Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77944
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el que, a sus efectos, se radicará electrónicamente el expediente (art. 7 inc. 1, CCA).
Líbrese oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3 departamental para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
B.77.944 “BELOTTI MARIANA CECILIA Y OTRO/A C/ PASALTO MATERIALES S.R.L. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) -CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. Mariana Cecilia Belotti promueve una pretensión contra la empresa Pasalto Materiales SRL, tendiente a obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios que aduce haber padecido a raíz del siniestro vial que la tuvo como protagonista, ocurrido el día 21 de noviembre de 2018 a la altura de la avenida 23 y las calles 36 y 38 de la localidad de Miramar. En ese lugar, se llevaban a cabo tareas de rellenado, nivelación y pavimentación, en el marco de una obra pública que le fuera encomendada a la mencionada firma por la Municipalidad de General Alvarado a través de la licitación N° 16/17 "Carpeta Asfáltica y Cordón Cuneta".
Señala que aquel día se desplazaba a bordo de una motocicleta de su propiedad, marca Honda Wave, patente 936-KLW, cuando perdió el control de la rueda delantera de su vehículo como consecuencia de un borde de asfalto que sobresalía de la calle por la cual circulaba, cuya vía -según afirma- se encontraba totalmente habilitada al público a pesar de estar en proceso de repavimentación y carecer tanto de señalización como de vallados y/o medidas de seguridad.
Frente a ello, solicita se cite en garantía a la Cooperativa Limitada de Seguros Generales (art. 118, ley 17.418; v. escrito electrónico de fecha 1-VII-2020).
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuya magistrada por entonces a cargo, tras llevar a cabo distintas diligencias procesales, confirió traslado de la demanda a la sociedad demandada (v. despacho electrónico de fecha 19-II-2021).
En lo que aquí interesa, esta última contestó dicho traslado y, en ese mismo acto, pidió -en consonancia con el artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial- la citación en calidad de tercero de la Municipalidad de General Alvarado por considerarla obligada al "...control y fiscalización de toda obra pública que otorga en licitación" (v. acáp. IV de la presentación electrónica de fecha 12-IV-2021).
Así fue que compareció la comuna al litigio oponiendo una excepción de incompetencia (v. acáp. III del escrito electrónico de fecha 5-VII-2021), en cuya virtud el juez titular del órgano, pese a la formulación que al respecto expusiera la actora (v. escrito electrónico de fecha 26-VII-2021), se inhibió a favor del fuero en lo contencioso administrativo por entender que le asistía razón al municipio al alegar que se trataba de un caso donde se procuraba hacer efectiva la responsabilidad patrimonial estatal y que, por tal motivo, subsumía en la prescripción normativa del artículo 2 inciso 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. sent. interlocutoria de fecha 26-VIII-2021).
Consecuentemente, con el pase previo a la Receptoría General de Expedientes departamental, las actuaciones fueron asignadas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de ese mismo departamento judicial.
En consideración a que la mera citación en calidad de tercero del municipio no implicaba su intervención como parte en el proceso, el titular del órgano declinó su competencia.
En esa comprensión y haciendo hincapié en lo contemplado en el artículo 166, última parte, de la Constitución provincial, remarcó que el fuero contencioso administrativo no establece un criterio personal o subjetivo dirigido a enjuiciar "todo el obrar estatal", sino sólo aquel que se encuentre regido por el derecho público.
De esa manera quedó planteada una contienda negativa de competencia, que para su solución fue elevada a esta Suprema Corte de Justicia a fin de que ejerza la atribución que le confiere el artículo 7 inciso 1 de la ley 12.008 (v. resol. electrónica de fecha de fecha 1-IV-2022).
III. El artículo 166 in fine de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a esas normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. Prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de dichos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de tales funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, CCA).
IV. Sobre la base de esas directrices y solo suponiendo la intervención del municipio en el pleito, cabe concluir que el presente subsume en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa, en tanto la confrontación involucra en su estado actual a la Municipalidad de General Alvarado por la presunta omisión en la que habría incurrido en su calidad de comitente de la obra pública de pavimentación, aparentemente al no controlar la regularidad de las condiciones en las cuales se estaban llevando adelante dichas tareas por parte de la firma demandada (doctr. causa B. 74.782, "Troche", resol. de 12-VII-2017). Todo lo cual se vincula con el ejercicio de funciones administrativas ligadas la conservación de las calles, veredas y sitios públicos, como así también, al tránsito peatonal (cfr. arts. 27 incs. 2, 5, 8 y 18, 226 inc. 6 y concs., LOM y doctr. causas B. 69.569, "Fredes", resol. de 10-IX-2008; B. 70.097, "Spur", resol. de 13-V-2009; B. 71.286, "Sánchez", resol. de 18-IV-2011 y B. 74.158, "Torrado", resol. de 4-V-2016).
De allí que, sin perjuicio de la óptica con la que habrá de juzgarse a la sociedad litigante, en esta parcela la cuestión debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (art. 2 inc. 4, CCA; doctr. causa B. 77.208, "Campuzano", resol. de 22-IX-2021 y sus citas), pues se trata esencialmente de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial derivada del presuntamente irregular o defectuoso cumplimiento de ciertos cometidos municipales.
V. En vista de las consideraciones expuestas, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, para que continúe interviniendo en el proceso (doctr. causa B. 72.777, "De Urquiza", resol. de 23-XII-2013).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el que, a sus efectos, se radicará electrónicamente el expediente (art. 7 inc. 1, CCA).
Líbrese oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3 departamental para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/06/2022 16:43:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 18:21:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2022 08:58:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:38:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:49:52 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/06/2022 11:03:27 hs. bajo el número RR-612-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia