Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77839 P
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el que, a sus efectos, se radicará electrónicamente el expediente (art. 7 inc. 1, CCA).
Líbrese oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 departamental para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
B.77.839-P “MASSIMILIANI ANDREA ALICIA C/ ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) - CUESTIÓN DE COMPENTENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. Andrea Alicia Massimiliani dedujo una pretensión indemnizatoria contra la empresa Arcos Dorados SA, con miras a obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios que asegura haber padecido como consecuencia del accidente ocurrido el día 14 de marzo de 2017, cuando caminaba por la vereda de la calle Güemes a la altura N°2853/55 de la ciudad de Mar del Plata y tropezó y cayó al suelo a causa del estado de la vereda de una de las sucursales de la aludida firma (v. segundo documento adunado al escrito electrónico de fecha 1-VII-2019).
II. Las actuaciones fueron asignadas, sorteo mediante, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 de aquella jurisdicción territorial, cuya titular ordenó correr traslado de la demanda (v. despacho electrónico de fecha 3-VII-2019).
En oportunidad de responderla, la demandada requirió, en los términos del artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial, la citación en carácter de tercero de la Municipalidad de General Pueyrredon por considerarla responsable del cuidado de las veredas que conforman la vía pública (conf. art. 192 inc. 4, Const. prov.; ver presentación electrónica de fecha 11-III-2020). Cabe señalar que tal requerimiento fue rechazado por la jueza actuante, ya que no advirtió comprobadas aquellas circunstancias que justificaban la intervención en autos de dicha comuna (v. sent. interlocutoria de fecha 19-II-2021).
Frente a ese decisorio, la demandada interpuso un recurso de apelación, el cual, tras ser concedido por la funcionaria actuante, recayó en la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental.
A su turno, sus integrantes, al estimar que se encontraban cumplidos "...los recaudos mínimos que determinan la viabilidad de la citación de terceros", revocaron lo decidido en la instancia de grado (según surge de la sentencia definitiva de fecha 20-V-2021 consultada en la MEV).
De esta manera fue que el municipio compareció al litigio oponiendo, juntamente con la de falta de legitimación pasiva, una excepción de incompetencia, por considerar que el juicio debía tramitar ante el fuero contencioso administrativo, toda vez que se trataba de un caso en el que se pretendía hacer efectiva la responsabilidad estatal de una de las personas enumeradas en el artículo 166 in fine de la Constitución provincial (arts. 1, 2 inc. 4 y 12 inc. 3, CCA; v. escrito electrónico de fecha 6-VIII-2021).
Al expedirse sobre esta incidencia, la magistrada en lo civil y comercial hizo lugar a la defensa articulada, por lo que ordenó la remisión de los actuados a la Receptoría General de Expedientes departamental, a los efectos de que sean sorteados entre los órganos del fuero especializado en derecho público (v. resol. electrónica de fecha 29-X-2021).
Desinsaculado el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de aquel mismo departamento judicial, su titular declinó la competencia que le fuera atribuida por entender que la mera citación en calidad de tercero del municipio no implicaba su intervención como parte en el proceso.
Por lo tanto, en atención a las consideraciones formuladas, planteó una contienda negativa de competencia, disponiendo su sometimiento ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del artículo 7 inciso 1 de la ley 12.008 (v. sent. interlocutoria de fecha 16-II-2022).
III. El artículo 166 in fine de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regidas por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 inc. 1, CCA).
IV. Sobre la base de esas directrices y solo suponiendo la intervención del municipio en el pleito, cabe concluir que el presente subsume en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa, en tanto la confrontación involucra en su estado actual a la Municipalidad de General Pueyrredon por la presunta omisión en la que habría incurrido en velar por el buen estado de conservación de la acera. Todo lo cual se vincula con el ejercicio de funciones administrativas ligadas la conservación de las calles, veredas y sitios públicos, como así también, al tránsito peatonal (cfr. arts. 27 incs. 2, 5, 8 y 18, 226 inc. 6 y concs., LOM y doctr. causas B. 69.569, "Fredes", resol. de 10-IX-2008; B. 70.097, "Spur", resol. de 13-V-2009; B. 71.286, "Sánchez", resol. de 18-IV-2011 y B. 74.158, "Torrado", resol. de 4-V-2016).
De allí que, sin perjuicio de la óptica con la que habrá de juzgarse a la sociedad litigante, en esta parcela la cuestión debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (art. 2 inc. 4, CCA; doctr. causa B. 77.208, "Campuzano", resol. de 22-IX-2021 y sus citas), pues se trata esencialmente de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial derivada del presuntamente irregular o defectuoso cumplimiento de ciertos cometidos municipales.
V. En vista de las consideraciones expuestas, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata para que continúe interviniendo en el proceso (doctr. causa B. 72.777, "De Urquiza", resol. de 23-XII-2013).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el que, a sus efectos, se radicará electrónicamente el expediente (art. 7 inc. 1, CCA).
Líbrese oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 departamental para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/06/2022 16:43:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 18:21:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2022 08:58:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:37:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:49:51 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/06/2022 11:03:26 hs. bajo el número RR-611-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia