Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75824
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo el caso propio de la competencia asignada a los tribunales del fuero contencioso administrativo, remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Dolores para su adjudicación al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo departamental (arts. 166 in fine, Const. prov.; 1, 2 inc. 2 y 5 inc. 2 ap. "c", CCA; 30, ley 13.133 -texto según ley 14.514-).
B.75.824 "PESTRIN HUGO Y OTS. C/ AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES (AUBASA) S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.--DECLARACION DE TRIBUNAL COMPETENTE—"
La Plata, 21 de agosto de 2019.
I. Hugo Pestrin, Silvaba Olga de Blasio, Vanina Ivana Prestrin y Gustavo Daniel Prestrin, a través de apoderado, promovieron demanda de daños y perjuicios contra Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA), a fin de obtener una indemnización por el fallecimiento de Ariel Hugo Prestin –hijo y hermano de los accionantes-, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 17 de febrero de 2017, tras embestir con su motocicleta unos caballos que se encontraban en la carretera mientras se desplazaba por el kilómetro 245 de la Ruta Provincial interbalnearia N°11.
II. La causa se inició ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil de la Capital Federal N°101, el que a fs. 124/126 -previo dictamen de la Agente Fiscal de fs. 120/121- hizo lugar a la excepción de incompetencia deducida por la Fiscalía de Estado en representación de la accionada. Ello, y tras desestimar la competencia originaria de la Corte Suprema de Nación atento el domicilio de ambas partes, en la inteligencia de que siendo AUBASA un ente público estatal –conforme surge de su decreto de creación 409/13- y estando su representación a cargo de la Fiscalía de Estado provincial, sólo podía ser juzgada por la autoridad jurisdiccional local en virtud de lo dispuesto en los arts. 31 y 121 de la Constitución nacional. Asimismo, adunó que el hecho de que la demandada se encontrara asegurada por Provincia Seguros S.A. no modificaba la solución propuesta, toda vez que su capital accionario mayoritario pertenece al Banco Provincia y éste –según decreto 9434/79- es un ente autárquico de derecho público.
Consecuentemente, ordenó girar las actuaciones a esta Corte para que se pronuncie en punto al tribunal competente.
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. Precisando las reglas básicas que diagraman la jurisdicción contencioso administrativa, el código respectivo determina que corresponde al fuero especializado decidir en las controversias suscitadas "...entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el derecho administrativo" (art. 2 inc. 2, CCA). Lo mismo es reiterado en el art. 30 de la ley 13.133 -texto según ley 14.514-, previendo específicamente bajo ese régimen la competencia de los juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo (cfr. causa B. 73.522, "Moreno", resol. de 15-IV-2015).
La demandada AUBASA, una sociedad anónima titular de la concesión de la autopista en la cual se habría producido el accidente, encaja subjetivamente en dicha definición (cfr. decretos 409/13 y 909/13), por lo que resta determinar si el caso está regido por el derecho administrativo.
V. Respecto a ello, este Tribunal se ha inclinado por la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer en las demandas dirigidas contra un concesionario de obra pública que explota una autopista provincial en virtud de un contrato suscripto con las autoridades locales, cuando se alega que el hecho dañoso se produjo por el presunto incumplimiento de los deberes y obligaciones de seguridad vial que rigen la concesión (doctr. causas B. 69.947, "Fracchia", resol. de 18-III-2009; B. 70.066, "Giuliano", resol. de 17-VI-2009 y B. 72.104, "Tarraf", resol. de 19-XI-2012). Lo anterior, puesto que tales controversias se han considerado -como la norma estatutaria dispone- "regidas por el derecho administrativo".
En este sentido, los actores invocan como factor de atribución de responsabilidad el incumplimiento de los deberes a cargo de la concesionaria en materia de seguridad para la circulación, destacando que tal obligación no se circunscribe al mero mantenimiento del asfalto.
En tales condiciones, se estima que la solución del caso requerirá de la aplicación primaria de normas y principios de derecho administrativo, lo que implica su subsunción en las referidas cláusulas atributivas de competencia (art. 2 inc. 2, CCA y 30, ley 13.133 -texto según ley 14.514-).
VI. Por lo expuesto, en atención a lo previsto en el art. 5 inc. 2 ap. "c" del Código Procesal Contencioso Administrativo, y considerando que por la altura del kilómetro 245 de la Ruta Provincial N°11 indicada el siniestro tuvo lugar en el Partido de Tordillo, corresponde que las actuaciones sean giradas a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Dolores, para su adjudicación al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo departamental (doctr. causa B. 72.362, "Martínez", resol. de 5-VI-2013 y art. 8 inc. "a", ley 5827 -texto según ley 13.287-).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo el caso propio de la competencia asignada a los tribunales del fuero contencioso administrativo, remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Dolores para su adjudicación al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo departamental (arts. 166 in fine, Const. prov.; 1, 2 inc. 2 y 5 inc. 2 ap. "c", CCA; 30, ley 13.133 -texto según ley 14.514-).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe-To
Reg. Nº 397
Fin de la sentencia