Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75701
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1 y 2 inc. 4, CCA).
Por Secretaría, se remitirán las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Quilmes, para su adjudicación al juzgado de primera instancia de dicho fuero (art. 15, Const. prov.).
B.75.701 “OLIVO PABLO EZEQUIEL Y OTRA CONTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS -DECLARACION DE TRIBUNAL COMPETENTE”
La Plata, 13 de febrero de 2019.
I. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió a fs. 92/100 declarar su incompetencia para conocer originariamente en la demanda promovida por los coactores contra la Provincia de Buenos Aires, el Estado Nacional, el Hospital de Alta Complejidad en Red "El Cruce - Dr. Néstor C. Kirchner" y el médico Nicolás Bacaloni. Fundó su decisión en los resuelto en los precedentes "Barreto" (Fallos: 329:759), "Mendoza" (Fallos: 329:2316) y "Castelucci" (Fallos: 332:1528), con lo cual separó los juicios y ordenó extraer copias autenticadas de las actuaciones para que, una vez recibidas por esta Suprema Corte, con arreglo a las normas locales de aplicación se determine el tribunal competente para conocer en la pretensión seguida contra el Estado provincial.
Por mayoría, dictó interinamente la medida cautelar requerida por los accionantes.
II. Siendo el caso propio de la jurisdicción provincial, corresponde determinar el juez que deberá entender en él (arts. 1, 5, 121 y 122, Const. Nac.; cfr. causas B. 72.725, "Fernández", resol. de 12-III-2014; B. 73.370, "Morales", resol. de 18-III-2015; B. 73.649, "López", resol. de 14-X-2015; B. 75.263, "Calderón", resol. de 22-VIII-2018 y B. 75.555, "Ressio", resol. de 7-XI-2018, entre otras; CSJN, Fallos: 329:759; 329:2316; 331:1119 y 332:1528).
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. Bajo tales premisas, cabe concluir que la acción promovida con el objeto de obtener una indemnización por la presunta mala praxis en la que habrían incurrido los profesionales médicos que atendieron a la hija de los coactores, subsume en la cláusula general del contencioso administrativo.
Ello así, en tanto se alega una irregular prestación del servicio público hospitalario en razón de la cual se pretende hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado provincial, cuestión que debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (art. 2 inc. 4, CCA; doctr. causas B. 71.472, "Orsini", resol. de 19-X-2011; B. 73.640, "López", resol. de 14-X-2015; B. 73.523, "Levy", resol. de 14-X-2015; B. 73.809, "Moscopulo", resol. de 26-VIII-2015; B. 73.994, "Maldonado", resol. de 6-IV-2016; B. 74.768, "De Almeida", resol. de 28-VI-2017 y B. 75.495, "Aguirre", resol. de 12-XII-2018).
V. Por lo expuesto y a los fines de garantizar la tutela judicial, gírense las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Quilmes, para su adjudicación al juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo departamental (art. 15, Const. prov.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1 y 2 inc. 4, CCA).
Por Secretaría, se remitirán las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Quilmes, para su adjudicación al juzgado de primera instancia de dicho fuero (art. 15, Const. prov.).
Regístrese y ofíciese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 12
Fin de la sentencia