Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 121377 1
En la ciudad de La Plata, a los 14 días del mes de Julio de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CORDOBA, NILDA MARIA Y OTROS c/ASATEJ S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) (80) (causa: 121.377), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la apelada sentencia del 19/9/2025?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. La decisión de primera instancia.
El Juzgado Civil y Comercial n° 6 de La Plata hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Nilda María Córdoba, Norberto Juan Córdoba, Mariano Norberto Córdoba y Jorge Omar Morandi contra ASATEJ S.R.L. (hoy Almundo), derivada de un viaje combinado Buenos Aires-Madrid-Tenerife-Gran Canaria-Madrid-Buenos Aires, contratado en marzo de 2013 y realizado en septiembre de ese mismo año. El tramo de regreso Las Palmas-Madrid (vuelo Air Europa UX9018) figuraba en los e-tickets como "Unable to confirm" -falta de confirmación que aducen no advertida-, y al presentarse los actores en el aeropuerto el vuelo no existía, debiendo comprar nuevos pasajes con Vueling a Barcelona.
El fallo encuadra la relación en la ley 18.829 (agentes de viajes), la LDC 24.240 y el art. 42 CN, calificándola de relación de consumo. Rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por ASATEJ, sosteniendo que actuó como organizadora del viaje (no mera intermediaria) y que, aun como intermediaria, incurrió en negligencia al no garantizar la confirmación de los vuelos antes de emitir los pasajes. La considera responsable de la contratación de cuatro pasajes "No Confirmados", para el tramo señalado Aplica, entre otras normas, los arts. 4 (deber de información) y. 40 LDC (responsabilidad objetiva del proveedor) y el art. 14 del dec. 2182/72.
En cuanto a los rubros:
- Daño material: hace lugar por $4.600.000 (valor actualizado de los 4 pasajes y gastos conexos).
- Daño moral: hace lugar por $150.000 para cada actor ($600.000 total), fundado en la incertidumbre, el desembolso inesperado y la situación de hallarse lejos del lugar de residencia.
- Daño psicológico: rechaza el rubro, dado que la pericia psicológica no constató incapacidad en ninguno de los cuatro actores.
- Daño punitivo: hace lugar por $200.000, calificando la conducta de la demandada como descalificable y reprochable, con fundamento en el art. 52 bis LDC.
Fija intereses al 6% anual desde el hecho (7/9/2013) hasta la sentencia, y luego tasa activa BAPRO, conforme doctrina SCBA "Barrios". Impone costas a la demandada vencida, tanto en la excepción rechazada como en el fondo. Condena total: $5.400.000.
1.2. Los agravios de ASATEJ/AL MUNDO.
La demandada apela (26/9/2025) y expresa agravios (9/3/2026). En lo sustancias sostiene:
1. Responsabilidad de Almundo: sostiene que es mera intermediaria entre pasajeros y aerolíneas, sin injerencia en políticas de cambio o reembolso, y que aplicarle el art. 40 LDC afecta su derecho de propiedad porque no cobró ni retuvo el valor de los pasajes. Sólo se refiere a la firma “Almundo” sin aludir a la condenada “Asatej SRL”
2. Daño material: por la misma razón de intermediación, cuestiona la condena de $4.600.000; subsidiariamente, plantea que de proceder, solo debería reembolsar el valor histórico abonado (en su momento -año 2013-) más intereses, no el valor actualizado de los pasajes.
3. Daño moral: lo considera excesivo y carente de prueba, invocando jurisprudencia restrictiva en materia de viajes (de la Cámara Nacional en lo Federal Civil y Comercial) y, llamativamente, introduce un argumento sobre la pandemia de Covid-19 y el ASPO como causa de fuerza mayor ajena a los hechos relatados en la causa (que ocurrieron en 2013).
4. Daño punitivo: cuestiona el monto por excesivo, niega dolo o culpa grave de su parte (requisito que entiende necesario para la procedencia del instituto aunque solo alude a la conducta de Almundo), cita doctrina (Pizarro, Picasso, Galdós) y jurisprudencia, plantea subsidiariamente la inconstitucionalidad del art. 52 bis LDC, y agrega que conforme el art. 29 del Convenio de Montreal de 1999 (ley 26.451) no correspondería daño punitivo en materia aerocomercial.
5. Costas: solicita eximición, invocando su carácter de intermediaria, ausencia de responsabilidad por hechos de la aerolínea y la prescripción del reclamo (mencionada aquí pese a haber sido rechazada en primera instancia).
1.3. Contestación.
1.3.1. Suficiencia. La Dra. Ana Karlen, en representación de los actores, contesta el traslado de la expresión de agravios de ALMUNDO (27/3/2026), con un planteo inicial: la insuficiencia técnica del recurso conforme el art. 260 CPCC, antes de ingresar al fondo de cada agravio.
1.3.2. Sobre el agravio de atribución de responsabilidad: responde que está "ampliamente demostrada" la relación de consumo y que, conforme el art. 40 LDC, la responsabilidad de la agencia es objetiva, no habiendo acreditado ALMUNDO ninguna eximente (culpa de la víctima o de un tercero por el que no deba responder). Señala que la sentencia está bien fundada en los pasajes con la leyenda "Unable to confirm" y en las periciales de traductora pública y contador, y que el agravio de la demandada es "genérico" y omite individualizar aspectos concretos de la causa, por lo que no puede prosperar.
1.4. Cabe destacar que el recurso de la actora (29/9/2025), no fue sustentado en cámara, por lo que cabe considerarlo desierto (arts. 260 y 261, CPCC).
1.5. Fiscal. El Fiscal de Cámara postuló la confirmación de la sentencia (10/4/2026).
II. Tratamiento de los agravios.
2.1.Puntos de la sentencia no concretamente cuestionados en los agravios.
- El encuadre normativo de la relación como relación de consumo (LDC 24.240, art. 42 CN) y la aplicabilidad de la ley 18.829 y su decreto reglamentario 2182/72 no son cuestionados como marco jurídico aplicable; la apelante discute su aplicación al caso concreto, pero no la elección del derecho aplicable en sí.
- La existencia del hecho generador: que el vuelo UX9018 figuraba "Unable to confirm" en los e-tickets emitidos por la demandada y que no existía al momento de presentarse los pasajeros no es refutado en forma concreta ni se ofrece una versión alternativa de los hechos (la demandada en primera instancia había alegado que el vuelo sí existía y que los actores no se presentaron a horario, pero este argumento fáctico no se retoma en la expresión de agravios).
- El monto del daño material en sí (más allá de su procedencia y del criterio de actualización) no es objetado en su composición o prueba documental; el agravio se limita a la atribución de responsabilidad y, subsidiariamente, a la base de cálculo (valor histórico vs. actualizado).
2.2. Suficiencia.
La parte actora cuestiona liminarmente la suficiencia técnica del recurso, con invocación del art. 260 del CPCC y de la doctrina que exige una crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo, no bastando la mera disconformidad subjetiva con lo decidido.
Le asiste razón en cuanto a que la pieza recursiva exhibe, en algunos de sus capítulos -en especial el referido a la atribución de responsabilidad-, un desarrollo argumental escueto. Sin embargo, no puede sostenerse que carezca de toda crítica idónea: la apelante individualiza el segmento del fallo que cuestiona -la calificación de su actuación como organizadora del viaje y no como mera intermediaria- y expone, aun sucintamente, las razones por las que entiende erróneo ese encuadre, con cita del art. 14 del dec. 2182/72, reglamentario de la ley 18.829. Ello satisface el umbral mínimo de fundamentación que exige el art. 260 del CPCC para habilitar el tratamiento del recurso.
Cabe recordar que el criterio para juzgar la suficiencia de la expresión de agravios debe ser amplio, en tanto preserva la garantía de la doble instancia y el derecho de defensa en juicio (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.), reservándose el rigor formal extremo -la declaración de deserción- para los supuestos de total ausencia de crítica concreta (art. 260, CPCC). Sin perjuicio de ello, la escasa robustez argumental que exhiben varios de los capítulos del recurso -puntualmente señalada por la contraria- habrá de incidir decisivamente en su suerte, conforme se desarrollará en cada caso. Por consiguiente, corresponde ingresar al tratamiento sustancial de los agravios.
2.3. La responsabilidad de Almundo (primer agravio).
La apelante insiste en que su actuación se limitó a la de una simple intermediaria entre los pasajeros y la línea aérea, sin injerencia en las políticas de cambio o reembolso de los billetes, y que la aplicación del art. 40 de la LDC afectaría su derecho de propiedad por cuanto no fue ella quien percibió ni retuvo el valor de los pasajes.
Mas allá de que se refiere a la firma “Almundo” en lugar de “Asatej”, que es quien realmente intervino en la operación, el agravio no logra conmover los fundamentos del fallo apelado. El art. 14 del dec. 2182/72, reglamentario de la ley 18.829 (Agentes de viajes), en orden a la responsabilidad en general distingue dos supuestos: cuando la agencia actúa como organizadora del viaje, responde por la totalidad de los servicios comprendidos en el paquete turístico; cuando actúa como mera intermediaria entre el prestador y el usuario, sólo responde por su propia gestión -es decir, por el dolo, la culpa o la negligencia en que hubiera incurrido al contratar-. El “a quo”1 encuadró la actuación de ASATEJ -hoy Almundo- en la primera hipótesis, por haber organizado la totalidad del itinerario -incluida la selección de la aerolínea y de los vuelos para cada tramo-, conclusión que la recurrente no rebate con una crítica concreta dirigida a las constancias de la causa (itinerario, e-tickets, prueba pericial) sobre las que se asentó esa calificación.
Pero aun cuando se asumiera -a todo evento- la tesitura de la apelante en cuanto a su rol de intermediaria, el resultado no variaría. El propio art. 14 del dec. 2182/72 supedita la exención de responsabilidad del intermediario a que no medie dolo, culpa o negligencia en su gestión, extremo que en el caso se encuentra desvirtuado: fue la propia demandada quien emitió y entregó a los actores los e-tickets correspondientes al tramo Las Palmas-Madrid con la leyenda “Unable to confirm”, sin advertirles que se trataba de un pasaje no confirmado, ni verificar su confirmación con la antelación debida. Dicha omisión configura, por sí sola, la negligencia en la propia gestión que el citado art. 14 reclama para excluir la exención, e involucra además el incumplimiento del deber de información veraz, detallada y eficaz que pesa sobre todo proveedor en una relación de consumo (arts. 3, 4, 19 y 53, ley 24.240; art. 42, Constitución Nacional; 902 y 1109, Cód. Civil).
A mayor abundamiento, la demandada vendió un viaje combinado entre Buenos Aires-Madrid, Madrid-Tenerife, Gran Canaria-Madrid y Madrid-Buenos Aires, con un tramo no confirmado -lo cual estaba indicado en inglés-, por lo que debió informar sobre tal situación al consumidor. La carga de la prueba pesa sobre el proveedor (arts. 4, 5 y 53, ley 24.240; 375, CPCC), quien actuó sin el cuidado y previsión que exigía el art. 902 del Código Civil, máxime cuando no viene idóneamente controvertida la afirmación del sentenciante de origen en orden a la existencia de un enriquecimiento incausado a favor del demandado, ya que los pasajeros efectivamente abonaron a la empresa ASATEJ un importe determinado en concepto de los 4 vuelos que no pudieron realizar, y debiendo hacer una nueva e inesperada erogación para culminar el viaje contratado hasta su destino final, de regreso, lo que hace aún más cuestionable la pretensión de la demandada de descargar el reclamo en la firma aérea Air Europa.
El argumento relativo a que Almundo no percibió ni retuvo el importe de los pasajes resulta además de no probado, inconducente: la responsabilidad que se le atribuye no deriva de haber actuado Asatej como depositaria de esos fondos, sino del incumplimiento de los deberes de diligencia e información propios de su posición de proveedora profesional en una relación de consumo de viajes y turismo (art. 2, ley 24.240), responsabilidad que -como acertadamente señaló la sentenciante de grado y no fue rebatido en concreto por la apelante- también emerge del art. 40 de la LDC, y sólo se exime acreditando la causa del daño es ajena.
Por lo expuesto, el primer agravio debe ser desestimado (arts. 163, 164, 260, 261, 266, 375 y 384, CPCC; 1, 2, 3, 4, 5, 10bis, 19, 37, 40, 40bis, 52, 53 y 65, ley 24.240; 3, 902 y 1109, Código Civil).
2.4. El daño material (segundo agravio).
El agravio relativo al daño material se sustenta, en lo sustancial, en la misma premisa -la ausencia de responsabilidad- ya desestimada en el considerando precedente, por lo que corresponde su rechazo en cuanto a la procedencia del rubro.
Subsidiariamente, la apelante postula que, de confirmarse la condena, sólo correspondería reintegrar el valor histórico abonado por los pasajes -con más sus intereses-, y no el valor actualizado a la fecha de la sentencia. Sin embargo, el planteo no contiene una crítica concreta y razonada de los fundamentos por los cuales el a quo adoptó el criterio de cuantificar la indemnización a valores actuales, en cuanto a las deudas de valor y la reparación plena), limitándose a una afirmación genérica que no rebate la fundamentación normativa específica del fallo apelado. La insuficiencia de la crítica en este punto particular -a diferencia de lo señalado en el considerando 2.2 respecto del agravio de fondo sobre responsabilidad- conduce, en los términos del art. 260 del CPCC, a tener por consentido el criterio de actualización empleado por la sentenciante de grado.
En consecuencia, el segundo agravio debe ser desestimado (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, CPCC)..
2.5. El daño moral (tercer agravio).
2.5.1. La demandada considera excesiva la suma de $150.000 fijada en favor de cada uno de los actores en concepto de daño moral, y sostiene que ese perjuicio no habría sido probado. Agrega -en un pasaje del escrito que no guarda relación temporal con los hechos de la causa- que el a quo no habría ponderado la situación sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19 ni el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto en el año 2020.
2.5.2. Este último argumento debe descartarse sin necesidad de mayor análisis: los hechos de autos -la falta de confirmación del vuelo UX9018 y las contingencias del regreso- ocurrieron el 7 de septiembre de 2013, siete años antes del dictado de las medidas de aislamiento invocadas por la apelante, por lo que la referencia a la pandemia resulta manifiestamente ajena al caso y carece de toda incidencia sobre la solución.
2.5.2. El daño moral es la lesión a derechos que afecten el honor, la tranquilidad, la seguridad personal, el equilibrio psíquico, las afecciones legítimas en los sentimientos o goce de bienes, así como los padecimientos físicos o espirituales que los originen, relacionados causalmente con el hecho ilícito. No es referible a cualquier perturbación del ánimo. Basta para su admisibilidad la certeza de que existió, incumbiéndole al responsable del hecho acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya toda posibilidad de daño moral. Siendo su naturaleza de carácter resarcitorio, no se trata de punir al autor responsable, de infringirle un castigo, sino de procurar una compensación del daño sufrido (art. 1078 Cód. Civ.) y su estimación se encuentra sujeta al prudente arbitrio judicial, no teniendo por qué guardar proporcionalidad con el daño material, pues no depende de éste sino de la índole del hecho generador (SCBA, C. 96.225, 24/10/2010; Ac. 78.280, 18/6/2003).
2.5.3. En cuanto a la entidad del daño moral, cabe recordar que, en materia de consumo, el criterio de apreciación se flexibiliza, conforme fue señalado en la instancia de grado y lo ha sostenido esta Sala (causa 136.127, 28/12/2023, con cita del precedente de la CSN, causa C.745.XXXVII., in re "Caja de Seguros S.A. c/Caminos del Atlántico S.A.C.V.", 21/3/2006, "Fallos" 329:695, voto del doctor Zaffaroni), por lo que la demostración del daño no debe exteriorizarse con el grado de rigurosidad que es exigible en los demás supuestos de incumplimiento contractual, sin que ello implique prescindir de la prueba de la existencia del perjuicio.
2.5.4. En el caso, los elementos reunidos en la causa -la propia secuencia de los hechos, las gestiones infructuosas ante la demandada y los organismos de defensa del consumidor, y las particulares circunstancias de hallarse los actores en tránsito, en el extranjero, ante la falta de un vuelo que creían confirmado- resultan suficientes para tener por configurada la afectación espiritual indemnizable, en los términos de los arts. 1078, Código Civil y 1741 del CCCN -se cita esta norma por cuanto rige al momento de la valuación del daño-. La recurrente, por su parte, no propone ningún elemento de prueba omitido o mal valorado por la sentenciante, ni explica en concreto por qué el monto fijado resultaría desproporcionado respecto de las pautas objetivas del caso, limitándose a calificarlo de “excesivo” sin sustento numérico ni comparativo.
En consecuencia, el tercer agravio también debe ser desestimado (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, CPCC)..
2.6. El daño punitivo (cuarto agravio).
2.6.1. La apelante cuestiona la procedencia y el monto de la multa civil fijada en $200.000, sosteniendo -con apoyo en doctrina que cita- que su imposición exige un reproche subjetivo agravado (dolo o culpa grave), inexistente en el caso; plantea, subsidiariamente, la inconstitucionalidad del art. 52 bis de la LDC; y agrega que, conforme el art. 29 del Convenio de Montreal de 1999 (ley 26.451), no correspondería aplicar daños punitivos en materia aerocomercial.
2.6.2. En cuanto al primer planteo, más allá del debate doctrinario que la propia recurrente reseña -y que se despejará en los párrafos siguientes de este punto- sobre si la multa civil del art. 52 bis de la LDC requiere dolo o culpa grave, o si basta el mero incumplimiento objetivo, lo cierto es que, aun bajo el estándar más exigente invocado por la apelante, las circunstancias acreditadas en la causa configuran un supuesto de grave desaprensión hacia los derechos del consumidor: la demandada emitió y entregó pasajes con la leyenda expresa “Unable to confirm” sin advertir a los actores de esa circunstancia, omitió verificar la confirmación del vuelo antes de la fecha de viaje, y -ya producido el daño- desoyó los reclamos extrajudiciales formulados por los pasajeros, quienes debieron recurrir a la Secretaría de Turismo y a la Dirección de Defensa del Consumidor sin obtener respuesta. Ese conjunto de omisiones, antes y
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