Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75611
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1 y 2 inc. 4, CCA).
Por Secretaría, se remitirán las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero (art. 15, Const. prov. y 5 inc. 1, CCA).
B.75.611 “CASTRO HECTOR RICARDO Y OTROS C/ UNIDAD DE GESTION OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIAS Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS. --DECLARACION DE TRIBUNAL COMPETENTE—“
La Plata, 13 de febrero de 2019.
I. Héctor Ricardo Castro, Eduardo Félix Peralta y Lucas Eduardo Orellano dedujeron una demanda de daños y perjuicios ante la Justicia Nacional de primera instancia contra la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires) y la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE SA), con el objeto de obtener una indemnización por el accidente ocurrido el 16 de febrero de 2011 en las inmediaciones de la estación de San Miguel.
II. En lo que aquí interesa, el titular del Juzgado Nacional en lo Civil N°101 de la Capital Federal acogió la excepción de incompetencia deducida por Ferrobaires para ser juzgada ante los tribunales provinciales (fs. 419/420). Ello, en la inteligencia de que ese tramo de la demanda importaba una materia regida por el derecho público local que imponía el respeto del principio autonómico, razón por la cual desdobló el juicio y remitió copias certificadas de las actuaciones a esta Suprema Corte, para que con arreglo a las normas locales de aplicación determine el órgano competente para entender en la acción seguida contra dicha entidad.
Tal criterio fue confirmado por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fs. 449/452, con lo cual se hizo efectiva la remisión.
III. Dada la forma en la que ha quedado circunscripta la controversia, corresponde aceptar la declinación efectuada por la Justicia Nacional en lo Civil y declarar la competencia de esta jurisdicción para conocer en autos (arts. 1, 5, 121 y 122, Const. Nac.; doctr. causas B. 72.275, "Flores", resol. de 24-IV-2013; B. 73.370, "Morales", resol. de 18-III-2015 y B. 75.555, "Ressio", resol. de 7-XI-2018; CSJN, Fallos: 329:759; 329:2316; 331:1119 y 332:1528; causas G. 1113.XLVIII.ORI "Gómez", resol. de 29-IV-2004 y A.216.XXXVIII.ORI "Agrar SA", sent. de 5-VI-2007).
IV. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso para discernir la contienda deben emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
V. Bajo tales premisas, cabe concluir que la de autos es una de esas controversias, en tanto los litigantes alegan una irregular prestación del servicio público de transporte ferroviario del cual habría resultado el accidente que les ocasionara los daños presuntamente padecidos. Se trata, en esencia, de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Provincia, cuestión que debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público, ante los tribunales del fuero contencioso administrativo (art. 2 inc. 4, CCA y doctr. causas B. 73.726, "Rivas", resol. de 21-X-2015; B. 75.263, "Calderón", resol. de 22-VIII-2018 y B. 73.399, "López", resol. de 7-XI-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1 y 2 inc. 4, CCA).
Por Secretaría, se remitirán las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero (art. 15, Const. prov. y 5 inc. 1, CCA).
Regístrese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 9
Fin de la sentencia