Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79572
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, y de manera electrónica, se radicarán las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto.
Hacer saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 departamental.
B.79.572 "COCCOLA NATALIA LORENA Y OTRO C/ FEDERACION DE BASQUETBOL DEL AREA METROPOLITANA DE BS. AS. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM. /ESTADO) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. Natalia Lorena Coccola promueve demanda contra la Municipalidad de Avellaneda, el Polideportivo Municipal Real Gonnet de Wilde, la Federación de Básquetbol del Área Metropolitana de Buenos Aires (FEBAMBA), Nicolás Lucía -en su carácter de coordinador deportivo comunal- y/o contra quien resulta civilmente responsable, con miras a obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de la falta de atención sanitaria que su hijo, Mirko Damián Rodríguez Coccola, sufriera a raíz de una lesión producida durante un partido de básquetbol en el que jugaba representando a la Municipalidad de Avellaneda, y cuya organización -según refiere- estuvo a cargo de las tres demandadas mencionadas en primer término.
Frente a ello, solicita que se cite en garantía a las compañías Berkley International Seguros SA e Integrity Seguros Argentina SA (art. 118, ley 17.418) -ver segundo documento adunado al escrito electrónico de fecha 2-VI-2023-.
II. La causa fue iniciada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, cuyo titular confirió traslado de la demanda (v. despacho electrónico de fecha 11-VII-2023).
En oportunidad de responderla, las respectivas aseguradoras, así como posteriormente la segunda y la tercera de las demandadas, opusieron excepción de falta de legitimación pasiva (véanse escritos electrónicos de fecha 14-VIII-2023, 15-VIII-2023, 24-VIII-2023 y 10-IX-2023).
Por su parte, el apoderado comunal -en nombre de la entidad deportiva local como del propio municipio demandado-, articuló, además de una defensa de falta de legitimación, una excepción de incompetencia (v. presentación electrónica de fecha 15-XI-2023), en cuya virtud el juez actuante, después de que la parte actora consintiera este último planteo (v. escrito electrónico de fecha 13-III-2024), se inhibió a favor del fuero en lo contencioso administrativo. Esto así, ya que consideró que el representante municipal estaba en lo cierto, toda vez que la de autos era una controversia donde se procuraba hacer efectiva la responsabilidad patrimonial estatal y que, por tal motivo, subsumía en la prescripción normativa del art. 2 inc. 4 de la ley 12.008 (v. sent. interlocutoria de fecha 12-IV-2024).
De ese modo, las actuaciones fueron asignadas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Sin embargo, el titular del organismo resistió la atribución de competencia que se le había endilgado, considerando, conforme los hechos narrados y el derecho invocado por la reclamante, que el pleito se encontraba enmarcado en la regla de exclusión contemplada en el art. 4 inc. 1 del código que rige el ordenamiento.
En razón de ello y arribando a la conclusión de que en el sub examine se debatía "...una presunta responsabilidad de la Municipalidad de Avellaneda como entidad participante de un espectáculo deportivo de carácter privado [...] que nada tiene que ver con una posible falta de servicio (de carácter administrativo)", planteó formalmente la contienda negativa, sometiéndola a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo (v. sent. interlocutoria de fecha 15-VIII-2024).
III. A fin de dirimir el presente conflicto, es dable recordar que para la determinación de la competencia corresponde atender, de modo principal, a la exposición de los hechos que la parte actora hace en la demanda y, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; A. 69.484, "Ferrero Argentino SA", resol. de 18-III-2009; B. 72.723, "Añón", resol. de 24-IV-2013; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; B. 76.135, "Castiñeira", resol. de 6-XI-2019; B. 76.368, "Casanova", resol. de 15-IV-2020; B. 76.381, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 2-IX-2020; B. 76.704, "Bello", resol. de 23-II-2021; CSJN Fallos: 309:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298).
Del relato efectuado por la demandante en su presentación inicial, surge que la pretensión deducida se endereza a obtener una indemnización por los daños y perjuicios presuntamente padecidos como consecuencia de un incidente ocurrido el día 31 de julio de 2019, durante la celebración de un partido amistoso de básquetbol, organizado en el Polideportivo Municipal Real Gonnet de Wilde en conjunto con la Municipalidad de Avellaneda y -supuestamente- por la FEBAMBA, en el que Mirko Damián Rodríguez Coccola -hijo de la actora y jugador del equipo comunal que disputaba el encuentro- sufriera una lesión, sin recibir la debida atención sanitaria.
IV. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
En consecuencia, el señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
V. Sobre la base de esas directrices, en esta etapa liminar del proceso es posible concluir que el presente subsume en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa, en tanto la confrontación involucra en su estado actual a la Municipalidad de Avellaneda por la presunta omisión en la que habría incurrido en su calidad de coorganizadora del evento durante el cual se produjo el hecho dañoso denunciado, por no tomar las medidas apropiadas para garantizar la atención adecuada ante el infortunio (doctr. causas B. 74.782, "Troche", resol. de 12-VII-2017; B. 76.150, "Bravo", resol. de 6-XI-2019 y B. 78.542, "Silva", resol. de 29-VIII-2023). Todo lo cual se vincula con el ejercicio de funciones administrativas ligadas a la seguridad de los participantes y espectadores de eventos públicos o deportivos auspiciados por la comuna (arg. art. 27 inc. 16, LOM; v. tmb. art. 27, ley 11.929 -texto según ley 12.529-).
De allí que, sin perjuicio de la óptica con la que habrá de juzgarse a los restantes codemandados, en esta parcela la cuestión debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 inc. 1 y 2 inc. 4, CCA; doctr. causas B. 72.777, "De Urquiza", resol. de 23-XII-2013; B. 72.915, "Iacono", resol. de 12-III-2014; B. 74.158 "Torrado", resol. de 4-V-2016; B. 74.805, "Díaz", resol. de 11-X.2017; B. 76.150 y B. 78.542, ambas cits.), pues se trata esencialmente de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial derivada del presuntamente irregular o defectuoso cumplimiento de ciertos cometidos municipales.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, y de manera electrónica, se radicarán las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto.
Hacer saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/11/2024 18:59:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 09:58:45 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 12:56:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/11/2024 10:19:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 13:40:04 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:47:31 hs. bajo el número RR-930-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia