Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126162
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 126.162 "BENÍTEZ PEDRO GUILLERMO C/ MINUJÍN AGUSTÍN ARECIO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca confirmó el fallo de origen que -a su turno- rechazara la acción de daños y perjuicios incoada por Pedro Guillermo Benítez contra Agustín Arecio Minujín, al encontrar acreditada la eximente de responsabilidad basada en la culpa de la víctima (v. sentencias de fecha 15-III-2022 y 4-VIII-2022).
II. Frente a ello, el letrado apoderado de la parte actora vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción al art. 1113 del Código Civil y absurdo en la valoración de la prueba (v. escrito electrónico de fecha 23-VIII-2022).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Tanto el análisis de las circunstancias y de las pruebas que llevan a establecer la responsabilidad, como determinar la relación de causalidad entre éste y el daño, o reconocer en su caso la culpa de la víctima, conforman -como quiera que se trata de un estudio fáctico- típicas cuestiones de hecho extrañas a la competencia de esta Corte a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración del vicio de absurdo (conf. doctr. causas C. 120.312, "Seco", resol. de 2-12-2015; C. 120.509, "Vouilloud", resol. de 24-II-2016; C. 121.116, "Cisterna", resol. de 22-III-2017; entre muchas), yerro lógico que, más allá de haber sido esbozado, no se avizora configurado en la especie (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las pruebas colectadas en la especie- para mantener el pronunciamiento de primer grado y, en consecuencia, repeler la acción indemnizatoria sostuvo "En función de lo expuesto, no cabe atribuir responsabilidad al dueño de la obra, siendo el locador -albañil- el responsable de los daños que sufrió, pues se trata de la persona idónea que debe conocer las características y peligrosidad de las cosas sobre las que actúa y que tiene bajo su control (aunque sean de propiedad del primero), hallándose en mejores condiciones de prevenir el daño; por el contrario, el locatario o dueño de la obra, generalmente no conoce los riesgos y los vicios que presentan tales elementos, además de no pesar sobre éste un deber de cuidado sobre una cosa que no controla ... Es que, si bien el dueño de la obra genera y se aprovecha de la actividad, es el profesional quien tiene los medios de supervisión y vigilancia de la actividad para su realización, por lo que no puede endilgarse al locatario responsabilidad objetiva por los daños sufridos por el locador ..." (v. pág. 16).
Tal fundamento, que constituye el eje central del pronunciamiento atacado, no logra ser conmovido por los reproches expuestos en las págs. 5/16 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (emparentados con los extremos de la responsabilidad, la circunstancias fácticas del evento lesivo, la teoría del riesgo y la revisión del material probatorio) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el sentenciante de grado anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la responsabilidad atribuida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para repeler el intento revisor y permite, asimismo, descartar la infracción legal que se aduce a lo largo de la pieza en estudio (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Finalmente, en atención a la insuficiencia antes apuntada, el acápite que gira en torno a los rubros reclamados (v. págs. 16/17 del escrito recursivo), no debe ser abordado toda vez que el mismo se ha tornado abstracto (conf. doctr. causas C. 119.856, "Ríos", resol. de 17-VI-2015; C. 120.680, "L., C. H.", resol. de 29-VI-2016; C. 121.213, "Oberti", resol. de 23-V-2017; etc.)
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/02/2023 13:43:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2023 17:35:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/03/2023 12:09:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2023 13:40:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2023 13:27:44 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 31/03/2023 14:34:36 hs. bajo el número RR-119-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia