Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77278
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo la materia litigiosa propia del fuero especializado de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Lomas de Zamora para continuar conociendo en el asunto (arts. 166, quinto párrafo, Const. prov.; 1, 2 inc. 4, CPCA y 2, 4, 8, 9, 10 y 350 y concs., CPCC). Por Secretaría se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
B.77.278 “RUEDA, CLAUDIO FERNANDO C/UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA FERROVIARIO PROVINCIAL Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. El señor Claudio Fernando Rueda, a través de su apoderado, promueve una pretensión contra la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires) y su compañía de seguros, la Provincia de Buenos Aires y Daniel A. Pearce -en su carácter de Jefe de la Gerencia de Operaciones de la empresa ferroviaria-, con el objeto de obtener una indemnización por los daños y perjuicios que dice haber padecido como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido el 16 de febrero de 2011 en las inmediaciones de la estación de San Miguel.
Relata que se encontraba a bordo del tren de la línea San Martín con destino a José C. Paz, cuando la formación que lo transportaba detuvo su marcha y fue embestida violentamente por otra unidad que recorría el tramo Retiro-Junín, lo que le habría provocado una serie de lesiones y padecimientos que detalla (fs. 21/28 y vta.).
II. En virtud de la consideración efectuada por el actor en su escrito inicial (conf. apdo. VIII), las actuaciones fueron asignadas, sorteo mediante, al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cuya titular, como primera diligencia, ordenó correr traslado de la demanda (fs. 31).
Interesa reseñar que en su contestación de fs. 35/36 y vta., la Fiscalía de Estado opuso excepción de incompetencia en razón del territorio, tomando en cuenta: a) que el hecho denunciado en autos había ocurrido en el Partido de General San Martín y b) que el domicilio del actor se encontraba en la localidad de José C. Paz.
A fs. 58 y vta. el señor Pearce solicitó, en los términos de los artículos 188 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, que las presentes actuaciones se acumularan al expediente "Ybarra, Federico Guillermo c/ Unidad de Gestión Ferroviaria de Emergencia y otros s/ daños y perjuicios" (expte. nº23.527/11) de trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nº101 de la Capital Federal. A este requerimiento adhirió el demandante, quien, además, advirtió que en esos obrados se encontraba acumulado el expediente "Silvero Baez, Francisco c/ UGOFE SA s/ daños y perjuicios" (expte. n°67.442/11) (v. fs. 85 y vta.).
Cabe destacar que la magistrada especializada, luego de desestimar la excepción planteada por el apoderado fiscal, dio acogida a la acumulación peticionada, por lo que, una vez firme su decisorio, ordenó remitir los presentes actuados al mencionado órgano jurisdiccional nacional (fs. 156/158).
Recibido el expediente por el juez civil de aquella jurisdicción, éste hizo efectiva la reunión dispuesta por su par provincial, pues lo contrario, según consideró, podía dar lugar a sentencias contradictorias "...dada la conexidad existente entre las causas" (fs. 179/180).
No obstante ello, más tarde, tras llevar a cabo distintos actos procesales (v.gr., desistimiento de la actora respecto de la compañía de seguros a fs. 204, citación de terceros solicitada a fs. 210, e.o.), se inhibió para seguir interviniendo en autos.
Ello así, en razón de la desacumulación que ordenara en la causa "Ybarra" -donde se encontraban acumulados múltiples juicios que guardaban conexidad entre sí-. Es de señalar que para decidir de ese modo, reputó atendible, con arreglo al principio autonómico que rige en el derecho público local, la excepción de incompetencia que en ese litigio dedujeran la Provincia de Buenos Aires y la empresa Ferrobaires para ser juzgadas ante los tribunales locales (v. fs. 217/219 y vta.).
Tal criterio fue confirmado por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fs. 290/291 en ocasión de declarar desiertos los recursos articulados por uno de los allí codemandados (UGOFE).
En este estado fue que el juez nacional, después de que el actor desistiera de su pretensión contra el señor Pearce una vez informado de su fallecimiento y de que consecuentemente se tornara abstracta -a criterio de dicho magistrado- la intervención de terceros solicitada (fs. 337), dispuso la remisión de las actuaciones a esta Suprema Corte de Justicia para que, con arreglo a las normas locales de aplicación, determine el órgano competente para entender en la causa (fs. 342 y vta.).
III. Dada la forma en la que ha quedado planteada la controversia, corresponde aceptar la declinación efectuada por la Justicia Nacional en lo Civil y declarar la competencia de esta jurisdicción provincial para conocer en autos (arts. 1, 5, 121 y 122, Const. Nac.; doctr. causas B. 72.275, "Flores", resol. de 24-IV-2013; B. 73.370, "Morales", resol. de 18-III-2015; B. 75.555, "Ressio", resol. de 7-XI-2018 y B. 76.494, "Cohello", resol. de 23-XI-2020; CSJN Fallos: 329:759; 329:2316; 331:1119 y 332:1528; causas G. 1113.XLVIII.ORI "Gómez", resol. de 29-IV-2004 y A. 216.XXXVIII.ORI "Agrar SA", sent. de 5-VI-2007).
IV. El artículo 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso para discernir la contienda deben emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
V. Bajo esos lineamientos, es dable concluir que la de autos es una de esas controversias, en tanto el actor alega una irregular prestación del servicio público de transporte ferroviario del cual habría resultado el accidente que le ocasionara los daños presuntamente padecidos.
Y es que, tal como se sostuviera en procesos íntimamente vinculados al presente (véanse causas B. 75.263, "Calderón", resol. 22-VIII-2018 y B. 76.055, "Miranda", resol. de 6-XI-2019), se trata, en esencia, de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Provincia -quien en efecto resulta ser uno de los sujetos pasivos en el caso-, cuestión que en definitiva debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público ante los tribunales del fuero contencioso administrativo (art. 2 inc. 4, CCA y doctr. causas B. 73.726, "Rivas", resol. de 21-X-2015; B. 75.263, cit.; B. 73.399, "López", resol. de 7-XI-2018; B. 75.611, "Castro", resol. de 13-II-2019 y B. 76.055, cit.).
De allí que deba continuar conociendo en la litis la jueza del fuero especializado de Lomas de Zamora, pues así lo exige el principio de preclusión, al tiempo en que la magistrada decidió -rechazando la excepción planteada a fs. 35/36- aceptar la competencia de autos (doctr. causa B. 77.244, "Municipalidad de Pellegrini", resol. de 6-IX-2021 y sus citas).
VI. En atención a que el asunto corresponde a la jurisdicción local, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora el órgano que continúe interviniendo en la controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo la materia litigiosa propia del fuero especializado de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Lomas de Zamora para continuar conociendo en el asunto (arts. 166, quinto párrafo, Const. prov.; 1, 2 inc. 4, CPCA y 2, 4, 8, 9, 10 y 350 y concs., CPCC). Por Secretaría se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/10/2021 20:25:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/10/2021 10:57:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2021 16:37:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2021 09:28:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2021 11:08:16 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2021 11:34:06 hs. bajo el número RR-711-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia