Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 127098
LM / GAL
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVI
Causa N° 127098; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 9 - LA PLATA
R., M.C. C/ J., J.L. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de Julio de Dos mil veinte, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 127098, caratulada: "R., M.C. C/ J., J.L S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL" , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 195/198?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por R., M.C contra J., J.L., condenando a éste último a pagarle en el plazo de 10 días de quedar firme el pronunciamiento la suma de XXXX con más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, a la tasa vigente al primer día de cada mes o fracción de éste, en cada uno de los períodos de aplicación a partir de los 10 días de firme el decisorio y hasta su efectivo pago; asimismo difirió las regulaciones de honorarios hasta la oportunidad debida (fs. 195/198).
II. La resolución fue apelada por la actora (fs. 201) y el demandado (fs. 203), recursos que, previamente concedidos (fs. 204 y 207), fueron fundados en tiempo y forma en esta instancia (fs. 224/228 y fs. 235/238, respectivamente). Debidamente sustanciados, merecieron las réplicas de su contraparte (escritos electrónicos del 17/05/2020 11:18:52 la accionante y 14/05/2020 9:43:35 el demandado). Posteriormente, se llamó autos para sentencia (18/05/2020).
III. La legitimada activa se agravia de los montos por los cuales prosperaron los rubros "incapacidad sobreviniente", “daño moral” y "gastos médicos y farmacéuticos - traslados" calificándolos de irrisorios, insignificantes y exiguos.
Destaca que debió aplicarse la ley 26.485, resolviéndose la presente causa con perspectiva de género. Subraya que éste es un ejemplo de la extrema violencia contra la mujer, en el que su cuñado la interceptó en la vía pública y pretendió por la espalda quitarle la vida, golpeándola con una baldosa en la cabeza y luego huyendo.
Recalca que con esa visión la reparación debe contemplar mucho más que el frío cálculo derivado de la aplicación de una fórmula matemática porque este caso no se trata de lesiones obtenidas producto de un simple accidente de tránsito, se trata del intento de homicidio de una mujer por parte de su cuñado con una piedra a plena luz del día en el centro de la Ciudad.
Respecto de los montos, en particular se duele del otorgado por incapacidad sobreviniente por considerarlo insuficiente y subvalorado.
Declara que el Juez de grado menosprecia las lesiones que sufrió, a pesar de que han sido debidamente acreditadas.
Denuncia que la sentencia viola el principio de congruencia, desoye lo claramente establecido en los arts. 34, 36, 163 inc. 6, 164, 272, 330 del CPCC y cae en el absurdo en torno de la valoración de la prueba. Por todo ello, reputa como arbitraria la decisión del Juez de grado.
Asimismo, se disconforma por los mismos motivos de la cuantificación del daño moral.
Enfatiza que las pericias producidas acreditaron que como consecuencia de la agresión que le propinó el demandado, sufre una enorme incapacidad, requiriendo incluso de tratamiento.
Denuncia que la sentencia de grado es violatoria de los principios de la reparación plena e integral, en violación del deber genérico de no dañar a otro.
Finalmente, se queja del monto reconocido por gastos médicos y farmacéuticos por considerarlos bajos.
Por su parte, el demandado se agravia de que la responsabilidad endilgada se funde en las constancias de la causa penal, en tanto considera que el argumento de la a quo constituye una falacia.
Destaca que se pretende hacer pasar como la doctrina de la prejudicialidad una circunstancia que no tuvo pronunciamiento firme en sede penal y a la que por lo tanto no puede endilgársele al acusado efectos en el juicio civil.
La falta del dictado de sentencia en sede represiva, y la consecuente suspensión del juicio a prueba –dice el apelante, constituye una circunstancia significativa respecto de que no se han arrimado hechos en el fuero penal que den por acreditados la versión de la actora.
Insiste en que el art. 76 bis del Código Penal expresamente instituye que no implica confesión o reconocimiento de la responsabilidad civil en contra del imputado.
Concluye en este aspecto que en autos no ha mediado un supuesto de prejudicialidad, y por ende, la Jueza ha tenido por acreditada una plataforma fáctica recalando solamente en una causa penal en la que no se ha dictado sentencia de mérito.
Finalmente, resalta que la parte actora no ha probado los hechos alegados, toda vez que la prueba informativa (se decretó la caducidad con fecha 5 de febrero de 2019) y testimonial no fue producida (se decretó la caducidad con fecha 22 de noviembre de 2017).
Subsidiariamente, plantea la lectura sesgada de la jueza respecto de la causa penal, basándose que a fs. 5 de esas actuaciones el reconocimiento médico legal al nombrado constata una lesión descripta como edema inflamatorio antebrazo izquierdo.
Reclama que no se ponderó la situación conflictiva que ha llegado a excitar la jurisdicción de los tribunales y que la Jueza no ha tomado como un elemento a considerar la medida cautelar de restricción de acercamiento solicitada por él en trámite por violencia familiar y que se encontraba vigente al momento de los hechos.
Se disconforma del apartamiento –en su consideración– por parte de la jueza de las consideraciones científicas realizadas en las pericias.
Destaca que se inclina por hacer un cálculo matemático sin relación con los elementos entregados por la pericia, en especial la médica que dice que no se observaron secuelas del contenido de los hechos denunciados y que desde el 2015 la actora no concurrió a consulta médica.
Respecto del menoscabo psicológico, arguye que no existe como tal y de carácter permanente toda vez que el experto actuante recomienda un tratamiento. Al aconsejar un tratamiento implica que el estado de la accionante es susceptible de mejoría y por ello, no corresponde otorgar una indemnización por la incapacidad como si esta no pudiera ser suplida por el tratamiento aconsejado.
Además, sobre el monto indemnizatorio, marca que la accionante no realizaba al momento del hecho ninguna actividad remunerada y que no obra en la causa ningún elemento que tienda a acreditar lo contrario.
Concluye que el argumento de la jueza en la cuantificación no supera el menor test de razonabilidad, por lo que debe dejarse sin efecto.
Se agravia también del monto otorgado en concepto de daño moral por considerarlo exorbitante, subrayando que las constancias del expediente en trámite ante el Fuero de Familia (sobre violencia familiar) dan cuenta de una situación de agresividad en la cual mal podía entenderse como de victimización a la reclamante.
Finalmente, se duele de que la sentencia de grado no haya analizado la conducta procesal de las partes y que éstas no tengan traducción alguna en la forma de decidir. Que se den por probados los hechos relatados en la presentación de inicio sin considerar la falta de declaración de los testigos allí propuestos, como así también se ha ignorado la declaración de los ofrecidos por su parte. Tales son, desde la óptica del accionado, otros síntomas de un decisorio cuya dogmática no encuentra respaldo en las constancias de la causa.
IV. Liminarmente, por la implicancia que la temática tiene tanto en este proceso como en la consolidación de un nuevo paradigma judicial, daré tratamiento al agravio de la actora referido a la aplicación de la Ley 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollen sus relaciones interpersonales) y a la necesidad de abordar el tratamiento a partir de la perspectiva de género.
He de resaltar que ésta mirada será central a la hora de abordar el recurso, pero no únicamente por la ley citada por la apelante, sino por la interpretación armónica del plexo normativo provincial, nacional y supranacional aplicable.
Además, la visión o perspectiva de género consagrada en nuestro derecho no se limita de modo alguno al ámbito legal y judicial sino que es una herramienta que ha adquirido la sociedad en su conjunto.
A partir de allí, concluyo que el Magistrado no cuenta solo con la facultad de velar por los derechos de las mujeres de modo discrecional o a pedido de parte ante ataques deliberados de todo tipo como consecuencia de su condición de mujer, sino que se trata de una obligación legal y de un deber ontológico inexcusable (art. 7 inc. g, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; art. 7 Ley 26.485).
Esa obligación excede el ámbito del derecho penal o de familia, resultando de plena aplicación en todo tipo de procesos que así lo requieran por sus circunstancias de hecho, aun en los reclamos de daños y perjuicios civiles, como es el caso en estudio.
Más no debe traducirse en los casos como el de autos en una mejora en las sumas de dinero otorgadas de modo automático, porque ello sería llevar la cuestión a un reduccionismo contrario a las reglas que consagran la protección integral. En cambio, deben aplicarse métodos, sanciones y reparaciones de distinta entidad para que el abordaje resulte efectivo (reparación económica, sanciones extrapatrimoniales, medidas de reeducación, etc.)
En este extremo, concuerdo plenamente con que “los jueces tienen el imperativo constitucional y supranacional de hacer efectiva la igualdad; porque los magistrados no pueden ignorar la existencia de patrones socio culturales y en consecuencia no pueden decidir este tipo de cuestiones como si fuera un caso en el cual se definen los derechos de dos hombres o dos empresas, sino que debe juzgar con perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales”, “no basta contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación si a la hora de aplicarlas se ignora la perspectiva de género y se sustancia el proceso con idénticos mecanismos procesales que cualquier proceso y se lo juzga olvidando la cuestión del género y su problemática que es en definitiva lo que da origen al conflicto” (cfr. Medina, Graciela; “¿Por qué juzgar con perspectiva de género? y ¿cómo juzgar con perspectiva de género?” La Ley AP/DOC/185/2016, citado por CC03 LZ causa 8365 205 sent. del 17/09/2017).
“El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social (…) En suma, la construcción social y cultural de las identidades y relaciones sociales de género redunda en el modo diferencial en que hombres y mujeres pueden desarrollarse en el marco de las sociedades de pertenencia, a través de su participación en la esfera familiar, laboral, comunitaria y política. De este modo, la configuración de la organización social de relaciones de género incide sustantivamente en el ejercicio pleno de los derechos humanos de mujeres y varones” (Faur, Eleonor. Desafíos para la igualdad de género en la Argentina. - 1a ed. - Buenos Aires: Programa Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2008).
Específicamente, y pasando al respaldo normativo de las afirmaciones precedentes, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –“Convención Belem Do Pará” de la que nuestro país es signataria (ley 24.632)– define como violencia contra la mujer a “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (art. 1), incluyéndose a “ la violencia física, sexual y psicológica” (art 2) “en cualquier relación interpersonal” (art. 2 inc a), “tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona” (art. 2 inc. b) o “perpetrada o tolerada por el estado” (art. 2 inc. c), consagrando asimismo que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia y el reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos entre los que se comprenden: el derecho a que se le respete su vida, su integridad física, psíquica y moral (conf. art. 4, inc. a, b y c).
Asimismo, insta a los estados a “establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces” (art. 7 inc. g).
A su vez, la ley 26.485 que ha sido citada por la actora, en términos similares a los establecidos por la norma internacional aludida, promueve y garantiza el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia y las condiciones necesarias para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia de las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos (arts. 2, inc. b y c, 3 inc. a), definiendo asimismo la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público o privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su integridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes…” (art. 4).
Precisa que comprende expresamente dentro de los términos de violencia a la “Física: la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física” (art. 5, inc. a), “Psicológica: la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica o perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra y descrédito, manipulación, aislamiento” (art. 5 inc. b). Finalmente, pone e cabeza de los tres poderes del Estado la adopción de las medidas necesarias y ratificación en cada actuación el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones (art. 7).
Se evidencia claramente entonces que la visión con perspectiva de género debe actuar como un principio general de aplicación a todo tipo de acciones y actuaciones judiciales en las que la mujer fuera víctima en base a su condición, dentro de la que encuentro comprendidas las causas de carácter patrimonial como la presente.
Es decir que este extremo es de aplicación cuando la ofensa proferida, ya sea física, psíquica, etc., haya sido efectuada, básica y fundamentalmente, por su condición de mujer.
Por ello, - y más allá que no resulta ocioso destacar que en esta causa se encuentran involucrados antecedentes de violencia recíproca entre las partes– ésta ha de analizarse con la perspectiva de género señalada a fin de dar estricto cumplimiento con la normativa imperante en la especie.
V. Cabe abordar seguidamente -a fin de mantener el orden metodológico en el recurso- los agravios del accionado referidos a la responsabilidad que le endilga la sentencia de grado.
Las quejas esgrimidas en este extremo se centran en tres puntos: 1) la errónea aplicación de la regla de la prejudicialidad, 2) la valoración de la prueba producida en sede penal por parte del a quo y 3) la orfandad probatoria de la actora a los fines de acreditar sus dichos.
Emprendiendo el desarrollo de la primera de las objeciones planteadas, observo que la sentencia de grado concluye que -ante la orden de suspensión de juicio a prueba dispuesta en las actuaciones penales por el mismo suceso ventilado en autos- no corresponde analizar los hechos controvertidos, ni el factor de atribución que la parte actora le achaca al demandado J., teniéndolos por acreditados. Ello, en palabras del fallo recurrido, por haberse expedido sobre esa parcela aquél fuero (fs. 195/198).
Esta conclusión se traduce indudablemente en la aplicación de la regla de la prejudicialidad.
Justifica el a quo su postura concluyendo que en la causa penal N°XXXX “resulta probado que los hechos acontecieron como lo relata la actora, así como la existencia de lesiones recíprocas entre las partes. En este marco la Sra. Juez elevó a juicio la presente causa, para luego suspenderse el juicio a prueba por un año, debiendo el actor realizar tareas comunitaria por el término de cincuenta horas” (considerado “a” de la sentencia referida).
Ahora bien, sobre este extremo, el art. 76 bis del Código Penal indica –contrariamente a lo interpretado por la Jueza de grado- que en la solicitud de suspensión de juicio a prueba “el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente”, agregando que “si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente” (art. 76 2° párrafo, Código Penal).
Asimismo, el art. 76 quarter de la misma legislación indica que “Las suspensión del juicio a prueba hará inaplicables al caso las reglas de prejudicialidad de los arts. 1101 y 1102 del Código Civil, y no obstará a la aplicación de las sanciones contravencionales, disciplinarias o administrativas que pudieran corresponder”. Cabe destacar que esta normativa mantiene su vigencia a pesar de la derogación de los arts. 1101 y 1102 CC, con las disposiciones del nuevo ordenamiento en lo Civil y Comercial que en la materia ha receptado estos principios en el Libro III, título V, sección 11° (art. 1774 y sig CCyC).
De ello, colijo que –de conformidad con lo dicho por nuestro Máximo Tribunal Provincial– el instituto de la probation o suspensión del juicio a prueba no implica confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil y debe ser considerada tal oferta resarcitoria como un acuerdo transaccional (conf. SCBA LP C 99887 sent. del 27/04/2011).
En el mismo sentido, antecedentes en la Justicia Nacional Civil han dicho “Quien solicita la probation no ha confesado su delito ni reconocido hecho imputado alguno, debiendo prevalecer dicha tesitura también en el ámbito civil, pues, si tal pedido implicara reconocimiento de los hechos no se comprende cómo, de revocarse tal beneficio, el acusado podría ser finalmente absuelto por cualquiera de las circunstancias pertinentes” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, 16/08/2007, L., R. C. c. M., R. O., RCyS, 2007-1011).
No debe soslayarse que la opción de someterse a la suspensión del juicio a prueba por parte del acusado en proceso penal es personalísima y puede responder a variadas motivaciones entre las que es dable suponer una legítima decisión de evitar un pronunciamiento de mérito sobre la autoría del ilícito que se investiga, pero de ningún modo determina la lisa y llana aceptación de su culpabilidad.
En el mismo sendero se ha dicho doctrinariamente que “Este acogimiento no insinúa la existencia de semiplena prueba de la supuesta responsabilidad ni, menos aún, la previa confesión del impetrante, como tampoco pareciera reclamarse la real enmie
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.