Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123158
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito electrónico de fecha 1 de octubre de 2020, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCC).
C. 123.158 "ARMONIA AZUL S.A. C/ FERREIRO JIMENA MARIA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS. INC. CONTRACTUAL"
I. La demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó el de inaplicabilidad de ley en razón de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC, v. resol. de 28-VIII-2020, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 24-IX-2020 y su archivo adjunto identificado como "Armonia c Ferreriro. RE.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente revocó el pronunciamiento del magistrado de origen que, a su turno, había desestimado la acción de daños y perjuicios incoada por la firma Armonía Azul S.A. contra Jimena María Ferreiro. En consecuencia, hizo lugar a la pretensión deducida al encontrar acreditados los extremos necesarios para su progreso (v. sents. de 11-IX-2018 y 26-XI-2018).
II.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la vulneración de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, defensa en juicio y legalidad de las escrituras públicas (arts. 5, 14, 17, 18, 19, 31, 75 inc. 12, 116 y 126, Const. nac.; v. págs. 2, 3, 5/8, 11/12, 29, 32/33, 36 y 38/40 adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la decisión atacada carece de fundamentación suficiente y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, apartándose de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, ponderó -dogmáticamente- que el remedio local había sido insuficientemente fundado, vulnerando -de esta manera- las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso y configurando -según su entender- un supuesto de gravedad institucional que habilita la instancia extraordinaria. Y arguye, con base en los antecedentes "Strada", "Di Mascio y "Christou" (Fallos: 308:490; 311:2478 y 310:324) -que cita como atinentes al caso- que correspondía tratar los agravios federales que asegura haber planteado (v. págs. 3, 7/8, 28/31 y 39, adjunto cit.).
Contrariamente a lo expuesto, alega que de la observancia de los planteos esgrimidos en la vía local referidos a la validez del título, que el mismo debió haber sido redargüido de falso, la interpretación de las cláusulas contractuales y el carácter de adquirente de buena fe -que denuncia fueron omitidos y ahora reproduce- surge que ellos resultaban -según su modo de ver- suficientes para refutar las razones dadas por el a quo (v. págs. 31/39, adjunto cit.).
Finalmente, y en sustento en lo antedicho, solicita que se revierta la decisión en crisis, pues la agravia -severamente, según su modo de ver- dado que la condena a devolver una suma en dólares estadounidenses que representa otro valor al percibido en concepto de seña en el año 2016 debido a las circunstancias económicas del país, en donde el mismo tenía un valor de $14 por cada dólar, enriqueciendo a la parte actora en desmedro de su patrimonio. Y agrega, que para evitar este enriquecimiento, esta Corte debió haber contemplado un cálculo matemático acorde a una devolución de seña racional y estimativa del valor del dólar en ese momento, para volver las cosas a como estaban antes de contratar (v. págs. 31 y 38, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 30 de septiembre de 2020), el mismo fue contestado por la parte actora (v. escrito electrónico de fecha 1-X-2020).
En relación a dicha pieza, cabe destacar que en la misma no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 2 y 3; v. archivo adjunto identificado como "CONSTITUYE DOMICILIO LEGAL - SE NOTIFICA" del trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO - CONTESTA TRASLADO" de fecha 1-X-2020; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándosela inoficiosa (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
IV.1. Respecto de la vía federal, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relativas a la interpretación del derecho procesal y público local (en el sub lite , la valoración efectuada por el la Cámara respecto de la normativa que rige al caso y las circunstancias fáctico-probatorias efectuado, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405).
En estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN Fallos: 320:1670; 327:272; 329:5424; 330:53; 1708 y 4770, entre otros), extremos que no se advierten en la pieza recursiva de marras, desde que las razones de la impugnante no constituyen más que discrepancias de criterio, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, cit.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación suficiente, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para abrir la competencia invocada (doctr. art. 15 cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie, toda vez que las razones de la impugnante se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad de la sentencia atacada -así como la de la instancia anterior en grado- y a discrepar con la postura de este Tribunal para descartar el remedio intentado, insuficientes -como tales- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.3. Asimismo, cabe indicar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de propiedad, debido proceso, defensa en juicio y legalidad de las escrituras públicas; arts. 5, 14, 17, 18, 19, 31, 75 inc. 12, 116 y 126, Const. nac.; v. págs. 2, 3, 5/8, 11/12, 29, 32/33, 36 y 38/40, adjunto cit.), así como la simple mención de los precedentes "Strada", "Di Mascio y "Christou" (Fallos: 308:490; 311:2478 y 310:324; v. págs. 7/8, adjunto cit.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.900, "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; entre otros).
IV.4. Resta agregar, que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. pág. 3 y 39, adjunto cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito electrónico de fecha 1 de octubre de 2020, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/02/2021 14:00:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 15:30:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/02/2021 11:55:00 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2021 12:11:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2021 12:13:11 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia