Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 172771
Lo que resolvió el tribunal
I. Aceptar la excusación formulada por el Dr. Ricardo D. Monterisi el 17-9-2021 por la causal allí invocada (art. 17 del C.P.C.).
II. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada el día 15-6-2021 y confirmar la resolución dictada el 28-5-2021 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
III. Imponer las costas al apelante atento su condición de vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
IV. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 172771. JUZGADO N° 9.
"TABORDA, MIRTA A. C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS- INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)".
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: "TABORDA, MIRTA A. C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS- INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)" son traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte demandada el día 15-6-2021, contra la resolución dictada el 28-5-2021.
I. En el auto cuestionado el Sr. Juez dispuso, en carácter de medida innovativa, que se libre oficio al Banco de la Provincia de Buenos Aires a fin que: a) se abstenga de realizar sobre la caja de ahorro de la actora cualquier débito o retención con motivo del préstamo personal objeto de autos y en caso de haberse retenido fondos, restituirlos, y b) reintegre las sumas debitadas (allí detalladas)
Para decidir de ese modo, se remitió a los argumentos vertidos por la Sala III en la causa “MASCITTI C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUCIOS” (MP-21368-2020 el 23-3-2021).
II. La demandada alegó que la decisión es arbitraria.
Relató que la actora celebró un contrato electrónico de préstamo bancario ($ 134.500) y un adelanto de haberes ($7.681) por las sumas que, a su solicitud, fueron acreditadas en su caja de ahorro.
Manifestó que la contratación fue por medios electrónicos, por lo que la deudora aceptó en forma expresa los Términos y Condiciones para la utilización del canal electrónico seleccionado, cuyo contenido siempre estuvo a su disposición, habiendo sido informada de todos los datos necesarios para utilizarlos correctamente y los riesgos derivados de su empleo.
Se refirió al uso de las credenciales personales de acceso y utilización de los diferentes canales electrónicos, a las claves secretas e intransferibles, al BIP TOKEN (aplicación móvil) como segundo factor de autentificación para BIP INDIVIDUOS, y a la operatoria previa que debe hacer el cliente para que esta aplicación funcione en el teléfono celular (concurrir al cajero automático para obtener la clave correspondiente, luego el Bip token genera códigos de seguridad de 6 dígitos que se modifican constantemente, no se repiten durante ese proceso y duran 60 segundos; y así el Bip Token es solicitado al validar una transacción, solicitando nuevos códigos para las distintas operaciones).
Explicó que las operatorias por homebanking sólo se pueden realizar utilizando el referido BIP TOKEN y el BIP PROVINCIA, lo cual implica el acceso a través de cuatro barreras de seguridad.
Sostuvo que la vinculación con su parte se realizó mediante un contrato electrónico a través del uso de medios electrónicos. Se refirió a la firma digital y afirmó que su parte cumplió con los términos de la contratación en tiempo y forma por lo que la actora debe cumplir las obligaciones asumidas.
Cuestionó la verosimilitud del derecho invocado por la actora porque de la documentación adjuntada se desprende que el dinero fue efectivamente desembolsado por el banco a su requerimiento y depositado en su caja de ahorro.
Se quejó de que el juez aplique por analogía un fallo dictado en un caso distinto al de marras sin dar mayores argumentos.
Consideró que el peligro en la demora no fue ni meritado y que sin caución real, mal se hallan garantizados los eventuales perjuicios de su parte, por lo que pidió que se adecue proporcionalmente.
Citó un precedente de esta Sala (n° 170.692) en donde se hizo lugar al recurso del Banco y se revocó la cautelar cuestionada.
Pidió que se deje sin efecto la medida cautelar, con costas.
III. La actora contestó los agravios mediante la presentación de fecha 30-6-2021.
Expresó que la verosimilitud en el derecho estaría dada por existir una maniobra para sustraer la información, que pudo la entidad financiera haber fallado en la seguridad al permitirle a un tercero suscribir una contratación en nombre de la actora, y que todo esto habrá de acreditarse en autos.
Sostuvo que el apelante no negó ni descartó que el sistema haya sido utilizado por un tercero, tampoco los hechos narrados por la actora consumidora sobre la maniobra delictiva de la que resultó víctima, lo que prueba, prima facie , una ausencia del consentimiento en las operaciones bancarias objeto de autos.
Afirmó que la verosimilitud en el derecho se encuentra acreditada con la documental agregada (antecedentes penales IPP 08-02-001198/20-00, resúmenes de la caja de ahorro con el detalle de los préstamos y transferencias, el reclamo efectuado al banco por nota presentada el 11-6-2020, la denuncia expediente 40382035 en la oficina de defensa del consumidor y la audiencia allí celebrada en donde la demandada reconoce haber bloqueado una transferencia de $ 99.999,99)
Indicó que el memorial no constituye una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado.
Recordó que la actora es una persona jubilada en situación de vulnerabilidad, por lo que el peligro en la demora se encuentra configurado por encontrarse afectado su único ingreso, medio y sustento de vida.
Pidió que se rechace el recurso, con costas.
IV. La medida debe confirmarse .
IV.1. Si la verosimilitud del derecho es la probabilidad que la demanda sea estimada en la sentencia, como ya se ha demostrado (Marino, Tomás, Qué es (y qué no es) la verosimilitud en el derecho, Abeledo Perrot, SJA 2014/12/17-40; JA 2014-IV, 2014-12) , y si además esa “probabilidad” constituye un estándar atenuado de prueba (autor y ob. cit), consideramos que -con los límites del conocimiento provisorio propios de esta etapa- en el caso se encuentra cumplido suficientemente este recaudo, tanto en relación a los hechos como al derecho. (esta Sala en causa n° 172.013 "OLGUIN C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD DE CONTRATO" RSI 349 del 5-8-2021).
IV.2. Respecto a los hechos que sustentan el pedido, la actora demandó al Banco por nulidad del contrato, repetición y reparación de daños por la suma de $508.200, en relación al contrato de mutuo, el adelanto de haberes y las transferencias realizadas a cuentas de terceros los días 3 y 4 de junio de 2020, contra la cuenta bancaria de su titularidad
Relató que fue víctima de un engaño telefónico, por medio del cual un tercero usando sus claves celebró un contrato de préstamo electrónico con el banco accionado por la suma de $134.500 y un adelanto de haberes por $7.681, éste depositó los montos pertinente en su cuenta y luego fueron realizadas dos transferencias a distintas cuentas bancarias. La conducta endilgada al banco accionado es la falta de medidas de seguridad en favor de sus clientes.
Aunque los hechos serán objeto de prueba en la etapa pertinente, la documentación acompañada consistente en copia de la denuncia penal que diera lugar a la formación de la en I.P.P. N° PP-08-02-001198-20/00 de la UFI n° 10 caratulada “Estafa- Dte. Taborda Mirta Alicia. Imp. NN o Pablo Villalba” (adjuntada en copia certificada), las medidas investigativas allí dispuestas el 10-8-2020, el resumen de los movimientos en la cuenta personal de la Sra. Taborda y la nota presentada al banco el 11-6-2020, avalan en forma razonable la versión de la accionante.
Cobra relevancia los datos que surgen de la segunda audiencia de conciliación de fecha 22-9-2020 (porque a la primera no asistió la demandada) en el marco de la denuncia formulada por la actora ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de La Municipalidad de General Alvarado, expediente n° 40382035.
De su contenido se observa que la entidad bancaria manifiesta que “ las solicitudes de pr éstamo y las transferencias fueron realizadas a través de la plataforma digital BIP, ingresando usuario y clave de bip correcto confirmadas con bip token relacionados generados el día 3 de junio de 2020 en AMT 08624, en este sentido se destaca que con fecha 3 de junio se gestionó un préstamo de adelanto de haberes de $ 7681 y el 4 de junio de 2020 un préstamo por $ 134500. El mismo día 4 de junio se realizó una transferencia de $ 99.9999,99 a una cuenta del banco de la Provincia de Tierra del Fuego, operación que fue automáticamente bloqueada y revertida y aplicada también automáticamente a la amortización del préstamo de $ 134.500. No obstante, la restante transferencia de $ 42.132,92 fue realizada al Banco de la Nación Argentina sin observaciones. Como conclusión el apoderado explicita que la denunciante habría proporcionado a terceros sus credenciales y su uso de bip, lo que habría habilitado que se concreten las operaciones detalladas. Ahora bien ante la existencia de una investigación penal en curso instando por la propia Sra. Taborda entendemos que deberá concluirse la misma a fin de dilucidar los eventuales autores y beneficiarios de las transferencias discutidas, entendiendo humildemente que los hechos excedente el ámbito de intervención de esa oficina de defensa del consumidor, máxime cuanto estaríamos analizando hechos que configuraría un delito penal. Por lo tanto el apoderado solicita el archivo de las presentes actuaciones sin imputación. La denunciante a continuación explica que la misma nunca saco los créditos que se menciona en estas actuaciones y que el Banco debería prever mecanismos de seguridad para el otorgamiento de los créditos ”
Es evidente que la entidad bancaria entiende que el reclamo se corresponde con un caso de estafa por ingeniería social al decir “ la denunciante habría proporcionado a terceros sus credenciales y su uso de bip, lo que habría habilitado que se concreten las operaciones detalladas ” y a su vez, con el hecho que ante la denuncia de la actora, el banco procedió a revertir la transferencia de $ 99.999,99 por desconocida y a imputar dicha suma a amortizar el préstamo.
No hay elementos que prueben que la entidad bancaria advirtió a la usuaria de estos peligros, obviamente antes de haber sufrido este problema (esta Sala en causa n° 172.013 "OLGUIN C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD DE CONTRATO" RSI 349 del 5-8-2021).
IV.3. El vínculo jurídico habido entre la actora y el banco demandado es una relación de consumo (art.3 ley 24.240; art.1384, 1093 del CCyC) que obliga a ponderar la cautelar desde una mirada protectora de los derechos (arts. 42, 72, inc. 23 de la CN, 38 de la Const. Pcial., 1, 2, 36, 65 y cctes. de la Ley 24.240, 384 del C.P.C.) de quienes ofrecen cierto grado de vulnerabilidad ante la brecha digital (en el caso la actora tienen 71 años; Cám. Apel. Civ. y Com. de Bahía Blanca, Sala I “Reimondi, José Antonio c. Banco Nación Argentina s/ Ley de Defensa del consumidor 27/05/2021” en La Ley del 14.7.21 AR/JUR/55446/202 con cita del art. 20 inc. d de la Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Adultas Mayores ratificada por ley 27.360 y de la resolución 139/2020 de la Secretaría de comercio interior del Ministerio de Desarrollo de la Nación; Acosta, Miguel A. Abuso financiero contra los adultos mayores; Publicado en: SJA 30/06/2021, 30/06/2021, 3, Cita: TR LALEY AR/DOC/1476/2021).
Sin perjuicio de lo que en definitiva resulte, las pruebas colectadas hasta aquí permiten considerar prima facie que mediante la acción dolosa de uno o de varios terceros (arts. 271 y 274 del CCyC) se obtuvieron de la actora las claves para conseguir un préstamo y un adelanto de haberes sustituyendo el consentimiento que debía prestar ella.
Tal maniobra sucedió en el marco de lo que los medios califican como un aumento exponencial de los delitos de este tipo que se refleja en el informe de la Unidad Fiscal especializada en ciberdelincuencia (ufeci) conforme al cual las denuncias por fraude y estafa bancaria aumentaron casi un 3.000% entre 2019 y 2020 (https://eleconomista.com.ar/2021-07-bcra-obligara-a-bancos-mas-medidas-de-seguridad/ último día de visita 14.7.2021), y ha tenido como consecuencia la decisión del BCRA de ralentizar el consentimiento en este tipo de operaciones, resolución que fuera comunicada en la página del organismo mediante el título: “ Se refuerza la responsabilidad de los bancos por los créditos que otorgan a través de canales electrónicos ” (el resaltado no es original; https://www.bcra.gob.ar/Noticias/responsabilidad-bancos-creditos-canales-electronicos.asp último día de visita 14.7.2021).
Justamente, en torno al crecimiento del empleo de medios informáticos en la actividad bancaria, se ha señalado que “ La recurrente comisión de fraudes vinculados con la prestación de servicios financieros que se valen de la informática (considérese, por ejemplo, las plataformas electrónicas de pagos, los cajeros automáticos, y los portales de home banking), así como las reiteradas fallas que aquejan a dichos mismos servicios, refleja con elocuencia el nivel considerable de exposición que acompaña a buena parte del negocio bancario actual.
Es en base a tales circunstancias que se argumenta que el oficio bancario, en tanto y en cuanto se encuentre atravesado por sistemas informáticos, se perfila como una actividad riesgosa . Aun antes del dictado del Código Civil y Comercial (...) ya se afirmaba que el sistema (software y hardware) que permite operar una red de cajeros automáticos podía ser calificado de cosa riesgosa y que en rigor esta calificación podía ser asignada, en este punto, al sistema informático que opera las transacciones remotas, sea mediante el denominado homebanking sea por el uso de cajeros automáticos (...) Habida cuenta de que el sustrato de la prestación bancaria no siempre conlleva un peligro intrínseco, opinamos que la potencialidad dañosa deriva de la mismísima informatización, conformando, por ende, una actividad riesgosa a razón de los medios empleados (...) si bien los bancos establecen y perfeccionan medidas tendientes a fortalecer la seguridad de sus servicios (...) su sola puesta en marcha no trae aparejada eximición alguna dado que, en principio, las entidades financieras continuarán siendo responsables si tales hechos lesivos no logran ser neutralizados. Sucede que, al tratarse de actividades riesgosas, únicamente podrán desentenderse comprobando causa ajena. ” (DE NÚÑEZ, Rodrigo, “La responsabilidad objetiva en la actividad bancaria” SJA 27/06/2018, 27/06/2018, 5 - Cita Online: AR/DOC/3012/2018) .
El deber de información para el correcto uso de los medios electrónicos para la celebración de un contrato de consumo, contemplado expresamente por el Legislador en el art. 1107 del Cód. Civ y Com. y que recae en el proveedor, parte del supuesto de que el consumidor carece del conocimiento tecnológico que ostenta el primero y no necesariamente conoce o sabe desenvolverse en la Internet, por lo que su situación de vulnerabilidad se ve aumentada por la complejidad técnica de los sistemas y la imposibilidad que tiene de verificar todos los aspectos de la contratación en sí y del producto o servicio antes de efectuar la contratación (conf. Tambussi, C.E. en "Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial.", Bueres A.J. (dir.), Hammurabi, Bs. As., 2018, T.° 3-C, págs. 649/650; arts. 1093, 1094, 1107, 1384 y ccs. del Cód. Civ. y Com. seg. Ley 26.994; art. 1, 3, 37 y ccs. de la Ley 24.240 y arg. arts. 195, 232, 260 y ccs. del CPCC; cit. por la Cámara de Apelación, Sala II, La Plata, en causa 274.696 el 6-4-2021).
IV.4. A su vez, el criterio de eficiencia en las decisiones cautelares indica que el peligro en la demora se aprecia en la certeza suficiente de que la reparación del daño que pudiera causar una decisión provisoria errada será tanto menos gravosa para el patrimonio del banco proveedor, como casi irreparable para la usuaria (Marino, Tomás, ob. cit., punto IV b., nota 60).
IV.5. La contracautela que pretende el memorialista no es procedente ante la existencia de una relación de consumo.
La caución juratoria fue correctamente dispuesta por el juez con fundamento en el beneficio de gratuidad consagrado a los consumidores y usuarios, el que se extiende a todas las costas del proceso y subsiste en tanto no se acredite su solvencia (argto. art. 53 de la ley 24.240 y 199 del C.P.C.).
IV.6. Finalmente, el antecedente de esta Sala que cita el apelante (causa n° 170.692 del 3-12-2020) no es aplicable al caso. En aquella causa, la tesis de la actora no se encontraba prima facie acreditada “ sea por la incipiente etapa procesal transitada en la que aun no fue trabada la litis, o por la orfandad de elementos probatorios que nos permitan convencernos del derecho alegado (vg. prueba caligráfica, avance en el plano penal mediante el inicio y progreso de la IPP, art. 375 a contr. del C.P.C.). ”, todo lo que no sucede en el caso en donde se ha acreditado el avance del proceso penal y lo expuesto en el marco de la denuncia 40382035 en la Oficina de Defensa del Consumidor, tal como se detalló.
V. Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Aceptar la excusación formulada por el Dr. Ricardo D. Monterisi el 17-9-2021 por la causal allí invocada (art. 17 del C.P.C.).
II. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada el día 15-6-2021 y confirmar la resolución dictada el 28-5-2021 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
III. Imponer las costas al apelante atento su condición de vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
IV. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
V. Registrar el presente y transcurrido el plazo del art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2021 08:55:55 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 13:16:00 - ZAMPINI Nelida Isabel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 13:46:18 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 18/11/2021 14:17:23 hs. bajo el número RR-148-2021 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia