Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 5592
Causa Nº MO-5592-2021
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "CORMACK EDUARDO C/ PRUDENTE MATIAS DIEGO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) Causa N º MO-5592-2021" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 4 Departamental, con fecha 7 de Diciembre de 2022 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelaron tanto la actora como la demandada.
Los recursos se concedieron libremente.
El recurso de la actora fue fundado con la expresión de agravios de fecha 7 de Febrero de 2023, replicada con fecha 27 de ese mismo mes y año.
El de la demandada se declaró desierto por resolución firme de fecha 14 de Febrero de 2023.
La actora viene cuestionando -inicialmente- la distribución de la responsabilidad y luego los montos fijados en concepto de incapacidad y daño moral.
Al tenor de sus agravios cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 9 de Marzo de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- la expresión de agravios satisface, adecuadamente, las exigencias del art. 260 del CPCC.
Comienzo por la atribución de responsabilidad.
Nos hallamos ante un supuesto de responsabilidad subjetiva, derivado de un altercado que fue protagonizado por el actor y el demandado a resultas del cual, sostiene el accionante, padeció determinados daños.
La existencia del hecho en sí viene reconocida, habiendo determinado el Sr. Juez de Grado que al tratarse de una agresión simultánea, la responsabilidad debía atribuirse por mitades.
El hecho tuvo lugar en el mes de Agosto de 2020, por lo cual devienen de aplicación las normas del CCyCN.
Así, el caso se juzga a la luz de las previsiones de los arts. 1716 y subsiguientes y se trata de una responsabilidad de tipo subjetivo (art. 1724 del CCyCN).
En definitiva, el actor endilga al demandado que le ha causado un daño, y -si ello se demostrara- el accionado debería responder por su hecho personal (art. 1749 CCyCN).
Como he dicho aquí, y bien lo señala el fallo apelado, la existencia de la pelea no está desconocida.
Aunque las partes discrepan en sus matices.
El actor, en su escrito de demanda, relata las cosas así:
" Cuando se disponía a salir del inmueble, se topa con el Sr. Prudente Matías Diego, hoy demandado, quien se abalanzó sobre el actor al momento de arribar a la puerta de acceso al edificio. Ante esta situación, el Sr. Cormack, atónito por el hecho vivenciado, le consulta a dónde se dirigía y el Sr. Prudente con mucha agresión contenida le contestó de muy mala manera. En ese mismo momento, en forma totalmente intempestiva, imprevisible e infundada le propina al actor un fuerte golpe de puño sobre la frente provocando con ello su inestabilidad, posterior caída al piso y lesiones en su cuerpo" (ver escrito de fecha 31 de Marzo de 2021).
El demandado, mientras tanto, expone los hechos así
" al querer ingresar, Cormack se interpone en el camino de acceso y me pregunta quién era y a donde me dirigía. Al responder que era de planta baja B, me repregunta y le respondo nuevamente.
Con enojo, me dice que él no me conocía, aunque pensé que al ver que tenía las llaves en la mano y a metros de la entrada a mi departamento, iba a deponer su actitud; mas ante mi sorpresa, continpua increpándome, diciéndome “de donde saliste”, “a vos no te conozco”. En mi desconcierto, Cormack sostiene, “sácate los anteojos” y me pega un golpe hacia la derecha de mi cabeza que hace caer y provocar la rotura de mis anteojos, se abalanza sobre mi y me propina otro golpe que intente rechazar, empujándolo para quitarlo de encima mio. El hombre que lo acompañaba se situa en el medio para frenar la pelea y en esa oportunidad, logro ingresar a mi domicilio. Ya que todo sucedió en el acceso de ingreso a el" (ver escrito de fecha 15 de Diciembre de 2021).
Dije ya que la existencia del altercado no estaba cuestionada.
Tendríamos que ver la prueba rendida acerca del desarrollo de los sucesos porque, como hemos visto, el relato de las partes es disímil.
Y, en verdad, la prueba no es mucha.
Lo fundamental, y en lo que se apoya el fallo es la declaración del testigo Robaldo (ver audiencia de fecha 15 de Julio de 2022), que vive en el edificio en donde se produjeron los sucesos y presenció los mismos.
Relata que el día de los hechos estaba conversando con el actor en el hall del edificio y se encontraban con la puerta entreabierta.
Destacando que en ese momento, el demandado intentó ingresar al edificio y los golpeó con la puerta, al empujarla " violentamente ", según expone el testigo.
El testigo describe la puerta y dice que a misma es de madera, por lo cual no se puede ver quién se encuentra en el interior.
Relata que la puerta estaba algo abierta, porque la tenían abierta con el pie.
Que en ese momento el actor le preguntó al demandado donde se dirigía, a lo cual el demandado le respondió " que te importa " y a partir de allí el diálogo comenzó a subir de tono y terminaron en una " confrontación a golpes ".
Cuando se le pide aclaraciones al respecto, describe la discusión, y dice que " empezaron a los golpes ".
Seguidamente el Sr. Juez de Grado le pide que aclare puntualmente quién empezó con los golpes y el testigo dice que no recuerda, pero que fue "simultáneo" .
A partir de allí el testigo intenta explicar la situación pero, aun cuando el Sr. Juez de Grado insiste en las aclaraciones, el testigo no consigue expresarse con claridad (ver a partir del minuto 12.00 hasta el minuto 14), señalando que ambos " quisieron mostrar su valentía enfrentándose ", aunque dice que el demandado tenía actitud de agredir y el actor de defenderse.
A partir del minuto 14.50 habla el testigo de la existencia de golpes de puño, apuntados a los rostros y dice que quien mas recibió golpes fue el actor, aclarando que el actor también arrojó golpes de puño.
Destaca que, después de entrar el demandado salió con una mujer y le dijo " este es el hombre que cagué a palos ".
Cuando se le pregunta si alguien se cayó al piso, dice que entiende que el Sr. Eduardo se cayó al piso, aunque aclara que no lo vio en el suelo.
Relata su actitud frente el suceso y dice que se puso de espaldas al más tranquilo y de frente al más violento.
Comenta, luego, qué sucedió después y cómo el actor comenzó a quejarse de los dolores que padeció después.
Relata, además, la situación que se vio con la mujer que acompañaba al demandado y con la policía que asistió después.
A la visualización de la audiencia cabe remitirse, para un análisis mas completo.
El testigo Senenarenas, por lo demás, no aporta mayores datos, sino que se mantuvo afuera del edificio y desde allí refiere haber visto el altercado.
Ahora bien, llegado a este punto, es necesario destacar algo: ninguna de las dos partes ha logrado acreditar que el hecho hubiera sucedido como lo indicaron en sus escritos liminares .
Ni el actor probó que el demandado hubiera hecho lo que dijo en la demanda, ni tampoco el demandado demostró que hubiera sucedido lo que dijo en su contestación.
Coincido, entonces, en lo que sostiene el Sr. Juez de Grado, al entender que se trató de un altercado, con agresiones simultáneas (ambos golpeaban).
Y, tratándose de una responsabilidad de naturaleza subjetiva (no objetiva), donde (por la simultaneidad) converge también cierta responsabilidad en cabeza de la propia víctima (art. 1729 CCyCN) no estando tampoco acreditado que esta actitud de la víctima hubiera estado desencadenada por una agresión preliminar de parte del demandado (art. 1718 CCyCN), como lo afirmó el actor en su demanda, coincido con la decisión del Sr. Juez de Grado en cuanto ha distribuido la responsabilidad por mitades.
El actor se queja de cómo fue juzgada la responsabilidad pero no repara en que vino al proceso al relatar los hecho de una manera y, el propio testigo que el aportó, nos está diciendo que los hechos no sucedieron como el actor lo dijo.
En cuanto al demandado, su recurso quedó desierto, por lo que no puede lograr modificar la sentencia en su favor, pero -insisto- tampoco los hechos sucedieron en el modo en que lo indicó.
Luego, y mas allá de que el demandado hubiera empujado, o no, la puerta o se mostrara mas agresivo, el testigo ha sido claro en que la agresión fue mutua, y no supo dar mayores detalles en cuanto a cuál de sus participantes fue quien acudió a la violencia física en primer término.
La distribución por mitades de la responsabilidad es, creo, la opción mas razonable.
Promoveré, entonces, el rechazo del recurso.
Prosigo, ahora, con el tratamiento de los otros agravios.
Comienzo con lo decido en cuanto a la incapacidad, rubro que prosperó por la suma de $1.200.000.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, veamos la prueba rendida.
Tenemos las constancias médicas glosadas al expediente con fecha 15 de Abril y 22 de Octubre de 2021, que dan cuenta de la atención del actor en fecha concomitante al hecho.
Tenemos, además, la pericial médica glosada con fecha 16 de Junio de 2022, la cual informa una incapacidad del 14,46% de incapacidad de la Total Obrera, derivada de la cervicalgia y lesión de hombro padecida por el actor.
Dicha pericia es clara, asertiva, está concretamente fundada, se condice con la documentación médica aportada al expediente y no hay elemento de convicción (objetivo) glosado al proceso que la contradiga (arts. 384 y 474 del CPCC).
Pues bien, llegado a este punto, efectuadas las antedichas aclaraciones y teniendo determinado el menoscabo incapacitante cabe aclarar que la cuestión resarcitoria no debe observarse desde el estrecho lente del menoscabo económico que ya pudiera haberse sufrido, desde el momento en que nos hallamos ante una incapacidad, de carácter permanente, que acompañará a una persona a lo largo de los años que le queden de vida.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, conjugando las incapacidades resultantes con las circunstancias personales del actor que bien menciona el fallo (sexo, edad y condiciones socio económicas de la reclamante) y el impacto patrimonial que ello ha de generar al reclamante, entiendo que la suma fijada en este rubro es reducida y, por ello, promoveré su elevación a la de $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) de la cual, por cierto, responderá el demandado en proporción a su responsabilidad.
En cuanto al daño moral, el fallo estableció la suma de $450.000.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Por lo demás, el art. 1741 del CCyCN establece las pautas necesarias para su tarifación.
De este modo, tenemos para valorar la índole del hecho, las lesiones que padeció el accionante y las secuelas que, conforme lo dicho, le han quedado instaladas de manera permanente.
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que el actora pudiera encontrar con el dinero, entiendo que el monto fijado debe elevarse a la suma de $1.000.000 (un millón de pesos) , dejando señalado que el demandado responderá en proporción a la responsabilidad atribuida.
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberá confirmarse la sentencia apelada en lo que hace a la atribución de responsabilidad, elevándose las sumas fijadas en concepto de incapacidad y daño moral a las de $ 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) y $1.000.000 (un millón de pesos), dejando señalado que el demandado responderá en proporción a la responsabilidad atribuida.
A tenor de lo propuesto, las costas de Alzada deberán quedar impuestas en un 50% a la actora y en un 50% a la demandada atento el éxito solo parcial del recurso (arts. 68 y 71 del CPCC).
Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, con las los propios que aquí añado
En lo tocante al monto fijado por daño físico, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejer
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