Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132105
En la ciudad de La Plata, a los cuatro días del mes de Agosto de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 132105, caratulada: "PACHECO JESUS MANUEL ALBERTO C/ SOUBELET CESAR MARCELO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)ORALIDAD", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 6 de abril de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. El resolutorio apelado hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Jesús Manuel Alberto Pacheco contra César Marcelo Soubelet, condenando a este último a abonar al actor la suma de pesos cuatro millones veintiocho mil trescientos setenta y uno con veintidós centavos ($4.028.371,22) por la incapacidad psicofísica ocasionada con más los intereses a calcularse exclusivamente sobre el capital a la tasa que fijen las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina o en su ausencia por la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a depósito a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa, desde el vencimiento del plazo de diez días que se fija en el fallo, hasta el día de su efectivo pago (arts. 163 inc. 6 y 165 del C.P.C.C.; arts. 622 y 623, C.C. de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "c", C.C. y C.N.; 7 y 10, ley 23.928 y modif., conforme doctrina legal de la SCBA en caso "Cabrera"); asimismo, lo obligó al pago de la suma de pesos un millón doscientos treinta y seis mil ($1.236.000) comprensiva de gastos de tratamiento terapéutico y daño moral con los intereses calculados desde la fecha del hecho dañoso (11 de octubre de 2016) y hasta la fecha del decisorio apelado (6 de abril de 2022) a la tasa pura al 6%, y desde la fecha de la mora en el cumplimiento del fallo y hasta el efectivo pago, con más la tasa de interés que fijen las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina o en su ausencia la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a depósito a treinta días; dispuso como plazo para acreditar el pago de diez días de quedar firme la sentencia, bajo apercibimiento de ejecución; impuso las costas al demandado en su carácter de vencido y postergó la regulación de honorarios hasta la oportunidad en que exista base regulatoria, resaltando que la regulación ha de efectuarse conforme la doctrina legal de la SCBA en la causa "Morcillo" (v. resolución del 6 de abril de 2022).
2. Contra esta forma de decidir se alzó en apelación el demandado (presentación electrónica del 13 de abril de 2022) recurso que, previamente concedido (proveído del 20 de abril de 2022), fue fundado en esta Alzada (presentación electrónica del 13 de junio de 2022 efectuada por la Dra. Roberts Alcorta invocando el art. 48 CPCC); corrido el pertinente traslado (proveído del 14 de junio de 2022), éste fue contestado por el actor (presentación electrónica del 20 de junio de 2022). Luego, se llamó autos para sentencia (proveído del 21 de junio de 2022).
3. El apelante pone en crisis el decisorio de grado tildándolo de arbitrario, absurdo, apartado de lo probado en estas actuaciones y violatorio del principio de congruencia.
Indica que allí se le otorgó fuerza probatoria al reconocimiento en rueda de personas y el testimonio de los testigos presenciales del hecho, siendo que éstos no son coincidentes con el relato esbozado por Pacheco en su demanda.
Reclama que el Juez debe tomar toda la plataforma fáctica y asegurar que el juicio estimativo de probabilidad se desarrolle conforme los conocimientos de un hombre medio, con un criterio objetivo sin generalidades o frases hechas, que verifique con detalle y minuciosidad los hechos probados de la causa, evaluando lo que era previsible para un sujeto de condición media al momento del evento dañoso.
Destaca que al contestar demanda negó la existencia del hecho y su autoría, quejándose de que ello no se haya tratado expresamente en la sentencia apelada.
Considera que ha probado debidamente su presencia en el Hipódromo de La Plata el día y a la hora del hecho dañoso, lo que es reconocido por la sentencia a pesar del resultado que luego arroja.
Alega que la versión de Pacheco no se encuentra probada, conforme las groseras contradicciones en las que incurren los testigos.
Refiere que el accionante cambió en varias oportunidades el relato sobre el modo en el que acontecieron los hechos evidenciándose que hay testigos y declaraciones que sitúan la agresión dentro del auto Fiat 147 y otros fuera del mismo.
Pone de manifiesto que la probation (suspensión del juicio a prueba en sede penal) no implica presunción de culpabilidad en su contra.
Reclama que no se encuentran probados los presupuestos de la responsabilidad civil: daño, factor de atribución, nexo de causalidad e ilicitud.
Acusa a la Juez de grado de realizar una lectura sesgada respecto de la causa penal y de los testimonios rendidos en la audiencia de vista de causa
Denuncia que el testimonio de la señora Defeis resulta contradictorio con lo depuesto por el rendido por Vargas concluyendo que si no existe mérito para privilegiar ciertas declaraciones por sobre otras, corresponde prescindir de este medio probatorio.
Tilda de central determinar si corresponde dar más crédito a la versión de los hechos proporcionada por los testigos de la actora, o si, en cambio, debe prescindirse de ese medio probatorio en razón de su contradicción con los testimonios proporcionados por la demandada, agregando que los rendidos por personas que pueden estar incluidas dentro de las generales de la ley deben ser analizados con mayor estrictez, pero no desecharlos sin más. Por ello, entiende que la versión de Jaime y Gallet resulta creíble.
Arguye que estos testimonios coinciden en que él vio las dos carreras con los deponentes, cuyos horarios están plasmados en la revista Palermo, por lo que a las 19.45 el demandado se encontraba con ellos. Marca que describieron su vestimenta y que él tenía un taxi.
Resalta que Pacheco denunció que la Ranger gris lo perseguía desde las 19 horas, momento en que se encuentra acreditado que él estaba en el hipódromo a varias cuadras y minutos del lugar.
Aduna que en la audiencia de vista de causa el reclamante refirió que no alcanzó a bajar del auto y que en la causa penal brindó una versión diferente.
Hace mérito de la prueba producida en sede penal reiterando que existen contradicciones que no dan por probado el hecho tal como lo narra el actor.
Acusa a la testigo Defeis de falso testimonio al declarar primero que no conocía a Soubelet y luego afirmar que si lo conocía desde antes.
Reafirma que falla la acreditación del nexo causal por lo cual no hay obligación de resarcir.
Estima que la demanda no cumplió con el art. 330 inc. 4 CPCC y que el Juez solo puede considerar los hechos alegados por las partes a los fines de no caer en incongruencia.
Lo agravia que se lo considere como el agresor, dado que los testigos no pudieron acreditar claramente: la edad del agresor, la estatura, su contextura física, la vestimenta que llevaba, el elemento utilizado para la agresión, ni la mecánica del hecho.
Agrega que todos hablan de una camioneta Ford Ranger color gris, pero ningún testigo lo ubicó en ese rodado, sumando que el oficial de policía actuante tuvo diferencias respecto del dominio del rodado.
Insiste en el absurdo de la sentencia que lo ubica a las 19 hs. en el Hipódromo de La Plata y a la misma hora agrediendo en otro lado al actor.
Subsidiariamente, lo agravia de la procedencia y cuantificación de los daños considerándolo injusto, inequitativo, confiscatorio y excesivo del marco de reparación integral.
Califica que las incapacidades que sufrió Pacheco revisten a todo evento el carácter de parcial y no permanente.
Pone en crisis que no se han evaluado las condiciones que mensura el art. 1742 del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante denominado CCyC), la situación del accionante, ni la suya que es chofer de micro, viudo al cuidado de un hijo adolescente y sin otro ingreso extra.
Cree que la justificación que da la sentencia para otorgar la incapacidad sobreviniente, el daño psicológico y el daño moral son las mismas.
Pone el foco en que Pacheco reconoció a la hora de absolver posiciones que no hizo tratamiento psicológico o físico alguno luego del hecho para rehabilitarse y que en la audiencia de vista de causa se vio a un hombre joven en la plenitud de su vida, quién reconoció que realizaba trabajos de albañilería, plomería y electricidad y que se encontraba a cargo de su hijo ya adolescente.
Menciona que no consta que haya perdido su trabajo ni que tuviera problemas para contraer uno nuevo y por ende, una lesión que no se traduzca en una disminución de la capacidad productora de bienes de la víctima no constituye un daño indemnizable, ni tampoco acreditó donde trabajaba y si efectivamente vive con su hijo adolescente.
Se duele de que la Juez de grado considere que las lesiones de Pacheco sean de carácter permanente, cuando el perito actuante no lo dictaminó con precisión.
En lo tocante con el daño moral, alega que al no haberse probado la agresión, no procede la indemnización en ese concepto.
Sobre la pericia psicológica, aclara que no surge del auto de apertura a prueba ni de lo actuado a posteriori que se hubiese facultado al demandado a asistir a la entrevista psicológica, siendo de práctica tribunalicia que a dichas entrevistas sólo asiste el encartado. Más aún fijada que fue la fecha de entrevista con la perito, sólo se resolvió notificar al actor.
Solicita que se valore que el informe pericial psicológico se basa, exagerada y parcialmente, en los dichos del actor; los cuales han sido tenidos por ciertos por la experta sin haber realizado un análisis profundo y a base a ellos ha rendido su insuficiente informe, además de criticar los métodos utilizados para evacuar el informe.
Agrega que la experta informa muy escuetamente y en forma poco comprensible para el lego sobre las técnicas psicológicas que dice haber aplicado, además de no presentar protocolos firmados con fecha cierta por el actor lo que la invalidan.
Tilda de imposible que una persona padezca un Trastorno por Estrés Postraumático durante un período de más de 3 años y no busque asistencia psiquiátrica.
Entiende que no corresponde conceder más de lo solicitado en la demanda si las pruebas producidas no arrojan elementos adicionales a los que pudo haber tenido en cuenta el actor al demandar. La indemnización otorgada, alega, debió procurar mantener una razonable proporción con lo solicitado y los daños realmente acreditados.
Se duele de la aplicación de la fórmula matemática estricta utilizada por la sentenciante, porque da por resultado sumas dinerarias alejadas de la equidad y de constancias de la causa.
En cuanto a la incapacidad vital también se queja de su procedencia siempre que no fue solicitado en la demanda y además no se ha producido prueba idónea.
Finalmente, en lo tocante con el daño moral resalta que tampoco hay prueba idónea.
4. Preliminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia de los agravios opuesto por el actor a los agravios expuestos por el demandado (presentación electrónica del 20 de junio de 2022).
Al respecto, ha de decirse que el escrito del legitimado pasivo (presentación electrónica de fecha 13 de junio de 2022) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5. El objeto de esta causa gira en torno a la configuración de la responsabilidad subjetiva que se le endilga al demandado César Marcelo Soubelet a partir de un incidente en el cual se lo acusa de haber golpeado y producido daños intencionales a Jesús Manuel Alberto Pacheco, luego de lo que -en apariencia- pudo ser un altercado de tránsito (v. fs. 21/31, 86/96; IPP 06-00-0390006-16/00 “Soubelet, Marcelo César s/ Lesiones Graves”).
Sobre este extremo, el art. 1724 CCyC dispone que los factores de atribución de carácter subjetivo son la culpa y el dolo. Si bien ambos se encuentran comprendidos bajo el concepto de culpabilidad, la culpa en sentido estricto aparece ante la imprudencia, negligencia o impericia del agente productor del daño, mientras que el dolo requiere que la creación de un perjuicio de manera intencional o con manifiesta indiferencia de los intereses ajenos.
Se ha dicho que “La culpabilidad investiga la relación que existe entre el querer del agente y su acto: este querer es culpable cuando el sujeto quiere el acto y sus consecuencias normalmente previsibles (dolo) o desdeña la previsión de éstas o la adopción de las medidas necesarias para prevenirlas (culpa en sentido estricto). Si se estima que medió uno u otra, el autor será responsable del daño, caso contrario, no” (Orgaz, Alfredo. La Culpa. Actos Ilícitos, Marcos Lernes, Córdoba, 1981, pag. 61).
En el dolo delictual, no cabe duda que la intencionalidad de producir el daño implica que el mismo fue racionalizado por el proceso de voluntad formándose la decisión interna de querer producir el menoscabo y la exteriorización de ejecutarlo (conf. Código Civil y Comercial: tratado exegético - 3ª edición - Tomo VIII. Editorial La Ley, Alterini, Jorge Horacio Director General).
Este es justamente el supuesto -resaltado y desarrollado adecuadamente por la Juez de grado- aplicable a estas actuaciones. Es que no se acusa al aquí demandado de un accidente o de un daño involuntario, sino que se lo indica como responsable en la producción de un daño intencional a partir de golpes infundidos al actor.
Ante esta circunstancia, quien incumple con el deber de no dañar a otro deberá reparar el menoscabo causado (art. 1716 CCyC), lo que quedará sujeto a la prueba del nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño (arts. 1726, 1736 y 1744 CCyC).
Planteada la contienda en estos términos, las quejas centrales del apelante giran en torno a la inexistencia de nexo o relación causal.
Califica de probada su ausencia al momento de la producción de los daños al actor -y el hecho positivo que ese día a la hora señalada se encontraba en el Hipódromo de La Plata con amigos- y por ende la inexistencia de responsabilidad de su parte.
En definitiva, el meollo de la defensa y sus agravios se centran en que no fue él quien propinó, de haber existido esa circunstancia, los golpes al actor.
Para ello, pone en crisis la valoración de la testimonial ofrecida por la actora y del resto de las evidencias producidas en estas actuaciones y en el expediente en trámite en sede represiva, como la violación del principio de congruencia.
A fin dar tratamiento a estas disconformidades, he de abordar las pruebas efectuadas en ambos procesos, las que serán evaluadas bajo los parámetros de la sana crítica (art. 384 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, en adelante CPCC).
Nuestro Máximo Tribunal provincial ha dicho en este sentido que “Para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquel se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las costas (art. 901, Cód. Civ.; conf. causas C.98.691, sent. de 18/05/2011; C.97.827, sent. de 9/04/2010; e.o.). Frente a una pluralidad de condiciones necesarias, es menester saltar por sobre el plano de la causalidad natural o simple, para aislar e individualizar de entre todas esas condiciones a aquélla que, en el plano estrictamente jurídico, posee la idoneidad y relevancia suficiente para erigirse en la causa adecuada del daño (Ac. 91.215, sent. de 05/04/2006). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño; éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla” (SCBA causa C 121.608, sent. del 08/08/2018. Juez Pettigiani SD).
En este menester, surge de los hechos constitutivos de esta causa que Jesús Manuel Alberto Pacheco depone que: “El día 11 de octubre de 2016, siendo las 19 horas el suscripto regresaba de la casa de mi hermano el cual vive en Los Hornos (calle 73 entre 138 y 139) al comando de un automotor Fiat modelo 147 del cual no soy propietario y lo hacía junto a mi sobrino de nombre Juan de cinco años de edad. Que encontrándome circulando a la altura de calle 7 y 90 cuando venía girando en la rotonda existente en esa intersección el conductor de la camioneta marca Ford Ranger de color gris, de la cual no pude ver la chapa patente, comienza a encerrarme. Yo continuo por la calle 90 hacia la calle 6 circulando en forma normal y a velocidad permitida; antes de llegar a esta hay un lomo de burro, reduzco la velocidad y la camioneta golpea contra mi vehículo; continúo la marcha, doblo hacia la calle 6 tomo por ésta en sentido ascendente y el conductor de la camioneta me sigue de cerca como persiguiéndome se arrima varias veces con el utilitario como tratándome de embestir permanentemente desde atrás hasta que llego a la calle 96 me detengo y bajo para averiguar que le estaba sucediendo al conductor de ese rodado, pues si seguía con esa persecución seguramente me haría participar de un accidente de tránsito con las consecuencias que ello podría ocasionar. Reitero, yo viajaba con un menor de edad, que al descender de mi rodado puedo ver como el conductor de la camioneta, quien luego me anoticio era el Sr. Cesar Marcelo Soubelet, también se detiene detrás, y baja aproximadamente a mi persona con una cuchilla de grandes dimensiones en sus manos (creo mano izquierda) que poseía su mango trabajado. El demandado portaba dicha cuchilla como al revés es decir con la hoja filosa hacia abajo, se aproximó rápidamente como para atacarme. Sin mediar palabra, llega a mi lugar y me golpea fuertemente con el mango de esa cuchilla en la mandíbula, lo que me provoca como un estado de inconciencia, dado la violencia del impacto del arma blanca contra mi cara. Inmediatamente continúa golpeándome de la misma manera, dándome aproximadamente cinco golpes más hasta que caigo totalmente inconsciente ya al piso, golpeándome también la cabeza con la cuchilla, en la parte de la nuca. …” (v. demanda de fs. 21/31 vta. ap. III).
En sede penal, su declaración sobre el hecho es en idénticos términos que los aquí efectuados (v. IPP 06-00-0390006-16/00 “Soubelet, Marcelo César s/ Lesiones Graves” fs. 32/33) al igual que en oportunidad de absolver posiciones (v. CD fs. 233, audiencia de vista de causa de fecha 06/03/2020 acta de fs. 221/222, v. a partir de min. 21.40).
La única diferencia que se revela de sus diferentes exposiciones es lo relativo al comienzo de la agresión física dado que, luego de relatar los hechos en oportunidad de absolver posiciones dijo que “no alcancé a bajar del auto yo” (v. audiencia referida min. 29.23) y que “no alcanzo a bajar del auto yo quiero abrir la puerta y me da por el parabrisas, yo tenía el vidrio bajo. De ahí lo que me acuerdo es que alcanzo a abrir el auto y caigo al asfalto y me desvanezco”
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.