Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 19173
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, a la recurrente (art. 68 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad.
Causa Nº MO-19173-2014 R.S.:27/2021
Con fecha 11 de Febrero de 2021, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ H. M. S. C/ FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE MORON S/DAÑOS Y PERJUICIOS POR ENRIQUECIMIENTO S/CAUSA ” Causa Nº MO-19173-2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental con fecha 31 de Julio de 2020 dictó sentencia rechazando la demanda.
Contra tal forma de decidir se alzó la parte actora, interponiendo recurso de apelación, el que se concedió libremente y se tuvo por fundado con la presentación efectuada el día 13 de Octubre de 2020, que fue respondida con fecha 21 de Octubre de 2020.
A los términos de esos dos escritos cabe remitirse.
Con fecha 22 de Octubre de 2020 se llamaron "autos para sentencia" , providencia que se encuentra firme, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación.
2. A los fines de dar respuesta a la cuestión planteada he de señalar, antes que nada, que las objeciones que trae la demandada en cuanto a la admisibilidad de la apelación han quedado zanjadas luego de lo actuado con fecha 17 de Septiembre de 2020, y la presentación del 30 de Septiembre de 2020.
En tal sentido, si bien el proceder de la actora -y su asistencia letrada- al momento de interponer el recurso no fue del todo claro, y acorde a la normativa reglamentaria vigente (especialmente Res. 10/20), a fin de evitar cualquier exceso ritual, se ordenó encarrilar la tramitación, lo que así se hizo con el auto de fecha 17 de Septiembre de 2020; nótese que, aun no tratándose la apelación de un escrito de mero trámite, lo que correspondía -en su caso- era intimar en los términos del Ac. 3842 de la SCBA (art. 2) que fue lo que se dispuso desde la presidencia de esta Sala.
Sentado ello, he de decir también que la fundamentación recursiva cumple, muy ajustadamente, las exigencias del art. 260 del CPCC; pero, aun así y con un criterio elástico, podemos tener por sorteada tal valla.
Entrando al tratamiento de las quejas, debo recordar -antes que nada- que los requisitos para hacer nacer la responsabilidad civil son: 1) un hecho que infringe un deber jurídico de conducta impuesto por el ordenamiento jurídico -antijuridicidad o ilicitud-; 2) un daño provocado a otro; 3) la relación de causalidad entre aquél hecho y el daño mencionado; y 4) un factor de atribución de la responsabilidad (esta Sala en causa nro. 47.091 R.S. 509/05).
Pues bien, en tal contexto, la actora debía -antes que nada- demostrar algún proceder antijurídico de parte de la demandada (art. 375 del CPCC).
Y muy lejos ha quedado de hacerlo.
Por lo pronto, no produjo ninguna prueba útil al efecto .
Mas aun: ni siquiera su relato de los hechos es suficiente; cuando inició la demanda se limitó a referir que desde Febrero de 2013 cursaba la carrera y que en Junio de 2013 se había suprimido la cuenta para los pagos (ver fs. 7/vta.).
Eso es todo lo que dijo al iniciar su reclamo.
Veamos qué hizo la demandada.
Al venir al proceso aportó el legajo de la actora; sobre esta documentación la accionante se limitó a desconocerlo, genéricamente (ver fs. 100).
Aquí surgen dos posibilidades: podríamos, frente al desconocimiento, sencillamente prescindir del mismo.
Si seguimos este camino, en verdad no cambia las cosas.
Prescindiendo de esta documentación (y de la pericial) el proceso queda, sencillamente, sin ninguna prueba útil.
Y ello redunda en desmedro de la actora, a cuyo cargo estaba acreditar los extremos ya aludidos para hacer nacer la responsabilidad de la demandada.
Sería la solución mas sencilla, y mas breve.
Con todo, y volviendo a la documentación, estimo que la negativa genérica es insuficiente (art. 354 inc. 1° CPCC).
Por ello, dada su importancia y sin desconocer la naturaleza de la documentación de la que estamos hablando, voy a profundizar en la misma.
En dicho legajo podemos leer, muy claramente, que para proseguir con el trámite de la inscripción era necesaria resolución ministerial del título en cuestión y/o analítico de estudio
El 15 de Abril de 2013 se deja asentado que de no presentar dicha resolución no podía ingresar al curso (ver fs. 29/vta.)
De este modo, la actora debió haber demostrado -de algún modo- que aquel recaudo (la resolución ministerial) no era exigible o -en su caso- que el mismo estaba cumplido.
Evidentemente, por lo que leemos en sus agravios, malinterpreta esta cuestión, porque lo que se le exigía no era el título, sino la resolución ministerial.
Cabe advertir que el Anexo II de la Resolución 1909 del 30/10/2012 del Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Gestión Universitaria, dentro de las condiciones de ingreso menciona la exigencia de título para egresados de Instituciones terciarias o universitarias oficialmente reconocidas, con una carga horaria mínima de 1800 horas reloj y duración igual o superior a dos (2) años (4 semestres)
Y con ello se conectaba, como es claro, el pedido de la resolución ministerial que surge plasmado en la documentación aportada por la demanda (legajo).
A esta altura, vemos que la accionante viene a quejarse de que la Sra. Juez de Grado se haya apoyado en la prueba pericial contable presentada el 8 de Marzo de 2020.
Destaco, al respecto, que en relación a la competencia del perito, no veo que haya formulado planteo alguno; por lo demás, y luego de la presentación del dictamen, tampoco veo que se haya activado el mecanismo del art. 473 del CPCC.
Venir a plantear cuestiones ahora es, desde mi punto de vista, tardío.
Y la pericia en cuestión es clara, en el sentido de que la actora no había satisfecho las exigencias necesarias para ingresar a la carrera que pretendía cursar.
La pericia es clara en tal sentido y no existen ningún elemento de convicción (objetivo) en el proceso que amerite apartarnos de ella (arts. 384 y 474 del CPCC).
En suma: la actora entabló un reclamo resarcitorio respecto de la Universidad, apoyado en la imposibilidad de continuar sus estudios; venida al proceso, la Universidad señaló cual era el recaudo faltante y aportó la documentación del caso, de la cual surgía su indicación y el intercambio de información entre la Universidad y la pretensa alumna.
La actora, en ese contexto, debió demostrar o bien que el mismo estaba cumplido, o bien que era innecesario.
Nada de eso hizo; es mas, tampoco trajo ningún elemento de convicción en aval de su tesis: se limitó a promover la demanda (donde el relato de los hechos es extremadamente escueto), y poco mas.
Tampoco se observa que haya intentado, en su momento, vía alguna para impugnar las resoluciones universitarias que le resultaban adversas.
En tal contexto, no han quedado configurados los requisitos ya mencionados que hacen a la configuración de la responsabilidad civil (puntualmente, no se demostró ningún proceder antijurídico), cuya acreditación correspondía a la accionante (art. 375 del CPCC) y, por ello, bien se ha hecho en la instancia de origen al rechazar la demanda.
Propondré, entonces, la confirmación del fallo apelado, en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas a la recurrente (art. 68 del CPCC)
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, a la recurrente (art. 68 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 3991, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 11/02/2021 11:18:57 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/02/2021 11:22:47 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/02/2021 11:24:06 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia