Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75661
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo el caso propio de la competencia asignada a los tribunales del fuero contencioso administrativo, remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Quilmes para su adjudicación al juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo departamental (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1, 2 inc. 2 y 5 inc. 2 ap. "c", CCA; 30, ley 13.133 -texto según ley 14.514-).
B.75.661 "RISSIO CARLOS ALBERTO C/ AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS. --DECLARACION DE TRIBUNAL COMPETENTE—"
La Plata, 13 de marzo de 2019.
I. Carlos Alberto de Rissio promovió una demanda de daños y perjuicios contra Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA), a fin de obtener una indemnización como consecuencia de las roturas que habría sufrido su automóvil Renault Sandero cuando el 5 de junio de 2014, en horas de la noche, supuestamente atravesó un bache no señalizado mientras se desplazaba por el kilómetro 26 de la vía rápida que une la ciudad de La Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
II. La causa se inició ante el Juzgado Nacional Civil N°101, que a fs. 133/135 hizo lugar a la excepción de incompetencia deducida por la Fiscalía de Estado en representación de la accionada. Ello, en la inteligencia de que tanto el lugar del siniestro como el domicilio de AUBASA estaban situados en la Provincia, como asimismo, que de asumir su competencia podría verse vulnerada la autonomía de esta última dada la propiedad mayoritariamente estatal de dicha sociedad. Consecuentemente, ordenó girar las actuaciones a esta Corte para que se pronuncie en punto al tribunal competente.
Ese pronunciamiento fue apelado y confirmado -en lo sustancial- por la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que sin mayor explicación modificó lo atinente al destino del expediente y dispuso su remisión al "fuero civil de la ciudad de La Plata" (fs. 149/150).
Así las cosas, los obrados quedaron radicados ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°18 del Departamento Judicial de La Plata, cuya magistrada se negó a conocer en la controversia por considerar que, dada su materia, ella debía ventilarse en el fuero contencioso administrativo (cfr. arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 y 2 inc. 2, CCA). No obstante, planteó la contienda negativa de competencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 168/169).
Finalmente, el Máximo Tribunal federal, de conformidad con lo dictaminado por el procurador fiscal a fs. 171/172, declaró competente a la justicia local y mandó a que los autos sean enviados a esta Suprema Corte de Justicia a los efectos correspondientes (fs. 173).
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. Precisando las reglas básicas que diagraman la jurisdicción contencioso administrativa, el código respectivo determina que corresponde al fuero especializado decidir en las controversias suscitadas "...entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el derecho administrativo" (art. 2 inc. 2, CCA). Lo mismo es reiterado en el art. 30 de la ley 13.133 -texto según ley 14.514-, previendo específicamente bajo ese régimen la competencia de los juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo (cfr. causa B. 73.522, "Moreno", resol. de 15-IV-2015).
La demandada AUBASA, una sociedad anónima titular de la concesión de la autopista en la cual se habría producido el accidente, encaja subjetivamente en dicha definición (cfr. decretos 409/13 y 909/13). Resta determinar si el caso está regido por el derecho administrativo.
V. Respecto a ello, este Tribunal se ha inclinado por la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer en las demandas dirigidas contra un concesionario de obra pública que explota una autopista provincial en virtud de un contrato suscripto con las autoridades locales, cuando se alega que el hecho dañoso se produjo por el presunto incumplimiento de los deberes y obligaciones de seguridad vial que rigen la concesión (doctr. causas B. 69.947, "Fracchia", resol. de 18-III-2009; B. 70.066, "Giuliano", resol. de 17-VI-2009 y B. 72.104, "Tarraf", resol. de 19-XI-2012). Lo anterior, puesto que tales controversias se han considerado -como la norma estatutaria dispone- "regidas por el derecho administrativo".
Ahora bien, aun cuando del escrito de inicio no se desprende una argumentación en ese sentido, es menester detenerse en la presentación de fs. 57 y vta. Allí el actor, al expedirse acerca de la responsabilidad del codemandado genérico, alude al Reglamento del Usuario aprobado por resolución 630/13 del Ministerio de Infraestructura. Y en particular, apunta al art. 13 cuando fija los deberes a cargo de la concesionaria en materia de seguridad e información para la circulación, los que estima que no fueron observados en la especie. En tales condiciones, es posible inferir en esta etapa preliminar que la solución del caso efectivamente requerirá de la aplicación primaria de normas y principios de derecho administrativo, lo que implica su subsunción en las referidas cláusulas atributivas de competencia (art. 2 inc. 2, CCA y 30, ley 13.133 -texto según ley 14.514).
VI. Por lo expuesto, en atención a lo previsto en el art. 5 inc. 2 ap. "c" del Código Procesal Contencioso Administrativo, corresponde que las actuaciones sean giradas a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Quilmes, para su adjudicación al juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo departamental (doctr. causa B. 72.362, "Martínez", resol. de 5-VI-2013 y art. 19 inc. "a", ley 5827 -texto según ley 13.287-).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo el caso propio de la competencia asignada a los tribunales del fuero contencioso administrativo, remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Quilmes para su adjudicación al juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo departamental (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1, 2 inc. 2 y 5 inc. 2 ap. "c", CCA; 30, ley 13.133 -texto según ley 14.514-).
Regístrese y ofíciese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 63
Fin de la sentencia