Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76644
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que, toda vez que el caso es propio de la jurisdicción provincial, la competencia para conocer y decidir en el asunto corresponde al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°12 del Departamento Judicial de San Isidro (arts. 77 inc. 1, CCA y 2, CPCC), al que por Secretaría se le remitirán las actuaciones –y sus acumuladas- para la prosecución de su trámite.
B.76.644 “FERNÁNEZ, ABEL ALEJANDRO Y OTROS C/MONJE, JOSÉ LUIS Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. Los señores Abel Alejandro Fernández, Carlos Alberto Rodríguez, Ángel Oscar Falcón y Sergio Daniel Suarez, a través de apoderado, promovieron demanda de daños y perjuicios contra José Luis Monje, los herederos de Mariolino Cagnoni, las empresas Granjas y Estancias Doña Sara SA, Transchemical SA e YPF SA, a fin de obtener una indemnización por las lesiones que alegan haber padecido como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 26 de junio de 2007 en la Ruta Provincial N°6. Asimismo, citan en garantía a Provincia Seguros SA y Boston Compañías de Seguros SA.
Señalan que aquel día, se encontraban circulando a bordo del camión marca Ford Cargo, dominio BVG 536, conducido por el señor Monje desde la ciudad de Lima con destino al Partido de Pilar, cuando llegando al puente de la localidad de Los Cardales, por causas que se tratan de establecer, colisionaron con un camión marca Scania, dominio EMQ 046 y un vehículo marca Hell/Trailer Petroleum, dominio ELZ 241 maniobrado por el señor Cagnoni.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°12 del Departamento Judicial de San Isidro.
En lo que aquí concierne, las firmas Boston Compañías de Seguros SA y Transchemical SA comparecen en autos y solicitan la intervención en calidad de terceros tanto de la Provincia de Buenos Aires como de la concesionaria vial de la autoridad pública local y de la Dirección Nacional de Vialidad, por el presunto incumplimiento de los deberes de seguridad que rigen en el marco de la explotación de una autovía (v. fs. 115/130 y 153/168).
Es así que a fs. 242/257 se presenta el representante de la Dirección Nacional de Vialidad y opone como de previo y especial pronunciamiento las excepciones de incompetencia y falta de legitimación pasiva; sin perjuicio de lo cual, luego, formula defensas de fondo.
A su turno, a fs. 273/276 el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado plantea, asimismo, excepción de incompetencia, requiere la suspensión y ampliación del plazo para contestar demanda y peticiona la citación en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la contratista UTE Cartellone José CCSA –CODI SA- Eleprint SA, toda vez que la guarda jurídica de la autovía recaía sobre ella, habiendo asumido la responsabilidad por los eventuales daños que pudiere producir su ejecución.
Frente a esto, la magistrada a cargo del órgano jurisdiccional hizo lugar a la excepción de incompetencia deducida por la Dirección Nacional de Vialidad y dispuso el archivo de las actuaciones. Al así decidir, entendió que resultaba inoficioso pronunciarse respecto de las restantes defensas articuladas (v. fs. 349/350).
Contra dicho resolutorio, la parte actora interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio y, siendo el primero de ellos rechazado, se giraron las actuaciones a la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo civil y Comercial departamental. Por su parte, el Tribunal hizo lugar al remedio incoado y ordenó la remisión de los obrados a la justicia federal para que siga allí su tramitación (v. fs. 401/406).
Así, la causa recayó en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°1, Secretaría N°2, de San Martín, cuyo juez subrogante se declaró incompetente en razón del territorio para conocer en el asunto (v. fs. 425).
En consecuencia, los autos fueron remitidos al Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana (v. fs. 463). Radicado allí el expediente, se presenta el Delegado Fiscal de la Fiscalía de Estado del Departamento Judicial Zárate-Campana y opone las excepciones de falta de legitimación pasiva, prescripción e incompetencia. Asimismo, solicita la intervención de la empresa contratista y contesta demanda (v. fs. 507/521).
A fs. 536/542 el titular del juzgado decidió: a) rechazar las dos primeras defensas planteadas por la Provincia; b) hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Dirección Nacional de Vialidad; c) diferir el tratamiento de la excepción de incompetencia deducida por la Fiscalía de Estado hasta tanto adquiera firmeza el decisorio y d) admitir la citación de la empresa UTE José Cartellone CCSA – Eleprint SA; dejándose sin efecto esto último ante la inactividad de la requirente (v. fs. 557).
Posteriormente, a fs. 560/564 declaró la incompetencia de la justicia federal para seguir entendiendo en las presentes actuaciones y, por consiguiente, ordenó que se giraran al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana.
La parte actora recurrió dicho resolutorio a fs. 566. Por su parte, la Sala Primera de la Cámara Federal de San Martín hizo lugar parcialmente a la apelación esgrimida y dispuso la remisión del expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Isidro, que por turno correspondiera (v. fs. 582).
Sin embargo, el titular del juzgado N°2 del fuero especializado rechazó la competencia que le fuera endilgada, por considerar que el caso no ocurrió con motivo o en ocasión del ejercicio de la función administrativa y que la intervención de la Provincia en el presente proceso es al sólo efecto de permitir que la sentencia pueda serle oponible en el eventual juicio de regreso posterior. Eventualmente, sostuvo que tampoco cabía convalidar la atribución territorial efectuada en virtud de lo normado en el art. 5 inc. 2 ap. c) de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. fs. 588/598).
Devueltos los obrados al órgano que los había remitido, éste mantuvo su primigenia postura y, al decidir de ese modo, planteó la contienda negativa de competencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 595).
Finalmente, el Máximo Tribunal federal, de conformidad con lo dictaminado por el procurador fiscal a fs. 599/600, declaró competente a la justicia local y mandó a que los autos sean enviados a esta Suprema Corte de Justicia a los efectos correspondientes (fs. 601).
III. Dada la forma en la que ha quedado planteada la controversia y siendo ésta propia de la jurisdicción provincial, corresponde determinar el órgano que deberá entender en el caso (arts. 1, 5, 121 y 122, Const. Nac.; cfr. causas B. 72.725, "Fernández", resol. de 12-III-2014; B. 73.370, "Morales", resol. de 18-III-2015; B. 73.649, "López", resol. de 14-X-2015; B. 75.263, "Calderón", resol. de 22-VIII-2018 y B. 75.555, "Ressio", resol. de 7-XI-2018, entre otras; CSJN, Fallos: 329:759; 329:2316; 331:1119 y 332:1528).
IV. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
V. Sobre tales bases, es dable destacar que en autos el conflicto se ha configurado –parcialmente- con la citación como tercero de la Provincia de Buenos Aires. En esencia, la cuestión se ciñe a dilucidar si su participación en el proceso es susceptible de producir el desplazamiento competencial hacia los tribunales del fuero especializado; esto, a la luz de los preceptos antes reseñados.
En este punto, es necesario recordar que las firmas Transchemical SA –codemandada- y Boston Compañía de Seguros SA –citada en garantía-, consideran que el accidente se produjo como consecuencia del incumplimiento del deber de seguridad que pesaba sobre la Provincia.
Ahora bien, con independencia de lo que el desenvolvimiento probatorio de la causa revele en cuanto al grado de responsabilidad que le puede corresponder al Estado por la actuación u omisión que se le endilga, lo cierto es que en el litigio no se halla plenamente justificada la intervención del fuero contencioso administrativo (causa B. 75.379, "Lafit", resol. de 21-XI-2018).
En efecto, con la provisionalidad inherente a esta etapa incidental, es prudente inferir que el pleito tiene su origen en la colisión producida sobre la Ruta Provincial N°6 a la altura de la localidad de Los Cardeles. Al respecto, no puede soslayarse que los coactores confinan la responsabilidad primaria del hecho en los conductores de los vehículos involucrados –incluyendo el rodado en que se desplazaban-, sus titulares registrales y las respectivas compañías aseguradoras, al tiempo que fundan su pretensión exclusivamente en normas y principios del derecho privado.
Siendo así, la genérica falta de servicio por la presunta violación al deber de seguridad atribuida no exhibe una entidad tal que permita razonablemente reputarla el elemento originante del hecho, luciendo su vinculación con el evento dañoso de un tenor sumamente relativo (doctr. causas B. 72.606, "Valdivia", resol. de 11-IX-2013; B. 72.964, "Damonte" y B. 72.786, "Molina", ambas resol. de 4-VI-2014; B. 73.426, "Bellucci", resol. de 19-II-2015 y B. 74.151, "Aranda", resol. de 29-VI-2016).
VI. Por lo expuesto, corresponde que las actuaciones sean devueltas al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°12 del Departamento Judicial de San Isidro, por ser el órgano con competencia materia que ha entendido primigeniamente en la presente controversia (conf. arts. 77 inc. 1, CCA y 2, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que, toda vez que el caso es propio de la jurisdicción provincial, la competencia para conocer y decidir en el asunto corresponde al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°12 del Departamento Judicial de San Isidro (arts. 77 inc. 1, CCA y 2, CPCC), al que por Secretaría se le remitirán las actuaciones –y sus acumuladas- para la prosecución de su trámite.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2020 10:15:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2020 15:12:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 08:55:08 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 14:47:09 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2020 08:15:12 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia