Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122789
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.789, "Andersen, Federico Ezequiel contra Telefónica Móviles Argentina S.A. Daños y perjuicios extracontractual (Exc. Auto./Estado)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani , Soria , Genoud , Kogan , de Lázzari .
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la demandada (v. fs. 373 y vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico en 15 págs.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. El señor Federico Ezequiel Andersen promovió demanda por daños y perjuicios contra Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar). Reclamó el resarcimiento por el daño moral padecido a raíz de que la demandada le había facturado a su nombre el consumo de siete líneas telefónicas móviles con el código de área de la Provincia de Mendoza, lo que desconocía pues era usuario solamente de una línea móvil con código de área de la ciudad de Bahía Blanca. Incluyó la solicitud de un resarcimiento por daño punitivo. Narró que a pesar de realizar varios reclamos ante la empresa para que cesara la facturación llegó a estar registrado como deudor en el sistema Veraz y varias empresas de cobranzas se comunicaron -tanto con él como con sus padres- para intimarlo de pago, por lo que debió formular denuncia ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), sin que ninguna compensación satisfactoria le fuera ofrecida por la demandada (v. fs. 74/83 vta.).
Imprimiendo el trámite sumario, el magistrado actuante ordenó el traslado de la demanda, la que fue contestada por la accionada oponiendo excepción de incompetencia y, en subsidio, repeliendo la acción (v. 111/121). La actora respondió la defensa articulada solicitando su rechazo (v. fs. 123/124 vta.). Si bien el magistrado de primera instancia admitió la excepción (v. fs. 125/127), la Cámara la revocó (v. fs. 144/145 vta.).
Devueltos los autos a la instancia de origen, se designó la audiencia preliminar, cuya celebración arrojó resultado negativo, ordenándose, en ese mismo acto, la producción de la prueba ofrecida (v. fs. 165/166).
A su turno, se dictó sentencia definitiva haciendo lugar a la demanda y condenando a la accionada al pago de una indemnización de siete mil pesos en concepto de daño moral y setecientos setenta mil pesos como daño punitivo (v. fs. 353/366). Este pronunciamiento fue apelado por ambas partes (el actor a fs. 367 y la demandada a fs. 371), siendo dichos recursos concedidos libremente (v. fs. 368 y 372).
I.2. Elevados los autos a la Cámara, esta declaró mal deducida la apelación de la accionada en razón de que no había dado cumplimiento con lo dispuesto en el art. 29 de la ley 13.133 (v. fs. 373 y vta.).
La citada norma dispone -en su parte pertinente- que en los procesos judiciales instados en tutela de los derechos de los consumidores y usuarios derivados de relaciones de consumo, cuando la sentencia acogiere la pretensión condenatoria, la apelación será concedida previo depósito del capital, intereses y costas, con la sola excepción de los honorarios de los profesionales que representen o patrocinen a la parte recurrente.
II. En su impugnación extraordinaria, la demandada denuncia inicialmente la inconstitucionalidad del referido art. 29 de la ley 13.133 y -por ello- objeta su aplicación al caso.
Resalta que en ningún momento se la intimó a hacer el mentado depósito, por lo que el planteo de inconstitucionalidad deviene oportuno. Cita el voto que he emitido en la causa C. 84.417, "L., J. A." (sent. de 28-V-2014), en apoyo de su postura (v. pág. 7, pto.7., párrs. 1 a 5).
Señala que esta Suprema Corte, en la causa I. 3.361, "Herrera" (sent. de 19-XII-2012), admitió la inconstitucionalidad del art. 42 de la ley 11.477, a la que considera una situación análoga. Y agrega que el pago del depósito previo -como en el caso citado- vulnera su derecho de defensa pues equivale a imponerle el cumplimiento anticipado de la sentencia definitiva de primera instancia, evitando la segunda instancia e infraccionando las garantías constitucionales de la Provincia contenidas en los arts. 10, 11 y 15, ya que el derecho a ser oído por un juez o tribunal independiente e imparcial resultaría posterior al cumplimiento de la pena impuesta (v. pág. 8, pto. 7, párrs. 6 y 7).
Justifica la aplicación del principio solve et repete cuando se trate de procesos en los que se encuentren involucradas las finanzas públicas o pretensiones contra actos administrativos que impongan el pago de una obligación tributaria de dar sumas de dinero, pero no en un caso como el presente, ajeno a aquellas cuestiones (v. pág. 8, pto. 7, párrs. 8 y 14).
Adicionalmente, sostiene que el rechazo de la apelación interpuesta es violatorio de la doble instancia propia del debido proceso constitucional. Reitera que la norma en cuestión infracciona el derecho de defensa, el principio de igualdad y la garantía de la inviolabilidad de la propiedad al exigir un previo pago de una suma excesiva, injusta y desproporcionada para acceder a un recurso ordinario, en el marco de un proceso en el cual, si bien se ha impuesto una condena, esta justamente no se encuentra firme por haberse solicitado su revisión (v. pág. 9, párrs. 9 a 13).
Destaca que el previo pago exigido por el art. 29 de la ley 13.133 viola asimismo el art. 8 punto 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (tratado internacional con jerarquía constitucional) cuando asegura el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, con anterioridad a la ley aplicable, lo que -a su entender- ha sido dejado de lado por el art. 29 de la ley 13.133, radicando su inconstitucionalidad en que exige el cumplimiento anticipado de la pena aun cuando no ha sido agotada la instancia judicial ordinaria de su determinación, máxime frente a la magnitud del perjuicio que depara (v. pág. 10, párrs. 15 a 20).
Apunta que se ha violado la doctrina legal de esta Suprema Corte en la que se dispuso que el depósito previo del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial solo puede ser impuesto por las leyes de procedimiento y que la ley 13.133 no constituye una de ellas, por lo que no resulta válida la restricción impuesta al tratamiento del recurso, a lo que agrega que como este depósito previo no se exige a todos (a diferencia de lo que dispone el mencionado art. 280), se viola el principio de igualdad ante la ley (v. pág. 11, párrs. 21 a 23).
Resalta que surge palmaria la afectación de la garantía de doble instancia de la que goza todo habitante del país a fin de resguardar sus derechos frente a decisiones judiciales arbitrarias, erradas o abusivas y que los tratados internacionales que menciona -Convención Americana sobre Derechos Humanos y Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados- impiden que las disposiciones previstas en tales textos convencionales puedan ser soslayadas por las contenidas en el derecho interno (v. págs. 11/12, párrs. 24 a 28).
Finalmente, pone de relieve la importancia de la que denomina "función casatoria" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y peticiona a esta Corte que revoque la sentencia que entiende es arbitraria porque lo ha privado de hacer valer sus derechos en la ulterior etapa procesal (v. pág. 12, párrs. 29 a 32).
En suma, aduce que la aplicación de la norma en cuestión conculca su derecho de defensa, el debido proceso, particularmente la doble instancia judicial previa al cumplimiento de una pena, el principio de igualdad y sus derechos patrimoniales, los que reputa infligidos al habérsele dado por perdido su derecho a la revisión ordinaria de una sentencia definitiva condenatoria de primera instancia. Funda su reproche tanto en los arts. 10, 11, 15 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires como en el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (por conducto del art. 75 inc. 22 de la carta magna nacional).
Luego, por otra parte y seguidamente al planteo de inconstitucionalidad, el recurrente reprocha que el citado dispositivo no prevé un plazo dentro del cual deba ser acreditado el mentado depósito previo, ni tampoco establece que el incumplimiento de tal exigencia deba traer aparejada derechamente la denegación de la apelación, pues en todos los casos resulta necesario contar con una liquidación provisional para determinar el importe respectivo; de modo que lo obrado por la Cámara, al disponer mecánicamente la denegación del recurso, importó incurrir en un evidente exceso ritual (v. pág. 13, párrs. 33 y 34).
Afirma que al interpretar las normas se debe evitar incurrir en soluciones que importen un ritualismo evidente y manifiesto que resulte contrario a la idea de equidad, por lo que si al interponer el recurso el apelante no acreditó el depósito previsto en la norma legal o lo hizo de manera insuficiente y no fue requerida su integración por el magistrado de la instancia, se imponía como prudencial para el Tribunal de Alzada la previa intimación para que aquel cumpliera con dicha carga bajo apercibimiento de declarar desierta la impugnación, situación que ha sido así contemplada respecto del depósito previo exigido por el art. 280 del rito (v. pág. 14, párrs. 36 y 37).
III. Si bien comparto la opinión del señor Procurador General en cuanto a que los embates contra la constitucionalidad del art. 29 de la ley 13.133 no pueden ser de recibo, disiento con él en lo restante, toda vez que considero que -finalmente- el recurso extraordinario merece favorable acogida.
III.1. Pues bien, inicialmente, cabe observar que la disposición controvertida se encuentra engarzada en el Capítulo IV del Título VII del Código provincial de implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, que establece las políticas y bases legales destinadas a la protección o defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito local, de modo que su aplicación en cada caso se encuentra condicionada a que la normativa de defensa de los derechos de los usuarios y consumidores sea dirimente para dar sustento a la pretensión en cuestión, es decir, que tenga relación directa e inmediata con el pleito (conf. doctr. causa A. 70.572, resol. de 26-X-2010), lo que efectivamente ocurre en casos como el de marras, cuando el daño cuya reparación se solicita tiene origen en una relación de consumo regida por el derecho privado y alcanzada por la normativa tuitiva específica (doctr. causas B. 69.961 y B. 69.962, resols. de 18-II-2009).
En cuanto a sus fundamentos, el legislador local precisó que los estándares previstos tanto en el art. 42 de la Constitución nacional (que impone a las autoridades del Estado proveer a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios) como en el art. 38 de la Constitución local (que establece que la Provincia proveerá a la educación para el consumo, establecerá procedimientos eficaces y promoverá la constitución de asociaciones de usuarios y consumidores), resultarían meramente ilusorios si no se contase en la práctica con los instrumentos necesarios para hacerlos efectivos (conf. Fundamentos ley 13.133); de manera que la búsqueda de tal efectividad en la protección del consumidor y usuario, para el resguardo de sus derechos y garantías, constituye el fin social que justifica la existencia de una regulación específica sostenida en la necesidad de amparar a la parte particularmente vulnerable de la relación de consumo, con fundamento en los principios pro homine y favor debilis , como mecanismo estatal dirigido a afianzar una justa resolución de los conflictos que pudieran derivarse de ella (conf. asimismo, arts. 1.092 a 1.122, Cód. Civ. y Com.; 1, 2, 3, 36, 37, 65 y concs., ley 24.240; luego, 1, ley 13.133).
Con tal objetivo, además de disponer políticas generales de protección de los usuarios y consumidores a cargo del gobierno local, de regulación del acceso al consumo, de la protección de la salud y seguridad de los usuarios y consumidores, políticas de control de calidad de productos y servicios, de equidad de las prácticas comerciales, de consumo sustentable y compatible con la protección del medio ambiente, políticas de control de los servicios públicos de jurisdicción local, de información y educación a consumidores y usuarios, para la organización y registro de las asociaciones de consumidores y usuarios, el legislador local también incursionó -en el referido Título VII- en la reglamentación del acceso a la justicia por parte de este colectivo beneficiario de la regulación específica, disponiendo normas de inocultable raigambre procesal, al establecer la competencia judicial para resolver las controversias derivadas de las relaciones de consumo, la legitimación para promover las acciones judiciales en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, la gratuidad de tales actuaciones y la distribución de los costos, su trámite sumarísimo (a menos que el magistrado disponga otro), la intervención necesaria del Ministerio Público, la conciliación obligatoria en ocasión de la audiencia de prueba y los específicos efectos de la sentencia definitiva que sea dictada en tales trámites, incluyendo la previsión contenida en el referido art. 29 en torno de las condiciones de procedencia de su apelación (conf. arts. 1, 5, 18, 75 inc. 12, 121, 123 y concs., Const. nac.; 1, 15, 38, 103 inc. 13 y concs., Const. prov.; 1, 3, 41, 53 y concs., ley 24.240).
En dicho marco, en lo que concierne a la norma en cuestión, el recaudo procesal por ella previsto (depósito previo) no resulta en nada extraño al ordenamiento jurídico local, pues tal como apunta el señor Procurador General en su dictamen, se observa la presencia de una reglamentación similar en el marco de otra clase de procesos, como los derivados de las relaciones de trabajo (conf. art. 56, ley 11.653, replicado en el art. 83, ley 15.057), en los que -también por la especial vulnerabilidad de los sujetos involucrados- se acude a análogos condicionamientos, en procura de fines que lucen semejantes (conf. arts. 1, 2 y concs., Cód. Civ. y Com.).
De modo que es posible apreciar que la fijación del requisito de depósito previo para la concesión del recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia condenatoria y favorable a la pretensión traída por el usuario o consumidor constituye -también aquí- una carga procesal, establecida por las normas locales y sujeta a las resultas del juicio, cuya finalidad es la de asegurar al consumidor la posibilidad de hacer efectivo y sin dilaciones su crédito, respecto del cual el fallo recurrido conforma fuerte presunción favorable (análog. doctr. causas Ac. 106.696, "Dietz", resol. de 6-V-2009; Ac. 103.799, "Portillo", resol. de 23-VII-2008; Ac. 102.278, "Salcedo", resol. de 11-VI-2008; L. 113.223, "Roldán", resol. de 23-II-2011; L. 117.966, "Pascual", resol. de 24-IX-2014; L. 118.009, "Maldonado", resol. de 5-XI-2014; e.o.); de modo que se presenta como una razonable medida impuesta en salvaguarda del interés colectivo comprometido y de la celeridad procesal (análog. doctr. causas Ac. 37.931, "Calzolari", sent. de 26-V-1987; Ac. 40.793, "Avalos", sent. de 5-VII-1988; Ac. 43.477, "Aguirre", sent. de 26-IX-1989; Ac. 46.553, "Ávila", sent. de 4-XII-1990; Ac. 43.853, "Mariani", sent. de 27-VIII-1991; Ac. 50.082, "Figueras", sent. de 24-III-1992; Ac. 50.340, "Bedogni", sent. de 31-III-1992; Ac. 50.872, "Del Río", sent. 30-VI-1992; Ac. 53.606, "Sandoval", sent. de 5-X-1993; e.o.), que posee una naturaleza y finalidad distinta del depósito que prescribe el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (análog. doctr. causas Ac. 38.802, "Pombo", sent. de 11-VIII-1987 y Ac. 40.575, "Silva", sent. de 14-VI-1988).
Se trata -en definitiva- de otro resorte que desde la perspectiva instrumental se encuentra destinado a la más eficiente y efectiva protección específica de los usuarios y consumidores, a quienes constitucional y legalmente se les ha dotado de ciertas adicionales prerrogativas -con finalidad tuitiva- dispuestas en favor de grupos tradicionalmente postergados (arts. 1, 15, 28, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11, 15, 38 y concs., Const. prov.; 1.092 a 1.122, Cód. Civ. y Com.; 1, 2, 3, 36, 37, 65 y concs., ley 24.240).
Luego, es posible concluir que el depósito previo en cuestión no constituye la ejecución condicional de la sentencia o una pena (análog. doctr. causa Ac. 51.912, "Iriart", sent. de 2-XI-1992; e.o.), ni un pago anticipado (análog. doctr. causas Ac. 49.923, "Acesia", sent. de 26-IV-1992; Ac. 50.912, "Brandi", sent. de 18-VIII-1992; Ac. 58.468, "Guardia", sent. de 7-II-1995; Ac. 66.670, "Cuestas de Lucci", sent. de 29-IV-1997; e.o.), sino -como se dijo- una mera carga procesal establecida para la tutela judicial más efectiva del consumidor y usuario.
Una exigencia económica (para admitir la revisión de lo decidido) dirigida a beneficiar a usuarios y consumidores, garantizándoles el cumplimiento inmediato de la sentencia (v.gr. cobro inmediato de los créditos reconocidos judicialmente a su favor) aunque no se encuentre firme, sea actual y provisoriamente o futura y definitivamente, sin necesidad de acudir a adicionales medidas ejecutorias o conminatorias, por encontrarse el dinero depositado en una cuenta judicial (conf. arts. 202 inc. 2, 212 inc. 3 y concs., CPCC; 25, 29 y concs., ley 13.133).
Y ello así, en el marco de esta clase de procesos en los que debiendo tramitar de ordinario bajo las reglas del proceso sumarísimo, su apelación -por demás- ha de concederse en relación y en efecto devolutivo (conf. arts. 166 inc. 7, 246, 250, 321 inc. 2, 496 inc. 4 y concs., CPCC; 23, 29 y concs., ley 13.133), de modo que la posibilidad de ejecución inmediata de la sentencia definitiva de primera instancia se yergue -en estos casos- también como una consecuencia propia del efecto con que el recurso de apelación es conferido (si bien en este caso y por expresa disposición del magistrado de primera instancia, como se dijo, a las presentes actuaciones se le imprimió el trámite sumario, v. fs. 88).
Para más, en aras de la referida tutela diferenciada diseñada para dar una preferente protección al consumidor y usuario como parte vulnerable de este tipo de relación jurídica, la disposición cuestionada asimismo pretende, en cierto modo, desincentivar los recursos de apelación que puedan poseer una finalidad dilatoria, al imponerles una mayor onerosidad.
III.2. Así las cosas, a fin de interpretar el recto sentido de la norma impugnada, cabe recordar que el Tribunal cimero nacional ha precisado reiteradamente que el verdadero alcance de una ley debe indagarse mediante un examen de sus términos que consulte su racionalidad, no de una manera aislada o meramente literal sino computando la totalidad de sus preceptos de manera que guarden debida coherencia (Fallos: 323:3289; 330:1785; 339:323; e.o.).
Así, debe preferirse entones la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines perseguidos por la norma, ya que, por encima de lo que la ley parece decir literalmente -aspecto que constituye la primera regla de interpretación, asignándole pleno efecto a la voluntad del legislador, Fallos: 297:142; 299:93; 301:460- es propio considerar su sentido jurídico, esto es, lo que, sin prescindir de su letra, permite no atenerse rigurosamente a ella cuando l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.