Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79603
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166 in fine Const. prov. 1 y 2 incs. 2 y 4, CCA).
Por Secretaría, se remitirán las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero, el cual, una vez asignado, deberá disponer la acumulación de las presentes con el expediente "Recioy Calbo, Macarena Alejandra y Otros c/ Recupero, Cristian Elías / Daños y Perjuicios" (causa N°25.972), que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de San Isidro (art. 15 Const. prov.; 77 inc. 1, CCA y 87, 88 y 188 , CPCC).
B.79.603 "CALBO, RUTH ELIZABETH C/ RECUPERO, CRISTIAN ELIAS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/ LES. O MUERTE) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. La señora Ruth Elizabeth Calbo promueve demanda de daños y perjuicios contra Cristian Elias Recupero, Claudia Beatriz Leiva -esta última en su condición de titular registral- y/o contra todo aquel civilmente responsable, a fin de obtener una indemnización por el fallecimiento de su hija, Bárbara Elizabeth Recioy Calbo, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 22 de enero de 2016, cuando el automotor en el cual se trasladaba junto a su hermana -quien sufriera múltiples fracturas como resultado del hecho- embistió a la altura del kilómetro 300 de la Ruta Provincial N°2, luego de que -según afirma- el primero de los demandados ejecutara una maniobra para esquivar un bulto que se encontraba sobre la calzada. Todo ello dio lugar al inicio de las actuaciones penales en la Unidad de Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°11 del Departamento Judicial de Mar del Plata, bajo la IPP N° 08-00-001947-16/00.
Solicita, en ese marco y en los términos del art. 118 de la ley 17.418, que se cite a la compañía de seguros El Norte SA (fs. 11/17).
II. La causa fue iniciada en el Juzgado Nacional Civil N°20, cuyo titular confirió traslado de la demanda y citó a la compañía aseguradora en el carácter peticionado (fs. 22/23 y vta.).
En lo que aquí interesa, esta última contestó dicho traslado y, en ese mismo acto, pidió -en consonancia con el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial- la citación en calidad de tercero de: 1) Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA); 2) la Provincia de Buenos Aires; y/o 3) de todo aquel que resulte ser concesionario y/o explotador de la Ruta Provincial N°2 (fs. 44/60).
Una vez que el magistrado interviniente diera curso a dicho petitorio -aunque no respecto de la citación como tercero de la Provincia de Buenos Aires, pues no vislumbró una "...imputación concreta del Estado provincial que justifique su participación en el proceso en la calidad solicitada"-, compareció al juicio la Fiscalía de Estado -en representación de AUBASA- y articuló una excepción de incompetencia en razón del territorio y de la materia. Subsidiariamente, para el caso de que dicha defensa no resultara de acogida favorable, el apoderado fiscal requirió que se acumularan las presentes a los autos "Recioy Calbo, Macarena Alejandra y Otros c/ Recupero, Cristian Elías / Daños y Perjuicios" (causa N°25.972), en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de San Isidro (v. presentación de fecha 12-IX-2021).
Cabe señalar que el juez a cargo del órgano nacional reputó atendible la defensa articulada por el representante estatal y, por tal virtud, se inhibió a favor del fuero contencioso administrativo por entender -con base en doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de su tribunal de alzada- que se trataba de un caso donde se procuraba hacer efectiva la responsabilidad patrimonial estatal (v. documento adunado al oficio electrónico de fecha 27-VIII-2024).
De esa manera y luego de la presentación efectuada por la reclamante, en cuya oportunidad solicitó que los obrados siguieran su curso procesal en el Departamento Judicial de La Plata (v. oficio de fecha 27-VIII-2024 cit.), la causa se radicó en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo de este Tribunal, a los efectos de que se sortee el juzgado del fuero especializado que debía continuar interviniendo en el asunto.
III. Dada la forma en que ha quedado planteada la controversia, corresponde primeramente aceptar la declinación efectuada por la Justicia Nacional en lo Civil y declarar la competencia de la jurisdicción local para conocer en estos obrados (arts. 1, 5, 121 y 122, Const. nac.; doctr. causas B. 72.275, "Flores", resol. de 24-IV-2013; B. 73.370, "Morales", resol. de 18-III-2015; B. 75.555, "Ressio", resol. de 7-XI-2018; B. 76.194, "Cavallo", resol. de 30-X-2019; B. 76.494, "Cohello", resol. de 23-XI-2020; B. 77.278, "Rueda", resol. de 15-X-2021; B. 78.709, "Ybarra", resol. de 6-VI-2023 y B. 78.606, "Vivero", resol. de 11-VIII-2023, e.o.; CSJN Fallos: 329:759; 329:2316; 331:1119 y 332:1528; causas G. 1113.XLVIII.ORI "Gómez", resol. de 29-IV-2004 y A. 216.XXXVIII.ORI "Agrar SA", sent. de 5-VI-2007).
IV. Sentado ello, cabe adelantar que el caso corresponde a la competencia del fuero contencioso administrativo.
Ello es así, en tanto que de la demanda surge que la situación planteada por la señora Calbo se encuentra estrechamente relacionada con los deberes de seguridad que rigen en el marco de la explotación de una autovía por parte de la concesionaria vial de la autoridad pública provincial, lo cual -como se adelantara- constituye materia propia del conocimiento de los órganos del fuero especializado (conf. doctr. causas B. 72.422, "Pravaz", resol. de 11-IX-2013; B. 75.824, "Pestrin", resol. de 21-VIII-2019; B. 76.962, "Rosso", resol. de 27-V-2021; B. 78.936, "Coronado", resol. de 6-IX-2023 y B. 79.169, "Alonso", resol. de 19-IV-2024, e.o.). Lo expresado, puesto que tales controversias se han considerado -como la norma estatutaria dispone- "regidas por el derecho administrativo" (art. 2 inc. 2, CCA).
Siendo así, tomando en consideración que en autos se encuentra comprometida la responsabilidad de AUBASA por el incumplimiento de los deberes en materia de seguridad en la circulación, sumado a ello el hecho de que la actora -a pesar de encontrar el cauce de su pretensión en preceptos del derecho privado- no controvierte la excepción de incompetencia planteada por el representante fiscal, es dable concluir que el de autos no es un asunto de aquellos raleados del fuero contencioso administrativo que establece el art. 4 inc. 1 del código ritual.
De modo que, en tales condiciones e independientemente de la manera en la que pudiera haberse enderezado la demanda o la óptica con la que habrá de juzgarse a los codemandados, la solución del pleito requiere la aplicación primaria de normas y principios de derecho administrativo, con la consecuente competencia de los órganos especializados en tal materia (arts. 166, último párr., Const. prov.; 1, 2 incs. 2 y 4, CCA y 30, segundo párr., ley 13.133 -texto según ley 14.514-).
V. Sin perjuicio de lo expuesto, no es posible evitar reparar en la estrecha relación que exhiben estas actuaciones con relación a los autos "Recioy Calbo, Macarena Alejandra y Otros c/ Recupero, Cristian Elías / Daños y Perjuicios" (causa N°25.972), iniciados el 30 de julio de 2018 ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de San Isidro.
V.1. Al respecto, es menester recordar que, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 87, 88 y 188 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Suprema Corte de Justicia ha entendido necesaria la acumulación en aquellos supuestos en donde las causas presentaban, entre sí, una "triple identidad" de sujeto, objeto y causa que pudieran dar lugar a que la sentencia a dictarse en una de ellas produjera efectos de cosa juzgada en la otra. Por lo cual, frente a la coetaneidad de dos pretensiones cuyos elementos eran idénticos, resultaba imprescindible su acumulación (doctr. causas B. 55.121, “Riblam”, sent. de 18-XI-97; B. 53.841, “Trevisiol Hnos. SA”, sent. de 27-XII-2002; B. 63.508, “Margaria”, resol. de 21-XI-2005; B. 73.096, cit.; B. 65.566, "Comaco SA", resol. de 6-V-2015; B. 74.314, "Municipalidad de Carlos Casares", resol. 17-VIII-2016; B. 76.209, "Martín", resol. de 13-XI-2019; B. 76.760, "Erdocia", resol. de 12-VIII-2021 y CSJN Fallos: 319:1397; 323:3546; 325:2848; 327:2746).
Así, ese tipo de medidas procede cuando dos o más litigios en trámite tienen por objeto pretensiones conexas que no pueden ser decididas separadamente, sin riesgo de incurrir en sentencias contradictorias (doctr. causa B. 64.093, "Alsinet", sent. de 12-VII-2017 y sus citas) o de cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada (doctr. causa B. 74.209, "Caricato", resol. de 21-IX-2016); lo cual se presenta cuando la relación jurídica sustancial o el hecho constitutivo del cual emanan las acciones que han originado las controversias, es común (doctr. causas B. 67.491, “Consorcio Barrio Los Sauces”, sent. de 5-IV-2006; B. 71.355, “Ávila”, sent. de 31-VIII-2011 e I. 70.249, "Bornic", resol. de 29-VI-2016).
A esto, debe añadirse que el art. 194 del código de rito establece que, ante la acumulación dispuesta, resultará menester el dictado de una sentencia única. Ello, sin perjuicio de la posibilidad de sustanciar las causas por separado, si por la naturaleza de las cuestiones planeadas su trámite en conjunto resultare dificultoso.
V.2. De lo dicho y lo que prevé expresamente el mencionado art. 188 en sus incisos 1° y 3°, se desprende que es un requisito indispensable para la procedencia del referido dispositivo procesal que los juicios se encuentren transitando la misma etapa procesal -lo que ocurre en el caso- y que puedan sustanciarse por los mismos trámites. De lo contrario, el ordenamiento veda como regla la posibilidad de hacer efectiva su acumulación (doctr. causa B. 57.239, "Franceschi", sent. de 28-IX-2016).
VI. Bajo estos parámetros, resulta evidente que -tal como oportunamente apuntara la magistrada a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº2 de San Isidro- en el presente caso se verifica la situación contemplada en el art. 188 del código adjetivo.
En efecto, en los dos pleitos se deducen acciones indemnizatorias contra los mismos demandados y, en ambos, los actores solicitan, dada su condición de familiares directos de Bárbara Recioy Calbo -en un caso, el padre y la hermana, esta última también víctima del siniestro; y en el otro, la madre-, un resarcimiento económico por los daños y perjuicios que sufrieran a raíz del siniestro vial acontecido el 22 de enero de 2016.
Se sigue de ello, además, que en ambos juicios, cuyos fundamentos jurídicos coinciden, la compañía aseguradora requirió la citación en calidad de tercero de AUBASA, al entender que se encontraba juego la "responsabilidad patrimonial estatal", sin perjuicio de que en uno de ellos -el que tramita ante el fuero civil y comercial- dicha solicitud no se efectivizó debido a la inactividad de la citada empresa, pero sí en el presente caso.
VII. En atención a las razones expuestas y a lo manifestado por la actora en cuanto a que el caso siga tramitando en el Departamento Judicial de La Plata -por ser en dicha jurisdicción territorial donde se sitúa el domicilio legal de AUBASA-, corresponde que los obrados sean girados a la Receptoría General de Expedientes de aquel departamento judicial, para su sorteo entre los juzgados del fuero contencioso administrativo, el cual, una vez asignado, deberá acumular las presentes actuaciones con los autos "Recioy Calbo, Macarena Alejandra y Otros c/ Recupero, Cristian Elías / Daños y Perjuicios" (causa N°25.972), que tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de San Isidro, conforme lo dispuesto por la titular de esta última dependencia en su providencia de fecha 12-IV-2023 (según surge de la consulta realizada en la MEV)
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166 in fine Const. prov. 1 y 2 incs. 2 y 4, CCA).
Por Secretaría, se remitirán las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero, el cual, una vez asignado, deberá disponer la acumulación de las presentes con el expediente "Recioy Calbo, Macarena Alejandra y Otros c/ Recupero, Cristian Elías / Daños y Perjuicios" (causa N°25.972), que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de San Isidro (art. 15 Const. prov.; 77 inc. 1, CCA y 87, 88 y 188 , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2025 13:01:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/02/2025 10:52:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/02/2025 11:11:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/02/2025 12:27:25 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/02/2025 13:08:21 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/02/2025 13:13:04 hs. bajo el número RR-24-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia