Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80854
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166 in fine, Const. prov. y 1 y 2 inc. 4, CCA).
Por Secretaría, se remitirán las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Quilmes, para su adjudicación al juzgado perteneciente a dicho fuero (art. 15, Const. prov. y 5 inc. 1, CCA).
B.80.854 "DI GRAPPA, ARIEL IGNACIO C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. El señor Ariel Ignacio Di Grappa promueve demanda contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y contra Provincia Seguros S.A., por los daños y perjuicios que habría padecido como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el día 8 de agosto de 2024 en la intersección de la avenida Sarmiento y la calle Monseñor Bartolomé de las Casas, de la localidad de Villa Vatteone, partido de Florencio Varela.
Relata que, aproximadamente a las 14:15 hs., se encontraba detenido a bordo de su vehículo dominio HFC-513, marca Chevrolet, modelo Corsa, cuando fue impactado en su parte trasera izquierda por un rodado marca Nissan, modelo Frontier, dominio AE540ZT, conducido por la señora Analia Ruiz Díaz, que circulaba detrás suyo por la referida avenida.
Añade que el vehículo embistente se encontraba asegurado en Provincia Seguros S.A. y atribuye responsabilidad al Ministerio de Seguridad provincial, en carácter de titular del rodado, así como a la citada aseguradora en los términos del contrato de seguro.
II. La causa fue iniciada en el Juzgado Nacional Civil N°39, cuya titular se inhibió a favor del fuero contencioso administrativo local por entender que se trata de un caso donde se procura hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Provincia de Buenos Aires (v. documento adunado al oficio electrónico de fecha 22-IV-2026).
III. Dada la forma en que ha quedado planteada la controversia, corresponde primeramente aceptar la declinación efectuada por la Justicia Nacional en lo Civil y declarar la competencia de la jurisdicción local para conocer en estos obrados (arts. 1, 5, 121 y 122, Const. nac.; doctr. causas B. 76.194, "Cavallo", resol. de 30-X-2019; B. 76.494, "Cohello", resol. de 23-XI-2020; B. 77.278, "Rueda", resol. de 15-X-2021; B. 78.709, "Ybarra", resol. de 6-VI-2023 y B. 78.606, "Vivero", resol. de 11-VIII-2023, e.o.).
IV. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso para discernir la contienda deben emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
V. Bajo tales premisas, esta Corte ha resuelto que compete al fuero contencioso administrativo el conocimiento y decisión de las controversias en las que se pretende el cobro de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito en los que resulta involucrado un vehículo de propiedad estatal, cuando el hecho ocurre con motivo o en ocasión del ejercicio de la función administrativa, como cuando un patrullero que, afectado a la realización de los cometidos específicos de seguridad pública establecidos en el art. 14 de la ley 12.155, colisiona con otro automóvil (causa B. 73.820, "Vargas", resol. de 21-X-2015 y B. 75.866, "Haase", resol. de 10-VII-2019); o cuando una ambulancia estatal se ve involucrada en un siniestro vial ocurrido mientras se encontraba afectada a la realización de su cometido específico, vinculado a la salud pública (causa B. 72.819, "Covey", resol. de 12-IV-2017).
En el caso, cabe destacar que en el escrito de demanda no se alega que el vehículo propiedad de la Provincia o quien lo conducía al momento en que se produjo el accidente se encontraban afectados a un cometido público, centrándose la pretensión resarcitoria en la responsabilidad que se atribuye al Ministerio de Seguridad provincial en su carácter de titular del rodado involucrado en el siniestro, así como a Provincia Seguros S.A. en los términos del contrato de seguro.
No obstante, tratándose —en esencia— de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Provincia de Buenos Aires y en virtud de la presunción sentada en el art. 1 inc. 2 de la ley 12.008 —texto según ley 13.101—, la cuestión debe ser resuelta ante los tribunales del fuero contencioso administrativo (causa B. 74.936, "Barrios", resol. de 28-II-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166 in fine, Const. prov. y 1 y 2 inc. 4, CCA).
Por Secretaría, se remitirán las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Quilmes, para su adjudicación al juzgado perteneciente a dicho fuero (art. 15, Const. prov. y 5 inc. 1, CCA).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/06/2026 16:01:11 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 14:42:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2026 17:20:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2026 10:15:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2026 11:34:25 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/06/2026 11:38:26 hs. bajo el número RR-595-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia