Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 125256
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el auto del día 11/12/2018, sin imposición de costas (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.); asimismo, por los exclusivos motivos aquí desarrollados, se confirma el auto del día 18/8/2020, sin costas (arg. artículo precitado).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 125256; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 6 - LA PLATA
ESCOBAR DIEGO MARTIN Y OTRO/A C/ PEDROZO RAMONA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 4 de Febrero de 2021.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. La providencia del día 11/12/2018, en cuanto rechaza el pedido de inhibición general de bienes solicitado por el letrado apoderado de la actora para garantizar el pago de honorarios judiciales devengados, viene por éste recurrido el día 15/12/2018, recurso que fue concedido por la Alzada el 8/4/2019, a través del recurso de queja oportunamente opuesto. La memoria respectiva se presentó el 22/4/2019, sin que fuera contestada por la contraria.
A su vez, el despacho del día 18/8/2020 que no hace lugar al pedido de embargo solicitado por la actora viene por ella apelado a través del recurso interpuesto y concedido el 20/8/2020, obrando el memorial de agravios que lo funda del día 22/8/2020, sin que fuera contestado por la demandada.
2. En primer término cabe indicar que tratándose en ambos casos del rechazo de medidas cautelares solicitadas por una de las partes y siendo que las mismas se dictan sin audiencia de la otra (art. 198 primer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial), no correspondía correr traslado de los memoriales presentados en autos, tal como lo reconoce la propia apelante en su presentación del día 22/8/2020.
3. Abordando el primero de los recursos, ha de indicarse que las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que son un accesorio que se otorga en consideración al derecho invocado y que habrá de ser materia de resolución en la sentencia definitiva. Tienen por efecto asegurar el eventual derecho del acreedor que pueda ser judicialmente reconocido, a fin de evitar que el mismo se torne abstracto en caso de que no pueda posteriormente ser satisfecho.
La fundamentación de la pretensión que constituye el objeto de la cautela no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido (C.S.J.N. 24/7/91 L.L. suplemento del 30/1/92, fallo 90078).
Constituyendo este tipo de medidas un "anticipo de la garantía jurisdiccional", se otorgan sobre la base de la mera verosimilitud del derecho que se pretende garantizar, el peligro en la demora y la contracautela, sirviendo a un proceso principal y siendo su existencia provisoria, al depender del litigio del cual derivan (arts. 195, 199, 202 y conc. del CPCC).
Sentado ello, se verifica en el expediente que en la resolución del día 20/11/2018 se ha rechazado la excepción de falta de personería opuesta por los demandados a fs. 63/65. Pto III) y fs. 72vta/74. Pto. III), con expresa imposición de costas (v. punto 1 de la parte resolutiva), modo de resolver que se encuentra firme y consentido (art. 150, 155 y conc. del C.P.C.C.). Sin perjuicio, los honorarios todavía no han sido regulados.
Si bien el acreedor puede proceder a todos los actos conservatorios de su derecho, a efectos de trabar medidas cautelares como la solicitada -inhibición general de bienes- el Código Procesal establece requisitos específicos para su viabilidad, ya que la deuda se encuentra sometida a un plazo: la regulación que se efectuará en la oportunidad correspondiente (arg. arts. 209 inc. 5º, 228 del C.P.C.C.). No se ha demostrado en modo alguno que los deudores traten de enajenar, ocultar o transportar sus bienes o hayan disminuido notablemente la responsabilidad después de contraida la obligación.
Es que la inhibición actúa como medida sustitutiva del embargo cuando se desconocen bienes del deudor o éstos no alcanzan para cubrir el monto del crédito (art. 228 del C.P.C.C.), pero como tal afecta todo el patrimonio, sin discriminar en modo alguno la real garantía que debe disponerse en cada caso concreto.
Es decir, dictar una inhibición general de bienes de dos personas para cubrir el crédito por honorarios de una incidencia resuelta en autos, sin demostrar la necesidad del pedido ni la eventual entidad del monto que se pretende garantizar, se torna abusivo, siendo obligación de los jueces evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes.
Por lo tanto, no corresponde hacer lugar al pedido de inhibición general de bienes solicitado por el apelante, en tanto no se configuran los requisitos legales y procesales necesarios para su dictado, pues el crédito por honorarios se encuentra sometido a un plazo, ya que aun no han sido regulados, y no resulta -por ahora- exigible, sin que se advierta la necesidad de dictar en este estado del juicio la medida, pues no se acredita la existencia del peligro en la demora.
Consecuentemente, el apelado decisorio en cuanto deniega la inhibición general de bienes de los demandados se ajusta a derecho y debe ser confirmado. Sin costas (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.).
4. En cuanto al restante recurso, solicita la actora el 15/8/2020 se embargue bienes muebles de la co-demandada Pedrozo, medida que fuera rechazada a través del auto del día 18/8/2020, al entender el Juez que conforme el tipo de proceso y estado de las actuaciones resultaba improcedente la medida solicitada (arts. 209, 212 y ccdtes. C.P.C.C.).
Entiende el apelante que el tipo de proceso -juicio sumario- no impide que se dicten medidas cautelares, como así el estado del mismo que indica que el Juez -cuestión temporal- no puede ser obstáculo para el tratamiento y eventual concesión de la medida, ya que puede dictarse en cualquier estado del aquél (art. 195 del C.P.C.C.). Alega un déficit motivacional del resolutorio.
Argumenta acerca de la verosimilitud del derecho y del peligro en la demora y entiende que debe dictarse favorablemente el embargo. Sostiene que el derecho alegado se muestra verosímil desde el momento mismo en que se encuentra agregada al este expediente la causa caratulada “Pedrozo, Ramona c/ Escobar, Diego Martin s/ Cobro Ejecutivo”, el que tramitara por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 1 del Departamento Judicial de La Plata en el cual el Sr. Escobar sufrió embargos en sus haberes por la suma total de U$S 5.250, más al momento de su devolución y según la cotización vigente, le fue devuelto el equivalente a U$S 2.260, viendo afectado su patrimonio en U$S 2.990.
Expresa que el daño ocasionado y la obligación de reparar por parte de la Sra. Pedrozo para con el Sr. Escobar, es adecuado y correctamente acreditado y que se basa en la posibilidad y no en la certeza.
5. Cabe señalar que la medida cautelar ha sido desestimada con motivos breves en el resolutorio apelado y no se ha dado explicación expresa del porqué del rechazo, sino que se ha remitido solo al tipo de proceso y a su estado para denegar el pedido. Ese modo de resolver no abastece debidamente lo dispuesto en el artículo 161 incs. 1 y 2 del C.P.C.C.
No obstante, más allá de lo expuesto por el apelante en el recurso en tratamiento, no se encuentra en principio acreditada suficientemente la verosimilitud del derecho, pues tratándose de una acción de daños y perjuicios, no ha sido aún resuelta la obligación de la demandada de abonar las sumas de dinero que la actora le reclama en tal concepto indemnización, ni puede considerase en forma primaria que aquélla deba ser condenada en el juicio, pues esa responsabilidad debe ser decidida en este proceso de conocimiento.
En muchas ocasiones la verosimilitud surge en forma clara, como ser la existencia de documentación, rebeldía del accionado o confesión del mismo, o el dictado de una sentencia, aunque sea recurrida, pero en otros supuestos será necesaria una investigación del derecho mediante una cognición cautelar que se limita a un juicio de probabilidades. Ello tiene como límite el prejuzgamiento. En otras palabras, las medidas precautorias no pueden decretarse cuando el derecho que se pretende resguardar depende necesariamente de una sentencia previa que lo reconozca y declare su exigibilidad, como lo es en el presente caso (cfme. Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos…”; Segunda Edición Reelaborada y Ampliada, T° II-C, pág. 523/524, jurisp. allí citada).
Es por estos exclusivos argumentos que el escueto auto apelado debe ser confirmado.
POR ELLO, en virtud de las consideraciones que antecede, se confirma el auto del día 11/12/2018, sin imposición de costas (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.); asimismo, por los exclusivos motivos aquí desarrollados, se confirma el auto del día 18/8/2020, sin costas (arg. artículo precitado). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia