Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 176773
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación incoado por la actora Cintia Constanza Losada y confirmar la sentencia del 08/11/2022;
II. Imponer las costas a la accionante en su carácter de parte vencida (arts. 68 del CPCCBA);
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); I V)
Expte. N º 176.773 Juzgado Civil y Comercial N°5
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “LOSADA CINTIA CONSTANZA C/ JORGUAMAR SRL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 2 de marzo de 2023?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 8 de noviembre de 2022, el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 5 departamental dictó sentencia definitiva y rechazó la demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual incoada por Cintia Constanza Losada en contra de Jorguamar SRL y de Honda Concesionario Oficial.
Para así decidir, tuvo por no discutido que la actora Losada compró una moto Marca Honda, modelo PCX150, Año 2016, dominio A013LDP, al comercio denominado Motos Porta, cuya razón social es la co-demandada Jorguamar SRL, concesionaria oficial de Honda de Argentina S.A.
Señaló que la actora no logró acreditar el hecho por el cual responsabilizó a las demandadas, consistente en que el motovehículo presentó desde su inicio un desperfecto técnico que generaba la descarga progresiva de su batería. Reseñó la prueba producida y consideró (principalmente, a partir de los informes del Perito Oficial Ingeniero Mecánico Roberto Carro) que el vehículo no presentó defectos de funcionamiento y que la descarga de batería referida en la demanda obedeció a un uso incorrecto de la llave inteligente denominada Smart Key por parte de la actora o bien a la circunstancia de que la moto permaneció sin uso durante un prolongado lapso temporal.
Con esos fundamentos, rechazó la demanda e impuso las costas a la accionante.
II. El recurso de la actora.
La Sra. Losada apeló la sentencia el 14/11/2022 y fundó su recurso el 27/03/2023, mediante expresión de agravios que fue replicada el 04/04/2023 por las co-demandadas Honda Motor de Argentina S.A. y Jorguamar SRL.
Sus agravios pueden resumirse, en líneas generales, de la siguiente manera:
(i) Que el juez erró al concluir que la motocicleta adquirida no presentó defectos de funcionamiento en la batería, y que “ no tiene en cuenta el informe del perito Lussoro, sin justificar o fundar en errores periciales que adolecería ” (sic). Agregó que la sentencia “ tampoco tiene en cuenta que se trataba de una moto 0Km, que presentó un desperfecto severo en una parte esencial – el encendido de la moto – batería - y por tanto no estuvo apta para su uso desde la compra ” (sic).
(ii) Que el juez no tuvo en cuenta la declaración de Damián Díaz y Mariano Prieto, testigos ofrecidos por la actora, ni tampoco consideró el dictamen del Ministerio Público Fiscal, organismo que tuvo por acreditado que “ el motovehículo adquirido por la actora, al no cumplir con los requisitos normales y esperables de durabilidad, utilidad y fiabilidad, no resultó apto para satisfacer en plenitud la finalidad para el cual fuera adquirido siendo las demandadas responsables por el incumplimiento contractual denunciado ”.
(iii) Que el informe pericial del perito Carro corrobora que “ El vehículo no se pudo arrancar ni poner en encendido ya que no tenía carga de baterí a” y que dicho profesional debió colocar otra batería para hacer funcionar la moto. Señaló que la sentencia contiene una contradicción, pues no puede concluirse que la moto no tenía desperfectos de fabricación si, para realizar la pericia, el ingeniero debió colocar una batería distinta.
(iv) Que las codemandadas no probaron que la actora hizo un mal uso del motovehículo.
Con esos argumentos, solicitó que se revoque la sentencia.
III. Tratamiento del recurso.
Para una mejor comprensión del conflicto que media entre las partes y un correcto tratamiento del recurso, resulta conveniente recapitular muy brevemente la forma en que ha quedado zanjada la controversia en primera instancia, como así también las premisas basilares sobre las que se asentaron tanto la pretensión de la actora como la resistencia de las demandadas.
No viene controvertido a esta instancia que, en el año 2016, la actora Cintia Losada adquirió en la concesionaria “Motos Porta” (propiedad de la firma demandada Jorguamar SRL) una moto nueva, marca Honda, modelo PCX-150.
Difieren las partes, y en ello va la controversia, respecto al funcionamiento que dicho rodado presentó luego de ser adquirido. Mientras que la actora alegó que la moto se descargaba permanentemente en su batería, lo que impedía frecuentemente darle arranque, las demandadas plantearon que la moto funciona adecuadamente y que las eventuales descargas de batería no obedecen a un defecto de fabricación sino a una utilización inadecuada por el usuario (poco rodaje y/o falta de desactivación del sistema SmartKey ).
Adelanto que la premisa central en la que el juez ha basado su sentencia —esto es, que no se ha acreditado un defecto de funcionamiento en el motovehículo adquirido por la actora— no ha sido adecuadamente controvertida. El recurso, por esta razón, no puede prosperar.
La actora se ha agraviado de que el magistrado no valoró adecuadamente el informe de parte suscripto por el Ing. Lussoro y acompañado con la demanda. No le asiste razón: dicho informe fue tenido en cuenta por el juez, quien explicó las razones por las que se apartó de sus conclusiones.
Según surge del informe privado confeccionado por Ingeniero Pablo Lussoro y acompañado con la demanda, dicho ingeniero relató haber colocado una batería nueva en la moto de la actora para luego realizar diversas pruebas de encendido a lo largo de varios días, indicando que no pudo encenderla en dos oportunidades luego de mantenerla 72 hs. apagada. A partir de esa prueba, concluyó que “ el vehículo presenta una falla presumiblemente de fabricación ” (v. documental acompañada con la demanda a fs. 31/33).
Ahora bien: hay diversas razones por las que las manifestaciones del Ing. Lussoro deben ser valoradas con prudencia. Algunos de estos motivos fueron acertadamente identificados por el juez en la sentencia apelada.
En primer lugar, observo que de dicho informe no se desprende cuál es el defecto que, supuestamente, presentaba el motovehículo. Más allá de las pruebas que el ingeniero indicar haber realizado (intento fallido de encendido de la moto luego de 72 hs. de inactividad) su conclusión no es contundente: se refiere a un “ defecto, presumiblemente de fabricación ” (sic) sin dar precisiones técnicas sobre cuál sería ese defecto . El informe de Lussoro no es demostrativo de un defecto de fabricación porque se limita a describir un “síntoma” (la moto no encendió luego de permanecer tres días apagada) pero sin explicar la “enfermedad” (por qué se produce ese efecto o cuáles son sus causas).
En segundo lugar, observo que, como bien indicó el magistrado, las conclusiones de Lussoro no coinciden con aquellas a las que arribó el perito oficial interviniente en la causa, el Ingeniero Mecánico Roberto Carro.
A continuación me explayaré sobre esta cuestión:
El Perito Ingeniero Carro realizó dos inspecciones del motovehículo y presentó un informe en cada una de esas ocasiones. En la primera, indicó que recibió la moto con la batería descargada, por la que no pudo realizar ninguna prueba relevante sobre el vehículo, limitándose a observar que la batería original había sido reemplazada por otra (v. puntos de pericia 1 y 2 de la actora en la presentación electrónica del 5 de junio de 2020).
En la segunda revisión, el perito explicó que, en su presencia, el Jefe de Taller de la firma Jorguamar SRL colocó en la moto una batería nueva que, previo a ser instalada, fue medida en su carga y exhibió encontrarse completa. Posteriormente, se encendió el rodado y se le efectuó un escaneo con el instrumental, que no arrojó defectos o señales de mal funcionamiento . El perito informó que, luego, se apagó la moto y se procedió a realizar una prueba por
posible fuga de corriente por alguna falla, la que arrojó resultado negativo. Concluyó que no pudo detectarse, con esas pruebas, ningún defecto de fabricación interno (v. punto de pericia 7 de la co-demandada Honda en la presentación del 5 de septiembre de 2021).
En este contexto probatorio, el informe del Ingeniero Carro no sólo es más convincente que el del Ingeniero Lussoro porque contiene una explicación más detallada y mejor fundada de las pruebas realizadas y las conclusiones a las que arriba, sino que además, como bien señaló el juez (v. considerando iii.c de la sentencia) se trata de un dictamen pericial que, al haberse producido en el marco del expediente, debe ser valorado por sobre un informe privado de la actora confeccionado sin contralor de las demandadas.
En ese sentido, esta Sala ha sostenido que los informes técnicos extrajudiciales (como el acompañado a fs. 31/35), al no contar con la intervención de las partes y la observancia de las formalidades propias del proceso, tienen un valor probatorio muy relativo, en la medida en la que aceptar sus conclusiones como válidas —sin un adecuado contraste con el resto de la prueba— implica un desmedro al derecho constitucional de defensa de la parte que resulte perjudicada (v. Hernando Devis Echandía “Teoría general de la prueba judicial”, Ed. Temis, Colombia, 2002, v. 1 págs. 334 y ss.; esta Sala, expte. 151.211 “Duarte c/ Municipio de Miramar y otros s/ daños y perjuicios” S. 27-9-2012 Reg. 250-S).
En el caso, el informe privado del Ingeniero Lussoro sobre el que la actora ha fundado su pretensión (y también buena parte de su agravio) únicamente permitiría probar (con el valor relativo indicado en el párrafo anterior) que la moto no pudo ser arrancada luego de 72 horas de inactividad, circunstancia que, por si sola, no es demostrativa de que el motovehículo tenga un defecto de fabricación, el que no pudo ser detectado por las pruebas realizadas por el perito ingeniero interviniente en la causa (art. 384 del CPCCBA).
De acuerdo a la prueba producida en el expediente, existen al menos dos razones por las que una moto sin defectos de fabricación puede descargarse en su batería:
(1) La primera surge del propio manual del propietario y consiste en la necesidad de sacar la batería (o desconectarla) ante períodos prolongados de inutilización. El perito ingeniero sostuvo al respecto q que “ el funcionamiento del motor en trayectos de menos de 24 o 32 Km y el uso ocasional del vehículo durante un par de veces a la semana no son suficientes para mantener la batería lo suficientemente cargada para lograr el arranque lo cual lleva a requerir de un cargador de batería en esos casos ” (v. punto de pericia 5 de la demandada, punto de pericia d de la actora y pág. 124 del manual del propietario a fs. 130 vta.)
(2) La segunda posible causa se encuentra relacionada al sistema de arranque SmartKey , que según explicó el perito, permite ejecutar algunas funciones de la moto mediante una llave de proximidad que es reconocida automáticamente por el sistema en caso de encontrarse a una distancia cercana, permitiendo el desbloqueo y arranque. El manual de la moto también señala que, si se deja el interruptor de encendido en la posición “encendido” con el motor detenido, se descargará la batería (v. punto de pericia 1 de la demandada; págs. 23/30 y 120 del manual del propietario).
Ahora bien: teniendo en cuenta que, como ya señalé, el perito Carro no detectó ningún defecto de fabricación en la moto de la actora (v. punto de pericia 7) resultaría necesario, para poder indagar sobre las razones de las posibles descargas de la batería, cuál fue el uso que le daba al vehículo la Sra. Losada. Concretamente, y en el marco de esta controversia, resultaba esencial conocer si la usuaria utilizaba el rodado con la asiduidad suficiente para mantener la batería cargada, si desconectaba la batería durante períodos inactividad prolongada y/o si desactivaba el interruptor de encendido al apagar el motor.
Lo cierto es que ninguna de estas circunstancias surge del relato que la actora efectuó en el expediente. He leído con atención el escrito de demanda (como así también su ampliación) y solo encuentro allí una muy escueta referencia a que el motovehículo presentaba desperfectos que consistían en la descarga permanente de batería, sin explicación alguna sobre cuál era el uso que se le daba al rodado. Tampoco observo, ni en la demanda ni en la ampliación, ninguna referencia al sistema de encendido inteligente, lo que impide determinar si la actora conocía las características del sistema y, particularmente, la necesidad de desactivarlo en caso de desuso (art. 330 del CPCCBA).
Este estado de incertidumbre se complementa con ciertos elementos que permiten presumir que las demandadas tienen razón respecto a las causas de la descarga de la batería. Me refiero no sólo al dictamen pericial del Ingeniero Carro, quien concluyó que no se encontraron defectos de fabricación, sino también a otros detalles vinculados con el rodado y kilometraje de la moto.
En efecto, no viene controvertido que la moto Honda PCX150 trae instalada, de fábrica, una batería marca Yuasa (v. declaración testimonial del jefe de taller de Motos Porta a fs. 340/341; art. 456 del CPCCBA). En su página web oficial (que coincide con la impresión agregada por la demandada a fs. 144) dicho fabricante indica que “ La batería siempre es está autodescargando, aunque no esté conectada a nada. La velocidad de autodescarga depende de la temperatura ambiente y del tipo de batería ( …) El bajo estado de carga puede estar causado por desplazamientos cortos que no son lo suficientemente prolongados para que el sistema de carga del vehículo recargue la batería. El funcionamiento del motor en trayectos de menos de 15 o 20 millas y el uso ocasional del vehículo durante un par de veces a la semana no son suficientes para mantener la batería lo suficientemente cargada como para arrancar el motor (v. “ características de carga y descarga de la batería ” en www.yuasa.es , visitado por última vez el 21/06/2023).
Según surge de las fotografías acompañadas por la actora en su informe privado, el cuentakilómetros de su moto acusaba un recorrido total de apenas 2382 km en abril de 2018, es decir, ya transcurrido un año y medio desde su adquisición en octubre de 2016 (v. fs. 33 vta). Aun tomando por hipótesis que ese poco uso se debió a los problemas que la actora alega haber tenido con la batería, lo cierto es que la Sra. Losada reconoció en el correo electrónico enviado a la demandada (v.fs.25) que tenía dos motos más y un auto, circunstancias que, en este contexto de incertidumbre, son compatibles con una poca utilización del motovehículo en cuestión. Observo, además, que mientras que en su Carta Documento enviada a Jorguamar la actora sostuvo que el manual de uso nada dice respecto a la descarga de batería por falta de uso, esa circunstancia se encuentra claramente explicada en la página 124 de dicho instrumento.
La apelante también se ha agraviado de que las codemandadas ” no probaron, como debían, que la actora hizo un mal uso del motovehículo ” (sic).
El agravio no prospera.
El art. 5 de la Ley 24.240 protege al consumidor en la medida en la que los bienes y servicios sean utilizados en condiciones previsibles o normales. Ello implica, en supuestos como éste, que quien alega un defecto de fabricación en un producto —en este caso, un motovehículo— tiene la carga de brindar una explicación mínima sobre la manera en la que lo utilizaba. No se trata aquí de obligar al consumidor a conocer de antemano cuál es la causa técnica del defecto que alega (circunstancia que, a todo evento, queda sujeta a la labor pericial) sino de aportar al expediente un relato que permita conocer someramente las circunstancias de hecho básicas que rodean al conflicto. El principio de las cargas dinámicas de la prueba invocado por la actora en su expresión de agravios no exime a quien demanda de brindar una explicación clara, suficiente y detallada de los hechos en los que funda su pretensión. En el caso, la actora ha alegado un desperfecto vinculado con la descarga de la batería pero no ha dado información alguna sobre cómo usaba el vehículo, en qué recorridos, con qué frecuencia, si utilizaba el sistema de encendido inteligente y si desconectaba —o no— la batería al momento de guardar el rodado por tiempo prolongado. Su silencio sobre estas circunstancias relevantes para el caso, sumado a la escasa prueba producida sobre el desperfecto de fabricación alegado, ha de sellar la suerte adversa de su pretensión (arts. 330, 375 y 384 del CPCCBA; art. 5 de la Ley 24.240).
Respecto a los demás agravios, ninguno de ellos contiene una crítica razonada que amerite apartarse de la decisión del juez de primera instancia:
El planteo fundado en que el juez no tuvo en cuenta la declaración de Damián Díaz y Mariano Prieto (testigos ofrecidos por la actora) ni tampoco consideró el dictamen del Ministerio Publico Fiscal , debe ser rechazado. Ni las declaraciones testimoniales de personas no expertas en ingeniería mecánica/electrónica ni el dictamen de un funcionario letrado son elementos idóneos para acreditar el hecho sobre el que la actora funda el reclamo (esto es, que la moto presentaba un desperfecto de fabricación), en la medida en la que se trata de opiniones de personas que carecen de conocimientos técnicos específicos en la materia (art. 443 segundo párrafo y 456 del CPCCBA).
Tampoco prospera el planteo fundado en que el perito Carro corroboró que “ El vehículo no se pudo arrancar ni poner en encendido ya que no tenía carga de baterí a” y que dicho profesional debió colocar otra batería para hacer funcionar la moto. La circunstancia de que la moto no tuviera la batería cargada al momento de su primera inspección por el perito no es demostrativa de un desperfecto en el rodado. Por el contrario, el perito explicó en su informe que, una vez colocada una batería nueva en presencia de las partes, se realizaron varias pruebas y el rodado no exhibió falla alguna (v. punto de pericia 7 de la co-demandada Honda en la presentación del 5 de septiembre de 2021).
Por todo lo expuesto, el recurso de apelación interpuesto por la actora debe ser desestimado y la sentencia atacada debe ser confirmada (arts. 375 384 y cctes. del CPCCBA; art. 5 y ctes. de la Ley 24.240).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación incoado por la actora Cintia Constanza Losada y confirmar la sentencia del 08/11/2022; II) Imponer las costas a la accionante en su carácter de parte vencida (arts. 68 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación incoado por la actora Cintia Constanza Losada y confirmar la sentencia del 08/11/2022; II) Imponer las costas a la accionante en su carácter de parte vencida (arts. 68 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); I V) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los domicilios electrónicos de las partes y del Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones
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