Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 142116
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la apelada resolución del 02/02/2026, en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios; con costas de Alzada a la recurrente vencida “Telefónica Móviles Argentina S.A.”.
Causa: 142116
La Plata, 10 de Marzo de 2026.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Mediante la resolución del 02/02/2026, la Magistrada de la anterior instancia receptó el dictamen del Ministerio Público Fiscal, y admitió el encuadramiento del presente litigio en el marco de la ley de defensa del consumidor.
En consecuencia, otorgó a la actora Cecilia Andrea Fernández Lisso el beneficio de gratuidad previsto en los arts. 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133, que consideró de aplicación automática; y señaló que carecía de virtualidad la continuación del trámite del expediente "Fernandez Lisso, Cecilia Andrea s/ beneficio de litigar sin gastos" - Expte. N°63.982.
Contra esa forma de decidir, se alzó el letrado Manuel Ernesto Larrondo (en el carácter de apoderado de la demandada “Telefónica Móviles Argentina S.A.”), a través del recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto el 04/02/2026; cuyo traslado conferido el 05/02/2026, fue replicado por la aludida accionante Cecilia Andrea Fernández Lisso en el escrito del 09/02/2026.
En el decisorio del 11/02/2026 fue rechazado el primero de los remedios, y concedido el segundo.
Con fecha 26/02/2026 dictaminó el Fiscal de Cámaras Departamental, habiendo aconsejado la confirmación del pronunciamiento impugnado.
2.1 El apelante se agravió respecto de la concesión automática del beneficio de gratuidad a la actora, por haber resultado prematura y arbitraria; dado que la existencia de una relación de consumo entre las partes era un hecho controvertido y aún no probado.
Adujo que el resolutorio atacado no había explicitado el fundamento fáctico por el cual el reclamo de la demandante pudiera encontrarse amparado por el estatuto del consumidor.
Añadió que la propia accionante había basado su pretensión indemnizatoria en el marco de la responsabilidad civil extracontractual del Código Civil y Comercial.
Criticó la apresurada admisión del encuadramiento de este litigio dentro de la ley consumeril, en razón de hallarse prueba pendiente de producción en un incidente separado.
2.2 Luego, afirmó que el art. 53 de la ley 24.240 prescribía que la parte demandada se encontraba facultada para acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso habría de cesar el beneficio de justicia gratuita.
Señaló que el fallo recurrido había autoritariamente decretado el cese del beneficio de litigar sin gastos que había sido promovido por la contraria, y que tramitaba de manera autónoma; a más de que su mandante nunca había sido notificada para que tomara intervención en dicho expediente.
En ese sentido, argumentó que la clausura de este incidente le privaba a su poderdante de toda posibilidad de demostrar los recursos y los bienes que poseía su contendiente; por lo que se había afectado el derecho de defensa en juicio de aquélla.
Refirió que según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debía efectuarse un examen particularizado para determinar si se configuraban los presupuestos exigidos para el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos; a la par de que tal instituto era de interpretación restrictiva.
Finalmente, manifestó que la validación de la franquicia de gratuidad en favor de la actora, importaría la imposibilidad de recuperar los gastos del juicio y, por ende, la conculcación del derecho de propiedad de la accionada.
2.3 Asimismo, se quejó en torno a la alteración implícita del tipo de proceso bajo el que habría de tramitar el conflicto, en función de que el decisorio impugnado había aludido a la aplicación de la ley 13.133.
Afirmó que inicialmente se había dispuesto la vía sumaria; en tanto que el art. 23 de la mencionada normativa imponía la sumarísima.
Postuló que este cambio repentino en la estructura del juicio lesionaba la seguridad jurídica y el derecho de defensa de su representada; toda vez que el proceso sumarísimo reducía a la mitad los plazos para contestar los traslados y fundar los recursos, y restringía severamente la apelabilidad de las resoluciones interlocutorias.
3.1 Encuadre legal provisorio de los hechos
Inicialmente, se impone recordar que la Suprema Corte de Justicia Provincial ha dicho que corresponde a los jueces determinar el encuadramiento legal de los hechos alegados por las partes -con prescindencia del derecho invocado por éstos- en tanto no se altere la relación procesal (conf. SCBA LP Ac 36562 S 04/11/1986, SCBA LP Ac 41982 S 04/12/1990, SCBA LP Ac 57592 S 28/05/1996, SCBA LP Ac 83161 S 09/12/2004, SCBA LP C 101284 S 16/12/2009).
En este sendero, del escrito de demanda y de la documentación acompañada surge que la actora invocó su calidad de consumidora de los servicios brindados por la demandada; en tanto que el origen del reclamo se sustenta -al menos parcialmente- en dicha relación de consumo, la cual fuera negada por la parte demandada.
Así entonces, ante la duda acerca del carácter del vínculo jurídico entre las partes, y con prescindencia de lo que se decida respecto de la aplicación de la ley consumeril al juzgarse el fondo del asunto; es lo cierto que, en este estadío procesal, cabe presumir la condición de consumidora de la accionante y la relación de igual naturaleza con la contraria, por aplicación del principio “in dubio pro consumidor”, y en aras de favorecer el acceso a la justicia (arts. 75 inc. 22 y 114 Const. Nac; 8 y 25 CADH; 3 ley 24.240; 7, 1.092, 1.094 y cctes. Cód. Civ. Com.).
Por tanto, resulta adecuado y razonable el provisorio encuadre legal de los hechos efectuado por la Jueza de la instancia previa; sin perjuicio de lo que se resuelva al momento del dictado de la sentencia definitiva.
A ese respecto, se ha decidido que en virtud del referido principio “in dubio pro consumidor” que gobierna la materia consumeril, ante supuestos en los que no surja inequívoca la existencia de una relación de consumo, o su presencia pueda resultar dudosa y requiera de un examen circunstanciado que la determine -y más allá de que finalmente se desestime la pretensión por no verificarse dicho vínculo-; la cuestión deberá ser dirimida a la luz de la citada directriz, con las consecuencias que se derivan de ello en los distintos ámbitos, entre los que cabe incluir, obviamente, al beneficio de justicia gratuita (conf. CSJN, Fallos: 344:3095, sent. del 28/10/2021, “A.C.U.D.E.N. c/ Banco Provincia del Neuquén s/ daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual”, Considerando 5° del voto del Dr. Horacio Rosatti).
En esa inteligencia, es dable señalar que la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo (conf. CSJN, Fallos: 338:1344, sent. del 24/11/2015, “Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa c/ Nación Seguros S.A. s/ ordinario”; esta Sala, causas 138879 RS 545 S 17/12/2024, 140454 RS 250/25 S 15/07/2025).
Es decir, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica pudieran comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional (conf. prec. ref.).
De ahí que el beneficio de gratuidad previsto por las normas protectoras de los consumidores (arts. 53 ley 24.240 y 25 ley 13.133), es otorgado por ministerio de la ley, y no por el juez o jueza de la instancia anterior, al margen de cualquier petición de parte para su otorgamiento (conf. esta Sala, causas 138879 RS 545 S 17/12/2024, 140454 RS 250/25 S 15/07/2025).
En esa dirección, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la ley 24.240 no requiere a quien demanda en el marco de sus prescripciones, la demostración de una situación de pobreza para otorgar el beneficio, sino que se lo concede automáticamente (conf. CSJN, Fallos 344:2835, sent. del 14/10/2021, “ADDUC y otros c/ AYSA SA y otro s/ proceso de conocimiento; "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ Telefónica de Argentina SA s/ beneficio de litigar sin gastos", COM 21598/2018/1/RH1, sent. del 23/02/2023).
Bajo tales premisas, cuadra considerar que la acción entablada se halla -en principio- protegida por la gratuidad prevista en los arts. 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133; debiéndose aplicar, pues, transitoriamente dicho beneficio, hasta tanto se determine la calidad o no de consumidora por parte de la accionante (conf. CNCom, Sala B, 18/05/2023, “Kopar S.A. c/ Banco Itaú Argentina S.A. s/ ordinario” - Expte. N°30424/2022).
3.2 Inexistencia de virtualidad jurídica del incidente de beneficio de litigar sin gastos
En segundo lugar, tampoco es de recibo el agravio vinculado con la alegada afectación del derecho a la defensa en juicio de la quejosa, ante el supuesto impedimento de acreditación de la condición económica de la demandante, con motivo de la pérdida de virtualidad del trámite de las actuaciones "Fernández Lisso, Cecilia Andrea s/ beneficio de litigar sin gastos" - Expte. N°63.982, que fuera indicada en el decisorio en crisis.
Es que si bien el beneficio de justicia gratuita regulado por la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, es una figura autónoma del beneficio de litigar sin gastos contemplado en el ordenamiento procesal; es lo cierto que resulta igual en sus alcances a este último, dado que exime al beneficiario de los mismos gastos y costas del proceso (conf. esta Sala, causa 138879 RS 545 S 17/12/2024).
En el mismo sentido, se ha pronunciado el Cimero Tribunal de Justicia Nacional (conf. CSJN, Fallos: 344:2835, sent. del 14/10/2021, “ADDUC y otros c/ AySA SA y otros s/ proceso de conocimiento").
A su vez, la gratuidad prescripta por el art. 25 de la ley 13.133, no se limita a la exención del pago de la tasa de justicia, sino a toda "imposición económica"; por lo que también debe comprenderse con los efectos análogos al beneficio de litigar sin gastos (conf. esta Sala, causas 120958 RSI 240/16 S 29/11/2016; 138879 RS 545 S 17/12/2024, 140454 RS 250/25 S 15/07/2025).
En ese orden de ideas, el Máximo Tribunal de Justicia Bonaerense ha sostenido que el ejercicio de las acciones judiciales contempladas en la Ley de Defensa del Consumidor en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires goza de gratuidad plena, lo que importa la eximición -para tales legitimados activos- del pago de toda tasa, contribución u otra imposición económica local, extendiéndose la franquicia -por regla- a los gastos y costas procesales (conf. SCBA LP 121973 RS 30/2023 S 29/09/2023; SCBA LP I 71551 RSI-436-25 I 17/07/2025).
Sin embargo, se reitera que el referido beneficio de justicia gratuita no se confunde con el de litigar sin gastos, desde que el primero no depende de instancia o pedido de parte, es definitivo y no provisional, no se acuerda a las resultas del pleito (pues la ley lo contempla para todas las acciones iniciadas y aprehende necesariamente la gratuidad de todos los gastos de justicia), y no está sujeto a la condición resolutoria de que el beneficiario mejore de fortuna (conf. doctrina y juris. cit.).
Por consiguiente, siendo que la actora Fernández Lisso goza de las franquicias establecidas en los arts. 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133; deviene innecesaria la prosecución del mentado incidente de beneficio de litigar sin gastos otrora iniciado por aquélla, en función de sus efectos o alcances análogos.
Ello así, sin perjuicio de la facultad de la demandada “Telefónica Móviles Argentina S.A.” de promover el incidente de solvencia en los términos del citado art. 53 de la normativa nacional de protección del consumidor, para obtener el cese del beneficio de justicia gratuita, en caso de considerarse que la accionante posee recursos suficientes para soportar los costos del proceso.
De este modo, no se aprecia la invocada violación de los derechos de propiedad y de defensa en juicio de la legitimada pasiva; dada la potestad de la recurrente de comprobar la capacidad económica de la demandante, tal como fuera reconocido en el propio intento revisor.
3.3 Falta de modificación del tipo de proceso. Ausencia de agravio
Por último, ha de subrayarse que el proveído impugnado del 02/02/2026 no modificó implícitamente la vía sumaria impresa en la providencia del 06/11/2025, tal como lo refirió el apelante en su escrito recursivo.
Antes bien, allí únicamente se subsumió la plataforma fáctica dentro de las normas de tutela del consumidor, y se dispuso la consecuente aplicación automática del beneficio de gratuidad o justicia gratuita, contemplado en los arts. 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133
Por ende, en la especie no se advierte que lo decidido le cause algún agravio a la impugnante, puesto que la mutación implícita del tipo de trámite de la causa no ha pasado de ser una mera conjetura de la accionada.
En esa línea, se impone remarcar que constituye un presupuesto visceral de todo planteo revisor, la existencia de agravios ciertos y actuales que generen perjuicios concretos en la posición del quejoso.
Es que así como no hay acción sin interés, tampoco existe recurso sin agravio. Es decir, constituye un presupuesto subjetivo de admisibilidad del recurso de apelación que quien lo interponga sufra un perjuicio o gravamen específico, concreto e irreparable.
3.4 Decisión
En función de todo lo antes expuesto, corresponde confirmar la apelada resolución del 02/02/2026, en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios (arts. 18, 42, 75 inc. 22 y 114 Const. Nac; 8 y 25 CADH; 15 y 38 Const. Pcia. Bs. As; 3 y 53 ley 24.240; 7, 1.092, 1.094 y cctes. Cód. Civ. Com; 25 ley 13.133; 163, 164, 242, 246, 260, 266, 270 y cctes. CPCC).
Respecto de las costas de Alzada, deben imponerse a la recurrente “Telefónica Móviles Argentina S.A.”, dado que reviste la objetiva condición de vencida (arts. 68 y 69 del CPCC).
POR ELLO, fundamentos expuestos y de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal de Cámaras Departamental, se confirma la apelada resolución del 02/02/2026, en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios; con costas de Alzada a la recurrente vencida “Telefónica Móviles Argentina S.A.”. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia