Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 125334
En la ciudad de La Plata, a los treinta y un días del mes de Octubre de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “CAIRO MARTIN Y OTRO/A C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) PLAN ORALIDAD", (causa nº 125334), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 1ra.
¿Es justo el apelado decisorio de fs. 92/209 vta.?2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO: I. En el decisorio aludido la Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios incoada por Martín Cairo y Roberto Oscar Cairo contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a quien condenó a pagar a los actores la cantidad de $ 144.000 ($ 72.000 a cada uno de ellos) con más intereses, ello desde el hecho -05/05/14- y hasta su efectivo pago. Impuso las costas a la entidad demandada y difirió la regulación de honorarios para una vez que quedara firme dicho pronunciamiento.Para así decidir sostuvo que el Banco era responsable de la seguridad de todas las personas que transitaran por su sede, concurrentes y/o usuarios de los distintos servicios que brindara.La sentencia fue apelada por ambas partes del proceso, expresando agravios el coactor Martín Cairo a fs.242/244 vta. y el el banco demandado a fs.247/264, los que merecieron las réplicas que corren a fs. 266/269 y fs. 270/274.II.
En prieta síntesis el coactor Martín Cairo se agravia del rechazo que el decisorio contiene en punto a rubro pérdida de chance, pues tras reseñar los que la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires y la doctrina mayoritaria entiende por tal rubro, considera que la a quo pasó por alto los presupuestos esenciales que lo caracterizan al momento de desestimarlo, por el solo hecho de que quien recurre, resultó adquirente del inmueble por subasta electrónica luego de cuatro años de acaecido el siniestro.Agrega que la iudex a quo omitió considerar que, para reclamar el rubro debe existir una oportunidad probable y futura de obtener una ganancia que en el caso que nos ocupa fue la acción de concurrir a la subasta a participar como oferentes teniendo la misma probabilidad de éxito o ganancia que los demás participantes; ya que quien participa de una subasta que a priori se desarrolla en los términos de la ley tiene una probabilidad suficiente de obtener el bien o los bienes a subastar.
Resultado que además era incierto al momento del evento dañoso, tal lo que sucedió en el caso por cuanto el ataque ocurrió previo al comienzo del remate; evento dañoso que frustró la oportunidad en forma definitiva, máxime cuando quien sufriera el ataque estaba al momento de dicho evento dañoso en una situación idónea para aspirar a la obtención de las ventajas que proporciona la oportunidad.Esgrime que todos estos caracteres han sido omitidos valorar por la sentenciante de grado, quien se equivoca cuando afirma que el rubro devino abstracto, pues aún cuando adquirió el bien mediante subasta electrónica, ello acaeció cuatro años después, con lo cual en lugar de analizar la probabilidad frustrada acaecida por los actos violentos sufridos por La Liga de compradores en complicidad con la entidad financiera demandada que motivaron el reclamo incoado en el año 2014, tiene en cuenta para desestimarlo un hecho aislado y considerablemente extenso en el tiempo, sin tener en cuenta tampoco los cambios sufridos en el bien adquirido en esos cuatro años, principalmente las variaciones de valor en atención a la inestabilidad económica del país y la depreciación monetaria o las variaciones a nivel infraestructura que puede sufrir con el paso del tiempo.
Por lo demás, señala que quien obtuvo el inmueble cuatro años después fue el coactor Martín Cairo y no Roberto Oscar Cairo, a quien se lo ha privado sin fundamento alguno de la indemnización por pérdida de chance ya que la sentencia nada dice respecto de este coactor; requiere el Tribunal fije una indemnización por el ítem y por ambos coactores.El segundo de los agravios se encuentra encaminado a cuestionar el "quantum debeatur" ya que mas allá de los intereses impuestos en el decisorio al monto de condena, es de público conocimiento la situación que atraviesa el país donde la desvalorización de la moneda sucede semana tras semana incluso marcando una gran diferencia desde el dictado de la sentencia con fecha 27/12/2018 hasta el día de la fecha; atravesando un gran proceso inflacionario y, si se utiliza el patrón dólar podemos afirmar que su valor ha variado y sigue variando de forma muy rápida ya que a la fecha del dictado de la sentencia el valor del dólar a ese momento era de $38.90 y al día en que se funda el memorial el valor ascendía a la suma de $45.96, por lo que citando un fallo de la Cámara Civil, Comercial y Minería de San Juan del 13/03/2008, en el que se contempló un accesorio del 8% anual de interés puro, requiere del Tribunal realice el ajuste pertinente de los montos establecidos en la condena teniendo en consideración la realidad económica del país y la desvalorización monetaria que viene sufriendo.Por su parte el banco demandado se agravia del decisorio aludido por cuanto entiende, la iudex a quo hace lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios basada en un incumplimiento del deber de seguridad que le cabría a su instituyente como dueño del inmueble sede donde se desarrollara una subasta judicial (aún con las particularidades y controles y demás medidas que rodearon a la misma) e igualmente considera agraviante lo resuelto en relación a la existencia de los daños alegados por los actores tanto físico como morales, a la relación causal entre el mismo y el actuar de quien recurre y, finalmente, considera desproporcionada la cuantificación realizada.Con respecto a la responsabilidad decidida, basada en el supuesto incumplimiento del deber de seguridad que, al parecer debió brindar el Banco para evitar las agresiones alegadas por los actores, consideran que los argumentos vertidos en la sentencia resultan arbitrarios, aparentes y carentes de respaldo y explicación basada en la ley, pues reitera, en el caso y de común acuerdo, en la ejecución hipotecaria, tanto el banco como actor y el martillero actuante propusieron como lugar para la subasta pública la sala del banco, así como una serie de medidas y modalidades que se implementarían en el citado acto; con lo cual, como la iudex a quo, no tuvo en cuenta que el martillero actuó siempre como auxiliar de la Justicia y que la decisión del lugar y modalidades del acto de subasta fueron ordenadas por el juez de la causa; considera un yerro mayúsculo confundir, el alcance y extensión del deber de seguridad que le cabe al Banco Provincia como proveedora de servicios bancarios, para con sus clientes y usuarios de los distintos servicios que brinda, con los que correspondían a la justicia y a la policía en el ámbito de la subasta judicial dispuesta en los autos “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Masi Gilberto Juan Antonio S/ Ejecución Hipotecaria” de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 6 de La Plata.Reseña nuevamente las actuaciones llevadas a cabo por el martillero con el fin de desarrollar el acto de subasta como así la IPP labrada con motivo de los sucesos acaecidos el día del remate judicial; causa penal en la que el recurrente presentó todas las pruebas que se le requirieran y que a su criterio, no han sido debidamente valoradas por la a quo en su sentencia.Reitera que los actores han afirmado y el a quo ha tenido por probado que, ya dentro de ese lugar específicamente destinado para el acto de subasta, y también en presencia del personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires habrían sido retirados de la misma sala de subasta mediante agresiones y golpes de puño que les habrían generado lesiones, del propio relato de los actores surge notorio que quienes los habrían agredido resultan personas ajenas al Banco de la Provincia de Buenos Aires, a quienes identifican como miembros de lo que denominan “La Liga”; con lo cual y como de los propios términos de la demanda se desprende la total falta de responsabilidad del recurrente, considerando especialmente las circunstancias dadas, pues desde el ingreso al ámbito físico destinado al acto de subasta, todo el desarrollo del acto incluyendo la seguridad del mismo se encontraba a cargo de terceros por los que no tiene la obligación de responder.Agrega que, en relación a las lesiones que los actores refieren haber sufrido, no medió posibilidad material alguna respecto del recurrente para poder evitarlas, motivo por el cual considera que la afirmación que contiene el decisorio en torno a que, de todas formas el Banco habría incumplido con el deber de seguridad que le cabía, resulta una afirmación meramente dogmática y desentendida de todo contexto fáctico y legal y por ende la califica de arbitraria.Ello por cuanto el Banco de la Provincia de Buenos Aires, no podía, salvo instrucciones de la autoridad delegada por el Juzgado, intervenir o interferir en relación al acceso de toda persona que pretendiera acudir a la subasta pública, donde como acto público que es, puede concurrir público en general, incluyendo curiosos, interesados u oferentes.
Agregando que no se valoró que el Banco hizo todo lo que estuvo a su alcance para restringir la presencia de personas con intereses poco claros, medidas que fueron rechazadas por el juzgado que ordenó la subasta.Así, considera improcedente la extensión del deber de seguridad que el banco debe guardar dentro de sus instalaciones en relación a sus clientes y personas que transiten circunstancialmente dentro de sus edificios, pues en el específico lugar donde los actores refieren haber sido agredidos, la seguridad se encontraba a cargo del Martillero y el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires allí destacado; agregando que de lo argumentado en la sentencia no se evidencia que los actores hubieran sido lesionados u objeto de cualquier otra inseguridad, fuera del referido recinto, debiendo tener V.E. especial consideración a la forma en la que los actores refieren haber sido agredidos, ya que los supuestos agresores, no identificados, habrían actuado según sus dichos en presencia del Martillero y Policías de la Provincia de Buenos Aires, alegando en la mecánica de los hechos golpes de puño.
Se advierte que mi Instituyente, a todo evento, nada podría haber hecho para evitarlo. Así, a diferencia de lo sostenido por el sentenciante, mi Instituyente sí ha demostrado la existencia de la ruptura del nexo causal por la intervención de terceros por quien no tiene obligación de responder.Reitera que la actuación de eventuales agresores habría sido según los dichos, dentro del espacio físico destinado al acto de subasta, donde se realizó la misma y a todo evento las alegadas lesiones, resultaron un hecho de un tercero por el que el Banco no tiene obligación de responder, similar a un hecho de caso fortuito o fuerza mayor, que rompe todo nexo de causalidad, pues no existe medida exigible razonablemente a quien recurre que hubiera permitido evitar el hecho y daño alegado por los actores.Concluye que el obrar del Banco de la Provincia de Buenos Aires fue en todo momento diligente y conforme a derecho, y que los hechos alegados por la actora no tienen vinculación alguna con su actuación, razón por la cual el recurrente no resulta responsable de daño alguno que pudiera haber sufrido la parte actora, ya que los supuestos jurisprudenciales citados en la demanda y en la sentencia resultan inaplicables en estos autos, y en su mérito requiere el Tribunal corrija las arbitrariedades probadas y revoque el fallo recurrido.Por lo demás, se agravia de la indemnización acordada a los actores, la que califica de improcedente, pues los montos acordados por incapacidad, al tratarse de lesiones leves, cuya constatación emerge de meros informes, los que técnicamente no revisten la condición de pericias, y por ende no puede dársele el sustento previsto por el CPCC en los arts. 455 yconcordantes; considera absurda la valoración que de ellos se ha hecho en punto a las lesiones alegadas, ya que las mismas no han sido comprobadas en forma certera.Asimismo considera se han magnificado los daños que han padecido los actores, los que no han sido constatados por el médico actuante en el marco de la I.P.P. referida, por lo que concluye, no existieron; con lo cual el iudex a quo, debió centrarse en las lesiones que efectivamente habrían constatado los profesionales conforme las constancias que lucían agregadas a la I.P.P. 06-00-018271-14, pues no cualquier tipo de lesión genera deber de indemnizar y como en autos los actores no han acreditado lesiones que demuestren la pérdida de valores económicos actuales o la disminución de aptitudes o posibilidades de producir beneficios económicos, o una incapacidad física limitante para su vida en relación, laboral etc., que repercutiera en la faz estética física o corporal, considera improcedente hacer lugar a una indemnización económica por la sola existencia de una lesión física que no tenga vinculación con la capacidad productiva o de desarrollo de la víctima, tal lo que sucede en autos, pide así lo declare el Tribunal, revocándose la indemnización concedida.Por lo demás, merece especial agravio el hecho de que, si bien la sentencia menciona entre los antecedentes planteados por su parte al contestar la demanda, la total omisión y falta de valoración en cuanto a sus consecuencias que el Sr.
Martín Cairo ha ocultado deliberadamente en estos autos que percibió un resarcimiento económico en la IPP de $35.000 por parte del Martillero Ojeda, el daño que reconoce haber sufrido la sentencia debe ser nulo por su extinción por pago documentado de parte del Martillero pues considera que el daño alegado, pretendido y reconocido en la sentencia conceptualmente es único e indivisible, con independencia de quién lo hubiera afrontado.Eventualmente considera que dicha suma debió ser detraída a valor histórico (es decir imputada al momento del pago) de cualquier condena que pudiera recaer en estos autos.Finalmente resulta agraviante por su improcedente y exorbitante determinación, el reconocimiento del daño moral efectuado en la sentencia en crisis, ya que los fundamentos dados resultan meramente aparentes y carentes de respaldo fáctico y jurídico debido, tornando arbitraria su existencia y determinación cuantificada.Dice que el daño reconocido no tiene respaldo alguno, ya que los testimonios producidos en estos autos y en la causa penal de ninguna forma pueden, lógica y razonadamente, concluir en la existencia de las privaciones alegadas y reconocidas en la sentencia.
Su interpretación resulta palmariamente absurda por cuanto no se explica cómo y en qué sentido tales testimonios pueden conmover los expresos términos de la presentación efectuada por la Sra. Sáenz en la cusa civil tramitada ante el Jugado Civil y Comercial nro. 6 de La Plata, autos “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Masi Gilberto Juan Antonio s/ Ejecución Hipotecaria”, por ello concluye en que ningún valor corresponde acordarle, debiéndose desestimar el rubro.No obstante que corresponde el rechazo liso y llano de la pretensión, para el hipotético caso que se considerare probado alguno de los extremos indicados, su fijación deberá ser prudente y razonablemente establecida por V.E. en monto sensiblemente inferior a lo inexcusablemente pretendido por los actores y reconocido en la sentencia.
Al tiempo de replicar los agravios del sector actoral, reitera la inexistencia de responsabilidad de su parte en el evento de autos, como así la improcedencia de los rubros indemnizatorios pretendidos y con respecto a la tasa de interés pretendida, pide su rechazo ya que el recurrente no formula un embate certero sobre la tasa que aplica el fallo y su irrazonabilidad, máxime cuando aclara, es la que aplica el Superior Tribunal provincial como doctrina legal.A su turno el actor contesta la expresión de agravios de la entidad demandada, requiriendo su rechazo por considerar que los agravios expuestos son una reiteración de los argumentos vertidos al contestar la demanda, cuando entiende de las pruebas aportadas, específicamente de las constancias de la causa penal, la absolución de posiciones y las testimoniales rendidas en sede civil surge sin mayores esfuerzos que las agresiones sucedieron en el pasillo de acceso a la sala de remates que el banco tiene en el primer piso de su casa matriz y que personal del banco fue el que restringió e impidió su ingreso a la sala de remates; en cuanto los alegados hechos de un tercero por quien no debe responder, sostiene que no citó y mucho menos inició acciones legales en contra de la provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) y en lo que se refiere a quienes agredieron a los actores, dichos terceros nunca fueron individualizados y tampoco fueron detenidos, expulsados del banco y/o denunciados por la entidad bancaria el día del hecho, es más, los mismos luego de las agresiones propinadas ingresaron a la sala de subastas con total impunidad.Pide su rechazo con costas al recurrente.III.
Tratamiento de los Agravios:III. a) Ley aplicable:Abordando la tarea revisora y dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículo 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires), principio por señalar que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala en lo que interesa destacar que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución...".El caso de autos atañe a un daño acontecido y consumado durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y conc., C.C. y C. ley 26.994). Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con el código civil vigente al momento del hecho en las circunstancias aludidas (esta Sala, causas 118.692, RSD 133/15; 118.370, RSD 137/15; 119.295 RSD 197/15).III. b) Responsabilidad:Como el banco demandado ha cuestionado en primer término la responsabilidad que el decisorio le endilga, por razones metodológicas, corresponde analizar la queja esbozada en tal sentido para luego abordar aquellos referidos a la procedencia y monto de los rubros indemnizatorios que el reclamo contempla.
Arriba firme a esta instancia revisora las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los hechos acaecieron, esto es que los daños en reclamo tuvieron su causa fuente en las agresiones que sufrieran los actores cuando concurrieron el 5/5/2014 a la casa matriz de la entidad demandada, con el fin de participar de la subasta judicial ordenada en los autos “Banco Provincia de Buenos Aires c/ Masi, Gilberto s/ ejecución hipotecaria”, en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial nº 6 de este departamento judicial y que se llevaría a cabo en el salón que d
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