Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 171909
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn Mar del Plata, se procede a firmar digitalmente la presente sentencia conforme la Acordada 3975/20 de la SCBA.
Expte. N ° 171.909 Juzgado Civil y Comercial Nº 5.
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “VILAPLANA SEBASTIAN C/ MARTINEZ GRACIELA ALICIA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS INCUMPLIM. CONTRACTUAL” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1a.) Es justa la sentencia definitiva dictada el 17 de marzo de 2021?
2a.) Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia dictada el 17/3/2021 por el Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 5 departamental viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 29/3/2021.
El juez rechazó la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por Sebastián Vilaplana contra Graciela Alicia Martínez, con costas a la parte actora vencida.
Luego de excluir la aplicabilidad al caso de la normativa consumeril invocada por el accionante y señalar que la controversia debía resolverse conforme las disposiciones del actualmente vigente Código Civil y Comercial de la Nación, expresó el magistrado que los litigantes eran contestes en reconocer la existencia del contrato de locación -acompañado por el actor- respecto del departamento sito en calle Viamonte nro. 2119/37 esquina Bolivar nro. 1106, piso 8 letra B, de esta ciudad.
Destacó que los daños cuyo resarcimiento se peticionaba reconocían como hecho generador la presunta inhabitabilidad del inmueble locado en razón de tres circunstancias: incorrecto funcionamiento de la caldera, inoperatividad de dos de los seis radiadores existentes en el departamento y mal funcionamiento del horno eléctrico que ocasionaba cortes en el suministro de la unidad, todo lo cual habría motivado la resolución del contrato por parte del accionante.
Consideró que el actor no demostró la existencia de los desperfectos enumerados ni tampoco que, de haberse producido, aquellos revistieran una gravedad tal que privase al inmueble alquilado de aptitud para el uso y goce convenido en el contrato.
En tal sentido sostuvo que el reclamante no acreditó que hubieran concurrido al inmueble dos técnicos que no lograron reparar la caldera (a cuyo respecto la locadora reconoció la existencia de un problema de regulación que –según dijo en su responde- fue solucionado de inmediato), como tampoco aportó elementos de prueba en torno a la falta de funcionamiento de dos radiadores y la supuesta falla en el encendido del horno eléctrico.
Valoró las constancias de las dos actas notariales adjuntadas por el accionante, puntualizando que si bien el escribano hizo referencia al mal funcionamiento del horno eléctrico y de la caldera, dicho profesional no contaba con los conocimientos científicos y/o técnicos para determinar la causa y entidad de dichas fallas. Agregó que los desperfectos descriptos en el acta tampoco eran suficientes para motivar la resolución contractual, pues nada impedía que fueran reparados en un tiempo prudencial y razonable.
Citó las conclusiones del dictamen pericial de arquitectura oportunamente producido, destacando que el inmueble locado era un departamento a estrenar de buena calidad constructiva y que si bien la perito no constató los desperfectos denunciados por el actor afirmó que, en el supuesto de haber existido, su reparación demandaba tan sólo unos pocos días. De allí concluyó que las falencias denunciadas no revestían una importancia o entidad tal que hicieran imposible su habitabilidad.
Observó que tampoco se demostró en autos que el actor hubiera efectuado reclamos en forma previa y en varias oportunidades al corredor inmobiliario (Valencia Propiedades), ni al apoderado de la demandada o a la encargada del edificio. Subrayó que recién en el mes de mayo de 2016 anotició a la Sra. Martínez mediante carta documento de los tres supuestos desperfectos registrados en el departamento, manifestando simultáneamente su voluntad rescisoria, actitud reñida con el principio de buena fe contractual.
Remarcó –finalmente- que la casi totalidad de los rubros reclamados en concepto de daños y perjuicios comprenderían consecuencias mediatas, cuya reparación en materia contractual exige la invocación y acreditación de la mala fe del cocontratante, situación no operada en los presentes obrados.
Por dichos fundamentos, rechazó la acción incoada.
II. El recurso de la parte actora.
El apelante fundó su recurso el 18/8/2021, escrito que fue respondido por la contraria el 27/8/2021. Sus agravios son:
(i) Cuestiona el rechazo a la aplicación de la normativa de defensa del consumidor. Afirma que tratándose de una locación de vivienda única y familiar, en la mayoría de los casos existe una debilidad estructural del locatario frente al locador, lo que autoriza a encuadrarlo en la categoría de consumidor hipervulnerable.
(ii) Alega que las actas notariales acompañadas demuestran las deficiencias denunciadas respecto del sistema de calefacción y el horno eléctrico instalados en la vivienda, lo que tornaba inhabitable el inmueble para una familia con un recién nacido.
Aduce que no es necesario conocer las causas del defectuoso funcionamiento de los artefactos sino simplemente que dichos servicios básicos no podían ser utilizados por el inquilino, circunstancias que fueron constatadas por el escribano interviniente.
(iii) Considera demostrado que el departamento carecía de las condiciones requeridas para su habitabilidad durante un periodo de 40 días de fallas ininterrumpidas corroboradas por el Notario, como así también que la locadora no se hizo responsable de las reparaciones pese a hallarse debidamente notificada.
III. La solución del caso.
III.1. El ámbito de aplicación de la normativa de defensa del consumidor.
Señala la doctrina que a partir de las modificaciones a la ley 24.240 introducidas por la ley 26.361, las operaciones inmobiliarias de consumo traspusieron los límites de la adquisición de vivienda efectuada a través de ofertas públicas a consumidores potenciales indeterminados, reconociéndose otros destinos y medios de contratación, lineamientos ratificados por el art. 1093 del Código Civil y Comercial. No obstante, ante la inexistencia de disposiciones específicas en materia de consumo inmobiliario, la cuestión debe regirse por la normativa general conformada por la Constitución Nacional, la ley 24.240 y el Código Civil y Comercial (v. Quaglia, Marcelo, “La relación de consumo en el marco del mercado inmobiliario: algunas pautas de tutela” , LL online AR/DOC/689/2017).
Explica el autor citado que sin perjuicio de la amplitud de los términos de dicha legislación, no todo aprovechamiento económico de un inmueble resulta compatible con la noción de consumo inmobiliario. Por el contrario su aplicación queda restringida a la existencia de una relación de consumo, que tanto la ley 24.240 como el Código Civil y Comercial caracterizan como "el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario" (arts. 3 LDC; 1092 C.Civ. y Com.).
Como es sabido, el concepto de consumidor o usuario comprende tanto a las personas humanas como jurídicas que adquieran o utilicen bienes o servicios como destinatario final, mientras que la figura del proveedor alcanza a todo aquel que ofrece profesionalmente productos y servicios en el mercado (arts. 1 y 2 LDC).
En lo relativo a la locación de bienes inmuebles a través de la gestión de corredores inmobiliarios –caso particular que aquí nos ocupa-, subraya la doctrina que debe tenerse presente la excepción prevista en el art. 2º de la LDC; por tanto, la existencia de una relación de consumo queda restringida a aquellos contratos en los que el corredor inmobiliario intervenga en actividades que excedan el mero rol profesional de intermediador y se presente como vinculado al emprendimiento inmobiliario que se pretende comercializar (v. Ariza, Ariel, "Contratación inmobiliaria y defensa del consumidor" en Stiglitz-Hernández, “Tratado de Derecho del Consumidor”, t. II, citado por Quaglia, Marcelo, op. cit.).
En este orden de ideas, no surge de los términos del documento de “reserva” acompañado a fs. 15 ni del contrato de locación agregado a fs. 20/23 (como tampoco ningún otro elemento probatorio aportado a la causa) que la locadora Sra. Martínez revistiera la condición de “proveedora” profesional de bienes o servicios, ni que el corredor interviniente Sr. Valencia hubiera asumido algún otro rol que el de mero intermediario en la negociación entre locadora y locatario.
Por consiguiente, coincido con el juez en la inaplicabilidad al caso de la normativa de defensa del consumidor invocada por la parte actora, debiendo rechazarse el primer agravio del apelante.
III.2. La pretendida inhabitabilidad del inmueble y la responsabilidad imputada a la locadora.
Dispone la normativa de fondo que es obligación del locador conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido, y efectuar a su cargo las reparaciones que exija el deterioro originado en su calidad o defecto, en su propia culpa, la de sus dependientes, en hechos de terceros o caso fortuito (art. 1201 C.C.y Com.).
Por otra parte, en el instrumento acompañado a fs. 20/21 los contratantes acordaron que el locatario debería notificar a la locadora en el término de 48 hs. cualquier desperfecto de consideración que sufriera el inmueble, facilitando la ejecución de todo trabajo necesario para su conservación (v. cláusula décimo primera).
Conforme el material probatorio aportado, los desperfectos denunciados por el accionante fueron constatados por el Escribano Enrique Fernández Puentes (h) con fecha 19 de mayo de 2016, conforme acta notarial agregada a fs. 187/88. En la misma fecha el actor notificó las fallas a la locadora y manifestó su voluntad de rescindir el contrato (v. carta documento de fs. 23), no obrando elemento alguno que demuestre que se formularon reclamos con anterioridad. La misiva fue respondida por la locadora en los términos expresados en la carta documento de fecha 27 de mayo de 2016 (fs. 30).
Es claro que tratándose de desperfectos de funcionamiento del sistema de calefacción y horno eléctrico –fallas perfectamente subsanables según explicó la perito arquitecta en su dictamen de fs. 148/153-, el locatario debió intimar fehacientemente a la locadora a efectuar las debidas reparaciones, y solo en caso de negativa injustificada ello lo habilitaría a resolver el negocio. Contrariamente a lo expuesto el actor optó lisa y llanamente por la resolución, no pudiendo imputarse incumplimiento alguno a la propietaria del inmueble (arts. 961, 1061, 1084 y ccdts. del C. Civ. y Com.).
Nada aporta en ese sentido el acta notarial de fecha 29 de junio de 2016 (fs. 186), donde el escribano se limitó a constatar el estado material del departamento y recibir las llaves, transcribiendo las manifestaciones del accionante en el sentido que el horno eléctrico y el sistema de calefacción continuaban presentando fallas, pero sin realizar comprobación alguna.
Huelga señalar que si el actor –como afirmó en la demanda- realizó múltiples reclamos que no fueron atendidos ante la inmobiliaria interviniente en la operación, el apoderado de la locadora, el administrador del consorcio y la encargada del edificio, mínimamente debió aportar sus respectivos testimonios a la causa (arts. 375, 376, 424 y sgtes. del C.P.C.).
Como hemos dicho en reiteradas oportunidades de conformidad con lo prescripto por el art. 375 del C.P.C. -y su doctrina-, es un principio procesal ineludible que las partes deben probar las circunstancias de hecho que pretenden subsumir en las normas que invocan como sustento de su pretensión, defensa o excepción, por lo que cada una de ellas debe aportar a la causa los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo (SCBA, in re "Alonso, Ernesto Ariel contra Municipalidad de Junín. Daños y perjuicios", L.118441, del 14/10/2015; esta Sala, expte. 164.074 S. 28/12/2017 Reg. 307-S, entre muchos otros). En otras palabras, los litigantes tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés (SCBA, Ac 45068 S 13-8-1991, AC 73932 S 25-10-2000, AC 83124 S 5-3-2003, Ac 91961 S 20-12-2006, C 94338 S 16-9-2009).
Por los fundamentos precedentemente expuestos, los agravios del apelante no merecen acogida.
ASÍ LO VOTO .
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora; II. Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 1º párr. del CPCCBA.); III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASÍ LO VOTO .
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
En Mar del Plata, se procede a firmar digitalmente la presente sentencia conforme la Acordada 3975/20 de la SCBA.
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2021 10:00:01 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2021 11:52:24 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2021 12:23:45 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 29/10/2021 15:58:50 hs. bajo el número RS-45-2021 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia