Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 4104
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 4104-20 caratulada "SOLDATI JOSE OMAR C/ BANCO COMAFI S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)", Expte. 84.500 del Juzgado Civil y Comercial Nro 1, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?.
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda instaurada por el Sr. Jose Omar Soldati, y condenó a ambas demandadas, a abonar al mismo la suma de pesos un millon doscientos ochenta y tres mil doscientos diez ($ 1.283.210), a la que le resultará aplicable la tasa pasiva plazo fijo a 30 días en pesos fijada por el Banco de la Provincia, a partir de la fecha de la mora (29/11/2016) y hasta el momento de su efectivo pago. Aplicó las costas a la parte demandada y difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes y de los peritos hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos.
Tal decisorio fue objeto del recurso de apelación interpuesto por la actora el día 23-4-2024, fundado el 29-5-2024, concedido en relación el 31-5-2024, cuyo traslado fuera evacuado por la contraria el 7-6-2024.
Elevados los autos a esta Alzada, en fecha 25-6-2024 se llama de autos para resolver, providencia que, firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.-
1).-Se duele el quejoso mediante la presentación electrónica de fecha 29/05/2024 de los siguientes puntos los que sintéticamente versan sobre: a) la forma de calcular el daño sufrido, refiriendo que los intereses calculados a la tasa pasiva configuran una forma anómala de compensarlo. Señala que en el plano de la responsabilidad extracontractual la valuación del daño debe determinarse al momento de la sentencia y se debe fundar la cuantificación, aduciendo que ello no aconteció en este caso ya que el aquo fijó un monto, sin que se brinden los elementos para deducir la razón que llevara a la fijación de esas sumas, sin explicar el criterio utilizado , tachando de irrisorio la suma si se tiene en cuenta que en la demanda se establecía un parámetro objetivo de valoración de daño como es el quintal de soja. Aduce que el aquo reconoce como efectivamente once quintales de soja pero luego se olvida de fijar en la parte resolutiva transformando la cuantificación efectiva como si se tratara de una obligación convencional de entregar sumas de dinero; cuando en rigor y a su criterio se trata de reparar un daño, centrando aquí el punto de disgusto en tanto aduce le causa un gravamen al patrimonio del actor ya que le impide contar con un monto efectivamente equivalente al daño sufrido en el momento específico en cual se produjo o sea en el año 2016.-
Enumera y discurre sobre distintos bienes que hubiera podido adquirir considerando el valor que hubiera obtenido en aquel momento.-
Argumenta sobre otro criterio que tacha de razonable para la valuación acudiendo a la variación del índice de precios al consumidor que reflejaría de modo mas acertado la pérdida de valor de compra de bienes entre 2016 y 2024, tomando como base la suma de $ 1.283.210 y actualizada por ese índice en abril de 2024 para conseguir los mismos bienes da la cifra de $ 70.895.139,56 , cifra que dice sería la indemnizatoria de los daños reales sufridos por el actor porque con la misma podría comprar los mismos bienes de los que se vio privado en adquirir en el año 2016.-
Machaca sobre la idea de que la indemnización debe ser efectuada a valores actuales y no históricos y debe ser considerada como deuda de valor y no obligación de entregar dinero.-
Otro punto lo centra en la supuesta falta de admisión del fenómeno inflacionario, acudiendo al fallo "Barrios" precedente en el que se ha admitido el ajuste de capital por vía de diversos indices que procurar evitar el envilecimiento del dinero y del resarcimiento, abandonándose en ese fallo la prohibición de indexar contenida en las leyes 23.928 y 25.561.-
Alude a la necesidad de considerar la suma actualizada por inflación más los intereses por la imposibilidad de disponer el dinero en el transcurso de los años descriptos.-
Denuncia la inconstitucionalidad de "la sentencia" que a su decir vulnera el art. 17 de la C.N. y el 10 del Pacto de San José de Costa Rica y sostiene que sería inconstitucional la sentencia en cuanto se basó en la normativa legal prevista en la ley 23.928 art. 7 aunque sin decirlo para evitar la actualización del capital a valores actuales.-
Por otra parte alude a los hechos notorios que se presentan en esta causa, que se enlazan con el fenómeno de la inflación que es público y notorio en nuestro país y fácilmente verificable por el mero hecho de vivir en esta sociedad.-
2. A su turno la parte demandada a través de su apoderado evacua el traslado señalando: a) que la contraria introduce planteos destinados a lograr la revisión de los importes de condena, llegan a postular modalidades de cálculo que no guardan relación con el daño sufrido efectivamente, indicando que ni el lucro cesante ni el daño moral se encuentran acreditados, realizando consideraciones generales que no fueron acreditadas en forma exhaustiva (art. 901 CCCN), señalando que el daño no se presume y debe ser probado (art. 375 del CPCC).-
Indica que el accionante no solo pretende la repotenciación del capital en contienda sino la aplicación de intereses bancarios sobre los importes de condena lo que configuraría una doble actualización, entrañando una especie de anatocismo en tanto propicia la anexión de actualización al capital de condena con la potencialidad de generar nuevos intereses sobre la mencionada suma.-
Cita los precedentes Vera y Nidera en los cuales la Corte Provincial se ha expedido sobre la necesidad de aplicar intereses a tasa pura del 6% anual cuando el importe de condena ha sido cuantificado a valores actuales (C 120.536 y 121.134).-sosteniendo que a pretensión del actor la apontoca en un enriquecimiento sin causa previsto por el art. 1794 del CCCN.-
Y por último dice que el escrito de agravios introduce una cuestión que no fue debidamente articulada en el escrito de inicio, esto es lo referente a la supuesta inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, por tanto señala que si no fue expresamente planteada en el libelo inicial se viola abiertamente el principio de preclusión procesal y se atenta contra el derecho de defensa de su representada y el principio de congruencia.-
3. Antecedentes de la causa: El juez de grado hizo lugar a la pretensión de daño extrapatrimonial reclamada por el actor consistente en haber sido incluido injustamente en abril de 2016 en la base de datos de la empresa "NOSIS" como deudor por la suma de $ 47.700 en situación 1 y que con el correr de los meses se lo incluyó en la categoría de "deudor moroso irrecuperable" 3 por un monto de $ 57.600.-
Relata que a mediados de noviembre de 2016 recibió un llamado telefónico de un estudio jurídico especializado en cobranzas, en el cual se le informaba que debía una suma importante de dinero a raíz de una compra efectuada en un comercio denominado "NUESTRO HOGAR" de la localidad de San Andrés de Giles, mediante un préstamo otorgado por una financiera llamada "PRESTAMOS DIRIGIDOS S A" que pertenece al BANCO COMAFI SA y bajo el nombre de fantasía de CUOTA YA.-
Que hizo diversas gestiones hasta darse cuenta que fue víctima de una estafa, que se comunicó con el teléfono de contacto de CUOTA YA para explicarles del error perpetrado en su contra donde alguien había obtenido de modo clandestino y fraudulento sus datos para con ellos presentarse y obtener un crédito y sus reclamos no fueron respondidos, remitiendo carta documento tanto a la firma NUESTRO HOGAR como al BANCO COMAFI quien aparece como acreedor en NOSIS.- Formuló denuncia penal en fecha 20 de diciembre de 2016 por ante la UFI Nro 8 a cargo del agente Fiscal Pablo Santamarina que corre bajo el Nro IPP 9413/16 caratulada "Soldati Juan Omar s/ Estafa".-
Explica que si bien se logró demostrar con numerosa prueba en la IPP que la operación crediticia había sido un completo fraude el Banco Comafi S.A le mantuvo la calificación crediticia como deudor moroso irrecuperable durante varios meses posteriores a la iniciación de la causa penal, lo que le produjo serios perjuicios.
4. Entrando a resolver la queja pretende la revisión de los importes de condena fallados por el juez de grado, pregonando que la indemnización debe ser efectuada a valores actuales y no históricos, y debe ser considerada una deuda de valor y no una obligación de entregar dinero, se revisen los intereses . Asimismo solicita se decrete la inconstitucionalidad de la sentencia denunciando la vulneración del art. 17 de la C:N y la aplicación del fallo "Barrios" que ha admitido la indexación.-
Respecto del lucro cesante el operador de grado consideró que el monto del daño referido a este rubro es la pérdida por no haber podido explotar en nombre propio las parcelas de campo descriptas, teniendo en cuenta 753,5 quintales al valor de $ 1310 (según el valor de la soja el dia 6 de setiembre de 2019), alcanzando como resultado la suma de $ 987.085), rubro que considera probado con las testimoniales de Torty y Di Pascual y con la documental agregada consistente en dos contratos de aparceria firmados por Soldati y Torti para la cosecha de soja de 2017/2018 con firma certificada del Escribano Fernandez, evaluando el reconocimiento ficto de la mismas por la falta de comparencia de la demandada. Siendo además que la procedencia del daño condenado en primera instancia no ha sido objeto de agravio específico por la parte demandada.-
Relacionando ello con el epicentro del embate actoral por falta de actualización del monto otorgado en concepto de indemnización por lucro cesante, he de propiciar una solución compatible con la doctrina legal sentada por la Corte provincial en la causa "Barrios" (SCBA, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", causa C. 124.096, 12/4/2024) y con las anteriores causas "Vera" y "Nidera" que, como sostuvo la Corte, no son contradictorias con aquel precedente sino que se complementan y rigen diversos tramos de la relación jurídica obligatoria (SCBA, sentencias C 121.134, “Nidera S.A.” y C 120.536, “Vera”, ambas del 3/08/18).
No empece a ello lo expuesto por la contraparte (ver contestación de traslado del recurso de apelación obrante en presentación de fecha 7/6/2024) en el sentido de que la pretensión de actualización no habría sido planteada en el escrito de inicio; como así también se observa que el pedido de inconstitucionalidad se ha deslizado sobre "la sentencia" y no sobre la ley respectiva por el apelante.
El objeto de mi discrepancia no radica estrictamente en la conclusión que corona el razonamiento lógico hilvanado por el demandado, sino en la verdad material de la premisa utilizada. Me explico. Considero que la omisión de actualizar el rubro de referencia por parte del Juez de primera instancia -aspecto sobre el cual se sustenta el agravio actoral- debe ser modificada en esta instancia revisora. Pero no en holocausto al principio de congruencia y preclusión procesal -fundamentos basilares del debido proceso legal (art. 18 de la CN)-, sino en cabal armonía con ellos. Y esto es -me permito anticipar- porque la pretensión de establecer el daño a valores actuales constituye una petición implícita en todo reclamo relativo a una obligación indemnizatoria en tanto la misma trasunta una deuda de valor.
A fin de resolver adecuadamente este dilema, es preciso comenzar señalando que la misión del juzgador es asegurar la efectividad del derecho en su integridad, así como de las garantías constitucionales en su conjunto, mandato que impone, en algunas situaciones, flexibilizar la congruencia (vale decir, hacer una excepción a este postulado), siempre que se asegure la bilateralidad, con el objeto de acordar una solución mejor y más justa al conflicto, preservando así otras garantías vinculadas al debido proceso adjetivo.
Así se ha admitido entre las flexibilizaciones más frecuentes al principio de congruencia justamente el tema de los intereses derivados de la obligación incumplida. Al respecto, interesa destacar un fallo de la Sala M de la Cámara Nacional Civil que justificó la mitigación del principio aludido en materia de daños al sostener que: “Tratándose de daños causados por un acto ilícito rige el principio de la reparación integral, el que involucra también el pago de los intereses que compensan la demora en la satisfacción de la indemnización respectiva (con el único límite que impide flexibilizar el principio de congruencia entre lo expresamente postulado y lo decidido radica en verificar que no se afecte el derecho de defensa en juicio. Pero ello, tratándose de intereses que tienden a compensar el daño causado por el hecho ilícito no se advierte tal afectación pues de demanda se pide todo el daño sufrido no puede soslayarse que lo expresamente postulado y lo decidido radica en verificar que no se afecte el derecho de defensa en juicio” (Cámara Nacional Civil, “Matuk, Alicia, c/Transporte Automotor Riachuelo S.A.”, 21/9/6).
En esta línea, este Tribunal ha considerado que aun cuando en la demanda no se hubiese pedido expresamente la actualización monetaria de la deuda de valor, si igualmente la accionante utilizó determinadas expresiones que permiten razonablemente su adición por inferencia, el juez quedará habilitado para flexibilizar el principio de congruencia al momento de dictar sentencia. Así pues, frases tales como “... o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos...” o “... indemnización integral del daño...” autorizan al magistrado a aplicar la actualización monetaria de la obligación indemnizatoria (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, “Gauna Veronica Del Carmen C/ Ruiz Diaz Andrea Paola Y Otro/A S/Daños Y Perj.Autom. C/Les. O Muerte (Exc.Estado)”, causa N° 3352-18 caratulada, 13 de Diciembre de 2018).
Asimismo, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes ha admitido una tesitura similar al establecer que: “El único límite que impide flexibilizar el principio de congruencia entre lo expresamente postulado y lo decidido radica en verificar que no se afecte el derecho de defensa en juicio. Pero ello, tratándose de intereses que tienden a compensar el daño causado por el hecho ilícito no se advierte tal afectación pues la concesión de intereses no depende de la prueba, su procedencia es inequívoca y el arranque de su cómputo se determina por la fecha del ilícito o desde que se produce cada perjuicio”.
Esta posición flexibilizadora se refuerza todavía más ante la realidad actual atravesada desde hace varios años por un fenómeno inflacionario creciente, que deteriora notablemente el poder adquisitivo del dinero, al punto de que muchas leyes y normas estatales, como ha dicho la propia Suprema Corte, prevén mecanismos indirectos de actualización.
Utilizando nuevamente un argumento por analogía, notamos que la determinación del daño a valores actuales también queda cobijada por el principio de reparación integral del daño, toda vez que el perjuicio indemnizable siempre ha de corresponderse con el menoscabo real y efectivamente sufrido por la víctima, y no con el detrimento nominal o hipotético. Esto determina que una pretensión dirigida a obtener la reparación plena de un determinado daño jurídico conlleve necesariamente un pedido implícito de actualización que neutralice la desvalorización monetaria de la obligación durante el tiempo transcurrido entre el momento de su justipreciación (si fuera determinada a valores actuales) o el momento en que se produjo el presupuesto de valuación adoptado (si fuera determinada a valores históricos) y el momento del efectivo pago.
Sobre la base de lo expuesto, habré de proponer la preservación del valor económico de la obligación indemnizatoria por el tramo temporal comprendido entre el inicio de la mora (29/11/2016) y la determinación del valor actual del daño, no a través de su actualización monetaria directa según índices -como finalmente se aplicase en el fallo "Barrios"-, sino mediante la determinación del daño a valores actuales, siguiendo los lineamientos sentados por la propia Corte en la causa "Vera" y "Nidera" (SCBA, sentencias C 121.134, “Nidera S.A.” y C 120.536, “Vera”, ambas del 3/08/18). Ello así por cuanto las particularidades fáctica y jurídicas del caso sometido a juzgamiento nos proporciona un valor de referencia que opera como medida objetiva del lucro cesante en tanto rubro resarcitorio sobre el cual recae el agravio vertido por el apelante, posibilitando de tal modo su determinación ulterior en función de tal parámetro objetivo.
Considero que la modalidad propiciada se compadece mejor con la naturaleza específica del rubro indemnizatorio en cuestión, con el tipo de obligación comprometida y con el interés afectado.
Y sin desconocer que la indexación por índice es una herramienta altamente funcional por su precisión matemática y su adecuación temporal para modular el procedimiento de actualización de la obligación indemnizatoria, debo señalar que no existe un monopolio metodológico en favor de ésta para llevar a cabo dicha operatoria.
De modo que cualquier método razonablemente fundado que resulte fiable para garantizar la preservación del valor real del resarcimiento debido al damnificado podría ser admitido como fundamento de la decisión indexatoria que se aplique en el caso sometido a juzgamiento.
La Casación provincial refrenda dicha afirmación en el propio precedente "Barrios" al señalar que el órgano judicial debe utilizar una “alternativa plausible de conservación del capital con arreglo a índices u otro método de actualización equivalente”. Sin mayores miramientos, los magistrados del Alto Tribunal le confieren al órgano judicial una habilitación amplia para servirse de una variada gama de mecanismos de recomposición del valor real de la obligación indemnizatoria, con la única condición de que los mismos resulten efectivos e idóneos para conservar (ni menos ni más) el capital constitutivo de la deuda reconocida judicialmente.
En efecto, la Corte reconoce un vasto campo de libertad argumentativa y decisoria para que los magistrados de las diferentes instancias puedan determinar el modo de actualización más adecuado para garantizar la intangibilidad real del crédito. Y, con esta orientación flexible, brinda algunas pautas generales y abiertas que deberán ser consideradas por aquél a la hora de seleccionar el método de repotenciación de la obligación indemnizatoria: “El juez o tribunal interviniente ha de establecer el mecanismo específico de preservación del crédito que, conforme a su estimación fundada, fuere el más idóneo para emplearse en el caso, en modo consistente con la plataforma de hecho que está en la base del litigio (a la luz, v.gr., de la índole del conflicto, la naturaleza de la relación jurídica en la que aquel se ha suscitado, la conducta observada por las partes y los demás factores relevantes comprobados de la causa judicial). Con una visión integral, debe realizar adecuaciones en las relaciones jurídicas concernidas, en cuanto fuere necesario para observar la incolumidad del crédito (conf. causa C. 119.088, cit.)”.
Entonces, y de acuerdo a los precedentes reseñados, propicio desde aquí la modificación del pronunciamiento apelado y la determinación del daño a valores actuales sobre la base de 753,5 quintales de soja que no habrá
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.