Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78726
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.78.726 "M. Y. F. C/ HOSPITAL PRIVADO SUDAMERICANO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJUCIOS -CUESTION DE COMPETENCIA-"
I. La señora Y. F. M. promovió pretensión indemnizatoria contra el Hospital Privado Sudamericano y contra el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), a fin de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios que asegura haber padecido como consecuencia del tratamiento –según su parecer- negligente al que fue sometida en el establecimiento demandado.
Relata que el día 19 de diciembre de 2018 concurrió a la Clínica Cruz Azul de la localidad de Necochea, donde luego de ordenar su internación ante el cuadro de salud que presentaba, se le diagnosticó “litiasis coledociana y pancreatitis aguda” y se le dispuso la realización de una colangio pancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE).
Tras ello, explica que, al no contar el nosocomio con el equipamiento necesario para llevar a cabo dicha práctica, se solicitó al IOMA la derivación urgente a un instituto de mayor complejidad para la concreción de la referida intervención.
Es así que arguye que el 21 de diciembre de aquel año fue trasladada al hospital demandado, donde permaneció en la guardia en observación para un “control evaluativo de pancreatitis” y se le informó que no sería necesario practicar el procedimiento de CPRE.
Insatisfecha con la atención médica brindada y frente la falta de respuesta oportuna y certera respecto de su estado de salud, manifiesta que el 22 del mismo mes y año se retiró voluntariamente del sanatorio. Unos días más tarde, refiere haber ingresado a la Clínica Pueyrredon de la ciudad de Mar del Plata donde fue intervenida quirúrgicamente de manera inmediata por la gravedad de su afección.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata, cuya magistrada a cargo se rehusó a intervenir en el asunto tras estimar que el litigio era de naturaleza eminentemente civil, por cuanto la actora cuestionaba la deficiente asistencia médica brindada por el Hospital Privado Sudamericano en el marco de una relación contractual. A esto adunó que, de acuerdo al régimen implementado por la obra social demandada, imperaba el principio de libre elección del prestador, por lo que la demandante podría haber optado por cualquier profesional adherido al sistema (v. resol. de 15-XII-2021).
De esta manera, las actuaciones pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 departamental, cuya titular dispuso correr traslado de la demanda (v. proveído de fecha 22-IV-2022).
En oportunidad de responderla, la Provincia de Buenos Aires dedujo excepción de incompetencia, en tanto la actora fundamentaba su reclamo contra el IOMA en virtud de la “tácita obligación de seguridad por la eficiencia del servicio de salud a su cargo” (v. presentación electrónica de fecha 14-XI-2022).
La jueza hizo lugar a la defensa previa opuesta, por considerar que el objeto de la controversia versaba sobre la eventual responsabilidad patrimonial de un ente público, generada por su actividad lícita o ilícita. Por esta razón, concluyó que el caso subsumía en la cláusula general que determina el ámbito de actuación del fuero contencioso administrativo y, en particular, la regla de atribución establecida en el art. 2 inc. 4 del respectivo código de rito (v. resol. de 8-III-2023).
Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso de apelación (v. presentación electrónica de fecha 16-III-2023 y memorial de fecha 28-III-2023).
Sustanciado el remedio articulado, la magistrada interviniente entendió que se encontraba configurada una contienda negativa de competencia y procedió a someterla ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima (v. proveído de fecha 20-IV-2023).
III. Preliminarmente, es pertinente señalar que si bien en autos no se ha configurado estrictamente un conflicto que deba ser atendido por esta Corte en virtud de la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, toda vez que el desprendimiento del litigio por parte de la magistrada en lo civil y comercial actuante no ha sido materia de réplica por su par del fuero de contencioso administrativo (doctr. causas B. 74.294, "Garralda"; B. 74.295, "Tapia", ambas resol. de 7-IX-2016 y B. 77.587, “Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales”, resol. de 30-VI-2022, e.o.) y tampoco ha tomado intervención la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental para expedirse sobre el recurso impetrado –y más allá de lo que quepa decir respecto de la eventual sustracción del conocimiento que le corresponde al Tribunal común a los órganos involucrados en la contienda que esta vía de revisión puede ocasionar-, razones de economía y celeridad procesal recomiendan una decisión definitiva sobre el juzgado que habrá de conocer en el asunto.
IV. El art. 166 in fine de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados en derecho público. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regidas por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
Finalmente, también se ha dicho que el señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 inc. 1, CCA).
V. Sobre tales bases, cabe concluir que la de autos es una de esas controversias, en tanto la actora alega una irregular prestación del servicio de salud pública por parte del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) que la habría derivado de manera unilateral –sin garantizar el principio de libre elección de la afiliada, como adherente por su condición de docente- a un establecimiento hospitalario donde fue deficientemente atendida, bajo el entendimiento de que “...la obra social asume una tácita obligación de seguridad, por la eficiencia del servicio de salud a su cargo, máxime teniendo en cuenta que la vida y la salud revisten indiscutible interés social, el que trasciende a lo meramente privado” (v. punto V del escrito inicial de fecha 2-XII-2022).
Así, la responsabilidad endilgada residiría en el hecho de que, a raíz del obrar de la obra social demandada, no habría recibido la prestación requerida en tiempo oportuno, dado que fue trasladada a un hospital que incurrió en una demora excesiva e injustificada frente a un tratamiento que se suponía urgente y cuyas consecuencias derivaron en que la demandante debiera ser intervenida quirúrgicamente de emergencia, con posterioridad, en otra clínica privada.
De allí que, sin perjuicio de la óptica con la que habrá de juzgarse al centro médico codemandado, la cuestión que involucra al IOMA deberá ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (art. 2 inc. 4, CCA y doctr. causas B. 73.994, "Maldonado", resol. de 6-IV-2016; B. 74.768, "De Almeida", resol. de 28-VI-2017 y B. 75.701, "Olivo", resol. de 13-II-2019), pues se trata esencialmente de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial estatal (conf. causas B. 75.495, "Aguirre", resol. de 12-XII-2018 y B. 77.208, “Campuzano Cáceres”, resol. de 22-IX-2021).
VI. Por consiguiente, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe conociendo en la causa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/02/2024 20:10:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2024 11:07:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2024 09:19:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2024 11:36:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2024 11:53:48 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/02/2024 11:56:36 hs. bajo el número RR-17-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia