cargo de dicho órgano se declaró incompetente para pronunciarse en el pleito tras ponderar que la relación jurídica de la que emana la acción interpuesta era de derecho privado -se atribuye responsabilidad por el deceso de la madre de la demandante a una particular, propietaria del centro asistencial-, no constatándose la participación en los hechos descriptos -ya sea por su actuación u omisión en el ejercicio de funciones administrativas, directa o indirectamente- de ningún órgano dependiente o vinculado a la Provincia de Buenos Aires, ni a un municipio (conf. art. 4 inc. 1, CCA).
Por consiguiente, dispuso la remisión de los obrados a la Receptoría General de Expedientes departamental a efectos de que fueran sorteados entre los juzgados en lo civil y comercial de aquella jurisdicción territorial (v. resol. de 30-V-2022).
De este modo, los autos fueron asignados al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de La Plata. No obstante, su titular dio acogida a la excepción de incompetencia opuesta por la Fiscalía de Estado en fecha 22-VI-2022 y rechazó la competencia que su par del fuero especializado en derecho público le endilgara previamente.
Para así resolver, sopesó que la demanda estaba orientada a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de un ente descentralizado provincial por la falta de control en el servicio de salud. En este orden de ideas y en consonancia con los argumentos esgrimidos por el Fisco, sostuvo que el pleito era propio del ámbito competencial de la jueza en lo contencioso administrativo que previniera (conf. arts. 166, Const. prov. y 1 y 2 inc. 4, CCA; resol. de 22-II-2023).
Así las cosas, los obrados fueron devueltos al órgano preactuante, cuya magistrada, manteniendo su postura primigenia, planteó la contienda negativa de competencia y, como corolario de ello, los elevó a esta Suprema Corte de Justicia, a sus efectos (v. proveído de 27-III-2023).
III. El art. 166 in fine de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados en derecho público. Y el Código Procesal Contencioso Administrativo aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regidas por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
Finalmente, también se ha dicho que el señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 inc. 1, CCA).
IV. Sobre tales bases, cabe concluir que la de autos es una de esas controversias, en tanto la actora alega -entre otras cosas- una irregular prestación del servicio de salud atribuible parcialmente al IOMA, por ser esta la obra social a la cual se encontraba afiliada su madre.
De este modo, la responsabilidad endilgada a dicho ente descentralizado residiría en el hecho de que este habría incumplido el deber de seguridad genérico -o, en palabras de la demandante, "deber de garantía"- que le correspondería respecto de la atención que brindan los prestadores con los cuales firmó convenio. Ello, por no haber articulado el IOMA oportunamente los mecanismos de control y auditoría para garantizar la eficiencia de las prestaciones médicas de las que se benefician sus afiliados o adherentes a través de sus intermediarios.
De allí que, sin perjuicio de la óptica con la que habrá de juzgarse a la señora G. en su calidad de propietaria del centro para adultos mayores codemandado, la cuestión que involucra al IOMA deberá ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (conf. causas B. 78.726, "Martínez", resol. de 14-II-2014; B. 75.495, "Aguirre", resol. de 12-XII-2018 y B. 77.208, "Campuzano", resol. de 22-IX-2021).
V. En virtud de lo antedicho, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe conociendo en la causa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le radicará la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2025 12:43:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2025 13:35:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2025 11:04:45 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2025 14:13:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2025 12:14:38 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/06/2025 12:23:29 hs. bajo el número RR-382-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia