Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76889
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de San Nicolás (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se le devolverá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Mediante oficio, hágase saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
B.76.889 “ALBORNOZ MARISOL SUSANA C/ FUNDACION NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12008”
I. Susana Marisol Albornoz y Raúl Armando Albornoz dedujeron una pretensión contra la Fundación "Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás SA", el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, el Distrito VI del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, la compañía "TPC Seguros SA" -citada en garantía- y Guillermo Iván Chauderón, con el objeto de obtener una indemnización por los daños y perjuicios padecidos por el fallecimiento de quien en vida fuera su padre.
Ponen de manifiesto que, debido al cuadro de cirrosis que lo afectaba en los últimos años, el causante habría ingresado en el nosocomio el día 2 de octubre de 2017 y que la deficiente atención médica allí recibida derivó en su deceso el día 21 de octubre de 2017 (fs. 64/90 y vta.).
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de San Nicolás. Su juez, tras intimar a la parte actora a que digitalizara la demanda y de que ésta formulara el desistimiento de su pretensión en relación al PAMI, se inhibió de conocer en el asunto. Ello, en la inteligencia de que la acción se dirige -entre otros- contra dos entes paraestatales, a los cuales se les han transferido potestades públicas y que por ello, en ocasión de la "...falta de servicio" que alegan los actores, la cuestión subsume en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa. Por ende, ordenó remitir los obrados, previa comunicación a la Receptoría General de Expedientes departamental, al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental (fs. 96/98 y vta.).
A su turno, la titular de este juzgado se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada. Para así decidir, consideró que las controversias referidas a la responsabilidad patrimonial de los entes públicos no estatales se encuentran excluidas del conocimiento de los tribunales del fuero especializado y que el caso se encuentra regido por normas de derecho privado, toda vez que la acción no se orienta a dilucidar la eventual matriculación del señor Chauderón, único supuesto en el que podría hallarse comprometido el ejercicio de funciones administrativas. Por tal motivo, estimó que no estaba plenamente justificada su intervención en autos.
Con este decisorio quedó configurada formalmente la contienda negativa de competencia, elevada a esta Corte a fin de que la dirima de conformidad con la facultad que le otorga el art. 7 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo (fs. 104/107 y vta.).
III. Al respecto, cabe comenzar señalando que de la exégesis gramatical circunscripta únicamente al texto del art. 2 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo es posible arribar a la conclusión de la imposibilidad de canalizar ante el fuero especializado una demanda tendiente a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de una persona pública no estatal -como en la presente litis , la de un colegio profesional-, puesto que tales entes no se hallan expresamente mencionados en dicha norma.
Empero, una recta hermenéutica del precepto requiere acudir a las previsiones contempladas en el art. 2 inc. 3 de aquel cuerpo normativo, que incluye las causas en las cuales "...sea parte una persona pública no estatal, cuando actúe en el ejercicio de prerrogativas regidas por el derecho administrativo"; esto es, en los supuestos en los que la controversia se encuentre regulada por el derecho público.
Ahora bien, de lo expuesto se colige que no habrá lugar a la conformación de un caso contencioso administrativo cuando, para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de una persona pública no estatal, se deba recurrir a normas de derecho privado mediante el método de integración analógica al que alude el art. 2 inc. 4, puesto que, como se señaló anteriormente, dicho precepto no alcanza a las personas públicas no estatales.
El fundamento de esta exclusión reside principalmente en la circunstancia de que la institución colegial, dada su condición de ente no estatal, despliega la generalidad de su actividad bajo el derecho privado, por lo cual, no se la presume realizada en el ejercicio de funciones administrativas, ni regida por el derecho administrativo (art. 1 inc. 2, a contrario, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causas B. 72.105, "Loustaunau", resol. de 26-XII-2012; B. 72.063, "De Angeli", resol. de 24-IV-2013; B. 72.541, "Juarez", resol. de 18-IX-2013 y B. 76.295, "Bacoñsky", resol. de 12-II-2020).
IV. Sentado ello, de las constancias obrantes en autos se observa que quienes accionan fundan su reclamo de manera predominante en normas de derecho privado, pretendiendo obtener una indemnización por los daños que le habrían generado el obrar negligente del señor Chauderón y que supuestamente provocó el fallecimiento de quien en vida fuera su padre.
Desde esa perspectiva, es dable concluir que en el caso no se encuentra comprometida la competencia del fuero especializado, toda vez que para discernir la contienda respecto de la eventual responsabilidad patrimonial que podría caberle a los demandados habrá de acudirse, principalmente, a normas o principios generales del derecho común. Siendo así, la causa queda excluida de las reglas básicas –generales o especiales- que diagraman la jurisdicción contencioso administrativa (art. 2 incs. 3 y 4, CCA).
V. Por lo expuesto, de acuerdo a las premisas reseñadas, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de San Nicolás el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de San Nicolás (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se le devolverá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Mediante oficio, hágase saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/05/2021 19:19:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 19:10:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2021 12:47:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 13:45:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 16:43:19 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia