Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64295
Causa nº: 2-64295-2019
"DE JESUS VINDEIRINHO HECTOR MARCELO C/ GONZALEZ JOSE RAUL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 147 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los treinta y un días del mes de octubre del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes, encontrándose excusado el Dr. Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados “De Jesús Vindeirinho Héctor Marcelo c/ González José Raúl s/ Daños y Perjuicios Extracontractual” (causa n° 64.295), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por el art. 168 de la Constitución Provincial, y los arts. 263 y 266 del CPCC, resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra - ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 123/129, aclarada a fs. 131?
2da- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi dijo:
I) 1. Llegan los autos a esta instancia, a fin de que se resuelvan los recursos de apelación interpuestos por el actor (fs. 130 y vta.) y por el demandado (esc. elec. del 04/12/19), contra lo resuelto en la sentencia definitiva de fs. 123/129 (aclarada a fs. 131) respecto de lo daños y perjuicios por privación de uso, lucro cesante, pérdida de valor venal, gastos de reparación y daño moral, que se habrían derivado del secuestro del automotor Fiat Palio Weekend del actor, producto del embargo ordenado en el proceso “González, José Raúl c/ De Jesús Vindeirinho, Héctor Marcelo s/ Cobro Ejecutivo” (Expte. n° 34446, JCC n° 1 Olavarría que tengo a la vista).
Habiendo arribado firme a esta instancia el acogimiento de la pretensión indemnizatoria, aludiré sólo a los fundamentos otorgados en el decisorio apelado para rechazar o admitir cada rubro indemnizatorio, y, en su caso, para cuantificarlo.
Para admitir el daño por privación de uso del automotor en la suma de $414.000, la sentencia apelada tuvo en cuenta el prolongadísimo tiempo -92 meses – por el que estuvo secuestrado el vehículo, y la presunción de daño derivado de la inmovilización del rodado, estimando su cuantía sobre la base del costo de un remise diario (ida y vuelta) en zona urbana, durante el lapso que duró el secuestro.
Para rechazar, por el contrario, el lucro cesante, el decisorio impugnado se sustentó en lo resuelto en el incidente de levantamiento del secuestro (“De Jesús Vindeirinho, Héctor Marcelo c/ González Raúl s/ Incidente”; Expte. 107/2011, JCC n° 1 Olavarría), destacando que el levantamiento fue rechazado en ambas instancias, entendiendo esta Alzada que no se hallaba acreditado que el vehículo fuera necesario para el desarrollo de la actividad comercial itinerante del actor, ya que antes de la fecha en que se efectivizara el secuestro, el actor ya se había dado de baja en AFIP como vendedor al por menor de artículos de librería (septiembre de 2009); mientras que pocos meses después del secuestro, ingresó a trabajar a tiempo completo de manera permanente como encargado del edificio sito en Rivadavia n° 2502 de Olavarría. En ese marco, destacó el decisorio que la cuestión ya fue resuelta tanto en primera como en segunda instancia, y que no se advierten motivos para arribar a una conclusión diferente cuando no se han modificado las circunstancias consideradas.
Respecto de la indemnización por pérdida de valor venal, y gastos necesarios para la reparación del automotor, consideró que resulta procedente la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por el accionado, pues acorde las constancias de autos y de los procesos que tramitan por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nro. 1 de Olavarría, el automotor fue entregado en custodia a la Depositaria Judicial designada, quien es la responsable del deterioro del bien secuestrado, pues el demandado no estaba habilitado para adoptar medidas de resguardo, protección y cuidado del bien. Sostiene que el hecho de que sea el accionado quien peticionó la medida, e incluso realizó la diligencia del secuestro a través de su letrado apoderado en un proceso que evidenciaba un grado de avance que así lo ameritaba, no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad por esos perjuicios, considerando que el aquí actor (ejecutado en aquél proceso) no controló el estado del rodado ni solicitó medidas a la Depositaria Judicial –directamente o a través del Juzgado- para evitar que el mero transcurso del tiempo continuara afectando el bien de su propiedad.
Por otra parte, y en lo que interesa a los agravios traídos a esta Alzada, el decisorio apelado hizo lugar a la reparación del daño moral y lo cuantificó en la suma de $30.000, meritando para ello los inconvenientes que tuvo que sortear el actor a partir de que se presentó a hacer valer sus derechos, el extenso tiempo transcurrido, y la sujeción a un proceso en el cual resultó finalmente ganancioso.
2. El aludido decisorio fue recurrido por el actor (fs. 130 y vta.) quien en su expresión de agravios de fs. 144/149 vta., se queja primeramente de la cuantificación efectuada respecto del daño por privación de uso. Esgrime que al contestar demanda, el accionado no cuestionó la cuantificación en $10.000 por mes efectuada en la demanda, por lo que no se advierten motivos para no atenerse a ese monto. Se queja también del rechazo del rubro lucro cesante, arguyendo que el levantamiento de la medida cautelar se solicitó con base en el carácter inembargable del automotor, por lo que lo resuelto en ese incidente no obsta “per se” a la procedencia del daño en cuestión. Ello pues quedó acreditado allí que si bien la venta de productos al por menor (artículos de librería, juguetería y regalería) en ferias y eventos rurales los fines de semana, no era su actividad permanente ni principal (de allí el rechazo del levantamiento de la medida cautelar), lo cierto es que efectivamente concurría a los aludidos eventos, lo que implicaba un ingreso adicional que perdió a partir del secuestro de su automotor. Agrega que la sentencia habría violado el principio de congruencia, expidiéndose extra petitum, pues al contestar la demanda el demandado no había planteado que la cuestión ya había sido resuelta en el aludido incidente de levantamiento.
En punto a la pérdida de valor venal y gastos de reparación, la parte actora argumenta que al requerir la medida el accionado es responsable de la suerte, estado, conservación y devolución del automotor, independientemente de la responsabilidad personal del auxiliar de la justicia, conforme los artículos 198, 199, 208, 216, 217 y concordantes del Código Procesal, y 1109, 1113, 2202, 2204, 2210 y concordantes del Código Civil. Trae a colación un fallo de esta Sala vinculado con los fundamentos de la responsabilidad del depositario judicial (que entiende extensibles al demandado en autos), y destaca que su parte requirió en reiteradas oportunidades información sobre el estado y lugar del depósito y su restitución en el Expte. 34446, a lo que el demandado no prestó consentimiento.
En lo que atañe a la cuantía del daño moral, argumenta que para fijarla en la suma de $30.000, el a quo no se fundó en razonamiento alguno, vulnerando su derecho de defensa, y siendo lesivo, arbitrario y confiscatorio. Finalmente, se agravia de la imposición de costas efectuada en un 40% a su parte y en un 60% a la parte actora, pues más allá de la admisibilidad total o parcial de cada rubro reclamado, su parte actora debe considerarse gananciosa.
3. Por su parte, interpuso también recurso de apelación el accionado (escrito elect. del 04/02/19), fundándolo con la expresión de agravios de fs. 151/152 vta. Sostiene que el monto en que se cuantificó el rubro privación de uso es excesivo, pues la sentencia no consideró que si el aquí actor hubiese sido diligente y oportuno, el secuestro no se hubiera ordenado, y el daño no se hubiese configurado. Subraya además que la sentencia no consideró el ahorro derivado de la ausencia de erogaciones en combustible, estacionamiento, mantenimiento; y tampoco que el actor nunca probó que ese fuera su único vehículo. Finalmente, se agravia de la suma fijada en concepto de daño moral, destacando que la sentencia apelada, al poner de relieve los inconvenientes que tuvo que sortear el Sr. González al presentarse en el juicio ejecutivo en que se trabó la medida cautelar, no tuvo en cuenta que fue él mismo el que, con su inacción originó el secuestro del rodado.
Corrido traslado de las expresiones de agravios (fs. 153), contestan el actor a fs. 154/155, y el demandado a fs. 156/157 vta. A fs. 159 se excusa el Dr. Galdós en los términos del art. 17 inc. 1 CPCC, con lo que, aceptada esa excusación (fs. 160); llamados autos para sentencia (fs. 161); firme esa providencia (fs. 161 vta.), y practicado el sorteo de rigor (fs. 162), se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.
II. Inicialmente, y en punto a la normativa aplicable, destaco que conforme lo estatuido por el art. 7 del Código Civil y Comercial, la procedencia y medida de los rubros indemnizatorios cuestionados en autos –como dije, único aspecto del decisorio recurrido-, queda sujeta a las previsiones del derogado Código Civil, mientras que la eventual determinación de su “quantum”, quedaría sometida a las previsiones del Código Civil y Comercial. Ello por cuanto acorde lo ha entendido este Tribunal, los hechos constitutivos de una relación jurídica (comprensivos de los hechos modificatorios y extintivos), se rigen y son juzgados por la ley vigente al momento de producirse, mientras que los efectos o consecuencias no consumidos –como es el caso de la cuantificación de los daños- de las relaciones jurídicas constituidas bajo la ley anterior, se rigen por la nueva ley (cf. esta Sala, causas n° 59625, “Braszka, Carlos Jorge y otros....”, del 20/10/15; en igual sentido, causa n° 60094, "Brut, Damián Mario...”, del 15/12/15; nº 61309, “González, Carlos Adrián...”, del 14/02/17, entre otras; con cita de Moisset de Espanés y Kemelmajer de Carlucci; ver también Galdós, Jorge Mario, La responsabilidad civil y el derecho transitorio, La Ley 16/11/2015, 3).
III) 1. Señalado ello, abordaré en primer término, las críticas introducidas por ambas partes a la cuantificación en $414.000 del daño emergente por privación de uso, efectuada, como dije, partiendo del costo estimado de un remise diario (ida y vuelta) en zona urbana, durante un lapso de 92 meses (una suma diaria de $150).
Respecto de la alegación del actor de que el accionado no cuestionó la cuantificación efectuada en la demanda en $10.000 por mes, conviene aclarar que, en rigor, el accionante no acercó –ni ofreció- prueba alguna vinculada con la concreta cuantía del daño en cuestión, sino que sólo citó en su demanda un antecedente que cuantificó el daño emergente por privación de uso en la suma de $10.000 por mes; criterio que solicitó se extendiera al caso de autos. Por otra parte, aclaro también que, a diferencia de lo que pretende el actor en sus agravios, no advierto que el demandado haya reconocido la razonabilidad del aludido monto de $10.000 mensuales, pues a fs. 52, éste último no sólo negó la procedencia del rubro, sino también que su cuantía ascienda a la suma de $920.000. De modo que, en contraste con lo que afirma el accionante, la sentencia apelada no vulneró el principio dispositivo, desconociendo un monto que –según lo pretende el actor- había sido tácitamente “reconocido” por el accionado.
A su turno, tampoco encuentro de recibo la crítica del demandado en punto a que la sentencia no consideró que si el aquí actor hubiese sido diligente y oportuno, el secuestro no se habría ordenado, y el daño no se hubiese configurado. Ello así pues, consentida por el demandado la responsabilidad a él atribuida por los daños derivados de la traba abusiva o excesiva del secuestro (lo que ni siquiera mereció defensa de su parte al contestar demanda; en cuya oportunidad se limitó a cuestionar la procedencia o cuantía de los rubros indemnizatorios reclamados; ver fs. 51/57 vta.), no resulta procedente su pretensión de disminuir la suma en que se cuantificó el rubro, introduciendo argumentos que no se vinculan con su cuantía, sino con la responsabilidad a él atribuida (art. 260 CPCC).
2. Por el contrario, sí es de recibo la crítica del demandado en punto a que la sentencia apelada no consideró –o al menos no mencionó hacerlo- el ahorro derivado de la falta de gasto en combustible, estacionamiento, y mantenimiento; es decir, omitió compensar el daño con el “lucro” también derivado del hecho dañoso. Al respecto, como lo destacó este Tribunal en la causa “Medina”, señala Zavala de González que “acorde con el principio de reparación integral, corresponde resarcir todo y no más que el daño causado adecuadamente por el hecho imputable al obligado. Por tanto, en la determinación del perjuicio resarcible deben excluirse los beneficios que también guardan esa relación causal adecuada con el suceso fuente. Este otro principio, nominado como compensación del lucro con el daño, evita el enriquecimiento injustificado de la víctima y el exceso en el peso de la indemnización a cargo del responsable” (Resarcimiento de daños, Presupuestos y funciones del derecho de daños, tomo 4, pág.459; citado por esta Sala en la causa n° 61524, “Medina Pedro Alberto...”, del 07/03/17; en igual sentido, ver Pizarro y Vallespinos, Instituciones de derecho privado, Obligaciones, tomo 3, págs.177 y 178; también citado por este Tribunal en la referida causa “Medina”).
En lo que particularmente atañe a la hipótesis de autos, ha dicho este Tribunal que “cuando se trata de establecer el monto de la reparación por lucro cesante (derivado de la privación de uso de un automotor; lo que es extensible al daño emergente proveniente de esa privación), corresponde disminuir el monto de los gastos lógicos y previsibles inherentes al mantenimiento, que no se soportan durante el lapso de indisponibilidad (combustible, lubricantes, neumáticos, etc.), aún cuando existen otros que continúan devengándose (impuestos, patente, seguro etc.) (esta Sala, causa n° 44.087, “Catanese, Carlos Ignacio...”, del 19/11/02, con cita de Cám. Nac. Civ., Sala A, 20/06/90, “Sicilia, Héctor...2, del 20/06/90; lo aclarado entre paréntesis me pertenece; en sentido concordante, ver Esteban G. Masino, “La compensatio lucri cum damno y los supuestos de aplicación”, en Revista de Derecho de Daños. Cuantificación del daño. 2017-3, Dir. por Jorge Mosset Iturraspe y Ricardo Luis Lorenzetti, Rubinzal Culzoni págs. 164 y 165).
En igual sentido, ha dicho la Sala I de este Tribunal que en casos como el de autos, “opera el principio compensatorio lucri cum damno, que requiere atender a la real entidad del daño resarcible, marginando aquellos factores que pueden hacer aparecer al perjuicio como mayor de lo que en realidad es, lo que implica, en concreto, que deban deducirse algunos gastos. Sin embargo, tampoco deben restarse todos los gastos, sino sólo aquellos que podrían llamarse dinámicos (inherentes a la actividad en efectiva explotación: combustible, mantenimiento, estacionamiento, etc...); no así los estáticos, es decir los desembolsos que operan aún cuando media inmovilización temporaria de la explotación”.” (esta Cámara, Sala I, causa n° 54.339, “El 34899 SRL...”, del 21/12/2010).
Sobre esa base dogmática, y ante la ausencia de prueba específica en punto a los concretos gastos a deducir (cuya acreditación era de interés de la accionada; art. 375 CPCC), sólo consideraré la deducción de aquellos en que inexcusablemente habría incurrido el actor de haber usado su vehículo (combustible, seguro y un mínimo por mantenimiento general); excluyendo otros de irregular configuración (vgr. gastos en estacionamiento). Por ello, estimo prudente y razonable, en las circunstancias del caso, disminuir en un 10% la indemnización fijada en la instancia anterior, proponiendo en consecuencia hacer lugar al recurso de apelación del demandado, y determinar la reparación del daño emergente por privación de uso en la suma de $372.600, a la que deberán adicionarse los intereses fijados en la anterior instancia –ver fs. 131- por haber llegado firmes a esta instancia (art. 1740 CCCN; arts. 260, 375, 384 y 165 CPCC),
IV) 1. En lo tocante al rechazo del rubro lucro cesante, considero atendible lo argüido por el actor en punto a que la denegación del levantamiento de la medida de embargo y secuestro, tanto en primera como en segunda instancia (sentencias de fs. 163/164 vta. y 202/207, Incidente n° 107/2011, JCC n° 1, que tengo a la vista), no implica que no se haya configurado en perjuicio del accionante un lucro cesante por privación de uso sujeto a debida reparación, al menos durante el lapso que seguidamente delimitaré.
Veamos; en la sentencia dictada con fecha 30/05/13 por este Tribunal en el aludido incidente (causa de esta Sala n° 57139), por la que se confirmó el rechazo del levantamiento de la medida de secuestro ordenada en el juicio ejecutivo, se destacó que si bien el Sr. De Jesús Vindeirinho “ha acreditado que concurre a distintas ferias y eventos rurales los fines de semana, en localidades distantes de su domicilio a vender productos al por menor, y también ha logrado acreditar que a dichos parajes no llega el transporte público, no ha probado que dicha actividad sea, en la actualidad, su medio de vida principal y permanente (...). Muy por el contrario, surge de autos que el incidentista estuvo al frente de la librería ubicada en la calle Coronel Suárez 2078 de la ciudad de Olavarría hasta el año 2009 (ver documental de los proveedores de fs. 9/47; informativa de fs. 145/148), y que concurría esporádicamente a las ferias gauchescas los fines de semana, llevando productos de su negocio para vender (cfr. testigo Noms, respuesta segunda, fs. 100; testigo Dolagaray, respuesta novena, fs. 101).(...). De las constancias de autos surge que dichos eventos se realizan semanalmente o cada quince o veinte días (ver testimonial de fs. 100), o en forma anual los organizados por el Club Pourtalé (cfr. fs. 100 vta. y 101 vta.), y el evento en las Encadenadas una vez por año (fs. 103/103 vta.); señalando el testigo Acosta que veía al actor “casi todos los domingos” (fs. 104 vta.) (..). Y en lo que reviste decisiva gravitación a los fines de la cuestión planteada, no quedan dudas que la venta al por menor en las ferias rurales no constituye, en la actualidad, la actividad principal del deudor. Adviértase que el actor se encuentra trabajando en relación de dependencia desde el día 05/10/2010, como portero para el Consorcio de Propietarios de la calle Rivadavia N° 2502 de Olavarría, actividad que insume un tiempo incompatible con el planteo de necesariedad del uso del vehículo para otras actividades, razón por la cual el pedido de levantamiento ha perdido toda actualidad (cfr. informativa de fs. 108/110, fs. 161 y reconocimiento de fs. 178 vta.; cargo de fs. 53).”
A la luz de los fundamentos del decisorio de este Tribunal antes transcriptos, advierto que si bien no era procedente el levantamiento de la medida cautelar por las razones allí otorgadas, sí puede considerarse acreditado – a los efectos de autos- que el accionante experimentó lucro cesante por privación de uso del automotor que empleaba para concurrir a las ferias en cuestión (cfr. testigo Noms, respuesta segunda, fs. 100 y testigo Dolagaray, respuesta novena, fs. 101, ambas del incidente citado), desde la fecha en que se efectivizó el secuestro del vehículo (el 25/2/10, cf. 53/54 del juicio ejecutivo) hasta la fecha en que comenzó a trabajar como portero (el 05/10/2010; ver constancia de fs.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.