Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173465
REGISTRO N ° FOLIO N°
EXPEDIENTE N° 173465 JUZGADO N ° 6
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "SOL HERNAN GABRIEL C/ BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) " , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fecha 12.10.2021?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. Con fecha 12.10.2021, la Sra. Jueza de Primera instancia dictó sentencia en la cual hizo lugar a la demanda promovida por el Sr. Hernán Gabriel Sol contra el banco Credicoop Cooperativo Limitado y, en consecuencia, lo condenó al pago de la suma de $2.544.893,33.- con más intereses y costas.
Atribuyó a la entidad demandada la responsabilidad en los términos del art. 10 bis de la ley 24.240 en el cumplimiento de sus deberes contractuales y legales y admitió la reparación pedida por daño moral ($500.000) y patrimonial ($149.760 - tratamiento psicológico), y la sancionó fijando una suma por daño punitivo ($1.895.133,33.-), de acuerdo a lo previsto por el art. 52 bis de esa misma ley.
La cuestión debatida gira el torno al obrar del banco demandado al rechazar un cheque librado por el actor por la suma de $155.000.- (nº79869689) contra una cuenta corriente de su titularidad (nº191-084-004249/9).
La Sra. Jueza tuvo por reconocido por la entidad demandada que el cheque fue rechazado por diferir la firma pero que la causal brindada fue que la cuenta carecía de fondos.
A su vez, tuvo en cuenta especialmente el resultado de las diligencias preliminares que tramitan como expediente agregado, en las que el BCRA informó el 11.12.2017 que el rechazo del cheque en cuestión de fecha 17.3.2017 por la causal "sin fondos" fue informado el 27.3.2017 en la Central de cheques rechazado por el Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Para justificar la procedencia del daño moral, explicó que el actor debió pasar por diferentes vicisitudes lo suficientemente importantes como para configurar una lesión en la esfera extrapatrimonial de su personalidad. Tuvo en cuenta lo relatado por los testigos Bustamante y González y, en particular, lo que señaló la perito psicóloga acerca de la preocupación del demandado por haber sido tratado como un delincuente por la causal del rechazo del cheque, que le habría provocado un cuadro de ansiedad.
En lo tocante al daño patrimonial (costo de tratamiento psicológico), se apoyó en la recomendación efectuada por la experta de que el mismo tenga un duración de 2 años con una frecuencia semanal. Fijó la suma en valores actuales, a razón de $1.440 por sesión, utilizando como parámetro el mínimo ético establecido por el Colegio de Psicólogos provincial (año 2020-2021)
Luego consideró que la conducta desplegada por el banco era merecedora de la sanción del art. 52 bis de la Ley 24.240, evidenciada en que: a) rechazó el cheque y no se encuentra probado que la firma no perteneciera el actor; circunstancia ésta que fue utilizada para intentar disimular el yerro; b) informó mal al BCRA el motivo del rechazo, colocando al Sr. Sol en una posición de delincuente y aunque luego, cuando rectificó la comunicación, el daño ya estaba consumado; c) realizó débitos que no correspondían en la cuenta del actor, perjudicándolo patrimonialmente que fueron restituidos recién luego de la denuncia ante la OMIC; d) se dispensó al actor un trato indigno, al obligarlo a reclamar reiteradamente una solución, de acuerdo lo relatado por los testigos.
II. Apeló el letrado apoderado de la entidad demandada y presentó sus agravios con fecha 12.11.2021, que fueron respondidos el 18.11.2021.
1. En primer lugar, el apelante se quejó de que la Jueza haya afirmado que de las diligencias preliminares surja que el BCRA informó que el cheque fue rechazado por la causal "sin fondos".
Sostuvo que a foja 17 de dichas actuaciones, esa entidad señaló que: "...informa que el rechazo del cheque Nº79869689 con fecha 17/03/2017 por la causal "Sin fondos" fue informado con fecha 27/03/2017 en la Central de cheques rechazados por el Banco Crediccop Coop. Ltdo (entidad 191), según pantalla que se acompaña", pero que en la foja 18 (que es la impresión de esa pantalla) puede leerse que la causal es "Vicios formales".
Señaló que esa información ha sido completamente ratificada por la contestación de esa entidad al oficio acompañado electrónicamente el 24.9.2020, cuya transcripción pertinente dice: "Al respecto, la Gerencia de Gestión de la Información hace saber que el cheque Nº79869689 perteneciente a la cuenta corriente Nº42499 radicada en la sucursal 84 del Banco Credicoop Coop. Ltdo. fue informado el 27/03/2017 en la Central de cheques rechazados por dicha entidad como devuelto por la causal 'vicio formal'"
Por este motivo, afirmó que es falso que el 27.3.2017 el cheque haya sido rechazado por la causal "sin fondos", pues ambas contestaciones del BCRA dan cuenta de la posición que viene sustentando en este proceso.
Manifestó que por más que el 17.3.2017 el cheque haya sido rechazado por falta de fondos, cuando fue informado al BCRA el 27.3.2017 se consignó acertadamente la causal, sin que tomara trascendencia pública la primera mención. En su entendimiento, esta circunstancia fue completamente ignorada por la Sra. Jueza, pese a ser clave para determinar la suerte de la demanda pues demuestra que no hubo afectación al buen nombre ni al honor del actor.
2. Adujo que los hechos ocurridos no pueden producir el menoscabo espiritual reconocido en la sentencia pues no existe nexo causal adecuado y que es agraviante que se haya presumido que alguna persona del banco trató al Sr. Sol como un delincuente, en atención a la prueba confesional del actor.
Dijo que no hay en la causa ningún elemento que permita deducir tal afirmación, pues las testimoniales están teñidas de imparcialidad pues se trata de empleados del accionante y la pericial psicológica transcribe los dichos del actor, de modo que nada nuevo aportan.
3. Cuestionó que la Jueza haya sostenido que el actor tuvo que lidiar con el trámite licitatorio de la camioneta Ford ante Plan Ovalo - a quien estaba destinado el pago del cheque rechazado- toda vez que fue acreditado a los 18 días del rechazo, es decir que el 05.4.2017, el beneficiario había cobrado una nueva cartular.
También se quejó de que se le atribuya al obrar de su mandante la supuesta necesidad de que el accionante contratara un abogado o recurriera ante la Oficina de Defensa de los Derechos del Consumidor local, ya que el error de comunicación fue rectificado dentro de los 10 días como indica la normativa del BCRA y el rechazo del cheque, aunque por otra causal, igualmente era correcto.
4. Se agravió, asimismo, del monto del daño moral, fijado en $500.000.-, no sólo porque excede el 43% de lo pedido por el Sr. Sol, sino porque no considera que la mención de la causa del rechazo -"sin fondos"-, haya tenido la entidad para causar el perjuicio de tal envergadura, en la medida que fue solo conocida por el actor y el beneficiario del cheque.
Recordó que en el caso el actor ni siquiera tuvo una privación de un bien material.
5. Por su parte, se quejó del daño patrimonial admitido bajo el rubro de daño psicológico, sosteniendo que la Jueza incurrió en un exceso de sus facultades.
Adujo que el accionante efectuó una incorrecta conceptualización del daño, ya que del modo que lo postuló, no se diferencia del daño moral y la magistrada lo reformuló, convirtiéndolo en un rubro que no fue reclamado, pues se condenó a su parte al pago de un tratamiento no incluido en la pretensión.
6. También cuestionó el daño punitivo.
Sostuvo que su parte no incurrió en una conducta que sea pasible de la sanción pues no hubo un enriquecimiento indebido -ni jamás pudo haberlo de forma alguna-, ni el actor recibió un trato indigno, como se afirmó en la sentencia.
En su opinión, la Sra. Jueza también se equivocó al señalar que la demandada tenía la carga de demostrar que la firma del cheque no le pertenecía al actor. Sostuvo que su carga consistía en acreditar que la rúbrica del cheque difería de la registrada y que tal extremo fue cumplido.
Recordó lo señalado por la perito calígrafo en cuanto a que para alguien que no tiene conocimientos científicos y los elementos ópticos lumínicos con los que cuenta los expertos, una reducción de los trazos podría confundirlo. Sostuvo que para determinar que la firma del cheque pertenecía actor, la experta tuvo que trabajar varias horas con instrumental específico, lo cual no es exigido por el BCRA ni el tráfico negocial.
Indicó que los cheques son medio de pago formales que deben cumplir con los requisitos que la reglamentación exige para ser pagados y entre ellos está la firma de puño y letra de las personas que previamente registrada a fin de que el banco girado pueda cotejar la que se insertó, en los casos de cheques que superen el truncamiento.
Por este motivo, cuestionó que se haya dicho en la sentencia que su parte "camufló" su grave error bajo la causal de "defectos formales" y que tal conducta - que no existió- haya sido valorada como "una falta gravísima" a los fines de fijar la sanción del art. 52 bis de la ley 24.240.
Se agravió de que se haya imputado al banco el haber involucrado al accionante la comisión de un delito, al consignar de forma incorrecta que había librado un cheque sin fondos, incurriendo en una conducta penada en el art. 302 del Cód. Penal. Recordó que el error fue corregido y por ende la conducta del actor no resultó típica de ningún delito, máxime porque el error - luego subsanado- no trascendió en un registro público ni llegó a la Central de Cheques rechazados.
Por su parte, afirmó que la legitimidad de la multa y la comisión que fueron debitadas al actor de conformidad a lo reglamentación del BCRA. Se preguntó en qué puede haberse agraviado la contraria por la devolución de la comisión y concluyó que la sentencia es arbitraria, al desentenderse de esa reglamentación que es de aplicación obligatoria.
7. Concluyó su memorial, atribuyendo a la Jueza un yerro cuando afirmó en la sentencia que el banco tiene la obligación de registrar una variedad de firmas del cliente y no una sola versión y que la especialidad y profesionalismo obligan a realizar un estudio minucioso de las firmas de sus cliente previo a rechazar un cheque, al tiempo que deberían actualizarse periódicamente las bases de registros para evitar este tipo de situaciones.
Según el apelante, tal decisión es contraria a lo dispuesto por el BCRA en el punto 1.4.5. de la reglamentación de la cuenta corriente, que establece la unificación del registro en una sola tarjeta, aun habiendo varias cuentas y no en múltiples registros, como sugiere la Jueza.
Sostuvo, además, que es obligación del cuentacorrentista cambiar la firma registrada si varió su trazo, ya que el banco no puede saber cuando sucedeésto.
III. A mi entender, el recurso debe prosperar parcialmente.
Si mi voto es compartido, corresponderá modificar la sentencia apelada, fijando el daño moral en la suma de $300.000.- a valores actuales, confirmando el daño psicológico (costo de tratamiento) y rechazando la sanción del art. 52 bis de la Ley 24.240.
De todos modos, debo aclarar que no serán atendidos la totalidad de los agravios planteados, sino sólo aquellos que resulten esenciales y decisivos para dictar el veredicto (CSJN Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250;243:563 entre otros), por cuanto los jueces deben resolver las cuestiones traídas a su conocimiento bajo el prisma del principio “iura curia novit”, esto es, encuadrando de un modo autónomo la realidad que se evidencia en el proceso subsumiéndola en las normas que la rigen con prescindencia de los fundamentos enunciados por las partes ( CSJN “Hernández, Elba del Carmen c/Empresa El Rápido”, 8/3/1994; “Medilewski, Jacobo Rubén c/ Szarfman, Isaac” del 4/8/1987; Fallos 310:1535 entre otros)
III.1.
a) La responsabilidad que se le atribuye al banco deriva del ejercicio profesional de la intermediación financiera, con alto grado de especialidad y superioridad técnica en relación a su clientela.
La confianza colectiva que se deposita en las entidades financieras implica que de ellas se espera que cumplan con precisión con las obligaciones a su cargo, cimentadas a su vez en una adecuada y específica regulación. Es decir, que los usuarios bancarios saben que la actividad financiera tiene una rigurosa vigilancia estatal técnica y profesional, por lo que deben actuar con estricta prudencia y conocimiento (Paolantonio, Martín E.; Barreira Delfino, Eduardo y Drucaroff Aguiar, Alejandro, Intereses en las operaciones financieras, en L.L 2013.E-881, AR/DOC/346372013; esta sala causa nº162900 "Patuto, Adrián y otro c. Banco Río de la Plata S.A. s. daños y perjuicios", RSD 146 del 07.6.2018).
Es más, la credibilidad o confiabilidad no sólo es imprescindible para ambas partes en un contrato bancario, sino que para el banco constituye su principal activo. (Barreira Delfino, Eduardo A, Teoría general de la contratación bancaria, Revista de derecho privado y comunitario, ed. Rubinzal Culzoni, Contratos bancarios, 2005-3. pág. 71)
Atento la naturaleza de la actividad bancaria, que día a día adquiere mayor incidencia en la sociedad moderna, es dable exigir a la entidad financiera que actúe con la atención y cautela que corresponda al servicio que presta y se obliga a cumplir (esta Sala, causa nº 142.169 “SANTIAGO, Facundo c. Banco de Galicia y Buenos Aires s. daños y perjuicios” , RSD 47 del 09.03.2010) La conducta de un banco no puede ser ameritada con parámetros aplicables a un neófito, pues su actividad profesional le obliga a ajustarse a un estándar de responsabilidad agravada, dado que la actividad bancaria como tal, es generadora de un verdadero riesgo profesional, y es por esto, que la obligación de control y verificación que recae sobre las instituciones bancarias (o en sus empleados) es tan solo una manifestación del cuidado y prudencia con que deben cumplir su función, para que en su función no se produzcan daños que pueden evitarse (Revista de Derecho de Daños, 2016-1, Rubinzal Culzoni, pág. 768)
"La profesionalidad del banquero o de la entidad que él representa implica un afinamiento del concepto de culpa que le es imputable (criterio de los arts. 902 y 909 del Código civil), lo cual si bien no importa objetivizar responsabilidades, sí implica medir -en el caso concreto- la reprochabilidad subjetiva de manera acorde con los elementos, recursos, capacidades y obligaciones legales (ver art. 35 ley 24.452) que la entidad tiene, singularmente contrastadas con las del cliente, mero adherente a contrataciones predispuestas en negocios pre redactados sometidos a condiciones generales cuya génesis le es ignota. (BUERES, Alberto J. y KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida, Responsabilidad por daños en el tercer milenio, Ed. Abeledo Perrot, ed. 1997, Responsabilidad de las entidades financieras, pág. 756)
b) En este marco se inserta la responsabilidad que se atribuye en autos al Banco Credicoop Coop. Ltada. que, en mi opinión, se encuentra demostrada en este expediente, aunque con un alcance diferente al señalado en la sentencia apelada.
No cabe duda que el banco señaló erróneamente la "causal sin fondos" por la cual rechazó del cheque librado por el actor. Así lo ha reconocido expresamente al contestar la demanda y este hecho es demostrativo del incumplimiento.
Pero no concuerdo con lo afirmado por la Sra. Jueza en cuanto a que la entidad utilizó una causal ["defecto formal" por diferir la firma] con la que luego rectificó la información para disimular su yerro ni que el verdadero motivo del rechazo no haya sido demostrado por la demandada.
Está acreditado que los trazos que tiene la firma del cheque podrían haber generado confusión pues la autoría pudo establecerse recién a través de un cotejo científico.
Es la conclusión de la perito calígrafa respecto a que la rúbrica del cheque cuestionado pertenece al Sr. Hernán Gabriel Sol no lleva a afirmar- sin más- que el banco se equivocó al rechazar el pago del cheque porque la firma difería con la registrada. Mucho menos puede conducir a sostener que camufló el error bajo otra causa que no fue acreditada.
Asiste razón al apelante al señalar que recién con la utilización del material óptico y lumínico y en función de sus conocimientos científicos, la experta pudo establecer la autoría de la firma y que, tal como señaló en su informe, los trazos que componen la que fue insertada en el cheque podrían dar lugar a una confusión a un lego en la materia.
Al ser preguntada sobre esta cuestión, la perito Marcela Alejandra Panasci dijo: " En cuanto a este punto no sabemos claramente cuál es la capacitación o entrenamiento que tiene la persona encargada de cotejar la firma del cheque con el registro del banco. Para un experto en la materia como es un Calígrafo Público sería contundente determinar que pertenecen a una misma mano ejecutora siendo la del cheque una simplificación de la que se encuentra en el registro de firma, acompañado de todos los ítems antes mencionados y estudiados en el presente informe pericial. También se puede tener en consideración que para alguien que no tiene conocimientos en esta ciencia, y los elementos ópticos-lumínicos con los que contamos los expertos, una reducción de trazos podría confundirlo" (pericia de fecha 15.9.2020)
En su ampliación del dictamen, explicó que el material óptico-lumínico siempre es necesario a la hora de llevar a cabo un Informe Pericial por un profesional, revelando los gestos tipos y los gestos invisibles propios de una misma mano ejecutora, sobre todo en una simplificación de trazos (presentación del 13.10.2020).
c) La cuestión, entonces, estriba en determinar cuál es el deber de diligencia que corresponde exigir al banco al momento de verificar el pago de las ordenes de sus clientes.
El art. 35 de la ley del cheque dispone que el banco responderá por las consecuencias del pago de un cheque, en los casos en que la firma sea visiblemente falsa, cuando el documento no reuniera los requisitos esenciales del art. 2.
Gómez Leo explica que el banco girado debe verificar el número y la firma del cheque y de la legitimación del presentante. Es decir, tiene la obligación de controlar la regularidad del cheque, en su calidad de orden de pago destinada a hacer funcionar el servicio de caja, en los siguientes aspectos: I) que el cheque, según su numeración, corresponda al cuaderno entregado y recibido por el cliente (arts. 4 y 35, inc. 3, N.L.Ch.); II) verificar la autenticidad de la firma de quien o quienes han librado el cheque presentado, con la que esas personas han registrado en el banco. Tal verificación debe ser efectuada "con el alcance de ley", dice la regla 1.2.2.7; ello significa que el banco debe abstenerse de pagar cuando la firma que trae el cheque "fuera visiblemente falsificada" (arg. art. 35, N.L.Ch.) (Operatividad de la cuenta corriente bancaria con servicio de cheques. TR LA LEY A
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