Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 176185
Expte. N º 176.185 Juzgado Civil y Comercial N°15
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “MAIORANO RAÚL VICENTE C/ CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Corresponde decretar la nulidad parcial de la sentencia definitiva dictada el 13 de octubre de 2022?
2 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 13 de octubre de 2022?
3 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 13 de octubre de 2022, el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 15 departamental dictó sentencia definitiva e hizo lugar a la demanda promovida por el Sr. Raúl Vicente Maiorano en contra de Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados y de General Motors de Argentina SRL. El juez dispuso el reajuste de las cuotas en concepto de cargas administrativas, seguros y seguro del bien conforme los parámetros sentados en el ap. f) del considerando II , y condenó a las demandadas a abonar a la actora —de manera solidaria— la suma resultante de dicho reajuste en el plazo de 10 días de re liquidado. Indicó que dicho cálculo deberá ser efectuado por la perito interviniente una vez firme el proveído. Asimismo, condenó a las demandadas a abonarle a la actora la suma de $500.000 en concepto de daño punitivo, con más sus intereses.
Por otro lado, ordenó a las accionadas, a título de mandato preventivo, que se abstengan de trasladar las consecuencias económicas de lo resuelto en la sentencia a los restantes adherentes del grupo 003902 – 0010. También exhortó a la Inspección General de Justicia y a la Superintendencia de Seguros de la Nación “ a los fines de que en el ejercicio de su poder de policía administrativo efectúen un debido control respecto al valor de las primas de seguros que se abonan en todos los planes de ahorro previo que administra la co demandada Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados ”.
Para así decidir, el juez tuvo por no controvertido que el Sr. Raúl Vicente Maiorano suscribió en un concesionario oficial de la firma demandada General Motors (Comar Automotores S.A.) el contrato n° 01014236 de adhesión al Plan de Ahorro Grupo 003902 - 0010 a los fines de la adquisición de un vehículo 0KM Chevrolet Onix, administrado por la co-demandada Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados. Con esa plataforma, consideró que se encontraba configurada una relación de consumo.
El magistrado consideró abusiva la cláusula del contrato que determina el valor de las cargas administrativas a abonar por el Sr. Maiorano, como así también “ la forma mediante la cual se percibieron los seguros de vida y del bien ”.
Para llegar a dichas conclusiones, señaló que las primas del seguro sobre el bien que debió afrontar mensualmente el Sr. Maiorano fueron en constante aumento, y que “ no se ha acreditado que esos precios fueran los mismos ” (sic) que podría haber abonado si contrataba de manera directa con la compañía aseguradora. Por ello, llegó a la conclusión de que “ no solo se ha violentado el deber de información sino que también se ha traicionado la confianza que depositó el adherente en la administradora quien en su rol de mandataria debió arbitrar los medios para dar estricto cumplimiento ” con lo establecido por la Resolución General 8/2015 de la I.G.J. en su art. 13.2.2.
Concluyó que las demandadas no le informaron debidamente a la accionante lo atinente a la importante variación de precios que sufrieron las cargas administrativas y los seguros con motivo de la situación económica del país, por lo que ambas proveedoras deben responder de manera solidaria frente al Sr. Maiorano por el incumplimiento de dicho deber de información y por la violación del deber de confianza (arts. 4 y 40 LDC).
Dispuso que “ deberán re liquidarse las cuotas por tales conceptos desde la primera de ellas (y desde la cuota 9 respecto del seguro del bien atento que fue la primer oportunidad en que se abonó) conforme índice del I.P.C. publicado por el I.N.D.E.C. ”. Agregó, además, que las sumas resultantes de dicha nueva liquidación deberán ser abonadas, con sus intereses, al accionante.
Por otro lado, hizo lugar a la indemnización por daño punitivo, la que fijó en la suma de $500.000.
Respecto a los intereses, señaló que al monto de condena en concepto de reintegro de cuotas re liquidadas (daño emergente) deberá aplicársele la tasa de interés pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días desde la fecha en que se abonó cada cuota por el actor y hasta su efectivo pago, que en este caso resulta ser la tasa pasiva digital BIP. Dispuso, por otro lado, que a la suma otorgada por daño punitivo deberán aplicarse intereses a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, “ solo en caso de incumplimiento y desde la fecha en la que se incurriere en mora ”.
Como mandato preventivo, ordenó a las demandadas que se abstengan de trasladar las consecuencias económicas de lo resuelto en la sentencia a los restantes adherentes del grupo 003902 – 0010 y exhortar a la Inspección General de Justicia y a la Superintendencia de Seguros de la Nación “ a los fines de que en el ejercicio de su poder de policía administrativo efectúen un debido control respecto al valor de las primas de seguros que se abonan en todos los planes de ahorro previo que administra la co demandada Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados ”.
II. Sobre la validez constitucional de la sentencia apelada.
II. a . Anticipo una respuesta afirmativa a la pregunta que abre el acuerdo.
Antes de ejercitar la función revisora que compete a este Tribunal, corresponde determinar si se está ante una sentencia válida dictada con sujeción a los principios que hacen al debido proceso y al ejercicio del derecho de defensa, extremos que condicionan la apertura de una instancia de apelación (esta Sala, mi voto en causas n° 171462 -" Lamoglia, Silvia ...", sent. del 20/05/2021, 162742 -" Vidal, Marcelo ..."- sent.. del 30/05/2017 y 159508 -" Venier, Sixto Abel ..."-, sent. del 29/12/2015).
Un elemento central que hace a la garantía del debido proceso es el postulado de congruencia, pauta de raigambre constitucional [Fallos: 313:915, 322:2525, 324:1234, 329:349 y 341:1091] en cuya virtud el juez debe guardar una estricta conformidad entre la decisión contenida en su sentencia y las pretensiones y defensas que formularon las partes (art. 34 y 163 del CPCCBA).
La congruencia debe resultar del pronunciamiento en su conjunto y la parte dispositiva no hace más que sintetizar las conclusiones establecidas por el juez al decidir, en los llamados considerandos, las cuestiones involucradas en la pretensión o pretensiones del actor y en la oposición u oposiciones del demandado. De ello se infiere que la observación de dicho principio exige una rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, al objeto y a la causa que individualizan la pretensión y la oposición (Palacio, Lino E., " Derecho Procesal Civil ", t. V, pág. 430, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1992).
Habrá vulnerado este postulado basal del proceso regular aquella decisión en la que el magistrado omite pronunciarse sobre alguna pretensión o defensa de las partes (fallo « citra petita »), resuelva sobre algún punto que no fue dado a su conocimiento (« extra petita ») o exceda cualitativa o cuantitativamente alguna de las pretensiones (« ultra petita »).
II.b. He evaluado con detenimiento el contenido de los escritos postulatorios y los fundamentos del fallo y he llegado a la conclusión de que el magistrado ha quebrantado tal postulado, resolviendo de modo extra petita.
En su escrito inicial, el actor demandó a Chevrolet S.A. de Ahorro Para Fines Determinados y a General Motors de Argentina SRL “ por infracción a la Ley 24.240 (texto según Ley 26.361), de Defensa de los Consumidores y de los Usuarios, trato abusivo y vejatorio, incumplimiento contractual, nulidad de cláusulas contractuales, ajuste equitativo de las condiciones de contratación del plan de ahorro, devolución de sumas abonadas en más, y aplicación de multa civil, por la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($. 500.000.-), o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producir en autos ” (v. punto “ 1. Objeto ” de la demanda en la presentación electrónica del 22/09/2020).
La descripción genérica que encabeza el objeto de la demanda impone, para comprender qué es lo que concretamente se ha reclamado, la necesidad de analizar con suma atención el resto del escrito inicial y, en particular, de su apartado III , titulado “ANTECEDENTES”. En dicho acápite, el actor Maiorano ha efectuado una serie de críticas respecto a la ejecución del contrato de plan de ahorro que suscribió con la demandada Chevrolet S.A.
Ahora bien: es importante señalar que todas y cada una de las argumentaciones que sostienen el reclamo del actor se encuentran fundadas única y exclusivamente en el valor de la “cuota pura” que compone cada una de las cuotas mensuales y que, de acuerdo al contrato, es el resultado de dividir el valor básico del bien tipo —en este caso, un automotor Chevrolet Onix 0 km.— por el número de suscriptores, actualizándose a medida que se modifica el precio de lista (“valor móvil”) del bien. A modo de ejemplo, se observa que, en su demanda, el actor: (1) critica el aumento del bien tipo en un 295,73% entre marzo de 2017 y mayo de 2020; (2) plantea que, al comienzo del plan, la cuota pura representaba el 12,67 % de su ingreso, mientras que al momento de interponer la demanda esa relación se incrementó a un 30%; (3) solicita, como medida cautelar, que se ajuste el valor de la cuota pura del plan de ahorro del Sr. Maiorano en la misma proporción con la que se han incrementado sus ingresos previsionales.
La demanda no contiene —en ninguno de sus acápites— referencia alguna a las cargas administrativas (ni a ningún otro concepto que integre la cuota mensual por fuera de la “cuota pura”). Tampoco hay ni una sola mención al valor del seguro de vida y el seguro del bien, ni existe en dicho escrito la alegación de conductas concretas de las demandadas que, de acuerdo al actor, configuren una violación al deber legal de información previsto por la Ley 24.240 (art. 330 del CPCCBA).
Al dictar sentencia, el juez rechazó el pedido de revisión de la cuota pura de acuerdo al haber jubilatorio del actor, sosteniendo que hacer lugar a ese pedido generaría una distorsión en el funcionamiento del sistema, afectando a los restantes suscriptores (v. considerando II.e.ii de la sentencia apelada). El magistrado también descartó la posibilidad de que dicha cuota pura se reajuste de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, y concluyó que la cláusula mediante la que se determina el valor básico del bien (y, en consecuencia, se calcula la cuota pura) no ha sido abusiva ni en la génesis del contrato ni durante su curso de ejecución (v. considerando II.e.v ).
Luego de rechazar el reajuste de la cuota pura solicitado en la demanda, el juez decidió ingresar en el análisis de aspectos que no habían sido criticados —ni siquiera mencionados— por el Sr. Maiorano. Fue así que dedicó los considerandos siguientes de su sentencia (en particular, el considerando II.f) a analizar la razonabilidad de los incrementos de los gastos administrativos durante el transcurso del plan de ahorro, incluyendo en esa categoría los valores de los seguros contratados y expidiéndose también sobre la modalidad de contratación de dichos servicios, todas cuestiones que —reitero— no fueron objeto de alegación ni de prueba en este proceso (arts. 330, 354 y ctes. del CPCCBA).
El magistrado se consideró habilitado a indagar en esos aspectos del contrato, a pesar de que no fueron mencionados por el actor en su escrito liminar, argumentando que “ se desprende claramente del objeto de la demanda interpuesta que se pretende un “ajuste equitativo de las condiciones de contratación del plan de ahorro” (ver ap. I del escrito de demanda), por lo que mal podría sostenerse que el caso sea resuelto de manera razonable si no se aborda lo atinente a los rubros en cuestión. Máxime si se tiene en cuenta que se encuentran en juego derechos protegidos constitucionalmente como los atinentes a la protección del consumidor, ello a los fines de garantizar una tutela judicial efectiva y continua ” (sic; v. considerando II.f.I de la sentencia apelada).
Bajo esa premisa: (1) concluyó que los proveedores no informaron debidamente a la actora “ lo atinente a la importante variación de precios que sufrieron las cargas administrativas y los seguros con motivo de la situación económica del país a la que ya se hizo referencia , (2) declaró abusiva la cláusula contractual que fija los gastos administrativos y (3) ordenó reajustar ese aspecto de las cuotas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC. También consideró que las demandadas no demostraron haber informado al actor la variación de los gastos administrativos y de los seguros, y tuvo por no acreditado “ que la prima abonada por el Sr. Maiorano sea la misma que hubiese debido abonar si contrataba de manera directa con la compañía aseguradora ”. Concluyó así que “ no solo se ha violentado el deber de información sino que también se ha traicionado la confianza que depositó el adherente en la administradora quien en su rol de mandataria debió arbitrar los medios para dar estricto cumplimiento con lo establecido por la Resolución (General 8/2015 de la I.G.J.)” (v. considerando II.f.VI de la sentencia apelada).
Finalmente, hizo lugar a la acción promovida, ordenó la reliquidación de las cuotas —reajustando aquellos conceptos distintos a la cuota pura conforme al IPC—, aplicó una multa en concepto de daño punitivo por haber violado el deber legal de información al consumidor y dictó un mandato preventivo, ordenando a las demandadas que se abstengan de trasladar las consecuencias económicas de la sentencia a los restantes adherentes del grupo y exhortando a la Inspección General de Justicia y a la Superintendencia de Seguros de la Nación “ a los fines de que en el ejercicio de su poder de policía administrativo efectúen un debido control respecto al valor de las primas de seguros que se abonan en todos los planes de ahorro previo que administra la co demandada Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados ” (v. punto III de la sentencia).
Del contraste entre las ya mencionadas pretensiones que la actora formuló en la etapa postulatoria y el contenido de la sentencia se advierte sin dificultad que los aspectos del contrato de plan de ahorro que fueron revisados por el juez (y las prestaciones de condena que impuso en consecuencia) no fueron objetados —ni siquiera mencionados— por el actor en su demanda ni debatidos en el proceso.
Las accionadas han sido condenadas en base a un incumplimiento del deber de información que no fue puntualmente indicado por el actor (quien no imputó esa infracción a ninguna conducta en concreto) y respecto al cual —lógicamente— no pudieron defenderse ni ofrecer prueba. Fueron también condenadas a partir de una supuesta abusividad en cláusulas vinculadas a gastos administrativos que ni siquiera fueron mencionadas en la demanda. En similar sentido, la decisión del juez, quien les ha imputado a las demandadas no haber acreditado que las primas del seguro abonadas por el actor tuvieran costos similares a aquellas que podría haber abonado por fuera del sistema, soslaya de manera grave que la razón por la que ese hecho no fue acreditado es, justamente, porque no fue invocado en la demanda.
La solución a la que arriba al magistrado también es incongruente con lo solicitado en este proceso: los únicos conceptos que ha ordenado reajustar son aquellos que no fueron siquiera mencionados en la demanda . Dicho de otra forma: la solución del juez ha modificado todos los aspectos de la cuota y únicamente dejó incólume la cuota pura: el único aspecto que, paradójicamente, fue cuestionado por Maiorano en su demanda (art. 330 del CPCCBA).
La genérica referencia a «los derechos del consumidor» o a la «tutela judicial efectiva» no puede presentarse como un argumento útil para que el magistrado se adjudique una suerte de comodín o pase libre que lo habilite a desinteresarse por completo de los límites que rigen su propia labor jurisdiccional y que, bien vale recordar, reconocen fuente constitucional (CSJN, Fallos: 313:915, 322:2525, 324:1234, 329:349 y 341:1091). Menos aún para que, ante un reclamo de readecuación contractual impreciso como el que dio inicio a este proceso, se arribe a la injusta e irrazonable solución de declarar abusivas cláusulas no solicitadas y tener por configurado un incumplimiento al deber de información en base a hechos no alegados ni debatidos. Admitir una sentencia como la que aquí se ha dictado implicaría aceptar como razonable que, en el futuro, cualquier reclamo judicial en el que se alegue lacónicamente la "injusticia de un contrato" habilite al juez a decidir su readecuación o modificación con total libertad y en cualquiera de los aspectos que pudieran relacionarse con ese vínculo negocial, prescindiendo por completo del postulado de la congruencia (arts. 18 CN; 15 de la CPBA, 960 del CCYC y 34.4 del CPCCBA).
No hay ninguna regla o principio jurídico contenido en el derecho consumeril que proponga —o siquiera sugiera— que su aplicación autoriza a inobservar o desatender la plena vigencia de otras normas contenidas en el ordenamiento jurídico; menos aún aquellas que se encargan de dotar al proceso de un marco de debate, prueba y decisión que asegure el derecho de defensa de las partes. Tal como dije en la causa 173906 (" Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Bakker, Sandra ", sent. del 19/04/2022), « [l]a legitimidad de una sentencia judicial no depende únicamente de la justicia o acierto de la solución adoptada (es decir, del modo en que el juez o la jueza dirime la controversia a la luz de un cierto marco normativo), sino que depende también de que ese acto jurisdiccional sea el resultado final de un proceso en el que se han respetado celosamente las reglas que hacen al debido proceso y al derecho de defensa en juicio » (fallo cit.).
II.c. Una vez puesto de resalto el vicio de que adolece el fallo, corresponde preguntarse cuáles son las consecuencias que acarrea, es decir si dicho aspecto invalida el acto procesal in totum sólo parcialmente, en la medida que el artículo 174 del CPCCBA, en línea con lo dispuesto por el Código Civil y Comercial en su artículo 389, establece que "… la nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla …".
Tal como lo llevo dicho en mi voto en causa " Fay, Carlos Eduardo c/ Gargiulo Norberto s/ Cobro " (esta Sala, expte. nº 134912, sent. del 17/10/06, Reg. 296), al declarar la nulidad de una sentencia corresponde evaluar con detenimiento si resulta posible escindir aquella parte del fallo en la cual se encuentra el vicio detectado sin desvirtuar la unidad lógica que la sentencia debe constituir, es decir, si la restante puede sustentarse a sí misma.
En este caso, advierto que, además de tratar las cuestiones no propuestas que ya he mencionado en los párrafos anteriores, el juez también analizó —y rechazó— las peticiones sometidas a su conocimiento por el actor en su de
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