Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 71286
B.71.286 "SANCHEZ RAUL OSVALDO C/ METROGAS S.A. Y OTS. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS. --DECLARACION DE TRIBUNAL COMPETENTE--"
La Plata, 18 de abril de 2011.
I. La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº24, se declara incompetente por considerar que en este proceso, en razón de la materia y de los domicilios del actor y de la demandada, la cuestión es propia del conocimiento de la justicia provincial (fs. 795/799).
El 10-XII-2010 se recibe la causa en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo.
II. Teniendo en consideración que se ha extinguido la competencia originaria de esta Corte en materia administrativa (arts. 166 y 215, segundo párrafo, de la Constitución provincial; 78 inc. 1º, segunda parte de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 27 y concs. ley 12.074 -texto según ley 13.101- y Acuerdo 3034 del 18-XI-03 de la S.C.B.A.), fundamento de la radicación en esta sede de acciones en esa clase de asuntos para su trámite y resolución, no procede la intervención en estos autos como Tribunal Contencioso Administrativo (doctr. causas B. 67.530 "Maciel", res. del 11-II-04; B. 67.882, "Cámpora", res. del 30-VI-04, entre otras).
III. La acción interpuesta tiene por objeto la indemnización de los daños y perjuicios padecidos por el señor Raúl Osvaldo Sanchez al caer en un pozo en la vereda "peligrosamente abierto por una obra de caños de gas, sin vallado y ninguna señalización" (fs. 38).
Es competencia del fuero en lo contencioso administrativo, entender y resolver en las controversias suscitadas por la actuación o la omisión en el ejercicio de funciones administrativas por parte de los órganos mencionados en el art. 166 de la Constitución provincial. En particular, les corresponde decidir las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita de la Provincia, los Municipios y los entes públicos estatales previstos en el artículo 1º, regidas por el derecho público, cuando actúan en ejercicio de función administrativa, aún cuando se invocaren o aplicaren por analogía normas del Derecho Privado (cfr. arts. 166 in fine de la Constitución provincial; 1 incs. 1º y 2º y 2 inc. 4º de la ley 12.008 -texto según ley 13.101).
Esta Suprema Corte, interpretando ese plexo normativo, ha resuelto que eran casos contencioso administrativos, aquellos en los que se procura actuar la responsabilidad estatal ante la lesión de derechos o intereses producida por el ejercicio de la función administrativa (doctr. causas B. 64.553 "Gaineddu", res. del 23-IV-03; B. 65.489 "Mazzei", res. del 4-VI-03; B. 67.408 "Mancuso", res. del 19-V-2004; B. 68.001 "Mozcuzza" y B. 68.005 "Carrizo", ambas res. del 8-IX-04 y B. 68.014 "Binzugna", res. del 22-IX-04).
En el caso se demanda –juntamente con Metrogas S.A.- a la Municipalidad de Berazategui, por la responsabilidad que le cabe en la construcción y conservación por cuenta propia o en el control de la ejecución por parte de los vecinos de las veredas y caminos para el tránsito peatonal (arts. 27 incs. 2, 5 y 8 y conc. del decreto ley 6769/58 y 2340 inc. 7º del Código Civil).
De ese plexo normativo surge el deber de cuidado que –según el actor- se ha infringido por parte de la Municipalidad y que le produjo el daño alegado (art. 1 inc. 2º y 2 incs. 4º, ley 12.008, texto según ley 13.101-).
De tal suerte, se concluye que se trata de un caso aprehendido por la cláusula general que define la materia contencioso administrativa en tanto el hecho dañoso se produjo por la omisión en el ejercicio de la función administrativa (arts. 166, 5to. párr. Constitución de la Provincia; 1º, ley 12.008 –texto según ley 13.101-; doctr. causas B-68.705 "Romano" y B-68.746 "Quintilli", ambas res. del 20-IX-06 y B. 68.952 "Scarpellino" res. del 21-II-07).
En autos se trata de hacer efectiva la responsabilidad de uno de los sujetos enumerados en los artículos 166 de la Constitución de la Provincia y 1 inciso 2º de la ley 12.008 –texto según ley 13.101-, cuestión que debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público, conclusión que no varía por el hecho de que deba acudirse, para su solución, al método de integración analógica. Como se dijo antes, está expresamente previsto en el código de la materia que esta clase de asuntos corresponde a los tribunales contencioso administrativos aún cuando "...se invocaren o aplicaren por analogía normas del derecho privado" (art. 2 inc. 4, ley 12.008 –texto según ley 13.101-).
IV. Por tales razones, corresponde declarar que el caso no corresponde a la competencia originaria de esta Suprema Corte (arts. 4, 7, 352 inc. 1º y conc. del C.P.C.C.; doctr. causa B. 67.530 "Maciel", cit.).
Siendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, y de la competencia de los juzgados del fuero en lo contencioso administrativo, con el objeto de asegurar la tutela judicial continua y efectiva y el acceso a la justicia (art. 15 Constitución de la Provincia) gírense las presentes al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Quilmes (arts. 15, 166 y 215 de la Constitución provincial; 1 incisos 1º y 2º y 5 inc. 1º de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 5 inc. 4º y conc. del C.P.C.C.; doctr. causa B. 68.299 "Escobar", res. del 24-VIII-05).
Notifíquese por Secretaría al actor a fin de que tome conocimiento de la presente.
Regístrese.
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari Daniel Fernando Soria
Juan Carlos Hitters Luis Esteban Genoud
Juan José Martiarena
Secretario
Fdo.: Pe-dLa-So-Hi
Reg . Nº 144
Fin de la sentencia