Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79658
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca para seguir conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.79.658 "GARCIA, DENISE ANTONELLA Y OTROS C/ TRANSPORTE Y LOGÍSTICA S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. Ludmila Belén García, Denise Antonella Garcia, Leonardo Julián Garcia y Julieta Victoria Pérez Illesca promueven pretensión indemnizatoria contra las firmas Transporte y Logística SA, ADM Agro SRL, La Meridional Cía. Arg. de Seguros SA y Sancor Cooperativa de Seguros Ltda., con miras a obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de un hecho ocurrido el día 11 de septiembre de 2020, que resultó en el fallecimiento de Vicente Horacio García, quien en vida fuera padre y esposo de los demandantes, respectivamente.
Manifiestan que el accidente tuvo lugar en una playa de camiones administrada por la primera de las demandadas, cuando el a la postre difunto intentó aproximar un palo para correr la lona del vehículo que conducía, con el fin de hacer entrega de la mercadería que transportaba. Precisamente, fue en ese momento que -según narran- sufrió una descarga eléctrica de tal magnitud que lo desplazó del camión, causándole quemaduras severas en la mayoría de su cuerpo y provocándole una fractura en el cráneo, lo que finalmente ocasionó su deceso el 10 de diciembre de aquel año.
En tal sentido, consideran que una serie de irregularidades -ya advertidas anteriormente por los compañeros de trabajo del señor García, según afirman- dieron lugar al incidente, principalmente vinculadas a la "escasa altura de los cables de alta tensión que atravesaban la playa de camiones" y al "incumplimiento de normas de seguridad e higiene". Refieren que tales circunstancias motivaron, en su momento, el inicio de la IPP 015564-20/00, tramitada ante la Unidad de Defensa N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca (v. escrito electrónico de fecha 3-VIII-2023).
II. La causa fue iniciada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº7 de aquella jurisdicción territorial, cuya titular confirió traslado de la demanda y citó en garantía a las empresas La Meridional y Sancor, conforme lo dispuesto por el art. 118 de la ley 17.418 (v. despacho electrónico de fecha 11-IX-2023).
Interesa reseñar que, en su contestación, la empresa ADM Agro SRL solicitó -al igual que lo había hecho oportunamente su aseguradora (v. escrito electrónico de fecha 28-IX-2023)- que se citara en calidad de tercero a la firma Empresa Distribuidora de Energía SUR SA (EDES SA), "...por ser propietaria de la línea de tensión en cuestión y no cumplir con el reglamento que regula su actividad y disponer los cables a una distancia notablemente inferior a la reglamentación" (art. 94, CPCC) -v. presentación electrónica de fecha 28-IX-2023-.
Es así que, en fecha 7-II-2024, comparecieron al proceso los apoderados de EDES, oponiendo, juntamente con la de prescripción, una excepción de incompetencia, por cuanto la controversia de autos se suscita -en rigor- por "...una supuesta deficiencia imputable a la distribuidora en la ejecución del contrato de concesión del servicio de distribución de energía eléctrica en su área de concesión" (arts. 166, quinto párr., Const. prov.; 1 y 2 incs. 2 y 4, CCA).
Efectuado el correspondiente traslado de dichas excepciones, la jueza interviniente no acogió la defensa articulada por EDES, ya que -sostuvo- el daño reclamado se había originado por las "...irregularidades e incumplimiento de las normas de seguridad e higiene", y no en la prestación del servicio público del cual es concesionaria. Por otra parte -agregó-, esta última no había sido "...directamente demandada por la actora" (v. providencia electrónica de fecha 18-IV-2024).
Frente a esto se alzó la empresa EDES mediante recurso de apelación, el que fue elevado a la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental (v. proveído electrónico de fecha 26-IV-2024).
Sus integrantes, afirmando que -efectivamente- en autos se encontraba comprometida "...la responsabilidad de una empresa concesionaria de un servicio público", revocaron lo decidido en la instancia de grado (v. sent. interlocutoria de fecha 6-VIII-2024).
Devueltos los obrados al juzgado de origen, la magistrada a su cargo los pasó -conforme a lo resuelto por su tribunal de alzada- al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental (v. proveído electrónico de fecha 26-VIII-2024).
No obstante, este último se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada, al considerar, por un lado, que no se accionaba contra ninguno de los sujetos públicos mencionados en el art. 166, último párrafo, de la Constitución provincial; y, por el otro, que la mera citación en calidad de tercero de EDES SA no resultaba un motivo dirimente para suponer que se hallaba afectado el ámbito material atribuido al fuero contencioso administrativo. Del mismo modo, destacó que, en todo caso, "...las cuestiones relativas a la atribución de responsabilidad endilgada a la empresa prestataria [...], debe tramitar -oportunamente- en forma autónoma".
Al así decidir, planteó y elevó el conflicto de competencia que, en los términos del art. 7 inc. 1 del código adjetivo, esta Corte está llamada a resolver (v. sent. interlocutoria de fecha 23-IX-2024).
III.1. El Código Contencioso Administrativo confía a los órganos de dicho fuero la solución de las controversias "que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el derecho administrativo" (art. 2 inc. 2, CCA).
Aunque orientativo, esto no resulta derechamente aplicable en la especie, pues no sería atinado reputar que se esté aquí frente a ese tipo de situaciones en sentido estricto. Como se desprende del relato, el daño cuasi delictual que derivó en el fallecimiento de la víctima -y cuya indemnización es reclamada por sus derechohabientes- obviamente no se insertó en esa clase de relaciones jurídicas.
Pero sí es cierto que el mismo código establece el carácter meramente ejemplificativo de las enunciaciones que hace bajo el rótulo de casos comprendidos en la materia contencioso administrativa, aclarando que ella "no implica la exclusión del conocimiento por los tribunales contencioso-administrativos de otros casos regidos por el derecho administrativo" (art. 2 in fine , CCA; conf. doctr. causa B. 69.681, "Vitale de Carlino", resol. de 17-VI-2009).
III.2. Bajo esa premisa, independientemente del derecho invocado en la demanda, en autos se alega el incumplimiento de los deberes de seguridad que rigen en el marco de la prestación del servicio público de distribución de electricidad por parte de EDES SA, concesionado por la autoridad provincial (arg. doctr. causa B. 79.603, "Calbo", resol. de 13-II-2025). En particular, se cuestiona la escasa altura de los tendidos eléctricos que atravesaban la playa de camiones donde se habría producido el accidente, reputándola antirreglamentaria.
Esto último es revelador de que las particularidades del litigio implican adentrarse en el análisis de puntos presumiblemente técnicos regidos por el derecho administrativo (p. ej., el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, ley 11.769 y sus múltiples reglamentaciones), todo lo cual se encuentra confiado a los jueces especializados en derecho público (art. 2 in fine , CCA).
IV. Siendo así e independientemente de la óptica con la que habrá de juzgarse a los codemandados, incumbe a la jurisdicción contencioso administrativa dirimir la presente controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca para seguir conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº7 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2025 15:07:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2025 14:10:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/06/2025 10:39:06 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 10:35:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 13:46:34 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/06/2025 13:50:09 hs. bajo el número RR-291-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia