Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 54345
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSE RECHAZAN los agravios, confirmándose el fallo apelado.
Costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.)
Causa Nº MO-54345-2016
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "ARGUELLO MIRIAM CRISTINA C/ AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) Causa N º MO-54345-2016" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. Contra la sentencia dictada por la Señora Juez Titular del Juzgado Civil y Comercial nro. 11 de este Departamento Judicial, se alzó la demandada interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido libremente y se fundó con la expresión de agravios del 13 de marzo de 2023 que mereció la réplica de la contraria.
2. Previo informe del Actuario, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Los agravios traídos por la demandada se dirigen a la inexistencia del hecho que se ventilan en autos.
Expone que la jueza de grado sentenció por un hecho que no es el reclamado por el actor es su demanda. Para concluir que se ha violado al principio de congruencia entre lo peticionado y lo “dado”, habiendo el juez extralimitado su marco de juzgamiento.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
Para comenzar, vamos a abocarnos a los agravios relativos a la fecha del hecho y lo decidido por la jueza al respecto en la sentencia hoy en crisis.
Esto se plasma en los puntos 2 y 3 del escrito de fundamentación.
Y para dar respuesta a ello es menester realizar un recorrido por la causa recordando que la demanda se interpuso el 18 de abril de 2017 en la cual la actora relata en los hechos que con fecha 24/12/2016 siendo aproximadamente las 16:30 hs. transitaba caminando por la vereda de su cuadra cuando al llegar a la altura de numero 2683 de la calle Independencia tropezó con la caja del medidor de agua perteneciente a la empresa demandada en tanto la misma no tenia tapa (ver fs. 31/36)
La demanda fue contestada por la parte demandada el día 28/8/2017 (ver fs. 76/85) donde se niegan todos los hechos.
Luego el 16 de febrero de 2022 la actora advierte un error de carácter material en su escrito de inicio al consignar como fecha del evento objeto de autos el día 24/12/2016 cuando debió decir el 24/2/2026.
Esta Sala segunda resolvió confirmar el decisorio del 17 de febrero de 2022 por el cual la jueza no hace lugar a lo pedido por la actora y se dijo que ello " no implica rigorismo alguno, sino, en primer lugar, el respeto del derecho de defensa en juicio de las partes -tutelado por nuestra Constitución Nacional-, aplicar el principio de autoresponsabilidad (pues un acto tan trascendente como el de la demanda debe analizarse y constatarse de manera adecuada, incluso antes de avanzar con su tramitación) y, como ya lo destacáramos, lo expresamente normado por el art. 331 del C. P C.C. Todo ello, claro está, sin perjuicio de la valoración que, oportunamente, pudiera efectuarse al momento de sentenciar de lo expresado en la demanda en sintonía con las pruebas rendidas y la virtualidad que pudiera asignársele al error que aquí ha venido a manifestar la quejosa, en el contexto general de las actuaciones y ponderando, incluso, la postura asumida por la contraria a la hora de venir al proceso " .
Así la jueza en la sentencia valorando toda la prueba recolectada en autos determinó que el hecho efectivamente ocurrió el 24/2/2016 y no en el mes de diciembre de ese año.
De las constancias de estos obrados se desprende un dato que -conjugado con las demás probanzas que están agregadas a la causa- hacen que las quejas de la demandada se vean debilitadas.
Y esta es el acta de cierre de la mediación de fs. 3.
De ella extraigo dos circunstancias que debemos tener muy presente.
En primer lugar hubo una audiencia que se cerro sin acuerdo el día 12 de octubre de 2016, la cual fue reabierta el 19/11/2016
Luego, el 7 de diciembre de 2016 se llevo la nueva audiencia donde participó la requirente (Sr. Miriam Cristina Arguello) y la demandada (Aguas Bonaerense S.A.) donde no se llegó a un acuerdo dejando expedita la via judicial .
Es decir que las mismas partes del presente juicio han tenido una mediación meses antes de la fecha que la actora ha indicado como ocurrida del hecho en la demanda (24/12/2016)
¿Como es posible?
Pues por un claro error material consignada en la fecha del hecho.
Ello concatenado con el informe de servicio de la Clinica Privada Provincial S.A. (fs. 41 y 42) donde se informa que la señora Arguello se realizó una tomografia Axial Computada TC codo derecho e izquierdo. Ello data del 25/2/2016).
La Historia Clínica de fs. 43/47 donde la actora ha sido atendida por el especialista en Ortopedia y Traumatologia Dr. Poppe Andrade quien el 24 de febrero de 2016 informa que "paciente que refiere traumatismo de ambos codos por caida... dolor intenso en codo derecho y muñeca derecha y dolor leve en codo izquierdo con limitación a la pronosupinación. Rx codo derecho aparente fractura cupula radial..."
Por otra parte si bien en un primer momento el perito médico hizo hincapié en la fecha referida en la demanda y el nexo causal con las constancias de autos (ver pericia del 9 de febrero de 2022), en sus explicaciones rendidas el 3 de marzo de aquel año el profesional determina que "Que tomando conocimiento de la documental digitalizada, a FS 43 comienza copia de historia clínica de la Clínica Provincial de MERLO a partir del día 24/02/2016 con diagnostico de traumatismo de ambos codos por caída de su altura de la señora Arguello Miriam, limitación a la pronosupinación de ambos codos con aparente fractura de cúpula radial que se inmoviliza con yeso braquiopalmar. Continua controles y rehabilitación hasta julio de 2016 con el alta laboral y tareas livianas. Cabe aclarar que estos fragmentos de la historia clínica no fueron remitidos por oficio, (PROVEIDO 13/05/2021), solo se documenta a partir del 5/12/2016 con emisión de un certificado médico. Estas fechas se ajustan a lo manifestado por la actora el 16/02/2022 con respecto a la corrección de la fecha del accidente siendo el 24/02/2016 no cabiendo desde mi condición de auxiliar de justicia considerar plenamente si no es proveído por Vuestra Señoría, aunque podría ajustarse el nexo cronológico" .
Sumado a todo ello tenemos las testimoniales de las Sra. María Nocella y Rita Gimena Gracia, quien refieren que el día del hecho fue el 24 de febrero de 2016, recordándolo porque ese día llevaron a su hija y nieta al cumpleaños de su amiga.
Refiere en su relato que "...había una caja de agua sin tapa" y que por los gritos (que en un primer momento creyo que se trataba de un robo) pero vio a la actora caida "...la encontraron caída hacia adelante, como que había frenado con sus brazos.
Sigue en su testimonio manifestando que la actora estuvo enyesada como 4 meses.
Por su parte la testigo Nocella, la actora tuvo un accidente; que se cayó porque metió el pie dentro de una caja de Agua que estaba sin tapa, perdió el equilibrio y se cayó hacia adelante, y le enyesaron los codos.
Expone que el hecho fue el día 24/02/2016 aproximadamente a las 16.00hs., y que lo recuerda porque venían de traer a su nieta de un cumpleaños infantil.
Asi las cosas y conjugando cada una de la constancias agregadas a la causa soy de la idea que el hecho ocurrió el día 24 de febrero de 2016 como lo refiere la actora.
Con respecto al principio de congruencia dije en la causa 48.558 R.S. 156/04 con la adhesión de mis colegas y reitero aquí que "... En lo atinente al principio de congruencia es la obligación del judicante de fallar en función de los planteos concretamente realizados por las partes al trabarse la litis lo cual veda expedirse extra, citra o ultra petita; el principio dispositivo que inspira todo nuestro proceso civil deriva a la facultad y voluntad de las partes los planteos que someten a la jurisdicción y esta no puede pronunciarse más allá de esos planteos; en ello radica el principio de congruencia impuesto por el art. 163, inciso sexto y cc. del C.P.C.C. y el tema no es meramente formal: hace al debido proceso y al derecho de defensa de las partes que en el marco de la traba de la litis han expuesto sus respectivas posturas.-
Tales principios han sido reiteradamente sostenidos por la Sala en la actual y en anteriores y diversas integraciones (Causa Ns 35.476 del Registro de ésta Alzada, R.S. 120/96, entre otras) estableciendo que: "Allí, se dejó sentado que el principio de congruencia fue conceptualizado por Jaime Guasp, como "...la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones y teniendo en cuenta los elementos individualizadores de tal objeto: los sujetos que en él figuran, la materia sobre la que recae y el título que jurídicamente lo perfila en cuanto delimitan ese objeto..." (autor citado, Derecho Procesal Civil, Madrid, 1.956, pág. 555, ns 4, ap. III).-
Por su parte, nuestro Código de forma recepta dicho principio en los arts.34, inciso 4s y 163, inciso 6s, del C.P.C.C., estableciendo la obligatoriedad del respeto a aquél, que se correlaciona con la correspondencia entre el contenido de la decisión y el modo propuesto en la traba de la litis (Cfr.. Carnelutti, "Instituciones del Proceso Civil", TsI, pág.474, ed.1959, trad. por Sentis Melendo).-
La sentencia debe entonces, ser congruente con los temas que integran el "thema decidendum", es decir, no deben ser dictadas "ultra petitium", ni "extra petitium", ni "citra petitium".-
Dictar sentencia "extra petita" comporta decidir sobre lo que no está en juicio -materia de debate-, conteniendo el fallo algo distinto a lo que fue objeto de la pretensión y de la oposición -"ne eat iudex extra petita partium".-.
Las sentencias dictadas "ultra petita" son aquéllas en las cuales el fallo sobrepasa las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, concediendo o negando más de lo peticionado por los litigantes -"ne eat iudex ultra petita partium"-, lesionando así las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio.-
Por último, un fallo no puede contener menos de lo peticionado por los justiciables, o sea, que no puede omitir resolver sobre alguna pretensión u oposición que forma parte de la litis -"ne eat iudex citra petita partium"-; en este supuesto, estaríamos ante una violación al principio de congruencia por haberse fallado "citra petita" (conf. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos...", T. II-C, pp. 79/85).- La congruencia, así, se impone no sólo para las pretensiones principales, sino también para las incidentales (arts. 34 inc. 4 y 161 inc. 2 C.P.C.C)".-La demandada basa su argumento en el sentido que el principio de congruencia ha sido violado y que el fallo se ha pronunciado "ultra petita" en el hecho que los montos condenados superan los inicialmente reclamados.-
Por lo dicho anteriormente, no observo que la jueza de grado haya violentado el principio de congruencia que el demandado trae en sus agravios, pues ésta cumple con las exigencias dadas por el art. 163 y 165 del Código de forma provincial.
Solo constató la existencia de un error material (y lógico), lo cual quedó evidenciado a la luz de la compulsa de todos los elementos allegados al proceso.
Por cierto, sostener lo contrario implicaría un indudable exceso ritual.
Zanjado esto, paso a las quejas relativas a la atribución de responsabilidad.
Y al respecto es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuna que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la resolución impugnada.Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa ns 22.242, R.S. 44/89).
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas.
Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa ns 22.549, R.S. 89/89).
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión.
Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa ns 31.349, R.S. 52/94).
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5s, pto. c), del Cód. Procesal; Causa ns 32.277, R.S. 228/94).
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación del quejoso en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa, es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.), quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5s ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).
En este sentido, vemos que el quejoso pretende atacar la responsabilidad del evento dañoso atribuida por la sentencia de primera instancia.
Pero para intentarlo el quejoso sólo hace manifestaciones en relación a que no se ha probado el nexo causal, como se ve en su expresión de agravios.
Todas ellas en forma genéricas.
Sostiene que el actor realizó una alteración en sus dichos de demanda pero se queda solo en eso.
Ni siquiera enuncia alguna prueba donde ello quede evidenciado y exponga al actor en esos términos.
Reitero: son todas afirmaciones genéricas, acompañadas con varios párrafos de jurisprudencia y copia de artículos con los que se enmarca el proceso.
Y todo ello enfocados que se pretende desvirtuar la responsabilidad que cae sobre el quejoso con la importancia que ello acarrea y así todo sus fundamentos son escasos para rebatirla.
Luego, no habiéndose satisfecho -siquiera mínimamente- la carga del art. 260 del CPCC, deviene desierto el recurso de apelación interpuesto con relación a la responsabilidad.
Por todo lo expuesto soy de la idea que se debera rechazar los agravios traidos por la parte demandada y confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Ello con costas al apelante vencido en atención a lo estatuido por el art. 68 del C.P.C.C.
Si mi propuesta es compartida se deberá rechazar las quejas traídas, confirmándose el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Con costas al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.)
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor GALLO .
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RECHAZAN los agravios, CONFIRMÁNDOSE el fallo apelado.
Costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.)
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, a los siguientes domicilios electrónicos:
20140156036@NOTIF
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