Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79719
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar que corresponde al fuero contencioso administrativo el conocimiento y decisión de la pretensión deducida contra la Provincia de Buenos Aires (arts. 166 in fine, Const. prov. y 1 y 2 inc. 4, CCA).
Por Secretaría, se remitirán las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de San Martín, para su adjudicación al juzgado perteneciente a dicho fuero (art. 15, Const. prov. y 5 inc. 1, CCA).
B.79.719 "ROBLEDO MARÍA ALICIA Y OTROS C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES (MINISTERIO DE SALUD) S/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. María Alicia Robledo, por sí y en representación de su hijo menor J.M.A., Jaquelina Alejandra Ávila, David Alejandro Ávila y Ricardo Ezequiel Ávila, en su carácter de conviviente e hijos —respectivamente— de quien fuere en vida Ricardo Alejandro Ávila, promueven demanda contra el Ministerio de Salud de la Nación (Programa Federal Incluir Salud) y contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (Programa Federal Incluir Salud Unidad de Gestión Provincial) y/o contra todo aquél que resulte responsable, por los daños y perjuicios que les fueran ocasionados por el fallecimiento del señor Ávila, el cual se habría producido como consecuencia del incumplimiento en debido tiempo y forma de una serie de prestaciones médicas —entre ellas, la provisión inmediata de un equipo marcapasos— que le habían sido prescriptas y de las que resultaba beneficiario por ser afiliado a los programas aludidos.
Conforme la liquidación que acompañan, requieren el pago de una indemnización cuyo monto asciende a los $5.100.000, o lo que en más o en menos se determine de acuerdo a la prueba a producirse durante el juicio (v. escrito de demanda en págs. 12/70 y su ampliación en págs. 71/73, segundo archivo en formato PDF adunado al trámite "oficio recibido", del 28-X-2024).
II.1. En lo que aquí interesa, preliminarmente cabe resaltar que con antelación a la promoción de la presente acción, en fecha 14-XII-2015, los actores promovieron idéntica pretensión ante la justicia provincial, siendo radicadas las actuaciones ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Martín bajo el N° de expediente 33.719 (v. escrito de demanda en págs. 23/80, primer archivo en formato PDF adunado al trámite "oficio recibido", del 28-X-2024), y en cuya causa el órgano interviniente se declaró incompetente al considerar que el pleito debía ser resuelto ante la justicia federal (v. resol. de 29-II-2016, obrante en págs. 88/90, del primer archivo en formato PDF adunado al trámite "oficio recibido, del 28-X-2024).
II.2. Sentada la aclaración previa, las actuaciones aquí en trámite se iniciaron el 31-X-2016 ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°1 (Secretaría N°1) de San Martín. Sin embargo, su titular, una vez corrido traslado a las partes y al Ministerio Público Fiscal, acogió parcialmente la excepción de incompetencia esgrimida por la Fiscalía de Estado y, por consiguiente, se declaró incompetente para intervenir en el asunto.
Para así resolver, ponderó que en autos se había configurado un litisconsorcio pasivo necesario entre la Provincia de Buenos Aires, cuyo Ministerio de Salud actuó como ejecutor del Programa en el ámbito jurisdiccional bonaerense, y el Estado nacional, dado el carácter de coordinador del programa que ejercía en aquel momento —que en la actualidad dicho rol lo ejerce a través de la Agencia Nacional de Discapacidad—.
Tras sopesar los argumentos vertidos por las codemandadas en sus escritos de contestación, adujo que, si bien asistía razón al representante del Fisco provincial en cuanto a que la eventual responsabilidad de este último debía ser discutida en los tribunales de la justicia local (conf. arts. 5 y 123, Const. nac.), las particularidades del sub examine hacían dificultoso tal curso de acción por estar también involucrado un sujeto público nacional.
En lo relativo a lo manifestado por la Agencia Nacional de Discapacidad, sostuvo que su asistencia letrada no había objetado la competencia del juzgado a su cargo ni había solicitado su prórroga en favor de otro órgano jurisdiccional, por lo que, tratándose esta de un ente descentralizado aforado al fuero federal, su competencia ratione personae en esta parcela sí se hallaba justificada (conf. arts. 116, Const. nac. y 2 inc. 6, ley 48).
No obstante lo dicho, concluyó que, en virtud de que no resultaba posible escindir la pretensión articulada —por tratarse de un litisconsorcio necesario— y teniendo en consideración que ambas codemandadas ostentan prerrogativas de fuero, la competencia para decidir en el litigio correspondía a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cuya Secretaría de Juicios Originarios remitió el expediente a fin de que entienda en instancia originaria o decida cuál es el juez competente (conf. art. 117, Const. nac. y 1, ley 48; v. resol. de 17-IX-2021 en págs. 104/115, primer archivo PDF adjunto al trámite "oficio recibido", del 28-X-2024).
II.3. Elevadas las actuaciones al Máximo Tribunal federal, este declaró que en el sub lite no se hallaba comprometida su competencia originaria (conf. art. 117, Const. nac.; CSJN Fallos: 329:759 y 332:1528).
Al resolver en tal sentido, arguyó en lo primordial que el hecho de que se atribuya responsabilidad a dos jurisdicciones —una, nacional; la otra, provincial— no exigía que ambos procesos deban ser necesariamente acumulados, ya que no se advertiría razón alguna para sostener que no puedan dictarse dos sentencias útiles por separado.
Como corolario de ello y con el objeto de, por razones de celeridad, zanjar el conflicto competencial suscitado, dispuso que la parcela que involucraba al Estado Nacional debía ser tratada por el juzgado federal preactuante, mientras que aquella deducida contra la Provincia de Buenos Aires debía ser resuelta por los tribunales bonaerenses.
Ante este escenario, la mayoría del Tribunal ordenó la remisión del expediente al Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°1 de San Martín y, por otro lado, la remisión de copias a esta Suprema Corte de Justicia, con miras a que, de conformidad con lo resuelto, se pronuncie en relación al órgano que deberá entender en la causa para juzgar la responsabilidad que pudiera caberle al Estado provincial, con arreglo a las disposiciones locales que resulten aplicables (v. resol. de 30-IX-2024 en págs. 349/356, primer archivo PDF adjunto al trámite "oficio recibido", del 28-X-2024).
III. Dada la forma en que ha quedado planteado el litigio, en el que la pretensión se dirige —en parte— contra una acción u omisión en el ejercicio de funciones administrativas atribuida al Ministerio de Salud local, corresponde primeramente declarar que la jurisdicción provincial resulta competente para conocer en la pretensión deducida contra la Provincia de Buenos Aires, en los términos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fueron previamente reseñados (arts. 121 y sigs., Const. nac.).
IV. Sentado lo anterior, cabe adelantar que el caso corresponde a la competencia del fuero contencioso administrativo.
El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y la decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166, Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deben emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
V. Bajo esos lineamientos, y circunscripta la intervención de esta Suprema Corte a la pretensión resarcitoria dirigida contra la Provincia de Buenos Aires de conformidad con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es dable concluir que la de autos es una de esas controversias, puesto que los demandantes atribuyen al Estado provincial una cuota de responsabilidad en el obrar ilícito que habría contribuido al fallecimiento del señor Ricardo Alejandro Ávila.
Por ende, tratándose —en esencia— de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Provincia de Buenos Aires y en virtud de la presunción sentada en el art. 1 inc. 2 de la ley 12.008 —texto según ley 13.101—, la cuestión debe ser resuelta ante los tribunales del fuero contencioso administrativo (causa B. 74.936, "Barrios", resol. de 28-II-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar que corresponde al fuero contencioso administrativo el conocimiento y decisión de la pretensión deducida contra la Provincia de Buenos Aires (arts. 166 in fine, Const. prov. y 1 y 2 inc. 4, CCA).
Por Secretaría, se remitirán las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de San Martín, para su adjudicación al juzgado perteneciente a dicho fuero (art. 15, Const. prov. y 5 inc. 1, CCA).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:09:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:43:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:18:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2026 12:24:33 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2026 13:19:11 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/08/2026 13:19:55 hs. bajo el número RR-686-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia