Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124040
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.040 "LARRUINA, FRANCISCO C/ YPF SA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ ESTADO)"
I. El apoderado de la codemandada YPF S.A. deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que -en lo que interesa destacar- rechazó el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 289, CPCC; v. resol. de 8-VI-2021, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 16-VII-2021 y su archivo adjunto identificado como "Larruina REF Foxit.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento del juez de primera instancia que, a su turno, había admitido la acción por daño ambiental y daños y perjuicios incoada por Francisco Larruina, por sí y en representación de sus hijos -por entonces menores de edad- Bautista, Chloé, Tadeo Francisco, Justo Pedro y Blas Javier Larruina contra Florencio Domingo Rodríguez e YPF S.A., modificándolo en lo que respecta a los intereses (v. sents. de 31-VIII-2016 y 7-V-2020).
II.1. En la vía ahora intentada, el recurrente funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, congruencia, debido proceso y prevención ambiental (arts. 18, 19 y 41, Const. nac.; v. págs. 5, 8, 22/23, 27/30, 36, 38 y 40/41, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la decisión en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, contrariando su propia doctrina y apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente- que había sido insuficientemente fundado, vulnerando las garantías constitucionales mencionadas. Cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 329:3493) y, específicamente, la causa "Mendoza" (CSJN Fallos: 329:2316).
En tal sentido, aduce que omitió tratar debidamente los planteos esgrimidos en la vía local -que ahora reproduce- los cuales resultaban -a su entender- suficientes para refutar las razones dadas por el a quo . (v. págs. 5/8 y 15/38, adjunto cit.).
II.3. Expone que el fallo que se recurre configura una cuestión federal directa, pues se contrapone con los arts. 41 de la Constitución nacional y 4 y 28 de la ley 25.675 (Ley General del Ambiente), regulación que -a su criterio- contiene un factor de atribución especial y exclusivo al causante del daño ambiental. Al respecto, asevera que -contrariamente a lo ponderado por las instancias anteriores en grado- no existe entre su mandante y el codemandado una relación de dependencia, en tanto YPF no ha desarrollado actividad alguna en el predio que se dice dañado, no ha operado la estación de servicio motivo de autos, ni es socio del operador y que sólo se ha limitado -conforme surge del contrato- a suministrar combustible a un tercero, resultando, en consecuencia, erróneo aplicar el principio de responsabilidad objetiva establecido por el art. 1113 del Código Civil (v. págs. 16/38, adjunto cit.).
II.4. Por otra parte, opina que a tenor del marco normativo que rige la actividad de suministro o expendio de combustible por surtidor, consagrado por la ley 17.319, los decretos 2.407/83, 1.212/89 y la Resolución 404/94 de la Secretaría de Energía y sus normas complementarias -vigentes al momento de los hechos del caso- la responsabilidad y la obligación de seguridad se encuentran exclusivamente a cargo del titular de la boca de expendio, carácter que no posee la empresa recurrente (v. págs. 35/38, adjunto cit.).
II.5. Plantea -también- que existe violación de los arts. 27 y 31 de la mencionada ley 25.675. Ello, en tanto no se ha tenido en cuenta que la obligación de remediar el daño ambiental recae sobre quien lo "cause", en el caso, un tercero por el que su mandante no debe responder. En suma, arguye que la decisión atacada confirmó, por un lado, la vulneración de los principios de responsabilidad y prevención allí consagrados y, por el otro, que se haya impuesto una solidaridad en la causación del supuesto daño ambiental, que carece -a su modo de ver- de fundamento legal (v. págs. 35/38, adjunto cit.)
II.6. Por último, insiste en la arbitrariedad del pronunciamiento por haber omitido tratar y resolver la inconstitucionalidad del art. 55 de la resolución 1.102/2004 de la Secretaría de Energía, al ser de inferior jerarquía normativa que el decreto 1.212/89 y haber sido dictada luego de interpuesta la demanda, soslayando -de ese modo- la ajenidad de YPF respecto al daño presuntamente producido (v. págs. 22/26, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado establecido por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 12-VIII-2021), el mismo no fue contestado
IV.1. Respecto de la vía federal incoada, cabe señalar, que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite , el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias y de la responsabilidad de la demandada efectuado por el Tribunal de Alzada, la aplicación de la ley 25.675 y del art. 1113 del Código Civil, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.)
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, insuficientes -como tales- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de dogmatismo, fundamentación suficiente, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie. En efecto, el recurrente se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de las instancias anteriores en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado, insistiendo el agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 15/38, adjunto cit.; 3/30 del adjunto identificado como "Larruina - Recurso inaplicabilidad de le" del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO - INTERPONE" de fecha 27-V-2020 y resol. en crisis).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de defensa en juicio, congruencia, debido proceso y prevención ambiental; arts. 18, 19 y 41, Const. nac.; v. págs. 5, 8, 22/23, 27/30, 36, 38 y 40/41, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular la doctrina derivada de la causa "Mendoza" (CSJN; Fallos: 329:2316; v. págs. 36/37 y 40, adjunto cit.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 122.559, "Bulgarella", resol. de 25-IX-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional A.F.I.P.-d.G.I.", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/12/2021 14:00:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/12/2021 10:25:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 12:42:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 17:39:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2021 14:08:04 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/12/2021 11:10:59 hs. bajo el número RR-934-2021 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia