Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80999
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°11 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará el expediente para la prosecución de su trámite.
Hacer saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 de aquel departamento judicial, mediante oficio electrónico.
I. Liliana Graciela D'Archivio, Leandro Andres Maturano, Luis Alberto Vicente, Martín Horacio Gaviola, Ruben Anibal Mazzella, Susana Beider Traiman, Ruben Darío Ciantino y Romina Valeria Caminos, invocando su condición de taxistas de la ciudad de Mar del Plata, promueven demanda contra las firmas Uber International, Didi SA y Cabify SA con miras a obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que alegan padecer como consecuencia de la actividad —ilegal e ilícita, afirman— ejercida por "terceros conduciendo rodados con las aplicaciones de las aquí demandadas".
En esa dirección, sostienen que la Municipalidad de General Pueyrredon dictó la ordenanza 23.928/19, "...a través de la cual procedió a prohibir la utilización de aplicaciones en el servicio de transporte de pasajeros que carezca de habilitación, en todo el Partido la Municipalidad de General Pueyrredon", por lo que afirman que la actividad cuestionada configura una práctica de competencia desleal desarrollada al margen de lo previsto en dicha normativa y que les ocasiona un perjuicio económico traducido en la merma de sus ingresos.
A su turno, solicitan que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y, a título cautelar, peticionan "ordenar en carácter de acción preventiva a las empresas demandadas dedicadas al transporte de pasajeros en la modalidad descripta, cesar en el desarrollo de dicha actividad en el ámbito del Partido de General Pueyrredon" (v. escrito de inicio de 30-IV-2026).
II. La causa se inició ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N°11 departamental. Sin embargo, la magistrada a cargo de dicho órgano se declaró incompetente para intervenir en la litis tras ponderar que "si bien la parte actora procura encuadrar la presente como una acción de daños y perjuicios, de la lectura de los capítulos IV y V del escrito de inicio se advierte que la cuestión traída a conocimiento se encuentra sustancialmente vinculada al control del cumplimiento de normativa administrativa municipal relativa al servicio de transporte de pasajeros (Ordenanza Nº 23.928) —y, puntualmente, a la determinación de la existencia y/o validez de las habilitaciones, permisos y autorizaciones administrativas necesarias para el desarrollo de dicha actividad— y al ejercicio del poder de policía local sobre dicha actividad…".
En virtud de ello, sostuvo que el conocimiento del litigio correspondía al fuero en lo contencioso administrativo (v. resol. de 15-V-2026).
Radicado el expediente ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, su titular también se declaró incompetente para entender en las actuaciones.
Para así decidir, señaló que la pretensión deducida se dirige exclusivamente contra personas jurídicas de derecho privado y persigue, por un lado, el cese de la actividad que los actores consideran contraria a la ordenanza 23.928/19 y, por otro, la reparación de los daños y perjuicios que afirman sufrir como consecuencia de aquella. Destacó, asimismo, que la Municipalidad de General Pueyrredon no integra la relación procesal ni se controvierte en autos una actuación u omisión estatal dictada en ejercicio de función administrativa.
En ese contexto, entendió que la sola circunstancia de que la prohibición invocada tenga fuente en una norma municipal no basta para atribuir competencia al fuero contencioso administrativo, pues la controversia presenta un encuadre subjetivo y objetivo propio del derecho privado y debe resolverse mediante la aplicación de normas de esa naturaleza. En consecuencia, consideró que el conocimiento de la causa correspondía al fuero civil y comercial y, ante el conflicto negativo de competencia suscitado, dispuso la remisión de las actuaciones a esta Suprema Corte de Justicia para que lo dirima con arreglo a la atribución que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 —texto según ley 13.101— (v. resol. de 19-V-2026).
III. Cabe adelantar que la cuestión debatida en autos guarda sustancial analogía con la resuelta recientemente por esta Suprema Corte de Justicia en la causa B. 80.998, "Olevano", resol. de 29-VI-2026.
En dicho precedente, un grupo de taxistas de la ciudad de Mar del Plata promovió demanda contra las mismas firmas aquí demandadas con el objeto de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que alegaban padecer como consecuencia de la actividad desarrollada por terceros mediante las aplicaciones de aquellas empresas, la que reputaban contraria a lo dispuesto por la ordenanza municipal 23.928/19.
Al igual que en autos, la pretensión se encontraba dirigida exclusivamente contra personas jurídicas de derecho privado y perseguía, en lo sustancial, la reparación de los perjuicios económicos derivados de la actividad que los actores consideraban irregular, sin que integrara la relación procesal la Municipalidad de General Pueyrredon ni se cuestionara una actuación u omisión estatal dictada en ejercicio de función administrativa.
En esas condiciones, esta Corte entendió que no correspondía atribuir competencia al fuero contencioso administrativo, pues en ningún lugar de la demanda se infería que la pretensión se encontrara enderezada contra alguna de las autoridades públicas alcanzadas por la cláusula general que define la materia de dicho fuero (cfr. arts. 166 in fine, Const. prov. y 1 inc. 1°, CCA), ni que una eventual condena contra las empresas demandadas pudiera vincular al Estado con una intensidad tal que tornara prudente confiar la solución del caso al juez especializado en derecho público. Asimismo, se señaló que el litigio tampoco requería la aplicación primaria de normas de derecho administrativo para su resolución, sin que alterara esa conclusión la circunstancia de que la actividad cuestionada se encontrara vedada por una ordenanza municipal (doctr. causa B. 80.998, cit.).
IV. Sobre la base de tales consideraciones, y toda vez que en el presente caso se reproduce sustancialmente aquella situación, corresponde reiterar el criterio allí establecido y declarar competente para intervenir en autos al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°11 del Departamento Judicial de Mar del Plata, que previno.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°11 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará el expediente para la prosecución de su trámite.
Hacer saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 de aquel departamento judicial, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:09:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:43:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/07/2026 13:42:14 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:18:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 11:05:04 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 11:12:15 hs. bajo el número RR-649-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia