Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122681
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja interpuesta (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812); con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
"CAFE ONKEL S.A. C/ TOIA NORA NORMA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM. ESTADO)"
La Plata, 14 de Agosto de 2019.
I. En las presentes actuaciones Café Onkel S.A. inició demanda de daños y perjuicios contra Nora Marta Toia, titular de un portal de noticias, por considerar que en los comentarios se efectúan directas imputaciones de delitos a la sociedad, las que son lesivas a su imagen y reputación (v. fs. 115/141).
Asimismo, pidió la eliminación en forma permanente de todos y cada uno de los comentarios o cualquier otro artículo que pudiera existir y vincularse con el portal diario La Verdad y de los perfiles de Facebook del diario y de la accionada; mantener un estricto control sobre todo comentario que se inserte en toda nota que se publique en los sitios mencionados; eliminación de todos aquellos que resulten injuriantes, insultantes o que atribuyan directa o indirectamente la comisión de ilícitos. Asimismo, solicitó que dichas publicaciones sean bajadas de todo buscador (v. fs. 116).
Añadió, en petición cautelar, que lo peticionado anteriormente se efectúe en el plazo de 24 horas hasta tanto se dicte sentencia que ponga fin a las actuaciones (v. fs. 116 y vta. y 126 vta./135 vta.).
Requirió la publicación del fallo que acogiera las pretensiones en periódicos de amplia circulación nacional y local (v. fs. 116 vta.).
La parte demandada contestó el traslado conferido negando los hechos y en relación a la medida cautelar manifiesta que no se dan los requisitos normativos procesales para la procedencia (v. fs. 159/176).
La señora jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 de San Nicolás concedió la medida cautelar ordenando a la demandada Toia la eliminación de las noticias publicadas en el diario digital "La Verdad", individualizadas en la certificación notarial acompañada por la actora, previa caución personal (v. fs. 177/179 vta.).
Para efectivizarla dispuso oficiar a los buscadores de internet y a Facebook a fin de que instrumenten los medios necesarios para suprimir el acceso a esa información a través de ellos (v. fs. 177/179 vta. y 188).
Notificada la medida, fue apelada por Google Inc. (v. fs. 218/221 y 259/276), así como por Facebook (v. fs. 234 y 318/330) y la señora Toia (v. fs. 237 y 279/280 vta.).
Asimismo, tanto Google como la señora Toia plantearon la incompetencia de la justicia provincial para entender en un tema que refiere a actividades que se desarrollan vía internet, debiendo -según su postura- intervenir la justicia federal (v. fs. 218 vta./220 y 237).
Tal defensa fue desestimada -sin perjuicio de quienes lo formularan- con fundamento en que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citados en sustento del referido planteo se dictaron en el marco de acciones dirigidas contra los propios proveedores del servicio de búsqueda y enlace de contenidos en internet, cuando en el caso la situación es distinta, agregando que la medida cautelar no importó redirigir la acción contra quienes fueron oficiados para efectivizarla en el marco del principio de cooperación procesal (v. fs. 363/364 vta.).
Esa decisión fue apelada por el apoderado del buscador Google Inc. (v. fs. 377 y 387/391) y la demandada Toia (v. fs. 385 y 397/398).
A su turno, la Cámara de Apelación departamental, en lo que aquí interesa, confirmó el rechazo de la excepción de incompetencia, solución que entendió aplicable al recurso respecto de la medida precautoria (v. fs. 421/427 vta.).
Para así resolver destacó la condición de Google Inc. de sujeto extraño a la relación procesal, oficiado sobre la base del principio de colaboración para que diera cumplimiento a una orden en el marco de una cautelar dictada en un proceso que tiene otras partes como protagonistas; tercero que -enfatizó- no desplaza por sí la competencia ni puede recurrir las medidas que se dicten por carecer de legitimación para ello (v. fs. 421 vta./423).
Asimismo, confirmó la cautelar luego del tratamiento del recurso interpuesto por la demandada Toia y analizando la concurrencia de los requisitos para su procedencia (v. fs. 423/426).
Contra ese pronunciamiento Google Inc. articuló remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se agravió de lo resuelto sobre la cautelar y del rechazo del planteo de incompetencia (v. fs. 436/472 vta.), como también Facebook Argentina quejándose por lo decidido respecto de la medida cautelar (v. fs. 473/485).
Las vías fueron denegadas por el Tribunal de Alzada quien más allá de señalar que las resoluciones que conceden o deniegan cautelares no son definitivas en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, concluyó en que los impugnantes carecen de interés para recurrir la decisión atacada y las precedentes en tanto, por haber sido oficiado al solo efecto de dar cumplimiento a la medida, no es parte legitimada para actuar en esta litis (v. fs. 486 y vta.).
Frente a ello el apoderado de Google dedujo una queja ante este Tribunal (art. 292, CPCC; v. fs. 737/776). Allí expuso que lo impuesto a su respecto excede la cooperación procesal puesto que le causa un agravio directo y afecta la libertad de expresión (v. fs. 774).
II. Al respecto, corresponde destacar que de la reseña efectuada se desprende que, en el caso, el impugnante oficiado en estos actuados a fin de suprimir el acceso a determinada información a través suyo, carece de interés para recurrir ante esta sede la decisión del Tribunal de Alzada sobre la suerte de la medida cautelar y la competencia del órgano para entender en la causa.
Así ha concluido esta Corte en un caso sustancialmente análogo, C. 122.682, "Terminales y Servicios S.A." (resol. de 8-V-2019).
Ello, habida cuenta de que no se observa explicitado en su postulación revisora un agravio concreto y actual que resulte válidamente atendible en esta instancia (doctr. causa C. 121.634, "Arias", resol. de 16-VIII-2017 y C. 122.682, cit.).
En efecto, en atención a los términos del fallo reseñados ut supra , la alegada violación a la libertad de expresión, al derecho de acceso a la información y de la prohibición de censura, frente a su propia afirmación de revestir el carácter de intermediario de internet ajeno a los contenidos (v. fs. 774/775), resulta insuficiente para sustentar un gravamen actual respecto de la decisión confirmatoria de la cautelar que impone quitar determinada información de la web.
Cabe aquí recordar que lo que legitima la impugnación es el mentado interés de quien la interpone, es decir, el gravamen sufrido como consecuencia de una decisión que al eludir la concreta voluntad de la ley ha desconocido un bien actual tutelado por aquella (doctr. causas Ac. 89.718, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 4-II-2004; Ac. 94.924, "D. G.", resol. de 18-V-2005; Ac. 97.226, "Gallardo", resol. de 8-XI-2006; C. 107.995, "López", resol. de 26-X-2010 y C. 122.682, cit.).
Así, el ejercicio de un camino recursivo, como toda acción en justicia, no se reconoce sino a quienes justifiquen una afectación que legitime el acceso a la vía judicial de carácter extraordinario, ya que a falta de aquélla, no hay petición audible ante dicha instancia (doctr. causas C. 120.527, "Márquez", resol. de 30-III-2016; C. 107.995 y C. 122.682, cits.).
En consecuencia, no reuniendo el remedio extraordinario articulado los requisitos esenciales, se impone el rechazo de la queja intentada (arts. 292, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja interpuesta (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812); con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia