Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 15021
Causa Nº MO-15021-2018
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "L. F. A. Y OTRO/A C/ INSTITUTO MADRE SOFIA BUNGE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) Causa N º MO-15021-2018" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO - CUNTO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 Departamental con fecha 9 de Junio de 2022 dictó sentencia haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.
La sentencia fue apelada por la parte demandada, su recurso se concedió libremente y fue fundado con la expresión de agravios de fecha 27 de Octubre de 2023, replicada por la parte actora con fecha 9 de Noviembre de ese mismo año.
En esencia, la apelante se queja de que haya prosperado la demanda a su respecto, dando diversos fundamentos en tal sentido; luego cuestiona la admisión y dimensionamiento de los rubros que se han admitido, se queja de la imposición de costas y de lo sucedido con el depósito efectuado.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 23 de Noviembre de 2023 se llamaron "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, partiendo de la base de la suficiencia del escrito que funda el recurso (art. 260 CPCC) y teniendo en cuenta algunas cuestiones que se introducen en los agravios, he de señalar -inicialmente- que el fallo apelado no incurre en exceso alguno ni va mas allá de lo planteado o pretendido.
Digo esto pues la apelante deja entrever que podría existir algún defecto de congruencia y, en realidad, no lo hay: el fallo se atiene, estrictamente, a la pretensión inicial y no la desborda de manera alguna, mas allá de los términos que pueda utilizar a la hora de calificar la conducta contractual de las partes.
No hay, entonces, infracción al principio de congruencia (art. 34 inc. 4º y 163 inc. 6 CPCC).
Sorteada tal cuestión, corresponde poner de manifiesto -ahora- que nos hallamos en el ámbito de una pretensión resarcitoria derivada de la no matriculación de un niño, en un establecimiento de educación privada al que concurría.
El encuadre jurídico del tema (y del derecho de admisión) ha sido medulosamente analizado en un voto del colega -y estimado amigo- Dr. Juan José Guardiola, en un estudio tan profundo, que amerita reproducirse aquí íntegramente.
"conviene precisar que en relación a la libertad de contratar de los establecimientos educativos privados, sobre los denominados derechos de admisión y rematriculación, se ha expresado que "no puede negarse que el derecho de admisión guarda una estrecha vinculación con los derechos constitucionales de enseñar" y "aprender".
Más aún, podríamos decir que generalmente se presenta una fuerte tensión entre ambos, toda vez que la prerrogativa del educando o su familia de hacer efectivo el derecho de aprender, colisiona con la pretensión del establecimiento o institución de elegir a quien enseñar.
Si bien rechazamos la postura de quienes niegan enfáticamente la posibilidad de reconocer una obligación de enseñar, nos parece que su aceptación no puede ser genérica e indiferenciada de las particulares circunstancias del caso.
Es que no es posible confundir el supuesto de quien intenta matricularse por primera vez en un establecimiento educativo, de aquel otro que sólo pretende proseguir los estudios iniciados anteriormente. La primera situación gira en torno al "acceso" al contrato, en tanto que la segunda concierne a la continuidad del servicio educativo.
Aunque en ambos casos la "libertad de contratación" está comprometida, la misma requiere consideraciones diferenciadas. Por ello, resulta criticable que muchos de los planteos doctrinarios efectuados hasta la fecha hayan sustentado el "derecho de admisión" en una férrea concepción de la "autonomía de la voluntad" y sus libertades consiguientes. Nos parece que tal perspectiva no se compadece con los nuevos horizontes del Derecho contractual, que intenta construir respuestas de mayor justicia....Nos parece impropio hablar genéricamente de un "derecho de admisión" dado que sólo puede ejercerse esa facultad ante quien no se encuentra incorporado a la institución educativa.
En ese entendimiento la práctica de la contratación anual de los servicios constituye un uso abusivo que sólo persigue falsear la realidad.
Adviértase que los padres que eligen un establecimiento escolar lo hacen con el convencimiento de que "salvo situaciones excepcionales" su hijo transitar allí todas las etapas de los ciclos educativos.
Y lo mismo sucede con la institución, que proyecta en sus educandos su propia historia. Lo expuesto no quiere decir que en tal caso el establecimiento no pueda extinguirlo, pero parece razonable que deba motivar su decisión.
En ocasiones, la causa podrá ser invocada como pretensión resolutoria, tal como ocurriría si se fundara en la falta de ejecución a las obligaciones del contrato (vgr. falta de pago del arancel) o al deber de "colaboración" que pesa sobre los representantes o el propio educando (en nota se indica que la jurisprudencia "ha reconocido las facultades disciplinarias de los establecimientos dentro de los límites que imponen los principios de legalidad y razonabilidad").
En otras, vendrá a legitimar la denuncia del contrato, dando cuenta por las cuales se entiende que la preservación del vínculo afectar a ambas partes (vgr. la inconducta grave del educando observada durante el desarrollo del ciclo anterior, su rendimiento académico, la inadecuada integración del menor a su grupo de estudio o de los padres a la propia comunidad educativa) la noción de "colaboración" recíproca y permanente exige ese proceder (y aclara en la nota con cita de Lorenzetti Tratado de los contratos I - 540 y ss. que así se distinguen las causales de resolución y de rescisión, lo que no resulta una tarea sencilla en los contratos de duración)....De ese modo el "derecho de admisión" queda circunscripto al supuesto en el cual el educando pretende ingresar a la institución educativa.
La figura logra coherencia jurídica, también gramatical, ya que "admitir" significa "permitir entrar", esto es, ingresar a quien está fuera. Esta postura no nos impide discrepar con quienes entienden que tal derecho es absoluto. El encuadre constitucional que oportunamente describiéramos constituye una fuerte restricción para planteos de esa naturaleza....
En síntesis, pensamos que ambas facultades "la de extinción del vínculo vigente y la de admisión" están igualmente condicionadas en su ejercicio, cuya legitimidad deber ser apreciada en cada caso a la luz de los principios informadores del Derecho Privado y conforme a las circunstancias de cada caso" (Carlos Alfredo Hernández "Régimen Jurídico de los servicios educativos privados. Consideraciones desde la perspectiva del derecho contractual" en Revista de Derecho Privado y Comunitario Rubinzal - Culzoni 2005-1 Contratos de Servicios p. 308/314).
Parafraseando lo expuesto por Héctor Masnatta en "El contrato necesario" (y aclaro no porque éste lo sea) "Acto de constitución y relación constituida tienen conexión evidente. Pero son distintos conceptos y hay que reparar en ello. De un lado debemos poner el acto de constitución, que hace nacer la relación. De otro debemos colocar la relación, que es el efecto de aquel, pero que es en sí una unidad diversa. Tienen estructura distinta: la relación es una situación en que se encuentran dos sujetos, un modo de estar en la vida, un especial estado, un fenómeno estático. El acto constitutivo es un hecho del hombre, una relación, un fenómeno dinámico. Tienen una función diversa. El acto constitutivo es la causa de la relación. La relación y el conjunto de facultades y deberes que la componen, son su efecto" (p. 56/7).
Emilio Cesar Joulia y Carolina Bertolino ("Derecho de la educación y acto de admisión en el ámbito de la enseñanza privada" en ED, 184-1423) quienes no le adjudican demasiada importancia a la anualidad o no del contrato por considerar a la rematriculación como un mecanismo formal del desarrollo del contrato, sustentando la continuidad o no del alumno en el grupo pluriparticipativo, en tanto y en cuanto se adecue y ajuste al proyecto educativo, ideario, normas de convivencia y pautas respectivas, destacan que para que esa voluntad no se torne arbitraria e ilegítima ni vulnere el derecho a aprender además de ser oportuna no puede ser incausada o discrecional, es decir debe satisfacer la necesaria "razonabilidad".
Sobre esto último dicen: "Sostiene el Dr. Sagüés que el test de razonabilidad tiene tres niveles: normativo, técnico y axiológico. Ello significa que para aprobar el examen de razonabilidad la norma (o la fuente obligacional) tiene que subordinarse a la Constitución, adecuar sus preceptos a los objetivos que pretende alcanzar y dar soluciones equitativas, con un mínimo de justicia. En los últimos diez años hubo cambios importantísimos en nuestra sociedad, en el orden jurídico sustancial, como así también en el plano educativo. Las reformas de algún modo dieron cobertura constitucional a principios básicos sostenidos por años en las escuelas parroquiales y confesionales de cultos reconocidos, tales como: la no discriminación, la justicia social, la responsabilidad común tan cercana a la solidaridad y la educación como bien social.
" Ello importa una modificación del techo ideológico y del sistema normativo anterior de la Constitución (art. 16)...lo cierto es que la asamblea de 1994 dio un sentido distinto a la idea de igualdad preexistente, actualizándola en función de las pautas actuales del Estado social de derecho. La reforma constitucional de 1994 dejó transparente y explícito el principio de " igualdad real", disponiendo el ya comentado art. 75 inc. 19 "...la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna..." en el ámbito educativo. Del mismo modo ya lo había hecho la Ley Federal de Educación al establecer que: "El sistema educativo nacional asegurar a todos los habitantes del país el ejercicio efectivo de su derecho de aprender, mediante la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna" (ley 24.195 art. 8).
Y esto no es sólo para las escuelas públicas, debe serlo en mayor medida para nuestras escuelas cristianas".
Estos mismos autores transcriben una frase harto elocuente del Presidente de la Comisión Episcopal de Educación Católica: "No basta esperar que la libertad sea reconocida, sólo se la garantiza cuando se la ejerce razonablemente".
Con diferencias de matices, aunque desde posiciones distintas, coinciden Maria Laura Martínez Vega (El derecho de admisión en los colegios privados. ¿Una excepción a la prohibición de discriminación o el ejercicio de la libertad contractual"" en La Ley 2003-C-1465) al decir que "El Derecho de Admisión (mayúsculas atento el evidente carácter inexpugnable que las instituciones le asignan) debe ejercerse regularmente, esto es, sin contrariar los fines que justifican su existencia o, más llanamente, de modo que no sea abusivo (art. 1071 Cód. Civil)" y el propio letrado patrocinante de la aquí demandada J. G. N. F. ("El derecho de admisión de los colegios privados" en ED 138-889 y ss), aun sosteniendo que la matriculación inicial puede ejercerse con máxima discrecionalidad y que "el contrato se renueva cada año, con posibilidad de ejercer cada vez el derecho de admisión", al formular una consideración similar con la aclaración de que "la cuestión se circunscribe a analizar las circunstancias y el modo en que es ejercido "particulares en cada caso" para determinar si ha existido o no abuso" y que "Si se trata de la promoción a un grado o año superior, podrán exigirse requisitos de razonabilidad como ser causa adecuada y oportunidad en la comunicación".
La jurisprudencia, más allá de la decisión que en concreto en cada proceso se haya adoptado, en su mayoría ha aceptado que el derecho del establecimiento "no puede ser cohibido, a menos que la negativa apareciera como arbitraria mediante indicios, presunciones o causales objetivamente susceptibles de prueba (Bidart Campos G. J. comentario al fallo CªCC Córdoba "Etchegaray Ferrer Carlos J." 16/08/1983-ED,109-498")" (CNCiv Sala I 2002-07-18 "R. J. c. Colegio Carlos Octavio Bunge" La Ley 2003-A-322), "que como todo derecho, el de admisión anual no podría ejercerse con abuso (conf. fallo de marzo 5-1987 ED 123-102)" (voto del Dr. Cifuentes CNCiv. Sala C abril 9-1992 "Piñeiro Arnaldo c. Instituto Para la Nueva Generación" ED, 147-543).
Es decir que en orden a la vezata quaestio de la existencia o no de derechos incausados, excluidos de la ponderación de su ejercicio a la luz del abuso del derecho (Julio C. Rivera "Los derechos incausados" en Rev. de Derecho Privado y Comunitario N° 16 Abuso del Derecho p. 47), el criterio preponderante al cual adscribo (ver en sentido contrario voto de la mayoría "con la disidencia del Dr. Montes de Oca" CNCiv. Sala G, 24/4/1989 in re "Fidel Luis c. Inst. Chamberlain de Eccleston" LexisNexis Doc. 105203; mereciendo destacarse que este mismo tribunal ya con distinta integración expresó el 18/5/2005 en autos "M R. c. Asoc. Civil Colegio V. D." "ED, 213-536" que el derecho de no rematricular reconocido a los institutos de enseñanza privada no puede "ser ejercido por estos en forma caprichosa o arbitraria, sino cuando esa prerrogativa no importe discriminación o perjuicio ilegítimos", privándolo de amparo en tanto irregular o antifuncional), no comprende en su repertorio al supuesto que nos ocupa. "La no inscripción de un alumno puede importar un abuso en el ejercicio del derecho cuando no existen motivaciones serias acordes con los antecedentes de la situación de hecho" (Aída Kemelmajer de Carlucci "Principios y tendencias en torno al abuso de derecho en Argentina" en R D P y C n° 16 cit. p. 260).
"Es de tener presente que la facultad de contratar o de no contratar puede ser ejercida con abuso de derecho" (Spota Contratos vol. I n° 16 p. 22) Recordemos que "en última instancia, lo que se quiere rechazar con la teoría del abuso del derecho es un comportamiento o una omisión que, a tenor de ciertas circunstancias y no obstante algunos argumentos que se pueden esgrimir a su favor, genera a la postre un daño injustificado. Queremos destacar que no se trata de intenciones sino de manifestaciones externas de actos "positivos o negativos" que vinculan a uno con otro (alteridad), pero cuya mayor peculiaridad reside en que gozan por su origen o apariencia de cierta licitud o respaldo jurídico; o sea que dichas conductas no resultan manifiestas o normalmente antijurídicas aunque en el caso terminan violando las exigencias (correspondientes) a la perspectiva externa en los límites de los derechos subjetivos. La reacción desfavorable del Derecho frente al abuso se fundamenta porque se produce un daño a alguien, es decir se lo priva de algo que le corresponde, sin que ello se pueda justificar jurídicamente. Es el juicio de equidad, fruto de la razón práctica jurídica operativa o prudencial, lo que determina que se impida esa conducta abusiva. La apariencia de juridicidad y lo injusto concreto son, en última instancia, las dos notas más características del instituto que estamos analizando" (Rodolfo L. Vigo "Consideraciones iusfilosóficas sobre el abuso del derecho" en la misma R D P y C n° 16 p. 311); que el abuso "pone límite al ejercicio, o al no uso del derecho, cuando se agravia... un interés ajeno no tutelado por norma jurídica específica; interés no incorporado al ordenamiento positivo como típico derecho subjetivo" (Luis Niel Puig "Abuso del derecho" en "Responsabilidad por daños en el tercer milenio. Libro homenaje al Dr. A. A. Alterini" p. 1078/9).
Confluye también como norte en el horizonte valorativo la teoría de los actos propios, que ya por reconocer con la del ejercicio abusivo un tronco común en el principio de la buena fe (Alejandro Borda "La teoría de los actos propios" p. 108/110) ya por ser una derivación o aplicación de aquel (Enrique Bianchi " Héctor Iribarne "El principio general de la buena fe y la doctrina venire contra factum proprium non valet" ED 106-860/1 y Atilio Alterini " Roberto López Cabana "La virtualidad de los actos propios en el derecho argentino" La Ley 1984-A-879), ha de impedir avalar pretensiones contradictorias del colegio respecto de conductas suyas anteriores, atentando contra la buena fe de aquellos que actúen sobre tal base (arts. 1198 y 1071 del C Civil y 37 ley 24.240; trabajo citado de Joulia y Bertolino) ".
Pienso exactamente lo mismo.
Nadie duda de la existencia de la libertad de contratar (art. 958 CCyCN) lo que, obviamente, incluye la libertad de no contratar.
Pero esta libertad de no contratar no puede ser ejercida de manera abusiva.
Y si así sucede, se genera la obligación de resarcir (art. 10 CCyCN)
Una interpretación, sistémica, de nuestro ordenamiento creo que conduce fácilmente a la misma conclusión, si acudimos a la regla del art. 991 CCyCN en su parte final.
Entonces, si durante las tratativas precontractuales una actuación abusiva puede generar la obligación de resarcir, mucho mas sucede en aquellos casos en los cuales existen contratos en los que, por su dinámica propia, las partes razonablemente se encaminan hacia su continuidad o encadenamiento.
Razonablemente podemos considerar (art. 961 CCyCN) que cuando un niño es inscripto en determinado establecimiento educativo, la intención de sus padres -o quien esté a cargo de su cuidado- es que continúe hasta la finalización de la trayectoria educativa (no solo para ese año, sino para todos los que compongan el ciclo).
De allí que exista la "reserva de matrícula" para el año siguiente.
Esto se conecta (y aquí respondo a alguno de los agravios) con la referencia que el Sr. Juez de Grado ha efectuado, acudiendo a las máximas de la experiencia.
Recordemos que las máximas de la experiencia son aquellas nociones derivadas del conocimiento común, que el juzgador va adquiriendo a lo largo de la vida, no solo profesional, sino también personal y que luego concurren en su auxilio a la hora de decidir.
Conforman, junto a las reglas de la lógica, aquel conjunto de reglas que integran el arsenal de quien debe juzgar, y que conocemos como reglas de las sana crítica (art. 384 del CPCC).
Y eso es, en definitiva, lo que hizo el sentenciante.
Quizás en términos no muy precisos (u opinables), pero -en definitiva- capitalizó su propia experiencia que, en definitiva, no responde mas que a la interpretación (en clave de razonabilidad) que podemos efectuar de estos vínculos de los que estamos hablando.
Entonces, y en resumen, creo que los establecimientos educativos, que hubieran admitido a un alumno en el comienzo de un ciclo (o posteriormente), siempre pueden decidir, dentro de su órbita específica, no volver a admitirlo para el año siguiente.
Pero esa inadmisión debe tener algún fundamento y no puede ser ejer
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.