Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131447
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por el señor Alberto Ezequiel Blanco y, en consecuencia, condenó solidariamente a Estancia La Jenny S.A. y a La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -hoy Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.-, al pago de la suma que especificó en concepto de reparación integral en los términos del derecho común, por la minusvalía que padece el trabajador como consecuencia del accidente por él sufrido el 1 de diciembre de 2007 (v. veredicto y sentencia de fecha 27-X-2022).
II. Frente a lo así resuelto, el actor y ambas demandadas dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de 10-XI-2022, 11-XI-2022 y 14-XI-2022), oportunidad en la que la accionadaa Estancia La Jenny S.A. solicitó se lo eximiera de cumplir con el depósito previo exigido por el art. 56 de la ley 11.653, a cuyo fin alegó la imposibilidad de hacer frente a la carga pecuniaria ofreciendo prueba de ello (v. escrito de 11-XI-2022).
El sentenciante de grado concedió los remedios deducidos por el actor y la aseguradora (v. resoluciones de 24-XI-2022 y 2-XII-2022, respectivamente).
Asimismo, previa sustanciación (v. auto de apertura a prueba de fecha 13-II-2023), desestimó la exención solicitada por considerar que, valorando el material probatorio traído y producido en la causa -en especial, el dictamen pericial contable y las declaraciones testimoniales-, el accionado no logró acreditar la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar cumplir con el respectivo depósito previo dispuesto en el citado art. 56 de la ley procesal laboral (v. pronunciamiento de fecha 12-IX-2023).
III. Esta última decisión motivó la articulación de un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-X-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 3-X-2023).
En su escrito, en lo sustancial, el recurrente invoca absurdo en la valoración de la prueba. Cuestiona, por un lado, el análisis efectuado en torno a la pericia contable evaluada, y, por otro, señala una contradicción por parte del a quo en la valoración de los dichos de los testigos. Afirma que, en la especie, al haber considerado erróneamente los elementos de juicio aportados a la causa, a fin de demostrar la insuficiencia de medios económicos para hacer frente al mentado depósito, lo decidido por el juzgador se tornó absurdo y violatorio de las normas y de la doctrina legal que cita.
IV. El recurso no puede prosperar.
IV.1. Inicialmente corresponde señalar que esta Corte tiene dicho que establecer si en un caso dado se configuran -o no- los requisitos para la procedencia del incidente de eximición del depósito previo al que alude el art. 56 de la ley 11.653, y la valoración de los elementos probatorios colectados constituye una facultad privativa de los jueces de grado, exenta de censura en sede extraordinaria salvo el excepcional supuesto de absurdo (causas L. 114.062 "Vacca", resol. de 11-V-2011; L. 107.354, "Zamuriano Miranda", sent. de 25-IV-2012 y L. 118.160, "Culín", resol. de 12-VIII-2015; L. 123.019, "San Jorge Golf Club Asociación Civil", resol. de 18-IX-2019 y L. 130.684, "Vaccaroni", resol. de 1-XI-2023).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 124.401, "Estigarribia", resol. de 21-IX-2020 y L. 130.877, "Guananja", resol. de 26-II-2024).
IV.2. En el caso, el órgano judicial de la instancia de origen, tal como se anticipó, juzgó -analizando el pormenorizado dictamen pericial contable- que el demandado no pudo probar la inculpable falta de capacidad económica para hacer frente a la erogación de la suma equivalente a la estimada en la sentencia de condena. Asimismo, subrayó que la prueba informativa y testimonial tampoco aportaron certeza acerca de la dificultad económica invocada por el peticionante a fin de justificar la eximición del recaudo económico previsto en el citado art. 56 de la ley 11.653.
IV.3. Estas esenciales conclusiones del fallo, no logran ser conmovidas por el impugnante, que, si bien invoca absurdo, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que sus críticas transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar las pruebas aportadas al proceso (causas L. 117.831, "Andrada", resol. de 12-XI-2014, L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020, L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020; L. 123.019, "San Jorge Golf Club Asociación Civil", resol. de 18-IX-2019 y L. 128.327, "Contreras", resol. de 13-VII-2022), en tanto sus argumentaciones se disipan en un reproche que tan sólo traducen una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el tribunal de origen. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.030, "Vieyra", resol. de 21-VIII-2020; L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020; L. 123.856, "Maidana", resol. de 18-VIII-2022 y L. 131.047, "Gispert", resol. de 27-II-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 08:24:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:56:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 10:46:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:37:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:47:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:07:16 hs. bajo el número RR-639-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia