Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa JU 4895 2021
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la sentencia apelada y rechazar la acción por daños y perjuicios entablada por W. M. B. Con costas de ambas instancias a su cargo. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria).
Daños y perjuicios – legítima defensa – improcedencia de indemnización
Expte. n°: JU-4895-2021 B., W. M. C/ L., S. J. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)
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En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-4895-2021 caratulada: "B., W. M. C/ L., S. J. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Volta y Castro Durán.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
I. En la sentencia dictada el 26/12/2022 el Sr. Juez de Primera Instancia Dr. Fernando Castro Mitarotonda hizo lugar a la demanda que por daños y perjuicios entabló W. M. B. contra S. J. L. y C. L. condenándolos a abonar la indemnización que fija en la suma de $ 2.970.000 para responder a incapacidad sobreviniente, daños no patrimoniales y gastos emergentes, con más intereses y costas.
El pronunciamiento se refiere a las lesiones por golpes en distintas partes del cuerpo que le infirieron los demandados cuando B. concurrió en horas de la madrugada del día 22/3/2021 al domicilio de aquellos, donde se encontraba N. A. L. (ex pareja conviviente y hermana respectivamente de las partes de autos).
Para resolver de esa forma en cuanto a la responsabilidad que atribuyó, señaló que el archivo de la causa IPP-04-00-002784-21 (denuncia de lesiones efectuada por el actor) al no provocar efectos de cosa juzgada (arts. 1776 y 1777 CCCN), en nada impide en esta sede el análisis de las circunstancias y participación de los protagonistas en el hecho.
En razón de ello, y la incontestación de la demanda, la rebeldía y confesión ficta de los demandados, agregando como único elemento probatorio la declaración testimonial de A. G H., entendió que no corresponde analizar si existió culpa de la víctima; y verificada la existencia del hecho y la autoría, atendiendo a la inexistencia de eximente de responsabilidad, hizo lugar a la acción, fijando la indemnización por los daños reclamados.
Llegadas las actuaciones a este tribunal y puestas en estado expresó sus agravios el 29/3/2023
La crítica hace centro en la atribución de responsabilidad sosteniendo que las omisiones procesales valoradas no eximen del análisis de la prueba instrumental (causas penales de las cuales surgen la participación que tuvo el actor por lo que no puede considerarse a los demandados autores del ilícito. Descalifica el testimonio de H. por su íntima relación con el actor y su falta de declaración en sede penal. Solicita por ello se revoque el fallo. Cuestiona asimismo la indemnización por incapacidad sobreviniente, por cuanto al provenir los ingresos de B. de una jubilación no ha sufrido merma económica.
Ejerció su derecho a réplica la contraria resistiendo la impugnación el 3/4/2023 y firme el llamado de autos para sentencia, se está en condiciones de resolver (art. 263 CPCC).
III. En esa tarea, comienzo por memorar que " la rebeldía sólo crea una presunción en favor de las pretensiones del actor, pero no tiene por sí el efecto de declarar procedente la demanda (SCBA, L 37329 S 9-6- 1987). No equivale en forma lisa y llana a la admisión de los hechos pertinentes y lícitos - que deben ser afirmados claramente al demandar- ni impone al órgano jurisdiccional el deber de acceder automáticamente, en forma mecánica, a las pretensiones de la actora, si en modo alguno se probó la causa de su reclamo (arts. 60, 375 y 384, C.P.C.C.). El silencio produce efectos (art. 919 CCivil) pero no el de convertir el barro en oro, volver claro lo oscuro o corporizar el humo " (de mi voto en .Expte. Nº 38286 "Battistin Daniel c/ Hernandez de Estevez Nilda S/ Cobro de Pesos" LS 44 Nro.550 sent. del 16/10/2003)
Por eso resulta reprochable que el sentenciante de grado haya limitado su examen atinente a la prueba del hecho y de los presupuestos de la responsabilidad (arts. 1717, 1721,1724, 1729 CCCN) a elementos meramente presuncionales derivados de la postura procesal que guardaron los demandados y a una probanza aislada, cuando existe una prueba que categóricamente desvirtúa la carga que pesaba sobre el reclamante (arts. 1734 y 1736 CCCN, 375, 384 del CPCC).
Antes de ocuparme de esos elementos determinantes del rechazo de la demanda que adelanto he de proponer, estimo también útil recordar que "Un remoto precedente, pero que mantiene su actualidad, de la Corte Federal del 26/12/1938 in re " Gobierno Nacional c. Besana Pablo y Hno."- La Ley to. 17 p. 182- señaló: "Si el juez puede traer al juicio los documentos que crea convenientes para esclarecer el derecho de los litigantes -para lo cual lo faculta expresamente el art. 16 de la ley 50- puede también traer a las vista los autos relacionados con el litigio, tanto por constituir documentos en sí, como por los instrumentos que contiene. Si bien el espíritu de la ley al autorizar a los jueces traer a la vista los documentos convenientes para esclarecer el derecho de los litigantes no puede ser el de poner en manos de aquellos el medio de subsanar de una manera absoluta la desidia o negligencia de las partes en la demostración de sus pretensiones, la verdad de esta afirmación se atenúa cuando el expediente solicitado para mejor proveer ha sido ofrecido como parte integrante de la propia demanda. Las pruebas reunidas en el sumario criminal tienen innegable valor en el juicio civil en el que se discuten los mismos hechos. Su admisión en éste no viola el principio de la defensa en juicio, pues aparte de que ellas tienen valor legal, los demandados han tenido oportunidad tanto en el juicio criminal como en el civil, para producir toda la prueba contraria que hubieran estimado conveniente, lo que no han hecho." En esa orientación, vgr. decretó una medida para mejor proveer a los fines de traer al juicio civil el sumario penal instruido como consecuencia del hecho ( CS 12/12/89 "Ortiz Enrique c/ Ferrocarriles Argentinos" JA 1990-IV-617)
Como bien explica el Dr. Jorge Mario Galdós, quien ha sido el que más se ha ocupado del tema de la prueba trasladada, específicamente del valor probatorio del expediente penal en sede civil (ver sus enjundiosos trabajos " El valor probatorio del expediente penal en sede civil" La Ley 1992-A-1037 y ss., 1992-E- 918 y ss, l993-B-1019; "Otra vez sobre el valor probatorio del expediente penal en sede civil (en la Suprema Corte de Buenos Aires)" LLBA 1997-515 y ss.; "Prueba trasladada. El expediente penal como prueba (en la Suprema Corte de Buenos Aires)" en Revista del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Pcia. de Bs. As. nº 1 p. 101 y ss y el mismo título Actualización Lexis Nexis Buenos Aires fac. 10 octubre 2006- 1097 y ss), la Casación local a partir de las causas "Girardi" (Ac. 79216) y "Porrez" (Ac. 87968) ha ido flexibilizando su criterio sobre el valor probatorio del expediente penal superando limitaciones formalistas, de manera tal que "por el principio de adquisición procesal, una vez producida la prueba, la misma es asumida por el proceso y sirve a la convicción o certeza del magistrado con prescindencia de los sujetos que la ofrecieron o produjeron. Las partes no pueden pretender que el juzgador al dictar su fallo, prescinda de alguna de las pruebas si consintieron su agregación en el juicio". Así el fundamento de cualquier limitación a su admisión amplia, se centra en garantizar la fiscalización de la recepción probatoria y por ende el derecho de defensa y contradicción; de modo que habrá de valorarse la conducta procesal de los litigantes y la posibilidad efectiva o implícita de contradecir un resultado probatorio adverso ya producido e incorporado regularmente al expediente penal. Lo contrario como dijo el Dr. Mercader importaría "admitir que el proceso no deja de ofrecer a los escépticos del derecho y de la justicia la tentadora posibilidad de emprender especulaciones afortunadas sin otro capital que el de la astucia o el de alardes retóricos " (de mi voto en Expte. Nº 43703 "Linares Elsa Norma C/ Albamonte Maria Elena S/ Daños y Perjuicios" LS 51 nro. 15,sent. del 9/2/2010).
En consecuencia debieron examinarse también las constancias de las causa penales 1476-2021 y 228-2022 adjuntadas el 12/9/2022 como consecuencia del requerimiento del propio letrado del actor Dr. Rodrigo Saccani de fecha 26/8/2022.
En la causa 1476-2021 que tramitara inicialmente como IPP 581/21 por un hecho ocurrido en enero de 2021, por el delito de desobediencia en relación a restricciones impuestas al actor respecto de su ex pareja N. L., a fs. 54 vta. el imputado solicita la acumulación con la causa IPP 2674-2021 en trámite por ante la UFI 6 también por desobediencia a raíz del hecho que se ventila en la presente y su sobreseimiento por inimputabilidad. Se acompañó en esa oportunidad una pericia de la Asesoría departamental en la que se dictaminaba que el Sr. B. tenía un trastorno de personalidad con marcada impulsividad acentuado por el consumo de sustancia y/o alcohol, con desajustes conductuales y conflictiva familiar "favorecedora de reiteración de conductas violentas" El pedido de sobreseimiento fue denegado (resolución de fs. 57/60 confirmada por la Cámara de Garantías a fs. 73/74). También fue denegada la suspensión del juicio a prueba (ver resolución de fs. 102/104)
Por su parte en IPP 2674-2021, actualmente JN 228-2022, resultó imputado el actor por el hecho que da lugar a la presente. En el acta de procedimiento se le incautó un machete y un martillo (fs. 3). Se indica que B. "habría intentado ingresar al domicilio de mención (en el que estaban su ex pareja y hermanos) teniendo en su poder un machete y una maza" (fs. 5). Obra también las declaraciones de G. L. V. - pareja de S. L.- quien relata que B. estaba "casi ya dentro del domicilio", con el machete y la maza del tipo albañil, cuando se produce el altercado (fs. 13) y de N. A. L. en el mismo sentido, manifestando que estaba alcoholizado (lo que es corroborado en la HC fs. 71 de la causa) y que pidió auxilio a la dependencia policial (fs. 14vta.) A fs. 28 y 31 figuran fotografías del machete y la maza. En el ingreso a guardia se determina que el actor presenta riesgo cierto e inminente para sí o para terceros (fs. 42). A fs. 70 consta certificado por el que se requiere interconsulta con psiquiatría al observárselo "muy angustiado, con ira y toma de medicación (clonazepan) sin control". Fue derivado a la Clínica neuropsiquiatrica Santa Ana. En la declaración del art. 308 CPP el actor ejerció su derecho de no declarar.
Relevante resulta que al pedirse el sobreseimiento en este proceso (fs. 110) su defensor reitera que el actor "padece de un trastorno de la personalidad con marcada impulsividad", que "al momento del hecho presentaba un alta graduación de alcohol en sangre", que su deteriorado estado de salud mental potenciado por el consumo de pastillas y alcohol impidieron "comprender la criminalidad del acto y/o dirigir su conducta". El mismo también fue desestimado (fs. 120/125) y se requirió la elevación a juicio. A fs. 150 se ordena la acumulación por conexidad de las causas.
Independientemente de lo que en definitiva se decida en sede penal en relación al delito de desobediencia vinculado a las restricciones impuestas respecto a la ex pareja del actor N. A. L., el contexto del hecho aquí en debate debe ser valorado desde la perspectiva de género en función de la violencia familiar ( leyes 24417 y 12569) y contra la mujer ( arts. 2, 7 y 8 Convención Interamericana de Belem do Para; 5 CEDAW; 5 y 8 Reglas de Brasilia), no pudiendo considerarse que el ilícito -al menos civil - de hostigamiento y persecución sea suficiente para generar un derecho.
De los elementos probatorios reunidos, que incomprensiblemente fueron omitidos, resulta que ni la antijuricidad del acto ni el factor subjetivo de culpabilidad por parte de los demandados fue demostrado con el grado de certeza necesario, cuando pesando una orden que vedaba el contacto con la hermana de aquellos, B. se apersonó al domicilio, pretendiendo ingresar alcoholizado, con un machete y una maza. Si bien el presupuesto del daño en cuanto a las lesiones físicas que en la ocasión sufrió el actor está acreditado, se desconoce quien inició y como sucedió la reyerta (la única prueba al respecto es el testimonio de H. quien además de expresar "estaba oscuro, mucho no se veía" -declaración de audiencia videograbada del 10/8/2022- se asoma "chusmeando" cuando ya estaba B. tirado en el piso). No puede pretenderse que el juez cierre los ojos ante una realidad en la que la causal de justificación -legítima defensa propia y de un tercero- , que excluye la antijuricidad, resulta de los hechos reseñados. Y no hay elementos que permitan inferir un exceso, cuando ha sido el actor quien concurrió con un machete y una maza.
Así las cosas propició se revoque la sentencia apelada y se rechace con costas de ambas instancias (arts. 68 y 274 CPCC) la acción intentada, volviendo abstracto el agravio respecto del aspecto indemnizatorio.
ASI LO VOTO
Los Señores Jueces Dres. Volta y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE :
REVOCAR la sentencia apelada y rechazar la acción por daños y perjuicios entablada por W. M. B. Con costas de ambas instancias a su cargo. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Volta y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA :
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve:
REVOCAR la sentencia apelada y rechazar la acción por daños y perjuicios entablada por W. M. B. Con costas de ambas instancias a su cargo. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria).
Regístrese, notifíquese automáticamente, conforme lo dispuesto por el art. 10 del Ac. 4013 SCBA. y oportunamente remítanse al juzgado de origen.-
Firmas
Funcionario Firmante: 16/05/2023 11:22:13 - CASTRO DURAN Ricardo Manuel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2023 11:22:28 - GUARDIOLA Juan José - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2023 12:02:37 - VOLTA Gastón Mario - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2023 13:49:56 - SANTANNA Cristina Lujan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 17/05/2023 08:08:24 hs. bajo el número RS-77-2023 por Santanna Cristina Luján.
Fin de la sentencia