Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126833
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3135/2013).
C. 126.833 "FIGUEROA MICAELA C/ EZEIZA JULIO JAVIER S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°3 del Departamento Judicial de Azul, en el marco de un juicio por daños y perjuicios iniciado por la señora Micaela Figueroa contra el señor Julio Javier Ezeiza, acogió la pretensión y condenó al demandado a abonar la suma total de $3.739.000, con más intereses a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en caso de mora (v. sentencia de 6-V-2022).
La sentencia fue apelada por la accionante y la Sala II de la Cámara de Apelación del fuero departamental la revocó parcialmente. Así, el Tribunal de Alzada hizo lugar al daño psíquico como daño patrimonial, el que estimó en un 25% desde el inicio de su edad laborativa (18 años) y hasta los 70 años; otorgó en concepto de daño psicológico (reversible e irreversible) la suma total de $5.973.656 y elevó los gastos de tratamiento psicoterapéutico por tiempo prolongado por la suma total de $1.820.000, así como el monto indemnizatorio por daño moral al importe de $3.500.000 (v. fallo de 16-V-2023).
Frente a tal pronunciamiento, el legitimado pasivo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de 6-VI-2023 y su arch. adj.), los que fueron concedidos (v. resolución de 27-VI-2023).
II. Respecto de la vía anulativa, es oportuno recordar que la misma sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020; C. 124.490 "Agorreca", resol. de 10-III-2021; C. 124.505, "Aquino", resol. 24-VIII-2021; C. 124.366, "Locio", resol. de 9-III-2022; C. 126.297, "Tejeda", resol. de 29-IX-2023 y C. 126.834, "Coralini", resol. de 19-II-2024).
En los presentes obrados, del análisis del escrito impugnativo resulta que, no obstante alegar el recurrente la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, no se han expuesto ni desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de tales preceptos (v. acápites I y V.1 del escrito recursivo).
Así, de su lectura se observa que las argumentaciones traídas en sostén de la referida vía invocando una supuesta omisión de cuestión esencial apuntan, en realidad, a controvertir el mérito de lo resuelto en el fallo de la Cámara puesto en crisis. En efecto, en su postulación critica el obrar del Tribunal de Alzada señalando que afecta el principio de congruencia ya que extralimita la competencia al reconocer no sólo un daño "psíquico" conforme lo planteara la actora sino una verdadera "incapacidad psicofísica" con otros aspectos patrimoniales que exceden los alcances de la pretensión y los agravios, además de tener en cuenta otros elementos no cuestionados en la apelación; todo lo cual es ajeno al carril recursivo bajo estudio y propio del de inaplicabilidad de ley (v. apdo. V, págs. 8 a 11 de la presentación de fecha 6-VI-2023; causas C. 121.984, "Cufre", resol. de 30-V-2018; C. 123.167, "Pereira", resol. de 25-IX-2019; C. 123.453, "Millach", resol. de 6-XI-2019; C. 123.659, "Lanfranchi", resol. de 26-II-2020; C. 124.034, "Micucci", resol. de 23-IX-2020; C. 124.716 "Famca S.A.", resol. de 12-XI-2021; C. 125.568, "Grilli", resol. de 22-XI-2022; C. 126.297 y C. 126.834, cits.).
Por lo demás, deviene pertinente recordar que en numerosos precedentes se ha sostenido que son impropias de este remedio las alegaciones referidas a la vulneración de las garantías constitucionales, como las de igualdad, defensa en juicio y debido proceso que se mencionan (v. acápite V.1 del recurso; conf. doctr. causas C. 119.155, "Monterrosa", resol. de 27-VIII-2014; C. 119.363, "Garbizu de Gabarain", resol. de 26-III-2015; C. 123.900, "Cabrera", resol. de 29-VII-2020; C. 124.953, "Curto", resol. de 15-III-2022 y C. 125.652, "Demare", resol. de 19-XII-2022)
En tales condiciones, el intento anulatorio articulado es inadmisible (art. 296, CPCC; doctr. causas cits.) y se impone reputarlo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018; C. 124.716, C. 125.568 y C. 126.834; cits.).
III. Abordando la restante impugnación por medio de la cual se esgrime absurdo, arbitrariedad, transgresión de doctrina legal y violación a los arts. 251, 264, 265, 901, 903, 904, 1067, 1068, 1069, 1071, 1078, 1109 y 1111 del Código Civil; 10, 587, 772, 1710, 1716, 1726, 1729, 1736, 1737, 1739, 1741, 1746, 1794 y concs. del Código Civil y Comercial; 34 incs. 4 y 5, 163 incs. 5 y 6, 164, 165, 260, 272, 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial y 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, se anticipa que ésta no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
III.1. Ha dicho este Superior Tribunal -en reiteradas ocasiones- que los cuestionamientos vinculados a los montos indemnizatorios constituyen típicas cuestiones de hecho, privativas de los jueces de las instancias ordinarias e irrevisables en sede extraordinaria, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo (conf. doctr. causas C. 119.472, "Dallorso", resol. de 14-X-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016 y C. 121.680, "Córdoba", resol. de 6-IX-2017; e. o.), yerro valorativo que, si bien ha sido esbozado, no se avizora configurado en la especie.
En efecto, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada que -a la luz de las constancias recabadas- le permitieran revocar el fallo de primera instancia, haciendo lugar al daño psíquico como daño patrimonial, otorgando una indemnización en concepto de daño psicológico, aumentar los gastos de tratamiento psicoterapéutico por tiempo prolongado y elevar el monto indemnizatorio por daño moral (v. págs. 6/34), no logran ser conmovidos por los reproches expuestos en las págs. 11/24 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con el erróneo y desmedido alcance patrimonial al daño psíquico y de tratamiento psicoterapéutico, la fundamentación dogmática y la extralimitación de los agravios, la doble reparación y la inexistencia de presupuestos para el daño cierto resarcible, la valoración de la pericia psicológica y las constancias de autos para incrementar montos y la improcedente y excesiva indemnización por daño moral) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el juzgador anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre las cuestiones debatidas (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar los errores imputados.
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo expuesto, habilita a rechazar este fragmento impugnativo y permite, además, descartar las infracciones legales expresamente indicadas a lo largo del recurso (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Idéntica respuesta merece la tacha de arbitrariedad que se hace en la pág. 11 y sigs. de la pieza revisora, ya que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
III.3. Igual suerte adversa debe correr la aducida conculcación a las garantías constitucionales que se expresan en la pág. 11 de la presentación, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.4. Finalmente, tampoco puede atenderse la denuncia de violación de doctrina legal que se transcribe, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga esta última no abastecida por el impugnante que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3135/2013).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/05/2024 13:54:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/05/2024 18:46:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:24:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:53:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2024 12:25:17 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/06/2024 13:08:31 hs. bajo el número RR-353-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia