Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 180663
Expte. N º 180663 - Juzgado Civil y Comercial N°02
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “SOSA, ROSA NELLY C/ CUARZUR EDIFICIOS S.A. Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 18 de abril de 2024?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 12 de abril de 2024, el magistrado titular del Juzgado Civil y Comercial N°15 departamental, Dr. Héctor Fabián Casas, dictó sentencia definitiva en la cual hizo lugar a la demanda promovida por Rosa Nelly Sosa contra Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Red Serv S.R.L. y condenó a estos últimos a abonar solidariamente a la accionante la suma de $7.334.400 conjuntamente con las citadas en garantía San Cristóbal SMSG y La Meridional Compañía de Seguros S.A. en los límites y alcances del seguro contratado y conforme las pautas fijadas en los considerandos «IV» y «V». Asimismo, rechazó la demanda incoada contra Edificios Cuarzur S.A.
Para así decidirlo, explicó que no fue controvertido que en calle Salta a la altura 3856 la firma Red Serv S.R.L. (en adelante, Red Serv) realizó un pozo por orden de Camuzzi Gas Pampeana SA. (en adelante, Camuzzi Gas Pampeana), en virtud de un contrato vigente que los vincula. El destino de la obra era abrir una zanja para posibilitar la reparación de un caño de gas.
También juzgó demostrada la caída de la Sra. Sosa, reparando especialmente en la declaración del Sr. Martín y la Sra. Leoni, y el modo en que esta última reconoció las fotografías numeradas como 41 y 43 en la que se ve a Sosa dentro de un pozo en la vereda. También reparó el colega en otros medios probatorios que corroboraron el relato de la accionante (los reconocimientos de la codemandada Red Serv, el informe remitido por Cardio Emergencia).
Seguidamente, estimó aplicable lo normado en los arts. 1757 y 1758 del CCyC, que regula la responsabilidad derivada de la intervención de las cosas y de ciertas actividades.
Consideró responsables a Red Serv como ejecutora del pozo en el que se cayó la accionante, reparando en que la excavación fue realizada sin el debido cerramiento, señalización y vallado, lo que la transformó en una cosa riesgosa creando la posibilidad cierta y previsible de que un transeúnte caiga en ella. Aclaró, además, que la defensa de la culpa de la víctima “ no resulta suficiente para exonerarlo de su responsabilidad máxime cuando no produjo prueba alguna que respalde sus dichos”.
El magistrado juzgó también responsable a Camuzzi, como dueña de la obra cuya ejecución encargó a Red Serv, todo ello en el marco de una actividad esencialmente riesgosa, como es la distribución de gas natural. Reiteró que no se probó la alegada culpa de la víctima invocada como eximente de responsabilidad y agregó que la contratación que media entre ambas codemandadas es ajena a la víctima reclamante y no puede condicionar o limitar su responsabilidad.
En lo tocante a la codemandada Cuarzur, aclaró que es responsable de la conservación de la vereda en su carácter de frentista. No obstante ello, consideró que existen circunstancias que justifican eximirla de responsabilidad en razón de que fue Camuzzi la que solicitó los servicios de Red Serv para la construcción del pozo y la reparación de la pérdida de un caño de gas, pero no hay elementos que den cuenta de que esos trabajos fueron solicitados por Cuarzur ni que la codemandada pueda interferir en la labor que esas empresas estaban realizando en el frente de la propiedad.
Juzgó acreditado el hecho de un tercero por quien la codemandada no debe responder, por lo que la eximió totalmente de responsabilidad.
En cuanto a los rubros indemnizatorios, hizo lugar a los siguientes parciales: (a) Daño a la salud y a la integridad física: $4.730.000 a valores actuales; (b) Gastos médicos, farmacéuticos y terapéuticos: $40.000 a valores históricos y gastos de traslado: $14.400; (c) Reposición de prendas: $50.000 a valores actuales; (d) Daño moral: $2.500.000 a valores actuales
Finalmente, para los rubros calculados a valores históricos, aplicó una tasa de interés moratoria pasiva (la más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en depósitos a treinta días) desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago. Para los rubros calculados a valores actuales, aplicó una tasa del 6% anual desde el hecho hasta la fecha de la sentencia y de allí en más hasta el efectivo pago la tasa pasiva más alta en depósitos mensuales que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
La actora apeló la sentencia el 27 de abril de 2024 y fundó su recurso el 27 de junio de 2024, mereciendo las réplicas de Cuarzur (5/07/2024), San Cristóbal (07/07/2024) y Camuzzi (08/07/2024).
Los agravios de la Sra. Rosa Nelly Sosa pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) Cuestiona el rechazo de la demanda con relación a Cuarzur Edificios S.A. Considera que debe ser responsable dado su carácter de frentista, dueña de la obra (construcción de una torre nueva destinada a la comercialización posterior de unidades funcionales para viviendas). Esa responsabilidad, alega, no debe ser desvirtuada por la que pesa sobre las demás codemandadas.
Afirma que se probó que el pozo existente en la vereda fue realizado para conectar el servicio de gas al edificio nuevo que se encontraba en construcción. Destaca el carácter especializado de Cuarzur como empresa constructora y el modo en que lucra a través de la construcción y venta de departamentos, agregando que “ si bien no ha ejecutado en forma directa el pozo que provocó la caída de la actora ya que lógicamente ese trataba de una obra de gas que como tal sólo puede ser ejecutada por la proveedora del servicio (Camuzzi y su subcontratada Red Serv) no menos cierto es que sí concurría sobre Cuarzur un factor de responsabilidad objetivo teniendo el deber de señalizar adecuadamente la obra que se estaba desarrollando en su vereda y que redundaba en su beneficio exclusivo ”. Concluye que debe ser considerada responsable dado que ningún eximente puede liberarla.
ii) Objeta el modo en que fue cuantificada la incapacidad sobreviniente, destacando la diferencia entre el valor del resarcimiento fijado en la sentencia y la expresión actualizada del monto reclamado en la demanda. Apunta que la disminución en la capacidad de la víctima ha sido evidente y no puede ser menospreciada por el solo hecho de que se trata de una persona de avanzada edad y jubilada. Las pruebas —dice— son contundentes acerca de la existencia y extensión de la incapacidad sufrida y el monto arbitrariamente impuesto por el juez no repara en ello. Exige la ampliación de la indemnización.
iii) Considera equivocado estimar la indemnización por gastos médicos, farmacéuticos y terapéuticos a valores históricos dado que, aun aplicando la tasa de interés más alta, arroja un monto desactualizado que no repara el daño. Dice que la determinación debe realizarse a valores actuales ponderando las sumas reclamadas y su actualización por IPC.
Reniega también de que, con fundamento en el principio de congruencia, el juez no haya reparado en que el perito traumatólogo en sus explicaciones indicó un tratamiento específico cuyo costo no fue incorporado al resarcimiento. Destaca que en la demanda se reclamó el rubro por un monto estimado “o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse” por lo que —alega— existió un pedido concreto.
iv) Replica las mismas críticas que las enunciadas en los párrafos precedentes, pero en lo que respecta a los gastos de traslados, también cuantificados a valores históricos.
v) Critica la cuantía del daño moral, por considerarla insuficiente. Refiere que el juez no evaluó la pericia psicológica que define la extensión del daño y los padecimientos y angustias sufridas a causa del siniestro y la posterior incapacidad. Reclama la ampliación de la indemnización.
vi) En su último punto de disconformidad, solicita se aplique la doctrina emanada del fallo “Barrios” de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a los fines de determinar los rubros indemnizatorios “ ya que solo de esta forma se proveerá una reparación integral de los daños sufridos evitando que la actora vea licuado su crédito por el paso del tiempo y la astronómica inflación que ha afectado a nuestro país durante los últimos años, declarándose en consecuencia la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928” .
La compañía de seguros San Cristóbal SMSG (en adelante, San Cristóbal) apeló el fallo el 22 de abril de 2024 y fundó su recurso el 26 de junio de 2024. La actora replicó el 8 de julio de 2024.
Las quejas de la citada en garantía son las que siguen:
i) Considera que la cuantificación de la incapacidad sobreviniente no es el resultado de un razonamiento fundado que permita explicar la procedencia del parcial. Entiende que es una decisión arbitraria y contradictoria.
Advierte que el juez eligió una fórmula matemática de la cual terminó apartándose porque le daba resultado $0, concediendo una indemnización más allá de la previsión contenida en el art. 1746 del CCyC. Enfatiza que se terminó contemplando un capital cuyas rentas trascienden el término del plazo en que razonablemente pueda continuar realizando actividades productivas e invocando un parámetro consistente en “años de trabajo y experiencia en el Poder judicial y particularmente mi rol como juez”.
Refiere que de ningún modo el juez explicó el razonamiento empleado para considerar que una incapacidad del 20,88% en una persona de 76 años de edad jubilada y sin ingresos pueda ser cuantificada en $4.730.000.
ii) Critica que se haya reconocido un resarcimiento de $40.000 en concepto de gastos médicos, farmacéuticos y terapéuticos cuando no se aportaron elementos de prueba. Considera que la procedencia del rubro es arbitraria e injustificada, teniendo en cuenta que la Sra. Sosa tiene obra social.
Idéntica crítica formula con relación a los gastos de traslado (agravio C) y prendas dañadas (agravio D).
iii) Objeta la procedencia y cuantía del daño moral, por considerar el monto exorbitante e injustificado. Critica que el juez no haya dado cumplimiento a lo normado en el art. 1741 del CCyC que requiere ponderar las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.
iv) Se agravia del modo en que fue resuelta la extensión de la cobertura. Dice que se equivoca el juez al equiparar la póliza contratada ante San Cristóbal con aquellas que regula el art. 68 de la Ley 24.449. El asegurador, alega, se obliga a cubrir el evento en la medida del seguro. Es decir, responde dentro de los términos de la póliza. Al no tratarse de un seguro obligatorio, el fundamento de la utilidad social del seguro resulta abstracto y desconectado con la finalidad que sostiene a la actualización.
Cita doctrina y jurisprudencia con la cual sostiene que la aseguradora debe responder de conformidad con el límite nominal volcado en la póliza.
II.3. El recurso de Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Camuzzi Gas Pampeana S.A: apeló la sentencia el 25 de abril de 2024 y fundó su recurso el 27 de junio de 2024, mereciendo la réplica de San Cristóbal (07/07/2024) y de la actora (10/07/2024).
Expone los siguientes agravios:
i) Entiende equivocada la decisión que estima responsable a Camuzzi por el hecho que motiva el proceso. Refiere que la actividad riesgosa a la que refiere el juez en su sentencia nada tiene que ver con el caso, dado que el accidente se produjo en un pozo hecho por Red Serv, que es un tercero por quien Camuzzi no debe responder.
ii) Se agravia de que el magistrado haya considerado inoponible a la Sra. Sosa el contrato celebrado entre Camuzzi y Red Serv donde este último asume en forma expresa y detallada su obligación de mantener indemne a la distribuidora, habiendo incluso contratado una póliza de seguros con San Cristóbal, firma que —aclara— se presentó sin cuestionar su citación ni ensayar exclusión alguna.
iii) Enuncia los requisitos para que se configure la responsabilidad civil y argumenta que, en el caso y respecto de Camuzzi, no se verifican. Dice que no hubo conductas violatorias del ordenamiento jurídico. Insiste en que no realizó el pozo donde la actora se cayó y que fue realizado por Red Serv. Alega que no es un hecho antijurídico contratar a una empresa para que haga una zanja que posibilite la reparación de un caño de gas.
iv) Invoca la culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad. Considera que un incidente de esta clase no puede atribuirse a falta de medidas de seguridad, sino al actuar negligente de la propia accionante.
II.4. El recurso de Red Serv S.R.L.
La firma codemandada Red Serv apeló el 25 de abril de 2024 y fundó su recurso el 26 de junio de 2024. Las respuestas de Cuarzur y de la actora fueron presentadas el 5 y el 8 de julio de 2024, respectivamente.
Sus agravios son:
i) Cuestiona que, pese a reconocer que “cabe duda” de que la empresa haya sido la ejecutora del pozo, igualmente fue condenada, liberando a Cuarzur. Esta última es la que encargó a Camuzzi el servicio de gas, por lo que su responsabilidad como frentista es insoslayable.
ii) Entiende que medió absurdo en la valoración de la prueba. Repara en que el testigo Martín no vio la caída, sino que estaba concentrado en otra actividad y que vio a la señora y de pronto no la vio más. Destaca, además, que el testigo observó un montículo de tierra y un vallado caído, lo que evidencia —a su decir— que la obra estaba protegida.
iii) Objeta el rechazo de la eximente de responsabilidad fundado en la culpa de la víctima, quien por ser vecina del barrio “ debió saber que estaban ejecutando una obra y no una simple refacción ”, y ello “coloca en su cabeza el hecho de haber sido más prudente a la hora de transitar”.
Agrega que “ sin adentrarse en el hecho de si el vallado (...) era o no lo suficientemente apto para tal fin, el enorme terraplén que había en la vereda pone en advertencia cualquiera que allí circule, que debe prestar atención porque algo fuera de lo normal se encuentra en ese lugar ”.
Entiende que el accidente se produjo porque “ no estaba prestando atención al caminar”. Dice que son enormes las posibilidades de que la actora haya derribado el vallado al momento de su caída. Refiere que el pozo tuvo una duración de un día, por lo que “ no hubo tiempo de que se caiga por el viento, que lo haya tirado otro transeúnte ”. Insiste en que fue la propia actora la que, con su andar desatento, lo tiró y cayó.
iv) Se agravia del monto fijado en concepto de incapacidad sobreviniente, en tanto cuadriplica el pedido original que la actora hizo en la demanda. Califica de arbitraria la suma reconocida en concepto de daño moral, citando jurisprudencia en apoyo a su objeción.
Analizaré en primer lugar los agravios que se vinculan con la responsabilidad civil de cada una de las tres firmas codemandadas. Luego, me abocaré a los planteos vinculados a la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios. Sobre el final, daré tratamiento al pedido de actualización de la actora y las objeciones que una de las citadas en garantía postuló sobre el límite de la suma asegurada (art. 34.4. del CPCCBA).
III.1.a. La responsabilidad de Red Serv y Camuzzi Gas pampeana. La culpa de la víctima.
i. Como bien apuntó el colega en su sentencia, los testimonios de la Sra. Leoni y su hijo Martín, las fotografías que la testigo Leoni reconoció haber tomado en los instantes posteriores al accidente, el informe remitido por Cardio Emergencia, y finalmente —y no por ello menos relevante— la confesión ficta de las codemandadas Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Red Serv S.R.L., conforman un material probatorio más que suficiente para establecer la plataforma fáctica del caso (arts. 384 y 415 del CPCCCBA; v. proveído del 08/09/2022).
Ha quedado debidamente acreditado que el 7 de noviembre de 2015 en horas del mediodía la Sra. Rosa Nelly Sosa estaba caminando por la mano par de calle Salta entre Matheu y Formosa de esta ciudad y cayó súbitamente en un pozo ubicado en la vereda de un inmueble propiedad de Cuarzur S.A., empresa que se encontraba en los inicios de una obra de construcción de un edificio. No es controvertido tampoco —y, de hecho, fue reconocido expresamente —que esa excavación estaba vinculada a una obra de gas y fue encomendada por Camuzzi Gas Pampeana S.A. a la firma Red Serv S.R.L.
El magistrado encuadró el caso bajo un factor de atribución objetivo por el riesgo creado. Juzgó responsable a Red Serv como ejecutora de un pozo indebidamente señalizado y a Camuzzi Gas Pampeana como dueña de la obra gestada en el marco de una actividad riesgosa. En ambos casos, desestimó las defensas sustentadas en la culpa de la víctima.
ii. Tanto Red Serv como Camuzzi cuestionan la responsabilidad que les fue endilgada y objetan también el rechazo de la eximente fundada en la culpa de la víctima. Sin embargo, las quejas de una y otra apelante no logran demostrar un error de hecho o de derecho en la decisión que les ha sido adversa.
Una excavación de no menos de un metro de profundidad indebidamente señalizada y ubicada en un sector de tránsito público de peatones constituye en sí misma una «cosa riesgosa» en los términos del art. 1757 del Código Civil que compromete la responsabilidad de su dueño y guardián (sobre excavaciones y pozos en la vía pública, v. Pizarro, D. - Vallespinos, C. " Instituciones de derecho privado. Obligaciones ". Buenos Aires: Hammurabi, t. IV, p. 666; sobre cosas inertes riesgosas, y en particular veredas en mal estado con riesgo para peatones, véase CNCiv., Sala J “ T., F. A. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ” del 04/04/2012, publicado en TR LALEY AR/JUR/13930/2012; Sala G, "Sottile, Marianela v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", del 10/08/2010 publicado en TR LALEY 70065305, Sala K, " Sánchez, Viviana E. v. Entertainment Depot S.A y otros ", del 14/06/2010, publicado en TR LALEY 70063684, Cám. Cont. Adm. de San Nicolás, en autos " Abalsamo, Alicia Graciela c. Municipalidad de Zárate s/daños y perjuicios ", sent. del 20/09/2012, publicado en TR LALEY AR/JUR/51317/2012; un enfoque similar, aunque desde la óptica de la vereda como cosa viciosa, en Sagarna, Fernando Alfredo, Responsabilidad por daños causados por pozo en la acera , La Ley, LLC, 1999, 521).
Las características de la excavación, sumado al contexto espacial en el cual fue realizado (una acera pública de una calle del macrocentro de la ciudad) y las irregulares —o inexistentes— medidas de seguridad que le fueron asignadas, dan forma a un obstáculo impropio para una vía pública y sumamente riesgoso para los peatones. El peligro subyacente a esa obra era evidente y un accidente en ese lugar era tan previsible como evitable.
Cabe recordar que el carácter riesgoso de la cosa comprende no solo a las cosas que « por su propia naturaleza son riesgosas o peligrosas; es decir, cuando conforme a su estado natural pueden causar un peligro a terceros », sino también se incluyen los daños « generados por el riesgo de la actividad desarrollada mediante la utilización o empleo de una cosa que, no siendo peligrosa o riesgosa por naturaleza , ve potenciada esa aptitud para generar daños por la propia conducta del responsable que multiplica, aumenta o potencia las posibilidades
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.