Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75988
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le devolverá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
B.75.988 "SCARIMBOLO MARTIN C/ BURKE DANIEL MARIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO). --COMFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—"
La Plata, 25 de septiembre de 2019.
I. Martín Scarimbolo promovió una demanda de daños y perjuicios contra Daniel Mario Burke, Héctor Manuel Días, la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires y su Directorio, con el objeto de obtener un resarcimiento por la discriminación electoral que alega haber sufrido al habérsele prohibido participar, por su condición de jubilado, en los comicios que se llevaran a cabo para la elección de autoridades de dicho ente previsional.
Alega que el reclamo tiene como sustento lo confirmado por esta Corte en la causa A. 73.506, "Scarimbolo", sent. de 22-III-2017, en la cual se resolvió rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la referida Caja contra la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, que revocó la decisión del Tribunal en lo Criminal N°3 departamental y condenó a la demandada a reconocer el derecho a voto de todos los abogados jubilados bajo el régimen de la ley 6716.
En razón de ello, entiende que la conducta descripta encuadra en las disposiciones de la ley 23.592 sobre actos discriminatorios y, en consecuencia, solicita se lo indemnice por los daños ocasionados.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuya titular se inhibió de conocer en el asunto en la inteligencia de que la controversia subsumía en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa (art. 2 inc. 4, CCA).
De tal manera, el expediente pasó al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental; sin embargo, su magistrado se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada. Para así decidir, consideró que las controversias referidas a la responsabilidad patrimonial de los entes públicos no estatales se encuentran excluidas del conocimiento de los tribunales del fuero especializado y que, eventualmente, el caso no se hallaba regido por normas de derecho público. Por tal motivo, estimó que no estaba plenamente justificada su intervención en autos (fs. 38/39).
En función de esto último, dio por configurada la contienda negativa y procedió a someterla ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. El art. 2 inc. 3 de la ley 12.008 menciona entre las controversias incluidas dentro de la competencia contencioso administrativa “[a]quéllas en las que sea parte una persona pública no estatal, cuando actúe en el ejercicio de prerrogativas regidas por el derecho administrativo”. La codemandada, cuadra resaltar, ha sido establecida por el legislador como un sujeto dotado "…con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público..." (art. 1, ley 6716; cfr. causa B. 74.116, “Arosteguy”, resol. de 11-V-2016).
Si bien esa clase de entidades, dada su particular condición, despliegan la generalidad de su actividad bajo el derecho privado por lo cual no se la presume realizada en el ejercicio de funciones administrativas, ni regida por el derecho administrativo (arg. art. 1 inc. 2 a contrario , CCA; doctr. causas B. 72.105, “Loustaunau”, resol. de 26-XII-2012 y B. 72.063 “De Angeli”, resol. de 24-IV-2013), tal inferencia naturalmente cede frente al supuesto bajo examen, atravesado por la función administrativa reconocida a la Caja para otorgar los beneficios de la seguridad social a los profesionales de la abogacía (conf. arts. 39 inc. 3 y 40, Const. prov.; 2, ley 6716).
V. Como quedó explicitado, en la especie un abogado jubilado promovió demanda de daños y perjuicios contra la accionada a fin de obtener una reparación por el daño moral y “electoral” ( sic ) que le habría ocasionado la reglamentación por la cual se lo privó a él y a otros letrados en igual condición de participar en la elección de los miembros del Directorio de la Caja profesional –cuya función no es otra que el gobierno y administración del patrimonio del ente-, conducta que una cámara de apelaciones cuya sentencia quedó firme consideró reñida con garantías fundamentales (v. fs. 34).
Siendo así, independientemente de las normas invocadas por el actor para fundar su pretensión, con la provisionalidad inherente a esta etapa del proceso es posible concluir que el presente juicio de responsabilidad habrá de dirimirse por aplicación primaria de normas y principios de derecho público, cuyo conocimiento –como regla- se encuentra atribuido a los jueces del fuero contencioso administrativo (cfr. doctr. causas B. 69.681, "Vitale de Carlino", resol. de 17-VI-2009; B. 70.174, "Cavenaghi", resol. de 14-X-2009; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.483, “Proconsumer”, resol. de 22-II-2017; e.o.).
No altera dicha solución el hecho de que también se accione patrimonialmente contra los directivos de la Caja de Abogados a título individual. Como reiteradas veces se ha resuelto, la determinación del límite entre la falta de servicio y la falta personal con ocasión del desempeño de la función administrativa, por su especialización material, resulta una tarea propia de los jueces en lo contencioso administrativo (doctr. causas B. 72.467, "Pilone", resol. de 5-III-2014; B. 73.534, "Valdéz", resol. de 15-VII-2015; B. 74.305, "Llamosas", resol. de 26-X-2016; B. 74.344, "Aguiar", resol. de 21-XII-2016; B. 74.520, "Correa", resol. de 29-III-2017; B. 74.544, "Villanueva", resol. de 7-VI-2017 y B. 75.782, “Cosentino”, resol. de 22-V-2019).
VI. Por todo lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que intervenga en la controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le devolverá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Hágase saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 departamental.
Regístrese y ofíciese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 476
Fin de la sentencia