Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78689
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para seguir interviniendo en el asunto. Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite (cfr. art. 161 inc. 2, Const. prov.).
B.78.689 “GRIECO JORGE HORACIO C/ HUANG YICAI S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-“
I. El señor Jorge Horacio Grieco promueve una demanda contra el señor Huang Yicai a los fines de obtener una indemnización por los daños y perjuicios que dice haber padecido como consecuencia del accidente que sufrió el día 26-XI-2016.
En lo concerniente a los hechos, relata que en la fecha señalada, al salir del supermercado de propiedad del demandado, resbaló por una rampa que unía el acceso del local con la vereda. Puntualiza que a raíz de la caída se le fracturaron seis costillas, lo que lo obligó a guardar reposo por alrededor de tres meses.
Señala que a pesar de haberse recuperado tras numerosos tratamientos médicos -que, aclara, estuvieron parcialmente cubiertos por el señor Yicai-, las secuelas que trajo aparejadas el infortunio le impiden desplazarse con normalidad.
En el plano argumental, funda su reclamo en los artículos 5, 40 y concordantes de la ley 24.240. En este orden de ideas, pretende que, al tratarse de una relación de consumo, se aplique en su favor la presunción de responsabilidad del proveedor de un bien o servicio.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.
Cabe resaltar que, una vez conferido el traslado de la demanda, la parte demandada requirió -en los términos del artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial- la citación en carácter de tercero de la Municipalidad de Lanús, por haber acaecido el hecho denunciado en la vía pública (v. escrito electrónico de 3-II-2020).
Frente a ello, el magistrado actuante dio curso a la intervención peticionada (v. proveído de 17-IV-2020).
Fue en ese marco que, en fecha 5-VIII-2020, el apoderado de la comuna citada interpuso una excepción de incompetencia, aduciendo que, dada la materia sobre la cual versaba la controversia, los presentes autos debían tramitar ante el fuero contencioso administrativo.
El juez interviniente acogió el planteo y, por consiguiente, se declaró incompetente para continuar conociendo en el asunto; ello, en atención a lo reglado en el artículo 2 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. En consecuencia, dispuso la remisión de las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes departamental para que fueran nuevamente sorteadas (v. resol. de 3-XI-2022).
Es así que tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de aquel departamento judicial. Sin embargo, el juez a cargo de dicho órgano se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada arguyendo que, de acuerdo al modo en que fueron relatados los hechos en la demanda, no se hallaba comprometida la responsabilidad patrimonial de la comuna; en particular, sostuvo que, habida cuenta de la naturaleza del vínculo que unía a las partes, el pleito debía resolverse aplicando normas propias del derecho privado (v. resol. de 11-IV-2023).
Por consiguiente, planteó formalmente la contienda negativa y elevó los obrados a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el artículo 7 inciso 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. El artículo 166 in fine de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a esas normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. Prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de dichos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de tales funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, CCA).
IV. Sobre la base de esas directrices cabe concluir que el presente subsume en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa, en tanto la confrontación involucra en su estado actual a la Municipalidad de Lanús por la presunta omisión en la que habría incurrido en velar por el adecuado estado de conservación de la acera. Todo lo cual se vincula con el ejercicio de funciones administrativas ligadas la conservación de las calles, veredas y sitios públicos, como así también, al tránsito peatonal (cfr. arts. 27 incs. 2, 5, 8 y 18, 226 inc. 6 y concs., LOM y doctr. causas B. 69.569, "Fredes", resol. de 10-IX-2008; B. 70.097, "Spur", resol. de 13-V-2009; B. 71.286, "Sánchez", resol. de 18-IV-2011; B. 74.158, "Torrado", resol. de 4-V-2016 y B. 77.944, "Belotti", resol. de 10-VI-2022).
De allí que, sin perjuicio de la óptica con la que habrá de juzgarse al demandado Huang Yicai, en esta parcela la cuestión debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (art. 2 inc. 4, CCA; doctr. causas B. 77.208, "Campuzano", resol. de 22-IX-2021 y sus citas y B. 77.944, cit.), pues se trata esencialmente de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial derivada del presuntamente irregular o defectuoso cumplimiento de ciertos cometidos municipales.
V. En vista de las consideraciones expuestas, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, para que continúe interviniendo en el proceso (doctr. causa B. 72.777, "De Urquiza", resol. de 23-XII-2013).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para seguir interviniendo en el asunto. Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite (cfr. art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2023 10:09:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2023 12:29:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 09:46:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 12:51:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 17:11:23 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2023 17:24:51 hs. bajo el número RR-728-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia