Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75495
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166, in fine , Const. prov.; 1 y 2 inc. 4, CPCA).
Por Secretaría, se remitirá el expediente a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero (arts. 15, Const. prov. y 5 inc. 1, CPCA).
B.75.495 “AGUIRRE, DIEGO JESÚS C/ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y OTS. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS. --DECLARACIÓN DE TRIBUNAL COMPETENTE—“
La Plata, 12 de diciembre de 2018.
I. Diego Jesús Aguirre dedujo ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°109 una pretensión indemnizatoria contra la Universidad de Buenos Aires, el Hospital de Clínicas, la médica Stella Gorini, la Municipalidad de Tigre (Hospital Municipal de Tigre), el Hospital Zonal General de Agudos "Petrona V. de Cordero" y el Hospital Zonal General de Agudos "Madgalena Villegas de Martínez", con el objeto de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios que habría sufrido debido al tratamiento médico supuestamente negligente al que fue sometido en dichos establecimientos.
II. En lo que aquí interesa, el juez de primera instancia de la capital hizo lugar a las excepciones de incompetencia opuestas por la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tigre (v. fs. 82 vta. y 213). Así, en línea con el dictamen fiscal de fs. 281 y vta., entendió que tales pretensiones debían ventilarse ante los jueces locales en observancia del principio autonómico consagrado constitucionalmente (fs. 300 y vta.).
Apelada esa decisión, a fs. 320/321 la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil la revocó y ordenó la remisión de todo el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que se hallaba afectada su competencia originaria.
Por su lado, el máximo tribunal federal -de conformidad con lo dictaminado a fs. 333/335 por la procuradora fiscal- declaró su incompetencia para conocer en el juicio. De tal modo, escindió las pretensiones y ordenó que la acción seguida contra la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tigre tramite en esta jurisdicción, para lo cual giró las actuaciones a este Tribunal a fin de que determine el órgano judicial competente con arreglo a las normas locales de aplicación (fs. 336/337).
III. En atención al modo en el que ha quedado circunscripta la controversia y lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declárase la competencia de la jurisdicción provincial para entender en el caso (arts. 1, 5, 121 y 122, Const. Nac.; doctr. causas B. 72.725, "Fernández", res. de 12-III-2014; B. 73.370, "Morales", res. de 18-III-2015; B. 73.640, "López", res. de 14-X-2015 y B. 75.263, "Calderón", res. de 22-VIII-2018; CSJN, Fallos: 329:759; 329:2316; 331:1119 y 332;1528; causas G. 1113.XLVIII.ORI "Gómez", res. de 29-IV-2004 y A.216.XXXVIII.ORI "Agrar SA", sent. de 5-VI-2007).
IV. El art. 166, in fine, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CPCA y doctr. causa B. 73.809 "Moscopulo", res. de 26-VIII-2018, entre otras).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regidas por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CPCA; doctr. causas B. 73.995 "Mennitto", res. de 22-III-2016; B. 73.994 "Maldonado", res. de 6-IV-2016; B. 75.263 "Calderón", res. de 22-VIII-2018 y B. 75.399 "López", res. de 7-XI-2018).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 inc. 1, CPCA).
V. Bajo tales premisas, cabe concluir que la de autos es una de esas controversias, en tanto el accionante alega una irregular prestación del servicio público hospitalario provincial y municipal fundado en la mala praxis en la que habrían incurrido los dependientes de los nosocomios en los que fue atendido. Se trata, en esencia, de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial estatal, cuestión que debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (art. 2 inc. 4, CPCA y doctr. causa B. 74.768, "De Almeida", res. de 28-VI-2017, entre otras).
Consecuentemente, corresponde la remisión de las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados del fuero contencioso administrativo (arts, 15, Const. prov. y 5 inc. 1, CPCA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166, in fine , Const. prov.; 1 y 2 inc. 4, CPCA).
Por Secretaría, se remitirá el expediente a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero (arts. 15, Const. prov. y 5 inc. 1, CPCA).
Regístrese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 689
Fin de la sentencia