Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala III · Causa 76155
Causa nº 76.155 Sala Tercera
76.155/VC/2 Reg. D-78/20.
"NOGUERA, CANTO JUAN C/ COTO C.I.C.S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS".
En General San Martín, a los días del mes de junio de dos mil veinte, se reúnen en Acuerdo Ordinario la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín, integrada en este acto por las Dras. María Silvina Pérez y Verónica Paula Valdi (según Acuerdos Extraordinarios de Este Tribuna N° 666 y 842), para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "NOGUERA CANTO JUAN C/ COTO C.I.C.S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Dres. Pérez y Valdi. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, la señora Juez Dra. Pérez dijo:
I. Contra la sentencia de fs. 337/343 que rechaza las excepciones de prescripción y falta de legitimación pasiva, haciendo lugar a la demanda instaurada por Juan Noguera Canto contra COTO CICSA y Cooperativa de Trabajo Lince Seguridad LTDA., haciéndola extensiva a Federación Patronal Seguros S.A, interponen recurso de apelación la parte actora, el 10/09/19; Federación Patronal Seguros S.A el 12/09/19 y COTO CICSA, el 13/09/19.
Concedidos los recursos, a fs. 346, 347 y 352 respectivamente, resultan fundados con las expresiones de agravios, presentadas en formato digital los días 1/11/19 (actora); 8/11/19 (Coto CICSA) y 11/11/19 (Federación Patronal), presentando también la letrada de la co-demandada Coto, con fecha 12/11/19, una ampliación de la expresión de agravios, en la que adhirió al agravio esgrimido respecto de la procedencia de la acción, por Federación Patronal Seguros Ltda. (punto I, primera parte).-
II. Cuestiona puntualmente la actora la denegatoria de la Sra. Juez de grado a resarcir el “Daño punitivo”.-
Sostiene que con tal rechazo la parte demandada no recibió penalización civil de modo integral y que la aplicación del daño punitivo resulta una herramienta para construir paz social, previniendo nuevos hechos ilícitos de estas características.
Agrega que el estacionamiento en este tipo de establecimientos no resultan un “beneficio” para el cliente, sino una obligación del proveedor en la relación de consumo, quien debía velar por la seguridad del consumidor y no lo hizo, por lo que debe ser sancionado (conf. art. 52 bis de la Ley 24.240).-
Por ello solicita se modifique parcialmente la sentencia apelada, con costas, haciendo la pertinente reserva federal del caso.-
Por su parte, la co-demandada COTO CICSA cuestionó la sentencia por: falta de fundamentación, errónea atribución de responsabilidad, montos y procedencia de rubros indemnizatorios.-
Con respecto a la responsabilidad, sostiene que la Sra. Juez de grado no indicó cuáles son los factores de tal atribución, basando su sentencia únicamente en la causa penal, expediente en el que se determinó quienes fueron los autores materiales del ilícito, que comenzó con un secuestro en la playa de estacionamiento del Coto de Ciudadela, para luego retirarse del predio y frecuentar cajeros automáticos. Destacando especialmente en este punto, que ninguno de los delincuentes resultan ser dependientes de COTO CICSA, lo que los exime de responsabilidad. Y agregando que el ofrecimiento de una playa de estacionamiento para comodidad de la clientela, en modo alguno conlleva la obligación de guarda y custodia de los vehículos y personas en ellos, por lo que también se ha incurrido en un error al rechazarse la excepción de falta de legitimación impuesta por su parte.-
Sobre los montos indemnizatorios reconocidos en la sentencia, los considera excesivos, arbitrarios e improcedentes.-
Concluye que el rubro “Bienes Hurtados”, que procedió por $ 6020, no se encuentra justificado en su cuantía, así como los $ 970 pesos que establecieron por el robo del cajero automático, sin haberse evaluado el seguro con el que cuentan los usuarios de estos servicios.-
Cuestiona también la procedencia del “daño psicológico” y “moral”, los que además de infundados, a su entender, son improcedentes respecto de su mandante, por no ser éste el autor penalmente responsable del ilícito.-
Por todo ello es que solicita la íntegra revocación del fallo dictado, rechazándose la acción intentada por el Sr. Noguera Canto e imposición de las costas a su cargo.-
Por su parte Federación Patronal Seguros S.A, Citada en Garantía de Cooperativa de Trabajo Lince Seguridad LDTA., también cuestionó la sentencia agraviándose puntualmente por la procedencia de la acción, en tanto entendió que no se merituaron correctamente las constancias fácticas de la causa y el thema decidendum en estudio, concluyendo que no se encuentra probado que la sustracción del vehículo del actor se haya producido en el lugar y forma indicada en el escrito de demanda, y que no surge de la compulsa de las actuaciones prueba documental que acredite que el día 21/04/15 el actor se encontraba con su rodado en el interior del estacionamiento del supermercado Coto de Ciudadela; ni que estuviera allí a efectos de realizar una compra dentro del establecimiento comercial.-
Finalmente cuestiona la imputación de responsabilidad a su asegurada, sostiene que no se encuentra acreditada la condición de “consumidor” del actor, y que de tenerse por probado que el hecho ocurrió en la playa de estacionamiento del supermercado, se estaría frente a un supuesto contemplado por la ley de seguros (Ley 17.418).-
Por lo que solicita se revoque la sentencia dictada, rechazándose la demanda.-
En subsidio cuestiona los rubros indemnizatorios por los que prosperó la acción, a los que considera sobredimensionados y confiscatorios. Solicitando su reducción a valores similares a los requeridos por el actor en el escrito liminar. Y requiriendo el rechazo del rubro “Tratamiento Psicológico” por no haber sido incluido en la demanda.-
Finalmente cuestiona la tasa de interés, la que también considera confiscatoria y solicita sea modificada, aplicando el 6% desde la fecha del hecho y hasta la fecha de la sentencia de grado; y luego, la pasiva digital más alta, conforme reiterada jurisprudencia, que cita en apoyo de sus dichos.-
III. Avocada al tratamiento del recurso atenderé en primer lugar los agravios que cuestionan la atribución de responsabilidad y encuadre del supuesto de autos bajo las normas de “defensa del consumidor”. Para luego atender la procedencia y cuantía de los distintos rubros indemnizatorios, así como del “daño punitivo”.-
IV. La jurisprudencia mayoritaria en casos similares al presente tiene dicho que "...la prestación de servicios de seguridad del proveedor del supermercado incluye a las personas y al patrimonio en el interior del local de ventas como asimismo en la playa de estacionamiento de dichos negocios comerciales...".
Ello se desprende del principio cardinal de buena fe impuesto por el art. 1198, del Código Civil; de lo normado en la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y, en definitiva, de la protección consagrada en el art. 42, Constitución Nacional (CNCiv. Sala D; 18/06/2019; Rubinzal Online; RC J 11499/19, en autos: “Vera, Manuel Bernardo vs. Coto C.I.C.S.A. s. Daños y perjuicios”).-
Tal deber no abarca exclusivamente el sector de compras, sino que también se extiende al predio en su conjunto -playas de estacionamiento, sectores de esparcimiento, patio de comidas, etc-.
Existe así un “deber de seguridad objetivo”, ya que quien se sirve de dicho servicio como medio para atraer a los clientes a su centro de compras, no lo hace en forma gratuita y desinteresada, sino precisamente para prevalecer sobre otros establecimientos que carecen de esa alternativa.-
La violación del "deber de seguridad" conlleva entonces la obligación indemnizatoria en cabeza del proveedor de bienes o servicios. (CNCiv. Sala D; causa citada).-
Así, “poco importa si el servicio era prestado o no en forma gratuita, o, si se expedía o no ticket cuando los vehículos ingresaban, o si el establecimiento comercial contrató personal de seguridad para evitar la consumación de ilícitos. Lo relevante es, precisamente, que si el comerciante le otorgaba a los concurrentes el servicio de estacionamiento, debía hacerlo de modo seguro, y que si la obligación de custodia y restitución que asumió como deber al ofrecer el servicio no resultó honrada, el oferente del aparcamiento debe responder”. (CNCom. Sala A; 28/06/2019; Rubinzal Online; RC J 12148/19, causa “Asda S.R.L. vs. Arcos Dorados S.A. s. Ordinario” y CNCom. Sala A; 28/06/2019; Rubinzal Online; RC J 12148/19 Asda S.R.L. vs. Arcos Dorados S.A. s. Ordinario.).-
Se ha dicho también que “(…) Quien para obtener una mayor afluencia de público e incrementar sus ventas, ofrece la prestación del servicio en cuestión (playa de estacionamiento), no puede luego pretender no haber asumido ninguna obligación, pues tal pretensión, que importa tanto como alegar que al cliente le da igual estacionar en la vía pública que hacerlo en un estacionamiento como el de autos, resulta insostenible en tanto va en contra de los propios actos. (CNCom. Sala C; 27/05/2019; Rubinzal Online; 21896/2016; RC J 8887/19, autos caratulados: “Alonso, Diego Sebastián vs. Wal Mart Argentina S.R.L. y otro s. Ordinario”).-
Por ello y de acuerdo con el principio rector de la buena fe, al ofrecer los supermercados a sus potenciales clientes playas de estacionamiento contiguas para que estacionen sus rodados mientras visitan sus establecimientos, parece claro que asumen una “obligación de seguridad” que, aunque no esté estipulada por escrito, surge tácitamente de la naturaleza de la relación jurídica constituida. (CNCom. Sala A; 28/06/2019; Rubinzal Online; RC J 12148/19, “Asda S.R.L. vs. Arcos Dorados S.A. s. Ordinario”). Y debe asumir responsabilidad por el ilícito allí cometido, en el caso de autos, robo de vehículo y secuestro de personas. Todo ello con sustento en el art. 2182, Código Civil, (art. 1356, Código Civil y Comercial), en tanto pesa sobre éste la obligación de custodia y restitución. Celebrándose un contrato accesorio al de compra (art. 1137, Código Civil; art. 957, Código Civil y Comercial), que los obliga a que el servicio sea prestado en forma segura y eficaz para los consumidores que concurren a su establecimiento (art. 5, Ley 24240).–
Y en todo caso, cabe destacar que así lo entendió la propia demandada, quien procuró un servicio de seguridad y vigilancia, habiendo contratado a la empresa de Seguridad Cooperativa de Trabajo Lince Seg. Ltda. a los fines de que custodiase el perímetro del local (ver pedido de citación de tercero requerido en el punto VII, fs. 66, admitido en la resolución interlocutoria del 22 de agosto de 2016. y Declaración testimonial del Sr. Acuña, efectuada el 21/02/18, cuando en su sétima respuesta reconoció que “La empresa Lince, que cubría la (seguridad de la) playa y tenía apostados en cada ingreso y egreso de la playa un vigilador”.)-.
Surge de la compulsa de las actuaciones que con fecha 26/2/19 se recibió ad effectm videndi et probandi la causa penal 633/4044 en la que con fecha 12/06/17 el Tribunal Criminal N° 2 Deptal. dictó sentencia condenando a Diego Gabriel Agozzino Scosarella y Gabriel Alejandro Vaccaro por el delito de “Robo calificado por empleo de arma de fuego en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y portación ilegal de arma de guerra”, resultando víctima del mismo, el Sr. Juan Carlos Noguera Cantó (ver fs. 373/379 de la citada causa penal que obra por cuerda). Teniéndose allí por probadas las circunstancias de hecho relatadas por el actor en el escrito de demanda de esta causa civil, en tanto se lee a fs. 375 de la causa penal citada que: “(…) El día 21 de abril de 2015, a las 14.40 hs., en la playa de estacionamiento del Supermercado Coto ubicado en la localidad de Ciudadela, Pdo. de Tres de Febrero, un sujeto interceptó a Juan Noguera Canto cuando se encontraba a bordo de su vehículo estacionado marca Ford, modelo Focus (dominio JVV-862) y previo intimidarlo con un arma de fuego y golpearlo con el arma en la cabeza, ascendió al automóvil, que así inició la marcha. Durante el trayecto, ascendió un segundo sujeto y lo desapoderaron de dos teléfonos celulares y documentación. Lo privaron de su libertad por unos treinta minutos, mientras recorrían cajeros automáticos. En el cajero automático ubicado en la calle Alvear nro. 4691 de Caseros, descendieron del vehículo y obligaron a la víctima a extraer la suma de $2000, para luego darse a la fuga a bordo del automóvil robado...".
Relato que coincide con el testimonio brindado por el testigo Gustavo Fabián Rodríguez, en estos obrados el 20/2/18, y del cual surge que, si bien no presenció el momento del robo (respuesta segunda de su declaración), manifestó que según dichos del actor “(…) Cuando lo fui a buscar me comentó lo que había sucedido, estando en el estacionamiento de Coto con la ventanilla baja se acercaron delincuentes y le pegaron, robando el vehículo.” (ver respuesta tercera de la mentada declaración).-
Ahora bien, si bien es cierto que el testigo no presencio el momento en el que el ilícito se perpetro, sí estuvo presente en las diligencias inmediatas posteriores llevadas a cabo al realizarse la denuncia en la comisaría y al encontrarse el vehículo -todo ello luego de que concluyera el raid delictivo-, conforme surge de las manifestaciones vertidas en las respuestas segunda y tercera de la declaración indicada.-
Por otro lado corresponde destacar que en la ampliación de preguntas, manifestó el testigo tener conocimiento de que La Caja le había abonado al actor la suma de $130.000 o $140.000 por las pérdidas que éste tuvo, y que el actor siempre estuvo descontento con dichos montos por entenderlos insuficientes en relación a las pérdidas que tuvo (ver segunda repregunta de la demandada). Extremo sobre el que volveré al evaluar los montos indemnizatorios.-
Respecto de los testigos propuestos por los demandados, adviértase que dichas partes fueron declaradas negligentes en la producción e esta prueba (ver resolución del 10/07/19 arg. Arts. 377 del CPCC).-
En consecuencia, con respecto a la acreditación en autos de la ocurrencia del hecho y posterior atribución de responsabilidad, mediante un análisis integral de las pruebas producidas en autos, así como las constancias que surgen de la causa penal que en este acto tengo a la vista, y que ha sido incorporada a estos obrados como prueba (escrito de demanda y providencia del 26/6/19, arg. Arts. 332, 354, 374 y 384 del CPCC) he de concluir que resultan probadas las circunstancias de tiempo y forma relatadas por la parte actora en su escrito liminar, determinando la existencia del hecho relatado y en consecuencia, tornando en operativa la responsabilidad del tipo objetiva por parte del establecimiento comercial demandado (COTO CICSA) que ofrece estacionamiento a sus clientes, y con ello, queda plasmada la evidente falla en el “deber de seguridad” que tenía respecto del actor consumidor (arg. art. 5, Ley 24240).-
Por lo que resulta ajustada a derecho el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los demandados y ha de confirmarse la responsabilidad objetiva de los mismos en el hecho de autos.-
Por último y en cuanto al agravio de Federación Patronal Seguros S.A (Citada en Garantía de Cooperativa de Trabajo Lince Seguridad LDTA.) que cuestiona la atribución de responsabilidad a su asegurada, cabe destacar que tanto los términos de la sentencia dictada en la instancia de grado, así como los de la presente resolución de Cámara, le hacen extensiva la condena que recae sobre los codemandados precisamente en virtud del contrato de seguro que los vincula (arg. Ley 17.418). Por lo que no se advierte cual es agravio esgrimido al respecto.-
V. Corresponde ahora analizar los agravios que cuestionan la procedencia de los distintos rubros indemnizatorios y su cuantía.-
a).- Bienes Hurtados: conforme surge del escrito liminar la parte actora manifestó que por el ilícito padecido, le fueron robados dos celulares que tenía en el interior del automóvil y dinero extraído compulsivamente del cajero automático, estableciéndose en la instancia de grado por este rubro, la suma de $ 6020 (comprensivos de $ 4000 por el celular que no fue hallado, $970 por la diferencia de valores extraídos del cajero automático y $1050, por documentación personal).-
Del análisis de los agravios esbozados por los apelantes, he de concluir que solo debe darse respuesta al planteo que cuestiona la atribución de la responsabilidad por dicho rubro, en tanto el cuestionamiento sobre el quantumm otorgado a este rubro no se traduce como una crítica concreta y detallada en los términos del artículo 260 del CPCC, sino una mera disconformidad respecto a su cuantía, por lo que los montos reconocidos en tal sentido deben confirmarse.-
Sobre la extensión del mismo a los apelantes –al igual que los demás rubros indemnizatorios-, entiendo que la cuestión ha sido respondida en el punto “IV)” de esta sentencia, al analizarse la atribución de responsabilidad, la que se calificó de objetiva, en función del deber de seguridad reconocido por el derecho consumeril (arg. Art. 5° Ley 24.240).-
Por lo cual, teniendo acreditado la existencia de los bienes sustraídos al actor, (ver oficio a Nextel de fs. 210/211) y demás constancias, como acta de denuncia en causa penal que obra por cuerda, es que propongo confirmar la suma de $6.020 establecida por la sentencia (Arg. Arts. 5° Ley 24.240, 260, 261, 375, 376, 384, 394 y ccdtes. del CPCC).-
b).- Con respecto al Daño Moral, por el mismo fue establecida la suma de $100.000.-
De conformidad con los términos del art. 1078 del Código Civil, considero que se trata de un daño resarcible, que no tiene por objeto sancionar al autor del hecho, sino a reparar los padecimientos físicos y morales que debieron soportar los damnificados como consecuencia del hecho dañoso, intentando compensarlos.-
No es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de estos dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por las víctimas, pues sólo ellas pueden saber cuánto sufrieron (esta Sala en numerosas causas, N° 74.666, 74.181 y 73.016, entre otras).-.
Así las cosas, la determinación del daño moral no se halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual del damnificado, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquélla (arts. arts. 1078, 1083 y concs., Cód. Civil).-
Agregando a lo expuesto que ésta indemnización tiene carácter autónomo y no tiene por qué guardar proporción con los daños materiales (conf. Cám. NAc. Civil, Sala G, 01/03/2000, Zalazar, Mario A. c. Transporte Metropolitanos General Roca SA).-
Analizado este concepto desde el marco de la Ley de Defensa del consumidor “debe buscarse el equilibrio a través de un severo sistema de protección jurídica, que en el campo resarcitorio incluye la recta aplicación -sin restricciones- del ordenamiento sustantivo; pues en verdad, el carácter del perjuicio moral es el mismo, tanto si proviene de un hecho ilícito, como del incumplimiento de una obligación contractual y daño moral al consumidor. (arg. JUBA CC0002 QL 16312 49/15 S 16/04/2015 Juez MANZI (SD), esta Sala en causa N°74.848 de septiembre de 2019).-
Por ello, tratándose de una relación de consumo, cuya tutela tiene base constitucional (art. 42), la demostración del daño no tiene que ser tan "clara" o "manifiesta" (JUBA JUBA B258327, causa citada).-
En consecuencia, atendiendo las características del supuesto autos, y los padecimiento sufridos por el actor, los que encuentro acreditados en la
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