Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126622
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) desestimar la queja traída por el de inaplicabilidad de ley (art. 292, CPCC.).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 126.622 "MARINO DIEGO Y OTROS C/ FESUMA S. A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en el marco de un juicio de daños y perjuicios iniciado por Luciano, Andrea y Diego Marino contra Silvana Beatriz Ciucci y FESUMA S. A. admitió parcialmente la demanda, condenando a los accionados al pago de la suma de $ 3.771.014,06, con más los intereses que fijó (v. sentencia de 10-XI-2022).
A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelación departamental modificó el pronunciamiento, reduciendo las partidas "reparación del inmueble" y "pérdida de chance", fijando ambas en $ 2.184.614,06, confirmando la decisión en lo demás (v. fallo de 20-IV-2023).
Frente a ello, los demandados dedujeron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 9-V-2023), siendo concedido el primero de los remedios mencionados y denegado el segundo con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resolución de 16-V-2023). La referida denegatoria motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. presentación de 29-V-2023).
Radicados los autos principales por la vía extraordinaria otorgada, se dispuso la agregación de la queja a los mismos (v. proveído de 2-VI-2023).
II. Abordando el intento anulativo, se observa que en el mismo se aduce que la sentencia no cumple con la formalidad de acuerdo y voto individual de los jueces, al no haber sido debidamente integrado el tribunal colegiado por tres miembros. Por otra parte, se agravian de la adhesión del segundo juez, considerando que hubo un sólo voto individual, por lo que no puede tenerse por alcanzada la mayoría de opiniones.
El remedio intentado no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que el remedio impetrado sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia; conf. doctr. causas C. 119.363, "Garbizu de Gabarain", resol. de 26-III-2015; C. 118.577, "Luna de Eyheragaray", resol. de 1-IV-2015; C. 120.680, "L., C. H.", resol. de 29-VI-2016; C. 126.764, "Egidi", resol. de 29-IX-2023).
También sostuvo que las Cámaras de Apelación del interior pueden pronunciarse válidamente con el voto coincidente de dos de sus miembros (conf. art. 47, ley 5.827) siendo pertinente adicionar que es constitucionalmente válido el voto cuyas argumentaciones no se expresan en extenso sino por adhesión, en igual sentido y por los mismos fundamentos a uno anterior emitido en el mismo acuerdo (conf. doctr. causas C. 120.360, "Carrique", resol. de 22-XII-2015; C. 121.067, "Paladino", resol. de 15-XI-2016 y C. 121.240, "Canale", resol. de 8-II-2017; C. 123.923, "Quiroga", resol. de 5-VI-2020; C. 126.411, "Stoichevich", resol. de 31-V-2023), tal como ocurre en la especie.
Lo expuesto, basta para desestimar este intento revisor (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
III. Con respecto a la vía de hecho incoada por el recurso de inaplicabilidad de ley, cabe observar que los recurrentes, sin controvertir que el valor del agravio -como fuera indicado en la resolución denegatoria- resulta insuficiente para acceder a la revisión intentada (conf. art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 y Acordada 4.100/2023-), pretende que no sea aplicada tal limitación invocando las previsiones del art. 31 bis de la ley 5.827, así como la existencia de una cuestión federal (v. escrito de 29-V-2023).
Sobre la base de tales planteos con relación al mentado recaudo de admisibilidad que se consideró incumplido en el caso, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si se configuran en autos los supuestos de excepción señalados por la parte recurrente en su queja (conf. causas Q. 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.331, "Orona", resol. de 16-IV-2019; C. 124.122, "Israel Silicaro", resol. de 2-IX-2020 y C. 125.952, "Sandez", resol. de 9-VI-2023).
En cuanto a la mención que se realiza de la facultad establecida en el art. 31 bis de la ley 5.827 a fin de soslayar el requisito del monto mínimo para acceder a la revisión, es de señalar que no se advierte que en el presente caso se encuentre configurado ninguno de los supuestos previstos por la mentada norma que justifiquen que con carácter excepcional este Tribunal diera trámite al recurso obviando tal limitación (conf. doctr. causas C. 121.246, "Cinematográfica Madero S.A.", resol. de 5-IV-2017; C. 123.678, "Israel Silicaro,", resol. de 19-IV-2021; C. 124.832, "Amadeo", resol. de 18-XI-2021; C. 125.561, "Quintana", resol. de 10-VIII-2022 y C. 126.739, "Ormaechea", resol. de 27-XI-2023).
Por lo demás, el planteo introducido con relación a la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causas "Strada" y "Di Mascio" carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, no se observa -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega la afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (causas C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 123.634, "Aveldaño", resol. de 11-III-2020).
Finalmente, cabe agregar que esta Corte tiene dicho que las limitaciones fijadas por las normas procesales para la concesión de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución de la Provincia dispone que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II-435; CSN, Fallos: 253:469; conf. doctr. causas C. 123.570, "Marceillac", resol. de 13-XI-2019; C. 123.881, "Buchanan", resol. de 5-VI-2020; C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020; C. 124.226, "Valea", resol. de 20-IV-2022 y C. 126.035, "Lausada", resol. de 31-III-2023 y C. 126.739, cit.).
En consecuencia, la vía extraordinaria incoada resulta inadmisible y se impone el rechazo de la queja (arts. 278 y 292, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) desestimar la queja traída por el de inaplicabilidad de ley (art. 292, CPCC.).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/02/2024 14:05:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2024 15:16:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2024 09:26:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:00:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:35:59 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:40:26 hs. bajo el número RR-154-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia