Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124380
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLa Plata, catorce de mayo de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 136 es justo (arts. 168 y 171, Constitución Provincial, 3 , 7 y 1031, Código Civil y Comercial; 1201, Código Civil; 37, Ley 24.240; 68, 69, 161, C. Proc.)
POR ELLO: corresponde 1) Confirmar las sentencia apelada; 2) Imponer las costas al apelante vencido; 3) Diferir la regulación de honorarios para el momento en que se regulen las de primera instancia.
En la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de mayo de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “MIRANDA MARIANO ALBERTO ADIEL C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", (causa nº 124380), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LLA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 136?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
I. En la cuestionada sentencia la señora Jueza de la instancia precedente desestimó la excepción de prescripción opuesta por Federación Patronal Seguros S.A, y seguidamente rechazó la demanda interpuesta por Mariano Alberto Adiel Miranda contra Federación Patronal Seguros S.A. Impuso las costas por la excepción a la demandada y por la acción rechazada a la parte actora. Por último difirió la la regulación de honorarios para su oportunidad.
II. En lo que importa destacar, la Dra. María Cecilia Tanco señaló que bajo las pautas de la normativa del consumidor se realizan los controles del contenido y las cláusulas de los contratos de dicha naturaleza. Que la regulación cuestionada es una cláusula identificada en la póliza acompañada por la demandada como Anexo CGCO 3.1 que establece que en el caso de pérdida total del vehículo, y a fin que el proceda la indemnización, el asegurado deberá proporcionar cierta documentación, entre ella: punto f) Constancia de solicitud de la baja de patente ingresada en la Dirección de Rentas de la respectiva jurisdicción, punto g) Comprobante de pago de patentes y punto h) Libre deuda del Tribunal de Faltas y Libre Deuda de la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial.
Luego se preguntó si dicha disposición es abusiva, y con apoyo en jurisprudencia, tras de examinar la prueba producida, concluyó que no lo es, lo que condujo a la desestimación de la demanda propuesta.
III. La sentencia motivó la queja de la parte actora, quien expresó agravios a fs. 150/153, con réplica a fs.158/61. A fs 163 dictaminó el Sr. Fiscal de Cámaras.
IV. En síntesis que se formula, el recurrente expuso que la decisora de origen omitió la aplicación integral de la legislación consumeril, y a pesar de las disposiciones del 37 de la ley 24.240 y el 1119 del Código Civil, determinó la ausencia de abuso de derecho, desestimando la demanda.
Que conforme se manifestó en el escrito de inicio, al momento de interponer la demanda se encontraba en trámite en el Juzgado de faltas el descargo por las supuestas multas atribuidas al vehículo del actor, y que durante la sustanciación del juicio se determinó la ausencia de multas de tránsito y deudas de patentes.
Con cita de la Agente fiscal, refirió que en esta materia rige el principio de las cargas probatorias dinámicas, y de lo que surge de la prueba el rodado no posee multas ni deudas, de modo que es abstracto el planteo de la contraria sobre el punto.
Seguidamente se agravió por la imposición de costas, ante la injusta desestimación de la demanda y dado que la contraria resultó parcialmente vencida por el rechazo de la excepción de prescripción opuesta.
En su responde –sintéticamente expuesto-, la parte demandada controvierte los argumentos vertidos, y asegura que el argumento de la ausencia de multas es erróneo, conforme a la prueba informativa producida en autos.
Sostiene que el caso de autos es similar al caso resuelto por la Suprema Corte Provincial in re “Píngaro”.
Seguidamente indica que las costas fueron impuestas correctamente.
El señor Fiscal de Cámaras asegura que tratándose el actor de un consumidor, debe buscarse una solución que armonice la aplicación los principios establecidos por el bloque normativo protectorio de usuarios y consumidores, sin detrimento de los derechos de la aseguradora que ha cumplido con las obligaciones contractuales a su cargo.
Por ello correspondería disponer el pago de la indemnización requerida, previa retención por parte de la aseguradora de las sumas correspondientes a las multas impagas, así como las que pudieran estimarse en concepto de gastos administrativos a fin de efectuar las gestiones necesarias para el pago de tales multas.
Asimismo, que costas deben imponerse en el orden causado.
V. Abordando la tarea revisora, dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171, Constitución Provincial y 3, Código Civil y Comercial), principio por señalar que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conforme artículo 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo".
El caso de autos comprende a un contrato celebrado y desavenido durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y concs., C.C. y C., ley 26.994). Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con los códigos civil y comercial vigentes al momento del hecho en las circunstancias aludidas, y conforme al régimen jurídico del consumidor en lo pertinente (esta Sala, causas 118.698, RSD 124/15; 118.850, RSD 142/15; 119.039, RSD 32/16; 117. 717, RSD 223/16).
VI. De consuno con las normas constitucionales amparan al consumidor (38, Constitución Provincial; 42, Constitución Nacional), ha señalado la Corte Suprema de Justicia que “… La efectiva vigencia de este mandato constitucional, que otorga una tutela preferencial a los consumidores, requiere que la protección que la Constitución Nacional encomienda a las autoridades no quede circunscripta solo al reconocimiento de ciertos derechos y garantías sino que además asegure a los consumidores la posibilidad de obtener su eficaz defensa en las instancias judiciales…” (CS, Fallo: COM 39060/2011, sent. 24/11/15).
La Suprema Corte local, a través del voto del Dr. de Lázzari que abrió el acuerdo, ha entendido que la normativa específica relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas, como tantas otras. Es eso y mucho más. La preocupación del legislador -signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radica en obtener la efectividad en la protección del consumidor.
El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico. El propio art. 1° de la ley 24.240, texto ley 26.361 así lo expresa terminantemente: "la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario" (SCBA, C. 117760, sent. del 01/04/2015).
La finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el artículo 42 de la Constitución Nacional (SCBA, C. 115486, sent. del 30/09/2014; esta Sala, causas 120.496 RSI 205/16, 120.674 RSI 259/16; 117. 717, RSD 223/16).
VII. Desde la plataforma enunciada, resulta pertinente exponer las precisas razones enunciadas por la Dra. María Cecilia Tanco en orden a que “…la cláusula identificada en la póliza acompañada por la demandada (fs. 47) como Anexo CGCO 3.1 que indica que para el caso de pérdida total del vehículo (daño, incendio, robo o hurto) en que el proceda la indemnización, el asegurado deberá proporcionar cierta documentación, entre ella: punto f) Constancia de solicitud de la baja de patente ingresada en la Dirección de Rentas de la respectiva jurisdicción, punto g) Comprobante de pago de patentes y punto h) Libre deuda del Tribunal de Faltas y Libre Deuda de la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial. El interrogante planteado es si esta disposición resulta abusiva y, por ende, nula (…) se trata, en lo atinente a la entrega de la documentación, de una carga que se encuentra en cabeza del asegurado. Y es en esos términos que la aseguradora se defiende, indicando que la razón de ser de esta estipulación radica en que para el caso de aparición de la unidad robada, ella adquiriría su titularidad dominial, debiendo asumir un pasivo con retracción del valor de aquello que, en definitiva, ha pagado con motivo del seguro (…) el informe emitido por la Dirección de Antecedentes de Tránsito de fs. 118/119 da cuenta de la ausencia de infracciones durante el período 21/04/2014 al 23/02/2015 -es decir posterior al robo- pero sí existen otras anteriores a esa fecha, ilustradas a fs. 119. “
Ciertamente, no podría sostenerse que la obtención de la documentación que exhiba la ausencia de infracciones de tránsito resulte una cláusula abusiva en los términos de los artículos 37 inciso a) de la ley 24.240 y 1119 del Código Civil y Comercial, puesto que por un lado, la obligación impuesta está en la órbita de las contingencias propias de todo titular dominial de un automotor; y por otro, es irrazonable cargar a la compañía con el pasivo que pueda significar la adquisición de la unidad robada en caso de que ésta sea hallada.
De modo que no se vislumbra que se produzca un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor (art. 1119 citado).
Se ha verificado en autos la existencia de infracciones de tránsito (fs. 119), de modo que el caso no transita por los andariveles de las cargas solidarias de la prueba, como alude el recurrente (fs. 152).
Tampoco favorece la postura del apelante la referida proporción entre el valor del rodado y el de las multas (75 % ; fs. 152 vta.), ya que aún en el plano de la mera especulación, la entidad que pueda representar el pasivo del automotor conduce a afirmar que no hay desproporción entre la actitud del demandado de no cumplir y la causa generadora de la conducta adoptada (arts. 1201, Código Civil; 1031, Código Civil y Comercial).
Las consideraciones que se vienen formulando no obstan a que, en la línea de argumentación expuesta por el Ministerio Fiscal (fs. 163), las partes restablezcan el diálogo necesario para dar acabado cumplimiento a las obligaciones impuestas contractualmente y concluyan el negocio jurídico en forma satisfactoria.
En esa línea de análisis, este Tribunal intentó -infructuosamente-, el acercamiento de las posiciones de las partes para intentar brindar al caso una solución de consenso (v. acta de fs. 162).
VIII. Las críticas dirigidas a la imposición de costas tampoco serán recibidas en atención que se ajustan al principio objetivo de la derrota en lo principal que fue decidido (art. 68, C. Proc.).
Respecto la excepción de prescripción desestimada, la adjudicación de las costas fue establecida a cargo de la parte demandada, como puede leerse en la parte resolutiva la sentencia en crisis (arts. 68, 69 y 161, C. Proc.)
Por ello, y oído el Sr. Fiscal de Cámaras, voto por la
AFIRMATIVA
Por los mismos fundamentos la doctora LARUMBE votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde: 1) Confirmar las sentencia apelada; 2) Imponer las costas al apelante vencido (art. 68, C. Proc.); 3) Diferir la regu lación de honorarios para el momento en que se regulen las de primera instancia.
ASÍ LO VOTO.
La doctora LARUMBE adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, catorce de mayo de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 136 es justo (arts. 168 y 171, Constitución Provincial, 3 , 7 y 1031, Código Civil y Comercial; 1201, Código Civil; 37, Ley 24.240; 68, 69, 161, C. Proc.)
POR ELLO: corresponde 1) Confirmar las sentencia apelada; 2) Imponer las costas al apelante vencido; 3) Diferir la regulación de honorarios para el momento en que se regulen las de primera instancia.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia